Pública y gratuita.
El impacto de las movilizaciones estudiantiles entre 1983 y 2001 sobre las políticas universitarias de la Argentina reciente
Public and free.
The impact of Student mobilizations between 1983 and 2001 on University Policies in recent Argentina
Yann Cristal[1]
Resumen
La universidad pública argentina constituye un caso particular dentro de América Latina, con rasgos como la gratuidad y el ingreso directo que dan como resultado instituciones muy masivas. En este artículo buscamos demostrar que el movimiento estudiantil tuvo un papel fundamental en el sostenimiento de aquellas características de la universidad argentina. En particular, nos concentramos en dos ciclos de protesta estudiantil en décadas recientes: las manifestaciones contra la política universitaria de la última dictadura y su eliminación en los primeros años del actual ciclo democrático en el país (1983-1985), y los conflictos contra las políticas neoliberales en educación en los años noventa (1995-2001). Intentamos mostrar que, en aquellos años, las banderas de gratuidad e ingreso irrestricto fueron cuestionadas seriamente desde los poderes gubernamentales y que el movimiento estudiantil opuso una fuerte resistencia que resultó clave para asegurar su continuidad.
Palabras clave: Movimiento estudiantil, Argentina, universidad pública, democracia, conflicto.
Abstract
The Argentine public university constitutes a particular case within Latin America, with the characteristics of free and direct admission that result in very massive institutions. In this article we seek to demonstrate that the student movement played a fundamental role in sustaining those characteristics of the Argentine university. In particular, we focus on two cycles of student protest in recent decades: the demonstrations against the university policy of the last dictatorship and its elimination in the first years of the current democratic cycle in the country (1983-1985), and the conflicts against neoliberal policies in education in the nineties (1995-2001). We try to show that, in those years, the flags of free and unrestricted admission were strongly questioned from the governmental powers and that the student movement put up a strong resistance that was key to ensuring its continuity.
Keywords: Student movement, Argentina, public university, democracy, conflict.
Introducción
La universidad argentina en la actualidad presenta características que la distinguen de otros casos latinoamericanos. El sector público representa cerca del 80% del alumnado universitario nacional y tiene dos características salientes: su gratuidad y su sistema de ingreso no restrictivo, que dan como resultado instituciones de educación superior muy masivas. Por caso, la Universidad de Buenos Aires (UBA) es una de las dos universidades con mayor matricula de América Latina, con 318.951 estudiantes en 2019, incluyendo a miles de estudiantes de diferentes países de la región.[2] Si bien estos rasgos “igualitarios” de la universidad argentina se remontan a distintos hitos a lo largo del siglo XX, su consolidación en las últimas décadas no estuvo exenta de conflictos. Por el contrario, durante la última dictadura militar argentina (1976-1983) y en las primeras décadas de la actual democracia (1983-2001), las banderas de gratuidad e ingreso irrestricto sufrieron serios cuestionamientos por parte de distintos gobiernos nacionales y sucesivos intentos de eliminación. En este sentido, las movilizaciones estudiantiles jugaron un papel fundamental en la defensa de estos principios. Sin embargo, el rol del movimiento estudiantil en la definición de las características actuales de la universidad argentina prácticamente no ha sido indagado, ni es suficientemente reconocido.
En función de estas cuestiones, en este trabajo proponemos un recorrido por los principales ciclos de movilización estudiantil entre fines de la última dictadura militar y la crisis de 2001 en Argentina. En particular nos concentraremos en dos momentos: las manifestaciones contra la política universitaria de la última dictadura, que se extendieron a los primeros años de la recuperación democrática (1983-1985), y el ciclo de protesta contra las políticas neoliberales hacia la educación superior (1995-2001). Tomamos como caso de análisis el de la Universidad de Buenos Aires, a partir de la que pueden proyectarse algunas líneas interpretativas de alcance nacional. Antes de sumergirnos en estas temáticas, planteamos un apartado de antecedentes y contexto para aportar al lector algunos elementos sobre la historia del movimiento estudiantil argentino, así como una breve caracterización de la política argentina en el período que investigamos.
Este trabajo se nutre y a la vez busca enriquecer tres campos de estudios, el de la historia reciente de la Argentina, el de la historia de la universidad y el de la historia del movimiento estudiantil argentino. Cabe señalar que estos tres campos de estudio han prestado hasta el momento escasa atención al movimiento estudiantil universitario en democracia. La historia reciente, un campo con un importante desarrollo en los últimos tiempos (Franco y Lvovich, 2017), ha comenzado a indagar hace relativamente poco la posdictadura argentina, concentrándose en la década de 1980, pero en ellos prácticamente no existen referencias al movimiento estudiantil (Pucciarelli, 2006; Gargarella, Murillo y Pecheny, 2010; Novaro, 2009; Feld y Franco, 2015). Más llamativa aún es su ausencia en los trabajos que indagaron los alcances y límites de las políticas de reforma al sistema universitario durante los años noventa (Chiroleu, 2005; Krotsch, 2009; Mollis, 2008; Buchbinder y Marquina, 2008). Finalmente, dentro de la rica historia sobre el movimiento estudiantil argentino, el análisis específico sobre la etapa posterior a 1983 cuenta aún con muy pocas indagaciones (Cristal, 2020; Touza, 2007; Chabrando, 2016; Pozzoni y Castro, 2019). De este modo, nuestra investigación también busca cubrir una vacancia en estas tres áreas, atendiendo a la vez a posibles proyecciones latinoamericanas de las distintas problemáticas abordadas.
