El valor de las universidades en la construcción del Estado de bienestar que necesita América Latina en su realidad post-pandémica
The value of universities in the construction of the welfarestate that Latin America recquires in its post-pandemic reality
Dr. José Alberto del Rivero del Rivero1
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México
Universidad Alfonso X El Sabio, España
Resumen
El desarrollo socioeconómico se encuentra aparejado a la noción de Estado de bienestar (E.B.), pero debido al rezago en el que muchos países se han quedado durante la carrera hacia el progreso a partir de la segunda posguerra, solo algunos se encuentran en este escenario. Tal fue el caso de Europa Occidental, que consciente de sus carencias, se apoyó en el Plan Marshall para implementar una cooperación regional sin precedentes, pudiendo materializar su propio E.B. Como contrapartida, en América Latina aún persiste el reto de elaborar un inventario colectivo sobre los recursos y requerimientos necesarios para cubrir las carencias comunes en aras de que se adopte el modelo de E.B. propio a sus circunstancias socio-históricas, distintas al contexto bélico vivido en Europa. Lamentablemente, en Latinoamérica no hay una voz unificada a pesar de los organismos regionales que se han creado para atender cuestiones de desarrollo, aunado a una desorganización internacional (principalmente en temas trascendentales como la actual pandemia), colocando en peligro el progreso de las sociedades que la integran. En dicho punto de inflexión, este artículo argumenta la importancia que tiene el sector académico y las universidades en la creación y el fortalecimiento de los sistemas políticos de los Estados, proponiendo que corresponda a ellos propiciar el diálogo pertinente para conocer cuáles son las carencias sociales que el modelo de E.B. latinoamericano debe cubrir y con qué medios podría funcionar, considerando el contexto post-pandémico que se avecina, que no hará más que agravar estas deficiencias sociales en la región.
Palabras clave: Estado de bienestar, Latinoamérica; universidades; COVID-19.
Abstract
Socio-economic development is related to the notion of Welfare State (W.S.), but as many countries have lagged during the race for progress since the second postwar period, only some find themselves in this scenario of welfare. Such was the case of Western Europe, which, aware of its shortcomings, relied on the Marshall Plan to implement an unprecedented regional cooperation, being able to materialize its own W.S. On the other hand, in Latin America there is still the challenge of drawing up a collective inventory of the resources and requirements necessary to cover common deficiencies to adopt the W.S. that suits its socio-historical circumstances, different from the warlike context lived in Europe. Unfortunately, in Latin America there is no unified voice despite the regional organizations that have been created to address development issues, besides the international disorganization (mainly on transcendental issues such as the current pandemic), endangering the progress of its societies. At this inflection point, this article argues the importance of the academic sector and universities in the creation and strengthening of political systems, proposing that it corresponds to them to promote the relevant dialogue to learn what the social deficiencies are that must be covered by the Latin-American W.S. model, and which means it could work with, considering the looming post-pandemic context that will only aggravate these social deficiencies in the region.
Keywords: Welfare State; Latin America; Universities; COVID-19.
1. Introducción
La actual pandemia provocada por la enfermedad conocida como COVID-19, causada por el virus SARS-Cov-2 (que hasta el momento en que se escriben estas líneas no ha finalizado al no encontrar una cura), revela qué tan eficientes, o en su defecto ineficientes, son las garantías que los Estados en el mundo prevén en torno a derechos fundamentales como la salud, la vivienda, la integridad y libertad personales, entre muchos otros. A su vez, como una segunda faceta, pone de manifiesto las carencias sociales que se han venido acarreando desde hace varias décadas, sobre todo en regiones en vías de desarrollo que aún no han adoptado un verdadero Estado de bienestar (E.B.), como sí lo hizo Europa (principalmente la parte occidental) después de la Segunda Guerra Mundial, y que hasta la fecha así lo ha mantenido.
Sin duda, la mayoría de países en el mundo enfrentará, en un futuro próximo, consecuencias abismales en su crecimiento económico, en razón de las medidas de aislamiento social impuestas, ocasionando daños materiales e inmateriales en el goce de los derechos fundamentales de las personas. Es importante recordar que, de acuerdo con el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, nos encontramos ante “la mayor debacle desde la II Guerra Mundial” (citado en Rojas Aravena, 2020, p. 146). Empero, es probable que en aquellos países en donde se tiene un verdadero E.B., el impacto a la población sea menor, en comparación con aquellos en donde no existe. Lo anterior debido a que un E.B. es aquel que “se propone corregir las deficiencias de la vida social, dando lugar a la más amplia gama de los servicios sociales, que caracteriza a los Estados modernos” (Cardiel Reyes, 1980, p. 70).
