Jorge Enrique Corredor**
Dora Cecilia Giraldo Aguirre***
Cesar Mauricio Henríquez****
Soraya Lisethe Hurtado Hurtado*****
Recibido: 15 de noviembre de 2017
Evaluado: 01 de diciembre de 2017
Aprobado: 22 de enero de 2017
RESUMEN
Colombia ha tenido que padecer por más de cincuenta años las consecuencias nefastas de la violencia y el conflicto armado. Esto ha traído desplazamiento de la población, tierras baldías en manos de los grupos disidentes, población rural en zona de conflicto, la cual emigró hacia las ciudades capitales en búsqueda de oportunidades, y apoyo del gobierno como reparador del daño ocasionado a esta población víctima, sin dejar de lado el gran impacto negativo sobre el nivel de competitividad de las economías de los departamentos receptores de dicha población afectada. En el presente artículo se realiza un análisis sobre el impacto que tiene para la economía regional y su nivel de competitividad, el fenómeno de la violencia y el conflicto armado padecido en el país, la llegada de población desplazada del campo a la cuidad y todo los atropellos que ello implica para sus comunidades.
Mediante un cuadro comparativo se intenta mostrar cómo el conflicto armado sufrido por la región del Caquetá se ha convertido en una barrera para que su economía sea competitiva, en comparación con economías que no han sido tocadas directamente por la violencia y el conflicto armado y que logran ser competitivas.
Palabras clave: violencia, conflicto armado, desplazamiento, gobierno, competitividad
ABSTRACT
Colombia has had to suffer for more than 50 years the nefarious consequences of violence and armed conflict. This has brought the displacement of the population, the uncultivated lands at the hands of the dissident groups, the rural population in the zone of conflict, which migrated to the cities, the capitals in search of opportunities, and the support of the government, as repairman of the damage, to the victim, to sin. leaving aside the great negative impact on the level of competitiveness of the economies of the recipients of said affected population.In the present article an analysis is made on the impact that the phenomenon of violence and the armed conflict suffered by the country has on the regional economy and its level of competitiveness, the arrival of the displaced population from the countryside to the attention and all the abuses that this implies for their communities.
By means of a comparative table it is tried to show the armed conflict suffered by the region of Caquetá, it has become a barrier for its economy, the maritime competition and the evidence that has not been touched directly by the violence and the armed conflict if they have been able to be competitive.
Keywords: violence, armed conflict, displacement, government, competitiveness
INTRODUCCIÓN
A lo largo del tiempo, en la humanidad han surgido grandes cambios en la economía, además la globalización trae consigo la búsqueda de la competitividad. El concepto de competitividad ha estado en el debate con varios centros de pensamiento a nivel internacional. En el presente artículo se presenta un análisis sobre cómo el conflicto armado y la guerra traen desplazamiento de la población, tierras baldías en manos de los grupos disidentes, entre otras consecuencias. Cómo esta población afectada por el conflicto armado emigra hacia las ciudades capitales en búsqueda de oportunidades, y en búsqueda de apoyo del gobierno, en donde se pretende que el Estado repare el daño ocasionado a esta población víctima del conflicto. Se plantea el análisis del impacto que tiene para la economía regional y su nivel de competitividad, la llegada de población desplazada del campo a la cuidad, y todos los atropellos que ello implica para sus comunidades. Las regiones se concentran en el cierre de brechas y en elevar sus niveles de competitividad, como condición para mejorar los estándares de calidad de vida de la población en los territorios.
En las tres primeras variables sobre condiciones básicas Bogotá ocupa el primer lugar, éstas son: 1) instituciones, se refiere a asuntos como transparencia y gestión fiscal; 2) infraestructura, relacionada con cobertura de servicios públicos; y 3) tamaño del mercado, que mide el mercado interno y el externo.
En educación, el departamento estrella es —al igual que el año 2017— Boyacá, que obtuvo en ese punto una calificación de 7,62. Le siguen Santander, Casanare y Bogotá. La razón por la cual los boyacenses se encuentran en el primer lugar tiene relación con la inversión en calidad de la educación básica y media y el desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber (Icfes).
En salud, Bogotá vuelve a liderar, pero el Huila se destaca por haber avanzado doce posiciones. El informe explica que la Cámara de Comercio de Neiva y la Gobernación del departamento constituyeron “un comité de seguimiento a los indicadores de competitividad que compone el IDC con los actores estratégicos del tema, con quienes se tomaron acciones inmediatas”.
