Mon, 05 Jun 2017 in Revista de Investigación Agraria y Ambiental
La economía verde: un cambio ambiental y social necesario en el mundo actual
Resumen
El concepto de economía verde es una de las estrategias globales para enfrentar las crisis económica y ambiental que sufren las sociedades contemporáneas. Metodológicamente, se aborda la conceptualización, los objetivos, la implementación y las críticas de diversos sectores de la sociedad a este nuevo paradigma económico. Se halló que autores y organizaciones civiles tienen grandes expectativas frente a los retos y desafíos de esta estrategia global que tiene dentro de sus objetivos la sustentabilidad, la erradicación de la pobreza y la inclusión de sectores sociales vulnerables. Se concluye que la economía verde puede aportar al mantenimiento de un ambiente sano y al uso adecuado de los servicios ecosistémicos, tanto para la generación presente como para las generaciones futuras.
Main Text
Introducción
La última década ha traído una serie de inconvenientes para la humanidad, problemas como el cambio climático, escasez ambiental, la crisis en sectores de vital importancia para el desarrollo como la de combustibles, alimentos y agua, y finalmente al sistema financiero y al conjunto de la economía mundial (Bittencourt et al., 2012; Martínez et al., 2015; Junges, 2016). La crisis económica y ambiental provienen de un mismo origen y se potencian recíprocamente debido al modelo económico actual, que busca beneficios a corto plazo sin considerar a los ecosistemas como bienes escasos, ni las consecuencias que se generan sobre el ambiente y la sociedad (Câmara, 2014; Cruz, 2016).
Como respuesta a la problemática que se afronta en la actualidad surge una nueva tendencia en la economía, la economía verde, que se ha visto favorecida, indudablemente, por las dificultades que afronta el paradigma económico predominante, debido a la crisis y fracasos del mercado que se generó durante esta primera década del siglo XXI (Bittencourt et al., 2012; Chacin & Abreu, 2015), en particular la crisis financiera y económica de 2008. Sin embargo, al mismo tiempo se evidencia un mejor camino a seguir (Martínez et al., 2015; Esquivel et al., 2016), un nuevo paradigma económico, en el cual la obtención de la riqueza material no se ha de obtiene a costa del incremento de los riesgos ambientales, la escases ecológica o la desigualdad social (PNUMA, 2011).
Este nuevo pensamiento económico busca estrategias para solucionar las diversas crisis que dificultaron el desarrollo de la sociedad mundial en los últimos años (Riosvelasco, 2016; Dressler et al., 2016). Las consecuencias del cambio climático, la crisis de los alimentos, la reciente crisis económica y financiera y los bajos índices en la lucha contra la pobreza, fueron factores importantes para la definición del concepto, al que contribuyeron las Naciones Unidas a través del programa para el medio ambiente – PNUMA. En la cumbre de Río +20, el concepto de economía verde buscó generar un cambio al primado político general del desarrollo sostenible, formulado en 1992 en Río de Janeiro, en una estrategia multidimensional concreta, cuyo elemento central es un cambio económico estructural (PNUMA, 2011).
El concepto de economía verde no reemplaza al de desarrollo sostenible, pero en la actualidad se reconoce que, para alcanzar la sostenibilidad, es necesario cambiar el modelo de economía marrón (Bina, 2013; Riosvelasco, 2016), donde se alcanzaba riqueza sin tener en cuenta los problemas tales como la desigualdad social o el agotamiento de los recursos (Herrán, 2012; Palma, 2016). La sostenibilidad sigue siendo un objetivo vital a largo plazo, y para alcanzarlo es necesario enverdecer la economía (PNUMA, 2011).
¿Qué es la economía verde?
El concepto de Economía Verde no es un concepto nuevo, fue introducido en 1984 por Pearce, Markandya y Barbier en su libro Blueprint for a Green Economy, donde se define como “un sistema de actividades económicas relacionadas con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios que resulta en mejoras del bienestar humano en el largo plazo, sin comprometer a las generaciones futuras a riesgos ambientales y escasez ecológicas significativas” (Zúñiga et al., 2015; Gasparatos et al., 2017), sin embargo, hasta Río+20 fue introducido oficialmente (UNEP, 2012).