En su momento, Europa ya se enfrentó a un reto gigantesco que fue la reconstrucción de su economía durante la segunda posguerra. La pandemia actual puede tener efectos colaterales similares a los que se vivió a mitades del siglo XX, por ello cada nación debe estar preparada para enfrentarlo sin que las medidas adoptadas ocasionen daños a su población; incluso, desde inicios de este año 2020, en Europa se escucharon propuestas comunitarias para implementar nuevamente otro Plan Marshall a fin de responder a los efectos de la pandemia (Cué & De Miguel, 2020), y que hoy en día se ha materializado en el “Plan de Recuperación para Europa” con un presupuesto de 1.824.300 millones de euros para 2021-2027, estableciendo un conjunto de medidas que contribuirán a la reconstrucción de la Unión Europea (U.E.) después de la pandemia de COVID-19 y también apoyará la inversión de transacciones ecológica y digital (Consejo Europeo, 2020).
Por lo que respecta a América Latina, se tiene una inadecuada versión del E.B. que no corresponde a su idiosincrasia, situación que se agrava con la indómita pandemia que está afectando aún más a esta región, en comparación con Europa, donde ya se tiene un plan de recuperación conjunto, del que adolece nuestra región hasta este momento. Paradójicamente, este infortunado escenario pandémico podría ser el más propicio para que los Estados latinoamericanos actúen conjuntamente de una vez por todas en aras de corregir la realidad anterior, rompiendo con los obstáculos que impiden la consolidación de un E.B. para cada país en la región, siendo las conflagraciones el principal óbice, pues debe entenderse que, solo logrando la paz, será posible conseguir el progreso económico comparable al que tuvo Europa en la posguerra. En otras palabras, Latinoamérica se encuentra en el mejor o en el peor de sus tiempos dependiendo de las acciones correctivas que se realicen durante y después de la pandemia.
Es necesario detenernos a reflexionar que los países europeos occidentales después de los estragos ocasionados por el conflicto bélico, tenían la conciencia de que para lograr el E.B. deseado era imprescindible, además de la ayuda económica internacional, el entendimiento pacífico entre europeos. Probablemente, para América Latina no sea indispensable un préstamo internacional como el otorgado por el gobierno estadounidense a través del Plan Marshall a Europa. No obstante, se requiere, en primer lugar, emprender la tarea titánica de extinguir por completo el estado de conflagraciones que impera en la región, mediante la pacificación para después poder hablar de la cooperación regional que se precisa a propósito de realizar un inventario colectivo de los recursos y requerimientos necesarios a fin de adoptar un modelo de E.B., tal como lo hicieron los Estados europeos en su momento. Sin embargo, esto no se ha logrado a pesar de la existencia de diversos instrumentos y organismos internacionales abocados a la materia de desarrollo (de los que la mayoría de los Estados latinoamericanos forman parte), principalmente porque descuidan aspectos medulares, como la consecución de paz y la cooperación regional como pasos previos para la adopción de un modelo de E.B.
Atendiendo lo anterior, en este artículo se aborda la importancia de que el sector académico, liderado por nuestras universidades, proponga cuáles son esos elementos necesarios que el modelo de E.B. latinoamericano necesita para ser una realidad, tomando en cuenta que el escenario post-pandémico resaltará y agudizará aún más las carencias sociales de la región, como ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial en el “viejo continente”. Europa cuenta con la experiencia histórica y ya ha tomado cartas sobre el asunto, a tal grado que se aprobó un plan de recuperación inspirado en el célebre Plan Marshall; pero en América Latina, ¿qué hará el sector académico y científico al respecto? ¿Acaso se abandonará este tema en manos de la política regional que ha evidenciado una fuerte desorganización, o se tendrá el valor de escuchar la voz de nuestras universidades?