Caquetá ocupa el primer lugar en el pilar de sostenibilidad ambiental, y subió cinco lugares con respecto a la medición del año pasado. Pero también está dentro de las regiones más afectadas por el conflicto armado pues a pesar de ser una región con riqueza de recursos naturales —flora y fauna— y recursos hídricos, es una región que por muchos años ha sido azotada por la violencia y el conflicto armado, lo cual es una factor que ha jugado en contra a la hora de hacer crecer la economía y convertirla una de las más competitivas.
Con aportes basados en estas cifras se busca que no solo las regiones sean altamente competitivas sino que Colombia, al 2032, sea el tercer país más competitivo de América Latina.
MARCO TEÓRICO
El impacto que tiene el conflicto armado y el desplazamiento forzoso masivo sobre la economía regional en Colombia y sus niveles de competitividad, se evidencia cuando:
En las ciudades colombianas la brecha sigue creciendo y el vacío insalvable entre los que tienen y los que no, es cada vez más vertiginoso. Las diferencias se agudizan, pero el contacto permanece porque habitamos un mismo territorio. La población desplazada llega a espacios ya ocupados, ya intervenidos y transformados, donde el viscoso humo contaminante de la lucha por la sobrevivencia los recibe para ocultarlos, para esconderlos, pero también para exponerlos al sacrificio de ser pobres en lugares donde la eliminación de la pobreza se sigue dando por la vía de su eliminación física. (Vargas y Torres, 2009, p. 4).
¿Cómo hablar de regiones con economía competitivas cuando cerca del 90 % de su población está conformada por desplazados víctimas del conflicto armado interno? Según Lombana (2009), en su publicación Marco analítico de la competitividad: fundamentos para el estudio de la competitividad regional, al analizar el tema de la competitividad, hace alusión al aporte de Michael Porter, quien en el libro La ventaja competitiva de las naciones (1991) presentó las bases de lo que sería una teoría de la competitividad, enuncia: “La prosperidad de una nación depende de su competitividad, la cual se basa en la productividad con la cual esta produce bienes y servicios. Políticas macroeconómicas e instituciones legales sólidas y políticas estables, son condiciones necesarias pero no suficientes para asegurar una economía prospera” (p. 4). Al hablar de condiciones necesarias pero no suficiente, aterrizados en el caso colombiano, se puede pensar que la competitividad del país se ha visto afectado en cierto grado por temas como la violencia, el conflicto armado interno y todo lo que ello desencadena, como el desplazamiento forzoso masivo del campo a la ciudad.
El medio rural puede ser a su vez espacio de vida, esperanza y apropiación social, pero también de apropiación privada y excluyente, disputa y altos niveles de violencia. Aspectos como las políticas públicas agrarias y los modelos de desarrollo rural en las últimas décadas, influyen en la forma como las comunidades han vivido la transformación de las sociedades rurales (Defensoría del Pueblo, 2014, p. 44).
La producción campesina es un sistema de producción socioeconómico y cultural que se fundamenta en el trabajo familiar. En un contexto como el colombiano, la familia campesina no tiene mayor probabilidad de acumulación-reproducción y las relaciones entre la mayoría de la población campesina y los grupos que controlan la mayor parte del empleo rural resulta asimétrica y desigual. No obstante, los sectores rurales se integran cada vez más a los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales; lo hacen en complejos intercambios de producción que pueden ser legales, ilegales o informales (Defensoría del Pueblo, 2014, p.44). Según la Defensoría del Pueblo
El nivel político y social las mayorías rurales en Colombia tienden a depender de élites regionales y nacionales. Estas dependencias han contribuido a la permanencia en el tiempo de conflictos agrarios, la baja incidencia de organizaciones campesinas, y el aumento de acciones de resistencia (2014, citado en Shanin, 1979, p. 44).
En Colombia la tierra se concentra en pocos propietarios, el conflicto armado ha generado despojos, ventas forzadas y el desplazamiento. “En Colombia existe un modelo de desarrollo rural que se caracteriza por ser inequitativo y excluyente con programas que terminan favoreciendo a los grandes productores en detrimento de la pequeña
economía familiar campesina y de las comunidades rurales” (FIAN Colombia, 2013, p. 107).
La intensificación del conflicto armado a partir de la década de los años noventa ha provocado el desplazamiento forzoso de más de 2.4 millones de personas. El fenómeno del desplazamiento se extendió a lo largo del territorio nacional. El año 2008 marcó en Colombia un fenómeno de desplazamiento masivo, el 97 % fueron municipios expulsores de población y un porcentaje similar fueron receptores de población desplazada, lo que desató una emergencia humanitaria que generó el desplazamiento forzoso (Ibáñez y Velásquez, 2008, p. 18).