En este sentido, para desarrollar nuestro trabajo, apelamos a un variado abanico de fuentes que incluyen notas periodísticas, materiales producidos por el movimiento estudiantil como volantes y plataformas, censos y documentos institucionales. A partir del relevamiento de estas fuentes, trabajamos en su triangulación, vinculando el alcance de las movilizaciones, descripto sobre todo en las notas periodísticas seleccionadas, y las consignas que enarbolaron los estudiantes en sus materiales, con las políticas universitarias que se fueron definiendo, visibles a través de documentos institucionales y de datos estadísticos sobre la evolución de la matrícula en el período. A la vez, buscamos relacionar estas referencias con la literatura existente sobre la cuestión y sobre el contexto en el que se desarrollaron las movilizaciones, facilitando o limitando su desarrollo. Por una cuestión de espacio, no incluimos en este escrito fuentes orales, ni profundizamos sobre otros aspectos del movimiento estudiantil como el análisis de las agrupaciones estudiantiles y sus vínculos con distintos partidos políticos.
Antecedentes y contexto
La historia del movimiento estudiantil argentino reconoce un hito fundamental en la Reforma Universitaria, originada en Córdoba en 1918. La Reforma y sus proyecciones nacionales y latinoamericanas, pusieron en cuestión una universidad anquilosada y dogmática, impusieron el cogobierno, la autonomía y la libertad de cátedra, y abrieron paso a un amplio protagonismo del movimiento estudiantil en la escena universitaria y nacional (Bustelo, 2015; Buchbinder, 2012). Con la Reforma terminaron de cobrar forma las organizaciones estudiantiles de nuestro país en tres niveles: los centros de estudiantes, a nivel de cada facultad; las federaciones regionales, a nivel de cada universidad (por ejemplo, la Federación Universitaria de Buenos Aires, FUBA); y una federación nacional, la Federación Universitaria Argentina (FUA). Al mismo tiempo, cabe señalar que, estrictamente, la gratuidad y el ingreso irrestricto no fueron banderas del movimiento de la Reforma en 1918, si bien muchos de sus actores las reivindicaban. Por ejemplo, el Primer Congreso Nacional de Estudiantes, convocado por la flamante FUA en julio de 1918 y presidido por el moderado Osvaldo Loudet, desestimó la moción a favor de la gratuidad de la enseñanza propuesta por Gabriel Del Mazo y Dante Ardigó (Levenberg y Marolla, 1988, p. 34). Según Erreguerena (2017, p. 65), las consignas de gratuidad e ingreso irrestricto se ligaban más “con la tradición del peronismo, en virtud de la supresión de aranceles y los exámenes de ingreso durante el segundo gobierno de Perón [hacia 1949]”, aunque “ambas consignas se extendieron a todas las vertientes estudiantiles durante la década del setenta”.
De este modo, desde los años ’50 la universidad argentina era ya una universidad masiva. Esta expansión fue parte de un proceso internacional, pero que se expresó quizá con mayor intensidad en la Argentina. En 1958, la UBA contaba con 58.684 alumnos según el censo de ese año, y tuvo un crecimiento de la matrícula del 61% entre 1958 y 1972.[3] Como señala Valeria Manzano (2017, p. 94), a principios de los años sesenta Argentina ocupaba el tercer puesto mundial en porcentaje de población matriculada en la universidad, con 756 estudiantes universitarios por cada 100.000 habitantes.
La política limitacionista de la dictadura de la autodenominada “Revolución Argentina” (1966-1973), forzó a una leve reducción de la matricula en sus primeros años, pero importantes movilizaciones estudiantiles enfrentaron esa política. De hecho, el reclamo por el ingreso irrestricto tuvo uno de sus momentos destacados con las movilizaciones del período 1969-1973 (Califa y Seia, 2017). En esas movilizaciones, un movimiento estudiantil volcado a la izquierda combinó los reclamos universitarios con la pelea por transformaciones profundas de la sociedad argentina. Tras ese período de conflicto, en 1973 y 1974 se asistió a un nuevo salto de la matrícula universitaria, interrumpido hacia 1975-76. Como veremos, la última dictadura (1976-1983) significó un duro golpe para las organizaciones estudiantiles y sus reclamos.