La economía y el ambiente actualmente logran un alto grado de interacción debido a la concienciación ambiental de la sociedad, teniendo en cuenta los daños que las actividades productivas causan sobre el entorno natural (Gudynas, 2011; Haidar & Berros, 2015). Muchas de estas actividades son causantes de procesos de contaminación en los recursos agua, aire, suelo y biodiversidad, que afectan de manera directa sobre la dinámica social (Bittencourt et al., 2012; Díaz, 2016). Esa toma de conciencia ha permitido que se busquen alternativas más sostenibles y responsables con el ambiente (Law et al., 2016), en el sentido de alcanzar una serie de acciones y regulaciones por parte del estado y de iniciativas sociales para controlar, minimizar, corregir y prevenir los efectos nocivos de las actividades económicas sobre el sistema natural. Este proceso de actividades se conoce en los medios, como economía verde (EOI y OPTI, 2010; Lebedev et al., 2015).
El concepto de economía verde se relaciona con el de “economía ecológica”, término que surge de la traducción al español de “green economy” (PNUMA, 2012). De tal manera, la economía verde fue presentada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – PNUMA, a finales de 2008, como un mecanismo integral y práctico de trabajo, que busca mediante el análisis y apoyo a las políticas de inversión incentivar los sectores verdes y cambiar los sectores económicos hostiles con el ambiente (Ambec et al., 2013; Castro, 2016). Actualmente, la economía verde se describe como una economía que busca mejorar el bienestar humano y alcanzar la equidad social (Morganti, 2015; Fuentes & Lopez, 2015; Charan & Venkataraman, 2017), mediante la reducción significativa de los riesgos ambientales y el uso sostenible de los servicios ecológicos. Es la economía que busca un desarrollo con bajas emisiones de carbono, eficiente en el uso de los recursos y socialmente inclusiva (Campos, 2010; Morganti, 2015).
A nivel empresarial este concepto no tiene una definición clara (Jackson & Senker, 2011; Chacin & Abreu, 2015). En España, existen definiciones como la de Fundació Fòrum Ambiental de Cataluña, donde asume la economía verde como el conjunto de empresas y de actividades económicas dedicadas a la prevención –antes-, a la mitigación –durante- y/o la corrección –después- de los problemas generados a los sistemas naturales por las actividades antrópicas. Sin embargo, es necesario considerar que el concepto de economía verde deriva de una serie de discursos por parte de organizaciones a nivel mundial, entre los que se destacan los mostrados en la Tabla 1.
Finalmente, según Carfi & Schilirò (2012) una economía verde es aquella que se apoya en tres estrategias principales: la reducción de las emisiones de carbono, una mayor eficiencia energética y el uso de recursos naturales, y la prevención de la pérdida de la biodiversidad y de sus servicios ecosistémicos. Para lograr la implementación de esas estrategias es necesario el apoyo mediante inversiones a nivel público y privado, como también el de reformas políticas y cambios regulatorios (Jones & Carabine, 2013; Gehring, 2016). Es indispensable por lo tanto preservar, fortalecer y cuando así se requiera, reconstruir el capital natural como un activo económico y de beneficio público, del cual dependen algunos sectores de la sociedad para su desarrollo (Díaz, 2016).