Para el año 2008 la población desplazada fue de un 5.4 % de la población nacional y un 21.8 % de la población rural. Más aun, los indicadores de presión, que calculan la llegada de población desplazada a un municipio frente a su población nativa, denotaron las dificultades que enfrentaron las ciudades medianas para absorber los grandes flujos migratorios. Entre las ciudades más afectadas estuvieron Mocoa, Quibdó, Sincelejo y Florencia. Por ejemplo, Mocoa ha recibido un 33.3 % de su población nativa en un espacio de cinco años, Quibdó un 26.4 %, Sincelejo un 24.6 % y Florencia un 20.3 % (Ibáñez, y Velásquez, 2008, p. 18)
Todos estos municipios, con dificultades para atender a su población nativa han recibido una persona por cada cinco personas nativas en los últimos años, lo cual es, a todas luces, una emergencia humanitaria que no se puede atender con los recursos usuales de un municipio. Problemática que se convierte en una piedra en el zapato para las economías regionales receptoras, ya que genera cierto nivel de estancamiento económico y una barrera para alcanzar ser economías competitiva (Ibáñez, y Velásquez, 2008, p. 18).
El Estado colombiano ha respondido a esta emergencia humanitaria con la promulgación de un cuerpo de leyes, decretos y disposiciones legales que contemplan la atención desplazada prevención hasta la estabilización socioeconómica, con un énfasis marcado en la ayuda humanitaria de emergencia. Si bien el diseño de la legislación es adecuado, su implementación fue lenta y desigual en las diferentes entidades estatales y municipios (Ibáñez, y Velásquez, 2008, p. 19).
En Colombia, con el caso del conflicto armado interno, se han acentuado las grandes brechas de justicia e inequidad social, y la desatención por muchos años a los clamores de las víctimas de los actores armados. En los últimos años el gobierno nacional ha planteado medidas enérgicas para dar asistencia a los desplazados internos víctimas del conflicto armado y la protección de sus derechos.
La Ley 1448 de 2011 de Víctimas y Restitución de Tierras, así como sus normas reglamentarias, pretende reducir la injusticia y la desigualdad social a través de la reparación económica y moral de las víctimas. De esta forma, se reconoce que las víctimas, en su gran mayoría, son personas en estado de pobreza extrema, desplazados y desempleados, que constituyen las más vulnerables de la sociedad, por ende, la reparación de sus daños contribuirá a evitar que las causas endógenas del conflicto se perpetúen en el tiempo (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2011, pp. 9-10).
El proyecto de la Ley de Víctimas 1448 del 2011 ha sido el proyecto abanderado por el gobierno actual del presidente Juan Manuel Santos. Por primera vez en la historia, la reparación de las víctimas del conflicto interno se convirtió en la prioridad del gobierno, “es una ley dedicada exclusivamente a poner punto final a las injusticias propinadas por quienes han vivido en carne propia el dolor de la guerra” (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2011, p. 10).
A partir del año 2012, el Estado colombiano emprendió una ardua y compleja labor, al iniciar diálogos con el grupo armado ilegal de las Farc, con el objetivo de dar fin, por medio de un acuerdo bilateral, al conflicto interno que para ese entonces llevaba 52 años. Una vez logrado el acuerdo de paz se habla de la nueva era del posconflicto. El sector empresarial juega un papel muy importante en la construcción de paz, ya que en la nueva etapa del postconflicto:
Surgen muchas inquietudes con respecto a la aceptación en el seno de la sociedad los ex miembros que pertenecieron a las guerrillas de las FARC en el momento en que abandonen la guerra, regresando a la legalidad, con todas las garantías políticas, económicas y sociales. El Gobierno Nacional tiene un gran desafío para lograr y consolidar el proceso del postconflicto, garantizando en el tiempo una paz estable y duradera (Neisa, 2016, p. 4).
En este sentido juega un rol muy importante todo el sector económico colombiano, tanto el Estado como el sector privado, para trabajar en búsqueda de la inserción de grupos desmovilizados, la reparación a la población víctima del conflicto, en pro del mejoramiento de los sectores en la economía y hacia la búsqueda de economías regionales competitivas. La tarea no es nada fácil, es necesario un trabajo mancomunado entre el sector privado y el público. En medio de este contexto es claro que:
Una de las cuestiones de atención elemental, será la reinserción de los ex integrantes del grupo armado en mención a la sociedad, lo que requerirá de forma inevitable; entre otros; una política de ingreso a la vida laboral. En ese sentido, es de vital importancia que desde la academia, se estudie la forma en que pueda cooperar el sector empresarial, dentro del proceso de posconflicto, encadenado con la responsabilidad social que le es atribuible; aspecto que sin embargo debe tenerse claro, no vincula de manera obligatoria a las empresas dentro de una posible política de inserción laboral por medio del trabajo (Neisa, 2016, p.5).