2. La necesidad de un Estado de bienestar en la región
Para el sector académico abocado a temas de desarrollo progresivo en Latinoamérica, resulta imprescindible comprender que es necesario adoptar un modelo de E.B. que corresponda con la realidad de cada una de las naciones que integran esta región. Al respecto, debe considerarse que el E.B. es una noción que se expandió principalmente en el norte y occidente de Europa al finalizar la Segunda Guerra Mundial y que pudo ser concretada con la implementación del denominado “Plan Marshall” del Gobierno de los EE.UU. (cuyo anunciamiento, por cierto, supuso para el sector académico un reconocimiento en esa reconstrucción económica, ya que este fue hecho público en la Universidad de Harvard por el entonces Secretario de Estado, George Marshall, el 5 de junio de 1947). Dicho plan fue el catalizador que permitió que para 1951 la experiencia y espíritu de empresa europeos elevaran las economías de todos los países participantes más arriba de los niveles anteriores a la guerra (Plano & Olton, 1980).
Indudablemente, uno de los factores claves del éxito europeo fue la cooperación que se gestó entre ellos para recuperarse económicamente sobre una base regional y no necesariamente nacional, materializándose así en la hoy extinta Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE) que tuvo el fin de fomentar la cooperación en los programas de reconstrucción y llevar a cabo un inventario colectivo de los recursos y requerimientos necesarios para los 17 países que se beneficiaron del Plan Marshall (Plano & Olton, 1980), que curiosamente hoy en día integran la U.E., conformando ya 27 Estados miembros. Empero, no debe confundirse que la OECE originó la U.E., ya que la labor de la primera sería continuada desde 1960 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (Van Meerhaeghe, 1980), de naturaleza mundial, incluyendo ya a todos los países latinoamericanos como Estados miembros. De esta forma, partiendo de la eficacia que tuvo la OECE en Europa, en teoría la ahora OCDE debería contar con los mismos resultados para América Latina, pero después de más de medio siglo desde su creación, nuestra región continúa en el rezago estático del desarrollo, principalmente por la ausencia de paz que se vive en la mayoría de los países que la integran. Si bien desde 2016 la OCDE adoptó el Programa Regional para América Latina y el Caribe, teniendo una renovación en 2019 hasta el 2022, no hay planes de recuperación comparables con los de la U.E. enfocados en nuestra región para amortiguar los efectos pandémicos. La labor de la OCDE durante esta pandemia se ha visto reducida a la promoción y difusión de información.
Mirando el ejemplo del siglo pasado, en Europa se adoptó un modelo de E.B., con matices distintos entre sus naciones, pero que respondía a sus particulares necesidades en esos momentos, que se acrecentaron después de la Segunda Guerra Mundial. Esto provocó que dicho modelo se presente como universal para todas las naciones, sobre todo por la adopción de tratados internacionales en esta materia y los respectivos sistemas de protección a derechos humanos que han creado, los cuales se encuentran influidos por las mencionadas aspiraciones posbélicas de progreso. Tal es el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966, del Sistema Universal, y el Pacto de San José de 1969, así como su Protocolo de San Salvador de 1988, ambos del Sistema Interamericano, que ni uno ni otro sistema, en el caso de México, posibilitan la reparación del daño de los derechos protegidos en un E.B., pues recordemos que, por una parte, el Estado mexicano no se ha adherido al Protocolo Facultativo del PIDESC, y por lo que atañe al Sistema Interamericano, el Protocolo de San Salvador esclarece que solo el derecho a la educación y la asociación sindical pueden ser justiciables, siendo una garantía incompleta. Asimismo, es de mencionar que en este contexto de aspiraciones posbélicas que universalizan el E.B., fue concebida la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ( Cepal) en 1948, como se abordará más adelante.
Por ello, es necesario entender que no debe adoptarse un modelo universal de E.B., pues este responde a las circunstancias sociales, económicas y, por supuesto, históricas de cada colectivo. Lo cierto es que esta visión permitió, en su caso particular, a Europa solventar sus carencias socioeconómicas de la segunda posguerra, pero primero partieron de la pacificación de sus colectivos.