Por otra parte, en relación con el contexto histórico del período que estudiamos, el lapso que va de 1983 a 2001 marcó el inicio de la actual democracia en Argentina, así como los alcances y límites del sistema republicano reinstaurado. Su análisis es indisoluble de la dictadura que lo antecedió, la más sangrienta de la historia argentina. El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 buscó cerrar un ciclo de décadas de inestabilidad política y conflicto social con amplio protagonismo de la clase trabajadora. La dictadura del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” se caracterizó por el terrorismo de Estado, con 30.000 detenidos-desaparecidos y asesinados, y una política económica antiindustrial, de ajuste y especulación financiera, que multiplicó el peso de la deuda externa (Novaro y Palermo, 2003; Franco, 2018). Todas estas cuestiones condicionaron a los gobiernos democráticos posteriores, tras la salida acelerada de la dictadura con la derrota en la Guerra de Malvinas de 1982. El gobierno del radical Raúl Alfonsín, electo en 1983 con un perfil socialdemócrata y republicano, encarnó la promesa de cambio y esperanza con la democracia (Aboy Carlés, 2001). Algunas medidas como el juicio a las Juntas militares fueron hitos del inicio de su gobierno. No obstante, la aguda crisis económica, que terminó en una hiperinflación descontrolada, sumada a leyes de perdón a subalternos militares de la dictadura, generaron una honda desilusión y la salida de Alfonsín en 1989 (Pucciarelli, 2006; Gargarella, Murillo y Pecheny, 2010; Feld y Franco, 2015; Novaro, 2009). Su sucesor fue el peronista Carlos Menem, reelecto luego en 1995. Tras una campaña electoral de perfil combativo y tercermundista, Menem dio un giro neoliberal y empujó la reforma del Estado, la privatización de empresas públicas, el alineamiento con Estados Unidos y el indulto a las cúpulas de la dictadura, transformando profundamente la estructura económico-social argentina (Pucciarelli, 2011; Novaro, 2009; Azpiazu, 2002; Sidicaro, 2010). Hacia mediados de la década de 1990 comenzó una fuerte resistencia social a sus políticas, en las que hicieron su aparición los “piqueteros”, desocupados que cortaban las rutas en todo el país (Auyero, 2002; Pereyra, 2008; Svampa, 2005; Laufer y Spiguel, 1999). En 1999, el triunfo del radical Fernando de la Rúa parecía poner fin al ciclo de diez años de menemismo. No obstante, la continuidad casi sin modificaciones de la política económica anterior generó un rápido desgaste. En diciembre de 2001, en medio de una de las mayores crisis económicas de nuestra historia, estalló una rebelión popular y De la Rúa debió renunciar (Gordillo, 2010; Bonnet y Piva 2009; Cotarelo e Iñigo Carrera, 2006; Zícari, 2018). El hecho marcó una crítica generalizada a muchas de las políticas neoliberales impuestas en los años previos y, más en general, a los límites del sistema democrático restaurado en 1983.
Las movilizaciones estudiantiles entre dictadura y democracia (1983-1985)
A finales de la última dictadura militar, en un contexto de creciente conflictividad social y apertura política, el movimiento estudiantil de la UBA fue protagonista de importantes movilizaciones contra la política universitaria oficial. Dichas manifestaciones incidieron sobre el conjunto de la protesta social en meses decisivos de la transición e instalaron en la agenda universitaria determinadas reivindicaciones, como el ingreso irrestricto y la gratuidad, que dejaron su marca sobre la universidad de la posdictadura. De hecho, estas protestas continuaron en los primeros años del gobierno de Alfonsín, en defensa de su concreción definitiva.
A partir del golpe del 24 de marzo de 1976, el terrorismo de Estado se impuso con toda la fuerza en las universidades argentinas. Sólo en la Universidad de Buenos Aires se cuentan alrededor de 1500 detenidos-desaparecidos y asesinados, en su mayoría estudiantes. En un contexto de fuerte persecución, con personal policial patrullando los pasillos y la prohibición de desarrollar cualquier actividad política en las facultades, el movimiento estudiantil sufrió una fuerte desestructuración.[4] En paralelo, la dictadura llevó adelante una política universitaria limitacionista. A partir de medidas como los cupos y exámenes de ingreso, los ingresantes a la UBA pasaron de cuarenta mil en 1974 a doce mil en 1981 y la cantidad de estudiantes bajó de 159.776 en 1975 a 106.793 en 1983 (Buchbinder, 2005). Al mismo tiempo, se eliminó el cogobierno y cualquier forma de participación estudiantil en las decisiones institucionales y se expulsó y persiguió a cientos de docentes. En 1980, la dictadura buscó consolidar muchas de estas directivas con la promulgación de la Ley Universitaria n.° 22.207, que autorizó el arancelamiento de los estudios de grado. De este modo, la dictadura puso seriamente en cuestión los principios de gratuidad e ingreso irrestricto, así como los de cogobierno y autonomía (Rodriguez, 2016; Águila, 2014; Buchbinder, 2005).