Objetivos de la economía verde
Es importante revisar antes de abordar los objetivos de la economía verde, el contexto del orden mundial, donde los problemas ambientales globales, como el cambio climático, pueden generar consecuencias irreparables para la humanidad (Le Quang, 2015; Charan & Venkataraman, 2017). En ese orden de ideas, a nivel económico, en la actualidad se presenta un incremento en el precio de los combustibles renovales, en el precio de los alimentos y en el de las materias primas (Jackson & Senker, 2011; Trigoso et al., 2016). El aumento de la demanda de energía (pronosticado por la Agencia Internacional de la Energía -AIE), muestra que la dependencia en el uso del petróleo y de otros combustibles fósiles continuará por un largo tiempo (Lucio, 2015; Gasparatos et al., 2017). La seguridad alimentaria, a nivel general no ha dimensionado el problema, por tal razón, no se están generando soluciones alternativas para alimentar a una población de nueve mil millones de personas en el año 2050 (Vaque, 2016; Dressler et al., 2016). La escasez de agua dulce es un problema mundial y las previsiones indican que para el 2030 habrá un desequilibrio mayor entre la demanda anual y el suministro renovable de agua dulce (Dercon, 2014; Monzonís et al., 2015; Mekonnen & Hoekstra, 2016). Con respecto a la dinámica social, según UNICEF & OMS (2015), para los servicios básicos de saneamiento se evidencia que aproximadamente 663 millones de personas en el mundo se encuentran sin acceso al agua potable. Todos estos problemas representados en las actuales crisis, están afectando la capacidad para sostener la prosperidad en todo el mundo y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio –ODM- que erradicarían la pobreza extrema.
Una de las principales acciones que busca la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible, es la erradicación de la pobreza, de manera que se garantice una mejor calidad de vida, sin afectar los recursos naturales (Ciocoiu, 2011; Esquivel et al., 2016). Por esta razón, difundir el concepto de economía verde sin tener en cuenta las necesidades de los grupos vulnerables y el deterioro natural es un error, considerando que no se garantiza una recuperación de la dinámica ambiental y social en el corto, mediano y largo plazo (Câmara, 2014; Haidar & Berros, 2015). De acuerdo Biswas & Roy (2015) Las estrategias propuestas para alcanzar estos objetivos son mostradas en la Figura 1.
El Informe sobre la Economía Verde –GER- de PNUMA, contrasta con la “Economía Marrón”, cuyo motor de crecimiento es el capital físico-tecnológico y financiero, o capital construido, cuya riqueza se produce al costo de una dependencia excesiva de los combustibles fósiles, del agotamiento de los recursos naturales y de las pérdidas ambientales. Por otro lado, la economía verde, se dimensiona hacia el capital natural, que puede alcanzar niveles de crecimiento y de empleos similares a los de la economía marrón y superarla en el mediano y largo plazo, asegurando mayores beneficios ambientales y sociales en su implementación (Bianchi & Szpak, 2016; Le Quang, 2015).
Para lograr la transición hacia la economía verde se consideraron ocho sectores principales de la economía con capacidad para: disminuir la pobreza, invertir en el capital natural y de su recuperación, generar empleos y mejorar la equidad social, incentivar a las energías renovables y eficiencia energética, la movilidad y sustentabilidad urbana (UNEP, 2011), un resumen de estos sectores puede verse en la Tabla 2.
Con base en el documento del PNUMA, “hacia una economía verde”, se observa que sus objetivos conducen a alcanzar bajas emisiones de carbono, a utilizar los recursos naturales de forma eficiente y es socialmente incluyente.
Implementación de la economía verde
Para optimizar la implementación de este modelo económico se deben incentivar los sectores de la producción que inciden directamente con el ambiente, mediante el uso de alternativas viables y razonables por parte del sector público en general (Mancilla & Carrillo, 2011; Loiseau et al., 2016), tal como se expresa en la Figura 2.
Teniendo en cuenta lo anterior y estudios realizados por la UNEP (2011) en el informe Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, para potencializar y alcanzar una economía verde se requiere invertir anualmente el 2% del PIB global, lo que permitiría mantener el ritmo actual de crecimiento económico y a su vez lograr cambios hacia procesos sostenibles (Riosvelasco, 2016). Adicionalmente, es necesario por parte de los Estados promover los incentivos fiscales, medidas de comando y control, e instrumentos económicos que ayuden a la conservación de los recursos naturales (Coronel, 2012; Kumar, 2017). Todas las inversiones junto con las reformas políticas, deben impulsar la transformación de los sectores involucrados en la economía verde, de manera que adquieran una posición competitiva en el largo plazo (Gehring, 2016; Biswas & Roy, 2015).