Tal como Europa occidental le dio la importancia debida a su progreso, a través de su modelo de E.B., que pudo ser logrado gracias al mencionado Plan Marshall y el papel de la extinta OECE, América Latina requiere en primer lugar adoptar su propio modelo que responda a sus necesidades concretas, que no fueron causadas por la Segunda Guerra Mundial como el caso europeo, sino que forman parte de un lastre histórico anterior a dicho marco temporal, y que en el presente y futuro se agravarán con los efectos de la pandemia de COVID-19. Empero, para que ello suceda primero es importante que la investigación académica incursione en las causas de nuestras debilidades y carencias sociales en la región, para salir del letargo histórico y paralizado por los conflictos armados y de violencia internos en los que nos encontramos inmersos, y así consolidar un modelo de E.B. que sea congruente con la realidad que pretende transformar, así como las consecuencias post-pandémicas que se quieren evitar. En dicho trayecto, las organizaciones internacionales y los gobiernos nacionales de cada Estado latinoamericano tienen un papel imprescindible, no obstante, partiendo de la aportación académica del rector de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas, en América Latina no existe multilateralismo, lo que “impide que la región pueda tener una voz común en el sistema internacional y por lo tanto actuar de manera asociada en los principales temas que emergen de la agenda internacional” (Rojas Aravena, 2020, p. 160).
3. La falta de una voz unificada en América Latina
La proyección de un modelo de E.B. en Europa ha perdurado gracias a la normatividad comunitaria que con el tiempo se fue consolidando, y de manera consecuente, sus aspiraciones se han unificado a través de una sola voz que se legitima en el debate parlamentario que existe en esa región. Así, el éxito europeo radicó en que primero detectaron sus carencias, planificaron acciones para solucionarlas y actuaron en consecuencia hasta que concluyeron sus proyectos (sin abandonarlos), de manera tal que hasta el día de hoy mantienen y respetan esa visión de E.B., concebida desde la primera mitad del siglo XX. En este sentido, la mayoría de los países europeos desde entonces se han desarrollado al unísono de la prosperidad, continuando así sobre todo gracias al consenso de igualdad y la pacificación que hay entre ellos a pesar de su multilingüismo.
En el caso de América Latina, aún persiste el reto de pacificar sus conflagraciones y de superar la ausencia de multilateralismo dado que no contamos, a diferencia de Europa, con una voz unificada que sea producto de un debate democrático-parlamentario bajo el umbral de una constitución regional, algo distinto a nuestro Sistema Interamericano, pues recordemos que Europa, además de tener la U.E. también cuenta con un Sistema Europeo de Derechos Humanos, que ni uno ni el otro podrían sustituirse entre sí. Por ello la OEA, en nuestro caso y debido a su naturaleza diplomática, no puede equipararse con una institución de debate democrático-parlamentario regional, como el caso del Parlamento Europeo, o las demás instituciones que integran la U.E., en donde sin duda las políticas públicas o proyectos relativos al E.B. pueden ser abordados y acordados para un obligatorio cumplimiento, así como los temas referentes a las medidas que deben adoptarse conjuntamente para amortiguar los efectos negativos de la actual pandemia y de eventuales crisis, respecto de las que se actúa de manera cohesionada para combatirlas, pero en América Latina se carece de esto. Muestra de esta cohesión es la propuesta que en su momento hizo España a la U.E. para que se adoptase un plan de recuperación (con una visión basada en el Plan Marshall) para afrontar las consecuencias de la crisis sanitaria, y que hoy se ha materializado en el Plan de Recuperación para Europa (2021-2027) con la finalidad de encarar regionalmente las consecuencias de esta pandemia.
Por su parte, en América Latina no se ha adoptado un plan de recuperación conjunto relacionado a la pandemia, considerando que los estragos pueden ser comparables a los vividos a mitad del siglo pasado, lo cual hace necesaria la adopción de un E.B. en la región para evitar el aumento de las carencias de la población. Tanto la Cepal, la OCDE, como la OEA, no han podido cohesionar a los países que componen esta región a efecto de integrar un plan de recuperación conjunto, a pesar de sus loables esfuerzos difusivos para concienciar sobre las graves consecuencias de la pandemia. Situación que se acentuará con mayor peso en nuestra región por la ausencia de un verdadero E.B., ya que seguimos basándonos en un modelo ajeno a nuestras circunstancias que, por ende, no podemos alcanzar, pues este es asequible para los países europeos que ya están pacificados, pero no para Latinoamérica, que aún se encuentra cautiva por la violencia, los conflictos armados y la corrupción galopante a pesar de los esfuerzos de algunas organizaciones gubernamentales por lograr la paz.