El sector empresarial cuenta con recursos privilegiados como lo son el capital, el conocimiento y las habilidades administrativas. “El sector empresarial está llamado a participar activamente en los procesos de transformación que propendan por lograr las condiciones necesarias para una paz sostenible” (ANDI, NIR, FIP, 2014, p. 22). Es por esto que se habla del proyecto denominado La Responsabilidad Social Empresarial (RSE):
La RSE es el rol que le toca jugar a las empresas a favor del Desarrollo Sostenible, es decir, a favor del equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y el aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambiente. Este equilibrio es vital para la operación de los negocios. Las empresas deben pasar a formar parte activa de la solución de los retos que tenemos como sociedad, por su propio interés de tener un entorno más estable y próspero (Centra RSE, 2006, p. 1)
RESULTADOS
No es posible hablar de región con economía competitiva en el departamento del Caquetá, cuando cerca del 90 % de su población está conformada por desplazados víctimas del conflicto armado interno. Mientras la sociedad urbana ha tendido históricamente a ignorar al país rural, el conflicto armado y la violencia desmedida se encargaron de reconfigurar las dinámicas rurales. Fueron precisamente los millones de desplazados que llegaron masivamente a las ciudades quienes propiciaron una nueva mirada sobre un medio rural más equitativo.
El conflicto armado y la guerra han traído desplazamiento de la población, tierras baldías en manos de los grupos disidentes, entre otras consecuencias. Esta población afectada por el conflicto emigra hacia las ciudades capitales en búsqueda de oportunidades, y en búsqueda de apoyo del gobierno, en donde se pretende que el Estado repare el daño ocasionado a esta población.
La llegada de población desplazada del campo a la ciudad ha generado un impacto negativo sobre las economías regionales. Es una población con muchas necesidades, que de manera directa aumenta la problemática de las regiones en todos los sentidos; por ejemplo, se incrementan los niveles de desempleo, la pobreza, el analfabetismo, y demás factores. En síntesis, la economía receptora de esta población se debilita y esto implica que sea más difícil ser competitiva.
La figura 1 muestra el puntaje general y la posición en el IDC 2017, en donde Caquetá ocupo la posición 23 con un puntaje de 3,31, mientras que regiones como Cundinamarca y Antioquia ocuparon la posición 1 y 2, respectivamente. Se evidenció la relación existente entre los bajos niveles de competitividad económicos de una región y su participación involuntaria en el periodo de violencia y el conflicto armado que aquejó y sigue aquejando a Colombia. Departamentos como Cundinamarca y Antioquia no han sido azotados directamente por la violencia y el conflicto armado, por lo que han logrado ser líderes en los niveles de competitividad en el país. En cambio, regiones como Caquetá y Putumayo, que han estado inmersas en la violencia y el conflicto armado, no han logrado ser economías competitivas, por el contrario, son muchas las falencias que tienen, reflejados en los pilares de competitividad.
Figura 1. Puntaje general y posición en el IDC 2017.
Fuente: Consejo privado de Competitividad y CEPEC. Universidad del Rosario
En el departamento del Caquetá, la violencia ha expresado sus efectos adversos sobre la productividad a través de daños a los factores de producción y la depredación del capital existente —físico, humano y social—. La eficiencia se afectó por la desviación de recursos hacia actividades poco deseables o productivas. En el ámbito nacional, la criminalidad y la violencia han generado desacele raciones importantes del crecimiento económico del departamento. El aumento de la intensidad del conflicto armado representó un obstáculo al crecimiento del PIB per cápita. En el ámbito regional, los incrementos en las tasas de secuestro y acciones de los grupos ilegales, condujo a reducciones en el crecimiento económico departamental promedio (Ramírez y Parra-Peña, 2010).
Figura 2. Geografía de la densidad del conflicto armado en Colombia entre 1998–2015.
Fuente: Luis Gabriel Salas-Salazar
Al revisar la figura 2, se puede ver la evolución que ha tenido el conflicto armado en Colombia y su impacto por zonas, lo que a su vez refleja el grado de crecimiento de las regiones.
Se evidencia que las regiones que presentan los más altos niveles de competitividad son los menos influenciados por la presencia guerrillera. Los departamentos con más presencia guerrillera son los departamentos más pobres pero paradójicamente los que tienen mayores riquezas en territorios mineros y agrícolas. Los departamentos más pobres son los que tienen menor atención del Estado y poca inversión extranjera.
En Colombia el conflicto armado no solo impacta de manera importante las condiciones socioeconómicas de los territorios, sino que también genera graves consecuencias para el medio ambiente.