En aquellas difíciles condiciones, el movimiento estudiantil fue encontrando caminos de resistencia a la dictadura (Seia, 2019). A fines de 1981, en el marco de la relativa apertura política esbozada por el presidente de facto Roberto Viola, la FUBA convocó a la primera movilización estudiantil en varios años, que concluyó con una fuerte represión. A partir de la Guerra de Malvinas de 1982, en el marco de la convulsión generada por el estallido bélico, se produjeron las primeras apariciones públicas permanentes de las agrupaciones estudiantiles y los centros de estudiantes. Durante la segunda mitad de ese año, se realizaron asambleas, movilizaciones públicas y elecciones en algunas facultades.[5]
En un contexto de renovada conflictividad social, con movilizaciones vecinales, sindicales y por los derechos humanos, a principios de 1983 se produjo un verdadero estallido contra los cupos de ingreso a la universidad, con manifestaciones masivas en Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Rosario y otras ciudades argentinas.[6] Un movimiento estudiantil que buscaba recomponerse se encontró súbitamente enriquecido con miles de aspirantes sin experiencia universitaria, pero que ahora se volcaban a las movilizaciones. El ingreso irrestricto se instaló en la agenda universitaria como el reclamo central del movimiento estudiantil. Junto a ello, los estudiantes cuestionaban los diferentes aspectos de la política universitaria de la dictadura. Los aranceles a la educación superior generaron su expresión más gráfica de repudio en la quema de las chequeras con las que se cobraban. Otros reclamos se ligaban a las malas condiciones de cursada, la Ley Universitaria de 1980, los concursos fraudulentos y la supresión del cogobierno y la autonomía. Frente a una política declaradamente antirreformista, las banderas de la Reforma Universitaria se convirtieron en un eje fundamental de los reclamos estudiantiles. A la vez, el rechazo a la dictadura teñía por completo las movilizaciones. Los reclamos universitarios se integraban a la consigna de que se terminara el gobierno militar, como exponía el cántico entonado en las movilizaciones: “Examen de Ingreso / Se va con el Proceso”.[7] Esta perspectiva impulsó la confluencia con distintos sectores como las organizaciones de derechos humanos. El fin de la represión y la aparición con vida de los y las estudiantes detenidos-desaparecidos se convirtieron también en puntos nodales del programa estudiantil.
Figura 1
Quema de chequeras frente a la Facultad de Cs. Económicas de la UBA
Nota. Fotografía de 1983.
Tras la asunción de Raúl Alfonsín en diciembre de 1983, una de sus primeras medidas fue la intervención de las universidades nacionales con el objetivo de iniciar un proceso de normalización y reorganizar las instituciones tras años de dictadura. La normalización de las universidades tenía para el nuevo gobierno una aspiración refundacional: sobre ella se basaría la construcción de la “universidad de la democracia”, que retomaría los principios reformistas y se distanciaría de la “universidad de la violencia”, como se calificaba a la universidad de los años setenta. Desde el inicio, el movimiento estudiantil, dirigido por Franja Morada, brazo universitario de la gobernante Unión Cívica Radical, fue invocado por el Poder Ejecutivo como un actor fundamental de la normalización universitaria.
No obstante, en simultáneo, el proceso de normalización hizo visibles las primeras tensiones entre el movimiento estudiantil y el gobierno de Alfonsín, cuyo nudo más conflictivo fue, sin dudas, la cuestión del ingreso. En 1984, el gobierno suprimió los aranceles y los cupos, pero mantuvo el examen de ingreso. Esta continuidad de un aspecto muy cuestionado de la política universitaria de la dictadura generó la reacción inmediata de diversos sectores del movimiento estudiantil desatando manifestaciones por el ingreso irrestricto en todo el país. Las movilizaciones conquistaron recuperatorios y la reducción de la nota mínima para aprobar, llevando a una gran ampliación del número de ingresantes. Como resultado, por ejemplo, 43.572 alumnos ingresaron en 1984 a la UBA,[8] cuya matrícula creció un 40% en sólo un año, y el examen de ingreso fue erradicado definitivamente (Cristal y Seia, 2021).
Figura 2
Movilización por el ingreso irrestricto frente al Rectorado de la UBA
Nota. Fotografía de 1984.
De este modo, puede vislumbrarse la incidencia del movimiento estudiantil en relación a las características que adoptó el ingreso a la universidad. Por un lado, como señala Erreguerena (2017, p. 26):
la convergente presión estudiantil, con sus nexos en los partidos políticos, gobiernos universitarios, Poder Ejecutivo y Parlamento, y el impulso democratizador del contexto generaron las condiciones de legitimidad y potencia política para eliminar las barreras para el ingreso en todas las universidades.