Europa en su momento salió de ese abismo posbélico, enarbolando un signo de paz social, que ha fortalecido con sus programas de E.B., algo que no ha ocurrido con América Latina, puesto que no hemos realizado un inventario colectivo de los recursos y requerimientos necesarios para nuestro progreso como sí lo hicieron en su momento los países beneficiados por el Plan Marshall a través de la OECE, donde el desarrollo partió de una base regional, no de forma aislada.
Inexorablemente, el retraso en el que se encuentra el desarrollo en Latinoamérica se aunará a los otros efectos que se han venido arrastrando, como los de la crisis del 2008, que ocasionó la “Gran Recesión”, y ahora a los que se originen con la pandemia, un escenario que acentuará, como es costumbre para la idiosincrasia latinoamericana, las carencias sociales que en teoría deberían ser cubiertas por el E.B., pero este no existe en la región, a pesar de los tratados y organismos internacionales en la materia.
Hoy en día hemos atestiguado una serie de decisiones gubernamentales internas de cada Estado de la región que corresponden a una desorganización internacional sumamente preocupante en Latinoamérica. ¿Acaso esto ocurre con los Estados europeos? La U.E. posee cohesión regional en casi todas las materias, tan es así que, por ejemplo, han adoptado la Declaración de Bolonia en virtud de la cual existe una homologación en el aprendizaje universitario y la oportunidad de acceder al mercado laboral europeo, panorama del que adolece América Latina, donde la agenda universitaria no ha tenido esa trascendencia. Ahora bien, en lo relativo a la pandemia, si bien en Europa cada país regula ciertas materias específicas, como los estados de alarma o emergencias, no hemos presenciado que algún mandatario coloque en tela de juicio vicisitudes como las que estamos viviendo en estos momentos, contrariamente, esto sí se evidenció en nuestra región durante este 2020 ante la crisis sanitaria mundial. Ejemplo de ello es el “negacionismo” y desorganización regional que se han gestado en América Latina, máxime en este escenario en el que nuestro desarrollo y progreso están en juego, donde este principio de siglo ya está perfilando las naciones hegemónicas que lideran los avances tecnológicos en materia alimentaria, la energía sustentable, y también la inteligencia artificial. Pero ante ello, emerge el cuestionamiento sobre quién será el portador de una voz señera en nuestra región si no contamos con un mecanismo de cohesión efectivo como la U.E., sobre todo ante la reticencia de los gobiernos latinoamericanos de cooperar conjuntamente para romper los obstáculos y atavismos que mitifican el desarrollo socioeconómico y así puedan cohesionarse para alcanzar la paz, haciendo frente a los efectos de la pandemia. Ya se conoce lo que han consensado nuestras naciones, tanto el sistema universal, como en el regional. ¿Ha permitido esto construir un E.B., como lo hizo Europa? ¿O acaso ha provocado que la inactividad gubernamental sea justificada bajo el argumento del “desarrollo progresivo”, afectando la consecución de un E.B.? ¿No era más honesto declarar la insolvencia que tratar de manipular la agenda del desarrollo con prácticas clientelares y partidistas, todo ante los ojos del sector académico que es consciente de ello?
Ante este panorama, es fundamental una participación profundamente activa del sector académico para que pueda emitir científicamente los elementos que integrarán nuestro modelo de E.B., a fin de que nuestras respectivas naciones puedan tomarlo en cuenta para deshacerse de los óbices que imposibilitan la pacificación, y así materializar el desarrollo integrado en Latinoamérica, al mismo tiempo que se previene un contexto desastroso debido a lo ignoto que resulta la evolución de la pandemia. Hoy en día las universidades en América Latina están prestas a encontrar respuestas para mitigar los efectos de la pandemia en un futuro, mas no se han hecho escuchar ante quienes detentan los pinceles de la realidad política regional. Es en este punto en el que se tiene que analizar de qué manera sus conclusiones científicas podrán causar un eco y un impacto en los designios gubernamentales de cada país latinoamericano; cómo pueden vencer esos obstáculos que impiden la pacificación de nuestra región y, por ende, mitifican el E.B.; así como con qué elementos progresar en este contexto pandémico si la mayoría de los países latinoamericanos son Estados fallidos y cuasi-democráticos, en donde imperan las conflagraciones regionales.