Se observa una alta coincidencia entre la presencia de cultivos ilícitos y los departamentos afectados por el conflicto.
Los llanos y centro sur amazonia son las regiones con mayor potencial de generar dividendos ambientales para la paz, ya que han sido las más afectadas por la deforestación asociada al conflicto armado. Además, son de las más afectadas por los atentados a oleoductos; por lo anterior, el desarrollo de estas regiones se puede impulsar a través de la conservación de ecosistemas, desarrollo de ecoturismo, el impulso al biocomercio y el aprovechamiento al potencial agrícola, se requiere fortalecimiento institucional y construcción de capital social y humano. El eje cafetero y Antioquia son las regiones más afectadas por la minería ilegal.
El gobierno nacional intenta mejorar la competitividad en Caquetá, el director del DNP indicó que se han priorizado tres líneas estratégicas que involucran a los 16 municipios del Caquetá y en las que se invertirán $1,4 billones. “Las líneas son: inclusión social y acceso a servicios básicos para la construcción de paz, con una inversión de $815 mil millones; inclusión productiva y cierre de brechas de infraestructura de transporte para la competitividad, con recursos por $491 mil millones; y, el fortalecimiento de la capacidad institucional, ordenamiento territorial y uso sostenible del capital natural con $110 mil millones”. Los proyectos emblemáticos son:
“El Contrato Paz Caquetá se implementará desde el 2017 hasta el 2021 y dicha inversión de $1,4 billones tendrá recursos de la Nación por $784.004 millones (52,7 %), del departamento y los municipios de Caquetá por $498.669 millones (35,2 %) y del sector privado por $171.046 millones (12,1 %)”, enfatizó el Director del DNP.
DISCUSIÓN
El sector empresarial juega un papel muy importante en la construcción de la paz, se busca que este sector trabaje de la mano con las comunidades, los planes municipales y departamentales. Para lograr prácticas con estrategias empresariales que contengan formas de hacer negocios competitivos, resaltando una nueva cultura empresarial, con colaboradores conscientes con sus acciones dirigidas al éxito de las empresas, convirtiéndolas en empresas líderes y competitivas.
El conflicto armado interno, aunque ha sido una limitante para lograr competitividad en la economía del país, no es el problema fundamental, son muchos los factores que intervienen, como lo son: la corrupción, el individualismo, los problemas de infraestructura, la baja calidad de la educación, la mala planeación de los planes del Estado, entre otros.
En los últimos años el gobierno nacional ha planteado medidas enérgicas para dar asistencia a los desplazados internos víctimas del conflicto armado y la protección de sus derechos. La Ley 1448 de 2011 de Victimas y Restitución de Tierras, así como sus normas reglamentarias, pretenden reducir la injusticia y la desigualdad social a través de la reparación económica y moral de las víctimas. “La Ley 1448 de 2011 es por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones” (Ministerio del Interior, 2012, p. 9). A partir del año 2012, el Estado colombiano emprendió una ardua y compleja labor, al iniciar diálogos con el grupo armado ilegal Farc, con el objetivo de dar fin, por medio de un acuerdo bilateral, al conflicto interno que para ese entonces llevaba 52 años. Una vez logrado el acuerdo de paz se habla de la nueva era del posconflicto.
A pesar de los esfuerzos realizados por el Estado colombiano para resarcir los daños de la violencia y el conflicto armado en las comunidades, estos no han sido suficientes. Algunas percepciones de la comunidad internacional frente a la situación de los pueblos indígenas en Colombia son desalentadoras.
La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos (OACNUDH), expreso:
[…] la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas ha indicado que en todos los países en que existen conflictos armados se puede observar la injusta y desproporcionada situación que enfrentan los pueblos indígenas y que exigen una atención y protección especial. Colombia no es una excepción. Los pueblos indígenas y sus miembros sufren reiteradas y sistemáticas violaciones a sus derechos fundamentales y libertades fundamentales, como consecuencia no solo del conflicto armado, sino también de la pobreza y la exclusión, los grandes proyectos de desarrollo, el narcotráfico, y las actitudes racistas y discriminatorias (Defensoría del Pueblo y Unidad de Atención Integral a Víctimas de la Violencia, 2011, p. 26).
En este sentido, se trae a colación la definición de derecho fundamental y la definición del enfoque diferencial, “son derechos fundamentales aquellos derechos subjetivos que las normas de un determinado ordenamiento jurídico atribuyen universalmente a todos en tanto personas, ciudadanos y/o personas capaces de obrar” (Ferrajoli, 2009, p. 291).