Pero a la vez, cuando el gobierno de Alfonsín buscó limitar o dilatar una mayor apertura en el ingreso, las movilizaciones estudiantiles desbordaron esos topes, forzando a una mayor expansión de la matrícula.
Finalmente, en 1985 se estableció en la UBA el Ciclo Básico Común (CBC) como primer año de las carreras. El CBC, aún vigente, es un ciclo de un año de duración al que se accede mediante libre inscripción y cuyas seis o siete materias (que varían según la carrera elegida) deben aprobarse en su totalidad para acceder a cursar el resto de la carrera en la facultad respectiva. La idea de un ciclo básico estaba contemplada desde el inicio de la normalización, pero se preveía un ciclo de dos (2) años (Delich, 2014). Los conflictos del año 1984 aceleraron su implementación y terminaron de delinear la forma que adoptó. El CBC fue presentado como una forma novedosa de combinar un ingreso sin restricciones abiertas con la nivelación de los estudiantes que provenían del colegio secundario, pero generó nuevos problemas por el déficit de infraestructura frente a la masiva inscripción. Estas dificultades fueron un antecedente de uno de los problemas centrales que tendría la universidad en democracia: la falta de un presupuesto acorde al enorme incremento de la matrícula. De hecho, en 1986 sucedieron nuevas movilizaciones estudiantiles en las que el aumento de presupuesto fue la consigna central.
En síntesis, el movimiento estudiantil tuvo una incidencia decisiva en la fisonomía que adoptó la universidad argentina en los inicios de la actual democracia. Los reclamos contra la política universitaria de la dictadura marcaron la agenda de esos años e incluso se prolongaron en el tiempo para asegurar que aquella se eliminara por completo. De este modo, la universidad vivió un proceso de masificación, no exento de problemas, con un sostenido incremento en la cantidad de estudiantes: por caso, la Universidad de Buenos Aires pasó de 106.793 estudiantes en 1983, a 180.805 en 1988, un incremento del 69%.[9]
El estallido estudiantil de los años noventa (1995-2001)
En 1995, más de una década después del auge estudiantil de la primera mitad de los años ochenta, se desató el conflicto universitario más importante desde el regreso de la democracia en Argentina. Miles de estudiantes de todo el país protagonizaron tomas de universidades y masivas movilizaciones contra la aprobación de la Ley de Educación Superior (LES) promovida por el gobierno de Carlos Menem. A partir de ese año, el movimiento estudiantil universitario volvió a irrumpir en la escena pública y nutrió el ascenso de la conflictividad social frente al menemismo. El ciclo de protesta estudiantil se extendió hasta 2001 y fue clave en la resistencia a las políticas neoliberales hacia la educación superior.
Desde el inicio de su gobierno, Carlos Menem planteó una agenda para la universidad en sintonía con sus políticas de reforma del Estado y privatizaciones, y con un eje particularmente conflictivo: el posible arancelamiento de la educación superior. Buchbinder y Marquina (2008, p. 35) distinguen dos etapas en relación a las políticas menemistas en educación superior, la primera de “instalación de temas de agenda” hasta 1993 y la segunda, a partir de 1994, de “efectiva aplicación de medidas de reforma”. La agenda universitaria menemista se conformó a partir de las “recomendaciones” de organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial, que se apoyaban en las nociones de “eficiencia” y “calidad” del sistema universitario. Se cuestionaba en particular el sostenimiento por parte del Estado a las universidades a través de subsidios en bloque, con amplia autonomía de las casas de estudio (Buchbinder y Marquina, 2008). De este modo, la idea de arancelar las universidades públicas, que de hecho ya había vuelto a discutirse en los últimos años del gobierno de Alfonsín, encontró con Menem un impulso renovado. En septiembre de 1989, el subsecretario de Educación informaba que estaba en estudio “en su conjunto el financiamiento del sistema educativo” y a inicios de 1990, el ministro de Educación confirmaba que se estaba analizando el arancelamiento.[10] En 1991, el gobierno impulsó un proyecto para modificar la Ley de Financiamiento Universitario y, a fines de 1993, presentó en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados el Proyecto de Régimen Económico Financiero de las universidades, que terminó empalmando con el proyecto de Ley de Educación Superior (Erreguerena, 2017, p. 149).
Figura 3
El proyecto de arancelamiento universitario en la tapa del diario “Clarín”
Nota. Fotografía de 1991.