4. El conocimiento al rescate de Latinoamérica
Desde los albores de la civilización hasta nuestros días, hemos sido testigos de cómo distintos regímenes políticos, a lo largo de la historia, han usado el conocimiento como una herramienta para fortalecer su expansión e incluso para establecer los cimientos de un Estado. Ejemplo de ello es la importancia que tuvo la academia fundada por Platón, así como el periodo helenístico propiciado por Alejandro Magno en la Edad Antigua (que condujo a la fundación de una de las bibliotecas más importantes de la historia, la Biblioteca de Alejandría). A ello se agrega la trascendencia que tuvo el conocimiento en algunas culturas, sobre todo el obtenido a través de la educación superior, como ocurría en la civilización azteca, en donde el Calmecac o “Templo del Saber” formaba a los hombres más sabios en virtud del estudio de técnicas agrícolas, urbanismo, administración, artes, ciencias matemáticas, astronomía y humanismo (Díaz Infante, 1982). Igualmente, se destaca la creación de las primeras universidades en la Europa medieval y la envergadura que tuvo para la consolidación del Estado moderno el conocimiento forjado durante el Renacimiento (sobre todo gracias al mecenazgo de la familia Medici); y holgaría mencionar la construcción de universidades pontificias en la Nueva España en el proceso de lo que la Corona llamaba “población y pacificación” de las Indias Occidentales, para referirse a la Conquista. Más recientemente, en esta Edad Contemporánea, la Universidad Hebrea de Jerusalén formó a las personas ilustres que ayudarían a sentar las bases del Estado de Israel. Por ello, el conocimiento personificado a través de nuestras universidades es parte de la noción del poder de una sociedad, razón por la cual los sistemas políticos se encuentran apuntalados en ellas. De la misma forma en que ocurre con el ser humano, que es antecedido por la naturaleza que lo rodea, una nación es precedida en tiempo por el conocimiento que la crea y la fortalece.
Así pues, las universidades se constituyen como un elemento sine qua non para el desarrollo tecnológico y socioeconómico de una sociedad, puesto que estas representan la ingeniería del conocimiento, que no solo abarca el mundo físico que nos rodea y que percibimos empíricamente, sino que lo trasciende, sobrepasando sus barreras para llegar a lo ininteligible, a lo cuántico, a ese escenario ideal que nos permite materializar propuestas para el progreso de nuestra propia realidad. De esta manera, las universidades instruyen a las personas que generan el conocimiento relacionado con las carencias del colectivo; conocimiento que en última instancia permite a los académicos e investigadores aportar estrategias y soluciones en las ramas científicas que les corresponden para atender las mismas en el futuro próximo. Esto forma parte de un ciclo de producción, acción y solución, todo basado en el conocimiento, en donde las universidades detectan aquellos malestares y deficiencias que doblegan a las sociedades para después proponer soluciones viables basadas en el saber.
Considerando lo anterior, no se debe relegar el papel y la influencia que tienen las universidades en una nación, ya que ellas nos guían hacia las problemáticas que deben estudiarse bajo la investigación académica, cuyos resultados serán usados para llegar a la consecución del desarrollo y el fortalecimiento del colectivo. En el caso de América Latina, uno de los grandes retos que pesa sobre los países que integran la región es la necesidad de llegar a un nivel adecuado de vida para todos y erradicar la desigualdad, así como los conflictos de violencia internos, lo que precisamente se puede lograr en virtud del desarrollo, pero para que ello suceda es necesario primero pacificar nuestra región, sin paz, no hay E.B., y sin este último no habrá progreso. Si no logramos consolidar el desarrollo a principios del siglo XX, hoy que nos encontramos ante la revolución digital y una incesante pandemia, precisamos atender el conocimiento liderado por las universidades en Latinoamérica (como sucedió en Israel, en donde la universidad tuvo un papel imprescindible para la creación de dicho Estado; y como ocurre en la mayoría de los colectivos, donde las universidades fungen como la fábrica de conocimiento de personas que más tarde ocuparán cargos relevantes en la gobernanza de una sociedad). Sobre todo, porque no existe un unísono de consenso en nuestra región, como sí ocurre en Europa.