La reconfiguración de la economía hacia el marco de la sostenibilidad puede conducir a la ecoeficiencia, es decir, al uso más eficiente de los recursos naturales y de beneficios a la sociedad, tales como la generación de “empleos verdes”, y en un nivel macro a reducir la pobreza, a minimizar las desigualdades de ingresos, y de esta manera lograr una economía con crecimiento incluyente (Morganti, 2015). Para alcanzar este fin, las opciones son amplias y variadas, incluyen desde la generación directa de empleos verdes, el acceso a bienes y servicios ambientales por parte de las comunidades marginadas, la estructuración de estrategias específicas de transferencia monetaria condicionada, los subsidios directos a ciertos sectores industriales y la reestructuración de la política nacional de compras públicas (Zapata, 2011; Pitkänen et al., 2016).
Yeyanran & Qiang (2016), enuncian que además de las inversiones propuestas es necesario consolidar aspectos como: marcos regulatorios sólidos, limitar el gasto en áreas que agotan el recurso natural, aplicar impuestos e instrumentos basados en el mercado que permitan modificar las preferencias de los consumidores y estimulen la inversión verde y la innovación, inversión en la formación y desarrollo de capacidades, al igual que el fortalecimiento de los procesos de gobernanza en todo nivel.
También Saikku et al. (2015), proponen la necesidad de esquemas regulatorios o de normalización en materia de derecho ambiental dirigido a sectores como:
- La construcción con eficiencia energética.
- Aumento en los estándares de emisiones para vehículos.
- El aumento de porcentaje de la matriz energética de los países con energías renovables.
- El manejo económico de los residuos y del reciclaje.
- El desarrollo urbano planificado y del transporte, donde se tengan en cuenta medios alternativos.
- El ecoetiquetado de productos de consumo masivo.
Otras consideraciones importantes para lograr la transición hacia una economía verde se encuentran a nivel internacional en los Acuerdos multilaterales ambientales (Kumar, 2017), donde se establecen los marcos legales e institucionales para abordar los desafíos ambientales globales (Pitkänen et al., 2016). Entre estos acuerdos se destacan el de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la renovación de un acuerdo pos-Kyoto para el carbono (Biswas & Roy, 2015). Pero de igual forma, todas estas consideraciones no pueden abordarse indistintamente para todos los países, sino que se debe plantear una manera diferencial en cuanto al abordaje de la economía verde, para lo que se propone dividir los países en tres grupos con ciertas características (Khor, 2011; Serrano, 2015), pero a su vez con algún grado de responsabilidad, de la siguiente forma:
- Países desarrollados: con un papel de pioneros, pero con la obligación de modificar sus patrones de producción y consumo.
- Países en desarrollo: con la posibilidad de alcanzar sus objetivos dentro de los esquemas de la sostenibilidad.
- Países industrializados: que deben garantizar ayuda financiera y tecnológica a los países en desarrollo.
Críticas a la economía verde
Desde grupos de la sociedad civil y gobiernos surgen críticas hacia la transición a una economía verde, teniendo en cuenta que no aborda de manera adecuada o clara los aspectos sociales, económicos y ecológicos, pilares del desarrollo sostenible (Geng et al., 2017), sino que, por el contrario, puede entrar a convertirse en un nuevo marco para el desarrollo sostenible, substituyendo los tres pilares mencionados (Loiseau et al., 2016). Desde el Programa de las Naciones Unidas para el medio Ambiente, se afirma que “el logro de la sostenibilidad depende considerablemente de la adecuación en la economía”, lo que hace necesario examinar el concepto de una economía verde y la manera en cómo se promovería la sostenibilidad económica, ecológica y social dentro de esta.