El enfoque diferencial ha permitido al Estado crear políticas públicas o adoptar medidas específicas destinadas a reconocer las diferencias entre los individuos, con el fin de solucionar de acuerdo con las características particulares de cada grupo poblacional, no solo sus necesidades básicas sino también su dignidad y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales (Defensoría del Pueblo, s.f, p. 25).
En uno de los pronunciamientos la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos Humanos, consideró que:
Aún existe una brecha alta entre los principios de ,a Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblo Indígenas, y la realidad, ya que los pueblos indígenas continúan sufriendo discriminación, marginación en áreas como salud y educación, extrema pobreza, indiferencia ante sus preocupaciones ambientales, desplazamiento de sus tierra tradicionales y exclusión de la participación efectiva en procesos de toma de decisiones (Defensoría del Pueblo y Unidad de Atención Integral a Víctimas de la Violencia, 2011, p. 28).
Según lo planteado por la ONIC:
En repetidas ocasiones, la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena ONIC, ha denunciado públicamente que todos los pueblos indígenas están en riego de desaparecer. De los 102 pueblos indígenas que viven en el país, la ONIC ha recopilado información sobre 32 pueblos, los cuales generan especial preocupación para la organización, debido a que cuentan con una población de menos de 500 personas, la gran mayoría concentrados en los departamentos de Amazonia y Orinoquia. De estos 32 pueblos, 18 tienen una población inferior a 200 personas, y 10 están conformados por menos de 100 individuos. Esta fragilidad demográfica, aunada a otros procesos complejos, como el conflicto armado interno, la pobreza, la discriminación y el abandono institucional, los sitúa en un grave riesgo de extinción física y cultural. (Defensoría del Pueblo y Unidad de Atención Integral a Víctimas de la Violencia, 2011, p. 29).
“En Colombia, las dinámicas contenciosas reivindicaron la apertura de espacios para la negociación política del conflicto armado, después de un gobierno profundamente ilegitimo por la arbitrariedad y la violencia en la política de seguridad implementada” (Ansolabehere, Serrano y Vázquez, 2015, p. 6). De acuerdo con la información obtenida por la comisión defensorial, las quejas sobre las presiones ejercidas por los actores del conflicto armado en contra de la población civil son recurrentes. La guerrilla presiona a los pobladores para que salgan de sus caseríos y algunas personas han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales por negarse a apoyar al ejército. El ejército empadrona, constriñe la movilidad de las personas, adelanta detenciones masivas, allana domicilios sin orden judicial y limita el acceso de alimentos, medicina y combustibles (Defensoría del Pueblo, 2012, p. 74).
Son muchas las regiones que han sido azotadas con esta problemática del conflicto armado, entre ellas está la región del departamento del Caquetá. Se puede decir que la región es un paraíso con riqueza natural, Caquetá cuenta con abundancia en recursos naturales de flora, fauna y recurso hídrico, pero a pesar de tener esa ventaja comparativa en donde la dotación de factores salta a la vista, se carece de propiedades competitivas.
Colombia es el único país de América con un conflicto armado, su prolongación durante décadas ha demostrado que los colombianos “del común” son los más afectados. Colombia no alcanzará la paz mientras los combatientes no posean un concepto de lo que es honorable o no para una persona armada, mientras no tengan un código de pertenencia, ni una ética de responsabilidad.
El desarrollo de las políticas públicas debe conocer de cerca la realidad que rodea la cotidianidad de la población de las zonas rurales que han sido y siguen siendo objeto de la violencia armada y de condiciones estructurales de exclusión socioeconómica, política y de género, para proponer acciones que afronten estos escenarios.
Mientras la sociedad urbana ha tendido históricamente a ignorar al país rural, el conflicto armado y la violencia desmedida se encargaron de reconfigurar las dinámicas rurales. En muchas zonas del territorio se produjo un vaciamiento de población mediante el desplazamiento forzado, el ejercicio del terror y el control de la población. Fueron precisamente los millones de desplazados que llegaron masivamente a las ciudades quienes propiciaron una nueva mirada sobre un medio rural más equitativo, en el que las poblaciones rurales de hombres y mujeres campesinas, mestizas, indígenas y afrodescendientes, pudieran desarrollar sus capacidades para el logro de una vida digna. (Defensoría del Pueblo, 2014, p. 44).
El conflicto armado y la guerra traen desplazamiento de la población, tierras baldías en manos de los grupos disidentes. Esta población afectada por el conflicto armado emigra hacia las ciudades capitales en búsqueda de oportunidades, y de apoyo del gobierno, en donde se pretende que el Estado repare el daño ocasionado a esta población. La llegada de población desplazada del campo a la ciudad genera un impacto negativo sobre la economía regional. Es una población con muchas necesidades, que de manera directa aumenta la problemática de las regiones en todos los sentidos, aumenta los niveles de desempleo, la pobreza, el analfabetismo, y demás factores, la economía receptora de esta población se debilita y esto implica que sea más difícil ser competitiva.