La Ley de Educación Superior (LES) se inscribía dentro de una “agenda internacional de modernización de los sistemas educativos superiores” (Mollis, 2008, p. 509) impulsada por organismos como el Banco Mundial, que otorgó un préstamo millonario para financiar la reforma. Los estudiantes cuestionaban que la ley abría la posibilidad para el arancelamiento, la imposición de mayores restricciones al ingreso y que varios de sus artículos violaban la autonomía y el cogobierno. Frente a la presentación y tratamiento de la Ley de Educación Superior (LES) en el Congreso, entre abril y junio de 1995, se desató el conflicto estudiantil universitario más importante desde el regreso de la democracia en Argentina. Miles de estudiantes de todo el país protagonizaron tomas de universidades y masivas movilizaciones contra la promulgación de la LES que ocuparon la tapa de los medios de prensa e instalaron los reclamos en la escena nacional.
El programa estudiantil se apoyó en los principios de la Reforma Universitaria, de gratuidad e ingreso irrestricto, y los vinculó a un diagnóstico sobre la situación de la Argentina, denunciando la injerencia de los organismos internacionales de crédito. La consigna que sintetizaba este programa era la “defensa de la universidad pública y gratuita”. El conflicto también exhibió una serie de repertorios de movilización novedosos para el movimiento estudiantil en democracia, como las tomas efectivas de facultades o los cortes de calles simultáneos que implicaron niveles de confrontación mayores en relación con los años precedentes. Otro de los rasgos salientes fue que las protestas ocurrieron inmediatamente antes y después de la reelección de Menem en 1995. De este modo, la protesta estudiantil contribuyó a la continuidad del ciclo de protesta social abierto hacia fines de 1993, anticipando el paulatino desgaste del menemismo durante su segundo mandato (Cristal, 2021).
Figura 4
Afiche de la FUA y la CONADU (gremio docente) convocando a una marcha contra la Ley de Educación Superior
Nota. Fotografía de 1995.
El punto más álgido del conflicto llegó justamente tras los comicios presidenciales de mayo de 1995, cuando Menem decidió avanzar con la LES a toda costa. Frente al tratamiento en la Cámara de Diputados, veinticinco (25) de las treinta y tres (33) universidades nacionales fueron tomadas por los estudiantes y una masiva movilización bloqueó el Congreso, forzando que la sesión quedara sin quórum.[11] El hecho fue vivido por los y las estudiantes como un verdadero triunfo. Una semana más tarde, el gobierno “blindó” el Congreso y finalmente logró la aprobación, pero pagando un costo político alto para conseguir su objetivo. De hecho, si bien la ley terminó siendo promulgada, muchos de sus puntos más cuestionados no pudieron implementarse.
Figura 5
Movilización estudiantil al Congreso
Nota. Fotografía de 1995.
Tras el conflicto de 1995, las movilizaciones estudiantiles se reforzaron con importante cantidad de acciones en 1997 y 1999. El primer eje de las protestas tuvo que ver con impedir o limitar los alcances de las reformas que propiciaba la LES dentro de la universidad. De este modo, por ejemplo, se llegó al fallo del juez Ernesto Marinelli, que hizo lugar al pedido de inconstitucionalidad de varios artículos de la LES planteado por la UBA y la eximió de adecuar sus estatutos a la nueva Ley, marcando una diferencia con el resto de las universidades nacionales.[12] Al mismo tiempo, los estudiantes plantearon su oposición a medidas que percibían como vinculadas a la LES dentro de la UBA. El segundo eje de conflicto se vinculó a la cuestión presupuestaria, en un contexto de marcado ajuste fiscal. En 1997, se desataron nuevas tomas de facultades por mayor presupuesto y contra el Fondo para el Mejoramiento de la Calidad Educativa (FOMEC).[13] El FOMEC promovía la asignación de partidas presupuestarias dirigidas según el proyecto o la institución y era considerado por los estudiantes como una forma de “chantaje presupuestario”. En 1999, por su parte, las universidades atravesaron un intenso estado deliberativo a partir del anuncio de un recorte educativo de 280 millones de pesos, por parte del entonces ministro de Economía, Roque Fernández. La semana siguiente a la noticia, Oscar Shuberoff, rector de la UBA, anunció que, si se mantenía la medida, la universidad porteña directamente cerraría sus puertas.[14] El recorte se transformó entonces en un eje nacional de protesta con cortes, tomas de facultades y una masiva movilización de 30.000 personas a la Plaza de Mayo. Finalmente, el gobierno dio marcha atrás, lo que representó una fuerte derrota política en su último año en el poder (Cristal, 2021).
Figura 6
Movilizaciones estudiantiles en la tapa del diario “Crónica”
Nota. Fotografía de 1997.