Otra crítica que aparece es el carácter economicista de la economía verde, que, aunque tiene como base la producción de sectores más sostenibles que permiten reducir problemas ambientales, sigue teniendo como patrón económico la acumulación y el crecimiento infinito (Lander, 2011; Karakul, 2016). Para Droste et al. (2016), superar el orden económico actual, supondría la necesidad de convertir la producción económica a términos físicos, de manera que se haga evidente la capacidad finita de los recursos naturales y de asimilación de los deshechos de la actividad antrópica en el planeta. Unmüßig et al. (2012) y Diyar et al. (2014), afirman que la economía verde es un término inapropiado, equívoco científico y filosófico, con el que no se logrará el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. También Montefrio & Dressler (2016), añaden que se construyó a partir de ambigüedades, sin sustento científico o filosófico, y que por el contrario permitirá legitimar la apertura de mercados, crear más tensión con la diversidad ecológica y cultural del planeta y de la humanidad.
En el debate ético, se señala que la economía verde está enmarcada en un fundamentalismo neoliberal, modelo de visión antropocéntrica (Musango et al., 2014), para lo cual se plantea por lo tanto la necesidad de abordar otras formas de relación de los seres humanos con su entorno (Mundaca et al., 2016), de explorar el significado de otras cosmovisiones y/o patrones culturales basados en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, expuestos por algunas sociedades latinoamericanas (Serrano, 2015; Lindman & Söderholm, 2016). Desde sectores sociales radicales, la economía verde no es más que el modelo imperante con el nombre de verde, distante del paradigma actual, que tiene dominación de la naturaleza para extraer de ella los mayores beneficios posibles para los negocios y para el mercado (Shan & Niles, 2016), y no busca realmente otro paradigma de economía de preservación, conservación y sostenimiento de toda la vida (Potts et al., 2014; Pérez, 2016).
Conclusiones
La economía verde se convierte en un modelo que promueve el crecimiento, la creación de ingresos y puestos de trabajo, “empleos verdes”, que procura generar un cambio en la interacción entre progreso económico y sostenibilidad ambiental, en particular si la riqueza se mide teniendo en cuenta los bienes naturales y no únicamente la productividad. Junto a lo anterior también aporta de manera sustancial en la reducción de la desigualdad social entre países y en la erradicación de la pobreza en el mundo. De igual forma es necesario abordar maneras que logren anular las ideas de liberalización de los mercados y que fomenten las relaciones comerciales en condiciones de igualdad entre el Norte y el Sur. Cabe resaltar que la implementación de la economía verde puede lograr cambios tecnológicos que permitan la adopción de estrategias ambientalmente sostenibles, que hacen uso de los recursos naturales de manera responsable y que los residuos propios de su actividad pueden ser reincorporados al proceso productivo, disminuyendo de esa forma las causas de contaminación. Pero para alcanzar los objetivos propuestos por la economía verde es necesario que las alternativas propuestas sean aceptadas y desarrolladas tanto por los países desarrollados y en vía de desarrollo, mediante la asignación de recursos económicos necesarios, mayor rigurosidad en las normatividades ambientales, la creación de subsidios a las actividades amigables con el ambiente, al igual que la optimización de los procesos de planificación del territorio. Asimismo, es necesario crear un nuevo marco económico que permita a los países concertar en un mismo nivel, sin perder de vista las premisas fundamentales del desarrollo sostenible.
Por último, la economía verde procura dentro de sus objetivos la erradicación de la pobreza y la inclusión de sectores sociales vulnerables, para alcanzar un desarrollo económico dentro de parámetros de la sostenibilidad, es decir el mantenimiento de un ambiente sano y el uso adecuado de los servicios ecosistémicos, tanto para la generación presente como para las generaciones futuras.
Resumen
Main Text
Introducción
¿Qué es la economía verde?
Objetivos de la economía verde
Implementación de la economía verde
Críticas a la economía verde
Conclusiones