Ante esta situación entran a jugar factores como el Estado y la aplicación de política publicas dirigidas a aliviar la situación, el sector privado y sus estrategias para fortalecer a las economías regionales receptoras de grandes poblaciones desplazadas por el conflicto armado para volverlas cada vez más competitividad. Es importante analizar si las economías receptoras de esta población desplazada están en capacidad de brindar oportunidades, si son economías lo suficientemente estables y sólidas para no verse afectadas por su llegada. Son muchos los factores que juegan a la hora de analizar el impacto del conflicto armado en la competitividad de las economías regionales.
El objetivo principal que persigue la responsabilidad social empresarial radica en el impacto positivo que estas prácticas generen en los distintos ámbitos con los que una empresa tiene relación, al mismo tiempo que contribuya a la competitividad y sostenibilidad de la empresa (Centra RSE, 2006, p. 2)
La RSE facilita la identificación y constitución de conglomerados —clúster—, pues este modelo busca la forma para que la empresa pueda mejorar su relación con su cliente y con su proveedor. Busca constituir cadenas productivas socialmente responsables, para que se pueda hablar de un producto o un servicio socialmente responsable y cada vez más competitivo (Centra RSE, 2006, p. 3).
Así mismo, se busca que el sector empresarial trabaje de la mano con las comunidades, los planes municipales y departamentales, para lograr prácticas con estrategias empresariales que contengan formas de hacer negocios competitivos, resaltando una nueva cultura empresarial, con colaboradores conscientes de sus acciones y su impacto en el éxito de las empresas, convirtiéndolas en empresas líderes y competitivas.
Aunque la el sector empresarial forma un papel importante en la reconstrucción de la economía en Colombia, después de vivir más de cincuenta años azotados por los devenires del conflicto armado, es válido ir más allá, y pensar en si será la problemática del conflicto armado que ha vivido el país, el gran responsable del atraso de nuestra economía, o hace parte de una consecuencia más. Afirmación basada en que gran parte del presupuesto nacional se ha invertido en la guerra, y con esto se ha dejado de fortalecer sectores como la educación, la infraestructura y demás, que son vitales para lograr llegar a una economía competitiva. Consideramos que la raíz de las principales limitaciones que ha tenido Colombia para llegar a ser competitiva, radica en algo más, algo de fondo, que no es sólo el conflicto armado interno. Es válido la premisa de pensar que si hace más de cincuenta años, antes de que se desatara la guerra en Colombia, hubiéramos construido una sociedad más justa, con derechos, deberes y oportunidades para todos, la situación del país sería otra. Como lo plantea el Papa Pablo VI en su Enciclinada Pulorum Progressio de 1967 “si quieres paz, lucha por la justicia”. El Pontífice ilustraba con esta afirmación una premisa incontrastable: no puede pretenderse la terminación de un conflicto ni la paz duradera si previamente no se ha allanado el camino a la justicia (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2011, p. 9).
Tristemente, Colombia ha sido un país invadido por una visión egoísta, los colombianos no pensamos en los demás, cada uno piensa individualmente.
Los colombianos no piensan en los demás, cada uno quiere ser millonario para después ayudar a los demás. Esta visión es la que no les ha permitido avanzar, pues sin el apoyo de los demás es más difícil crecer. Deberán pesar en crecer para ayudar a toda la sociedad y no pensar individualmente. Se tiene poco sentido de pertenecía por la biodiversidad del país, pocos conocen que están en el segundo país más biodiverso del mundo y son una potencia hídrica (Quemba, 2013, p. 8).
El individualismo va acompañado de la corrupción. Colombia, Estado social de derecho, tiene impregnada la corrupción en sus tres ramas del poder. Gracias a la cultura del dinero fácil la economía se ha visto afectada por demoras en obras de vital importancia para el funcionamiento del país. “Algunas empresas nacionales y extranjeras tienen que tener en cuenta en su presupuesto el dinero para torcer contratos” (Quemba, 2013, p. 7). Según un estudio realizado por una ONG, en Colombia la percepción de la población frente a este flagelo es que la corrupción ha empeorado en los últimos dos años. La corrupción en Colombia se puede observar en todas las instituciones públicas, incluso en las privadas.
La mala planificación estatal es otro factor a tener en cuenta como limitante para llegar a la competitividad de la economía colombiana, cada periodo presidencial cambia de políticas y vuelven a empezar casi de cero.