Por consiguiente, es necesario comprender que la responsabilidad ética y moral que tienen las universidades latinoamericanas no es otra que generar el conocimiento en beneficio del desarrollo de nuestras naciones. Desarrollo que sin duda debe materializarse dentro de la concepción de un E.B., pero para que ello sea una realidad, primero el sector académico, liderado por las universidades de la región, debe detectar las carencias sociales que serán cubiertas por este, así como los recursos que se necesitan para llevarlo a cabo (en donde la pacificación regional es un recurso indispensable), de tal forma que como resultado se proponga de manera conjunta a las naciones latinoamericanas los ideales alcanzados en relación a este tema por parte del sector académico latinoamericano. Esto permitiría que el conocimiento producido por las universidades (en este caso de América Latina), una vez más demuestre en la historia su papel fundamental dentro de la ingeniería social. Pero esta vez, es necesario que sus aspiraciones queden sentadas en una declaración latinoamericana que funja como una guía para que nuestras naciones puedan erradicar las conflagraciones y lograr la paz, con lo cual será posible el tan anhelado E.B. latinoamericano y que las carencias sociales no se agraven aún más con los efectos negativos post-pandémicos.
5. Conclusiones
Al no contar con instituciones regionales de acceso abierto y democratizado en las que se puedan generar diálogos y debates sobre el futuro y el desarrollo de nuestra región, y, además, considerando la falta de liderazgo por llenar este vacío, qué mejor que la voz señera y unificada corresponda a nuestras universidades latinoamericanas, entre las que existe un único vínculo que nos fortalece y nos une: el conocimiento. El valor que tiene una universidad no debe menospreciarse, puesto que preparan a las personas para que estas, a su vez, creen el Estado que se requiere en cada momento de la generación que corresponde y consecuentemente las faculta para reforzar los cimientos de las naciones, tal como nos ha enseñado la historia. Por ende, el poder que tiene una universidad, que no es nada más que el conocimiento, es previo a los clásicos poderes en que se divide el gobierno de un Estado, de allí la importancia de su responsabilidad ética y moral para el progreso de nuestras sociedades.
En este tenor, tomando en cuenta que las organizaciones internacionales en nuestra región se están agotando y, por ende, se han acotado a sí mismas (como sucedió por ejemplo en el siglo XX con la Liga de las Naciones), y, en adición a ello, considerando que estas no son las únicas organizaciones que construyen y representan los intereses de la América Latina que necesitamos, la universidad surge como un faro en medio de esta lobreguez y egestad para el colectivo en la región. Las universidades latinoamericanas podrían ayudar a llenar ese vacío, que ha generado el no tener una voz unificada en la región, ellas valiéndose del conocimiento que forjan en sus recintos, podrían hacer la diferencia entre tener (parafraseando a Dickens [Traducido por Lafuerza, 1985]) una primavera de la esperanza o un invierno de la desesperación en nuestras naciones, en general por las eventuales crisis que se puedan originar en un futuro, y en nuestro presente, por lo ignoto que resulta la evolución de la pandemia y sus estragos, que dentro de poco podrán ser comparados si acaso como los que se vivieron durante la “Gran Recesión” de 2008, o incluso, nadie tiene la certeza de si las consecuencias serán brutales como la “Gran Depresión” de inicios del siglo XX, por lo que atañe a lo económico; mientras que en el tema sanitario aún se desconoce cómo terminará esta pandemia de COVID-19 y si será comparable con los efectos de la pandemia de “gripe española” iniciada en 1918.
Recordemos que la Unesco y la Cepal (2020) informaron que desde el inicio de la pandemia más 1.200 millones de estudiantes, de todos los niveles, en el mundo habían dejado de tener clases presenciales, de los que 160 millones son latinoamericanos; siendo alarmante que la Unesco estime que alrededor de 23.8 millones de estudiantes de todos los niveles de educación en el mundo podrían abandonar sus estudios o no tener acceso a ellos en 2021 por los efectos de la pandemia (citada en ONU, 2020).