A fines de 1999, asumió Fernando De la Rúa como presidente. Si bien buena parte del estudiantado había tenido expectativas en el nuevo gobierno tras diez años de menemismo, el optimismo se diluyó casi de inmediato por la continuidad de las políticas previas. En marzo de 2001, en medio de un recrudecimiento de la crisis económica, el ministro de Economía, Ricardo López Murphy, anunció un brutal ajuste del gasto público, cuyo costo recaía principalmente sobre el área educativa y las universidades. De un recorte educativo total de 1120 millones de pesos, 361 millones correspondían al sistema universitario, una poda del 20% de su presupuesto, que contemplaba una reducción de 541 millones al año siguiente (un 30% más). En total, el recorte a las universidades representaba casi el triple de lo que había propuesto Menem en 1999. Frente al anuncio, renunciaron tres ministros y las centrales sindicales lanzaron paros y movilizaciones.[15]
El movimiento estudiantil universitario fue clave en la resistencia al ajuste. El 19 de marzo
todas las sedes de la Universidad de Buenos Aires están tomadas por estudiantes. Alumnos secundarios y universitarios cortaron hoy calles y avenidas de la Ciudad y en diversos puntos del país y tomaron los edificios a los que asisten a clase.[16]
Según Cotarelo e Iñigo Carrera (2006), ese día se produjeron más de cien tomas de facultades en todo el país. Finalmente, el recorte debió revertirse y López Murphy renunció a los pocos días. Algunos meses después, en diciembre de 2001, correría igual suerte el propio presidente De la Rúa, que renunció al calor de una inédita rebelión popular.
Figura 7
Manifestaciones contra el recorte presupuestario
Nota. Fotografía de 2001.
En suma, aunque en la década del noventa los gobiernos buscaron achicar, recortar o modificar el carácter de la universidad pública, el movimiento estudiantil opuso una fuerte resistencia. De este modo, el movimiento estudiantil influyó en las formas en las que se terminaron definiendo las políticas universitarias en esos años. Entre 1995 y 2001, sus manifestaciones confluyeron con un entorno de creciente crisis económica, en el que los gobiernos de Menem y De la Rúa encontraron cada vez más dificultades para llevar a cabo diferentes políticas. La oposición social que recibieron ambos gobiernos también limitó el alcance de sus reformas en el terreno educativo. En todo este marco, lejos de reducirse, la universidad vivió un nuevo período de expansión. La UBA, por ejemplo, pasó de 183.347 alumnos en 1996 a nada menos que 293.358 en 2004.[17]
A modo de cierre
Entre 1983 y 2001 el movimiento estudiantil argentino resistió diversos intentos de avance gubernamental sobre la universidad pública. Sus movilizaciones resultan particularmente destacadas en relación a dos momentos históricos específicos. El primero tiene que ver con haber logrado una discontinuidad en relación a la política universitaria de la última dictadura, lo que adquiere un relieve especial si se compara el caso argentino con otros como el de Chile, donde los y las estudiantes siguen enfrentando las consecuencias de una política originada bajo el régimen de Pinochet. El segundo momento tiene que ver con la resistencia a las políticas neoliberales hacia la universidad en los años noventa, que lograron penetrar más en otras áreas del Estado (por caso, las empresas estatales, que fueron privatizadas casi en su totalidad). Estas protestas lograron frenar medidas contra el ingreso irrestricto y la gratuidad, aun cuando se aprobaron legislaciones que las habilitaban, como la LES. A la vez, entre 1997 y 2001, consiguieron evitar los recortes más abruptos sobre el presupuesto universitario, que hubieran dañado seriamente sus posibilidades de continuidad.
Más allá de que la universidad pública argentina sigue manifestando hoy un déficit presupuestario en relación con su magnitud y tiene numerosas dificultades, constituye un caso particular en relación con otros países latinoamericanos, sobre todo con respecto al ingreso directo y la gratuidad de la educación superior. Inclusive, la Argentina recibe en la actualidad a numerosos estudiantes de otros países de la región, para quienes resulta más accesible viajar hasta nuestro país, que cursar en sus lugares de origen. Llamativamente, desde 2001 en adelante, la universidad pública no estuvo casi en cuestión en el debate político nacional. No obstante, su existencia y su continuidad no deberían darse por sentadas. Echar luz sobre las movilizaciones estudiantiles en la postdictadura argentina es una forma de visibilizar qué acciones fueron decisivas en el sostenimiento de la universidad pública y gratuita en nuestro país.
Referencias
Aboy, G. (2001). Las dos fronteras de la democracia argentina. La reformulación de las identidades políticas de Alfonsín a Menem. Homo Sapiens.
Águila, G. (2014). La Universidad Nacional de Rosario en dictadura (1976-1983): depuración, “normalización” y reestructuración institucional. PolHis, (14), 145-178.
Auyero, J. (2002). La protesta. Retratos de la beligerancia popular en la Argentina democrática. Libros del Rojas.
Azpiazu, D. (2002). Privatizaciones y poder económico. La consolidación de una sociedad excluyente. UNQ.
Bonnet, A. y Piva, A. (2009). Argentina en pedazos. Luchas sociales y conflictos interburgueses en la crisis de la convertibilidad. Continente.