Pareciera que los COMPES, o los POT’s nunca fueran leídos. Adicional, las instituciones no se ven comprometidas, sus políticas son precarias y superfluas, algunas tienen una tramitología tan extensa que hace que los empresarios, a la mitad del camino, pierdan la esperanza y desistan. Por otro lado, la inseguridad y la violencia, que no puede ser controlada por el Estado, perjudica a los empresarios (Quemba, 2013, p. 7).
Con empobrecimiento no se logra la competitividad. Según el índice de GINI, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, esto tiene implicaciones en las personas de escasos recursos, quienes nuca podrán salir de la pobreza mientras que los ricos serán cada vez más ricos. En Colombia, según la más reciente Encuesta Multidimensional realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) revela que entre 2015 y 2016 el coeficiente de Gini pasó de 0,522 en 2015 a 0,517 en 2016 en el total nacional, completó tres años con reducciones consecutivas, pero ésta es una disminución que no representa un desarrollo significativo para los colombianos (El nuevo siglo, 2017, p. 2).
Por otro lado, Colombia tiene unas de las peores infraestructuras del mundo, se le suma a la corrupción que ha permitido desaparecer dineros destinados a mejorar la infraestructura vial y los largos trámites para adjudicar obras civiles que han perjudicado el inicio de las obras.
Otro factor son los malos niveles educativos reflejados en mano de obra poco calificada. Para ser competitivo la economía requiere de inversión pública en educación de calidad, se necesita más inversión en el SENA para que pueda generar más técnicos y tecnólogos, invertir en las universidades públicas para así aumentar el nivel de pregrados y doctorados en el país. “Los profesionales que salen de la academia no salen preparados para los retos que demandan las empresas, la mayoría de veces el profesional aprende más con la experiencia laboral. Las empresas no capacitan a sus trabajadores”. (Quemba, 2013, p. 8). Se requiere mayor inversión en ciencia y tecnología, ligados a una alianza entre la academia y la industria. Colombia ha aplicado iniciativas direccionadas hacia la aplicación de los conceptos de competitividad, se han realizado esfuerzos gubernamentales que han generado un avance en el temas, el Estado, la empresa privada y la academia se han vinculado a las iniciativas de competitividad y se han organizados centros de investigación para ello. Hay que seguir anudando esfuerzos para hacer de Colombia un país cada vez más competitivo, por encima de todas las limitaciones presentes.
Colombia ha atravesado por un periodo de muchos años de conflicto armado, son muchas las regiones que han sido azotadas con esta problemática. Una de las regiones más afectadas por la violencia y el conflicto armado ha sido la región del departamento del Caquetá. Se puede decir que esta región es un paraíso con riqueza natural, Caquetá cuenta con abundancia en recursos naturales de flora, fauna y recurso hídrico, pero a pesar de tener esa ventaja comparativa en donde la dotación de factores salta a la vista, se carece de propiedades competitivas.
La economía del departamento del Caquetá todavía es muy pequeña, se basa principalmente en la producción ganadera y agrícola, la explotación minera es a pequeña escala, la actividad manufacturera se limita a la producción de bienes de consumo. El mercado laboral en Florencia ha estado afectado por los movimientos migratorios como ciudad receptora de personas en condición de desplazamiento forzoso, con señales de precariedad laboral, y es necesario considerar la necesidad de dar continuidad a políticas públicas de generación de empleo. La infraestructura del departamento no es suficiente, no se cuenta con puertos, ni muelles, y las condiciones de navegabilidad de los ríos se ven afectadas por problemas de sedimentación que afectan principalmente las grandes embarcaciones. Condiciones que reclaman la imperiosa intervención del Estado para realizar un trabajo de recuperación de los territorios que han estado por años en manos de los grupos disidentes, acompañado de un proceso social de reparación psicológica de la población afectada, una inyección fuerte de capital en inversión dirigida hacia óptimas condiciones de salud, educación e infraestructura en la región. Mediante políticas públicas los gobiernos regionales pueden mejorar el ambiente de competitividad de las empresas de la región.
REFERENCIAS
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* Artículo de investigación generado al interior de un curso de formación de la Maestría en Administración de las Organizaciones.
** Administrador de Empresas, Especialista en Mercadeo. Correo electrónico: jecorredor84@yahoo.es
*** Administradora de Empresas, Especialista en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo, MBA. correo electrónico: doragi80@gmail.com Número ORCID https://orcid.org/0000-0002-1624-5294
**** Administrador de Empresas con Énfasis en Emprendimiento. Correo electrónico: mauromauro7@hotmail.com
***** Economista. Correo electrónico: lizet.hurtado1@gmail.com