En adición, en el caso de América Latina, a inicios de año, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Cepal, señaló que de un total de 620 millones de habitantes, el número de personas pobres se incremente de 185 a 220 millones, y las que se encuentran en pobreza extrema podrían aumentar de 67,4 a 90 millones. A ello agregó que la pandemia afectaría a la región a través de cinco canales: las exportaciones; turismo; interrupción de las cadenas globales de valor; caída de precios en productos básicos; y una mayor aversión al riesgo por parte de inversionistas (Cepal, 2020). Como se mencionó en líneas anteriores, Europa ya adoptó un plan de recuperación que abarca hasta el 2027, ¿qué hará Latinoamérica? Lo único que sabemos hasta ahora es la brecha de desigualdad que ha expuesto esta pandemia en nuestra región, las actividades a distancia, mediante el uso de herramientas digitales, representa hoy en día un lujo al que no todos tienen acceso.
En atención a lo anterior, resulta ser un tema urgente y prioritario para las universidades encontrar un punto y un medio adecuado en el que les sea posible intercambiar conocimientos, experiencias, propuestas; en otras palabras, generar un diálogo en torno al E.B. que debe garantizarse a los habitantes de la región, máxime por el escenario post-pandémico que se espera, tal como lo hizo Europa para recuperarse de la Segunda Guerra Mundial, y tal como lo está haciendo ahora, siempre con el afán de mantener su E.B. en aras de que sus ciudadanos no tengan estas carencias sociales de las que no hemos podido deshacernos en América Latina. Al encontrar ese espacio adecuado, las universidades latinoamericanas deben debatir sobre las necesidades y carencias que impiden el desarrollo en nuestra región (ausencia de paz; segregaciones en razón de edad y género, como antinomia a la prohibición de distinciones en los sistemas de protección de derechos humanos; pobreza; desigualdad; ignorancia; desempleo; autoritarismo; falta de servicios públicos de calidad; entre otros que precisamente se trataría de identificar allí). Sería conveniente, y sumamente importante, asentar los principios alcanzados mutuamente en una declaración latinoamericana, que sirva como guía para nuestras respectivas naciones, así como en algún momento el tan aclamado Plan Marshall fue anunciado en una universidad. Esta declaración de principios académicos, podría servir como una luz, incluso para la Cepal, al cumplir una de sus atribuciones para las que fue proyectada, que es dedicarse especialmente al estudio y a la búsqueda de soluciones para los problemas suscitados por el desajuste económico mundial en América Latina. Reflexionemos que no solo las organizaciones internacionales gubernamentales pueden adoptar declaraciones de principios conjuntas a nivel internacional, sino también el sector privado, y, en nuestro caso el académico. Sabemos ya lo que han convenido nuestras naciones y los acuerdos que han alcanzado a nivel internacional en materia de derechos humanos, concretamente en relación al desarrollo progresivo, pero debemos cuestionarnos si este verdaderamente está siendo eficaz frente a nuestra realidad social, por lo que es menester que también nuestros Estados sepan, en primer lugar, las necesidades que obstaculizan la generación de conocimiento en las universidades, ¿se les está respetado el principio de progresividad? En segundo lugar, deben conocer el consenso común al que nosotros, el sector académico en representación de nuestras universidades, podamos llegar en América Latina para que en sus actuaciones en pro del desarrollo y progreso tomen en cuenta el conocimiento que generemos. Sobre todo, resulta fundamental sembrar la semilla en nuestra región que haga brotar en esta generación y las venideras una cultura académica, que sea consciente del valor que tiene una universidad para la sociedad en donde fue concebida, y la influencia que ejerce en el desarrollo del colectivo, principalmente debido a que un sistema llega a su ocaso con el inicio de otro, y es ahí donde la universidad, como madre del conocimiento, encuentra el equilibrio de la realidad que nos rodea, pero relegada permanecerá si no comparte y establece públicamente en una declaración sus aspiraciones con sus homólogas en la región para un fin común: el bienestar y progreso de nuestra América Latina. Sin descuidar que, como resultado de esta crisis pandémica, hoy las universidades y docentes estamos abanderando la primera generación de educación virtual, por lo que el E.B. latinoamericano que anhelamos también deberá incluir el mejoramiento del acceso a la infraestructura digital para todos ante eventuales escenarios similares.
Referencias
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Cué, C. E., & De Miguel, B. (20 de abril, 2020). España propone un fondo europeo de 1,5 billones con deuda perpetua. El País. https://elpais.com/espana/2020-04-19/espana-propone-un-fondo-europeo-de-15-billones-con-deuda-perpetua.html
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