Buchbinder, P. (2005). Historia de las Universidades Argentinas. Sudamericana.
Buchbinder, P. (2012). ¿Revolución en los claustros? La Reforma Universitaria de 1918. Sudamericana.
Buchbinder, P. y Marquina, M. (2008). Masividad, heterogeneidad y fragmentación: el sistema universitario argentino 1983-2008. UNGS/Biblioteca Nacional.
Bustelo, N. (2015). La reforma universitaria desde sus grupos y revistas: Una reconstrucción de los proyectos y las disputas del movimiento estudiantil porteño de las primeras décadas del siglo XX (1914-1928) [Tesis de doctorado, Universidad Nacional de La Plata]. http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1307/te.1307.pdf
Califa, J. y Seia, G. (2017). La ampliación del sistema universitario argentino durante la “Revolución Argentina”. Un estudio de sus causas a través de la Universidad de Buenos Aires (1969-1973). A Contracorriente, 15(1), 36-59.
Chabrando, V. (2016). “Vuelven los estudiantes a la calle”. Movilización y resistencia a la Ley de Educación Superior. Córdoba, 2005. En A. Servetto (Ed.), Interpelaciones al pasado reciente. Aportes sobre y desde Córdoba (pp. 123-138). CEA.
Chiroleu, A. (2005). La Educación Superior en la agenda de gobierno argentina en veinte años de democracia (1983-2003). En E. Rinesi, G. Soprano y C. Suasnábar (Comps.), Universidad, reformas y desafíos: dilemas de la educación superior en la Argentina y el Brasil (pp. 57-79). UNGS/Prometeo.
Cotarelo, M. e Iñigo, N: (2006). Génesis y desarrollo de la insurrección espontánea de diciembre de 2001 en Argentina. En G. Caetano (Comp.), Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina. Clacso.
Cristal, Y. (2020). El movimiento estudiantil de la UBA en democracia (1983-2001) [Tesis de doctorado, Universidad de Buenos Aires].
Cristal, Y. (2021). La protesta estudiantil. Características y proyecciones de las movilizaciones en la UBA en la segunda mitad de los años noventa. Cuadernos del Sur – Historia, 50, 278-298.
Cristal, Y. y Seia, G. (2021). El movimiento estudiantil de la UBA entre dictadura y democracia (1982-1985). En S. Carli (Comp.), Historia de la Universidad de Buenos Aires. Tomo III (1945-1983). EUDEBA.
Delich, F. (2014). 808 días en la Universidad de Buenos Aires. Eudeba.
Erreguerena, F. (2017). El poder de los rectores en la política universitaria argentina 1985-2015. Prometeo.
Feld, C. y Franco, M. (2015). Democracia, hora cero. Actores, políticas y debates en los inicios de la posdictadura. Fondo de Cultura Económica.
Franco, M. (2018). El final del silencio. Dictadura, sociedad y derechos humanos en la transición (Argentina, 1979-1983). Fondo de Cultura Económica.
Franco, M. y Lvovich, D. (2017). Historia Reciente: apuntes sobre un campo de investigación en expansión. Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, (47), 190-217.
Gargarella, R., Murillo, M., y Pecheny, M.(2010). Discutir Alfonsín. Siglo XXI.
Gordillo, M. (2010). Piquetes y cacerolas. El “argentinazo” del 2001. Sudamericana.
Krotsch, P. (2009). Educación Superior y Reformas Comparadas. UNQ.
Laufer, R. y Spiguel, C. (1999). Las “puebladas” argentinas a partir del “santiagueñazo” de 1993. Tradición histórica y nuevas formas de lucha. En M. López Maya (Ed.), Lucha popular, democracia, neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los años de ajuste. Nueva Sociedad.
Levenberg, R. y Marolla, D. (1988). Un solo grito. Crónica del movimiento estudiantil universitario de 1918 a 1988. FUBA.
Manzano, V. (2017). La era de la juventud en la Argentina. Cultura, política y sexualidad desde Perón hasta Videla. Fondo de Cultura Económica.
Millán, M. (2018). En las últimas casamatas. El movimiento estudiantil de la UBA en 1975. Estudios, (40), 93-112.
Mollis, M. (2008). Las reformas de la educación superior en Argentina para el nuevo milenio. Avaliaçao, (2), 509-532. http://periodicos.uniso.br/ojs/index.php/avaliacao/article/view/272/273
Novaro, M. (2009). Argentina en el fin de siglo: democracia, mercado y nación (1983-2001). Paidós.
Novaro, M. y Palermo, V. (2003). La dictadura militar (1976-1983). Del golpe de estado a la restauración democrática. Paidós.
Pereyra, S. (2008). ¿La lucha es una sola? La movilización social entre la democratización y el neoliberalismo. UNGS/Biblioteca Nacional.
Pozzoni, M. y Castro, M. F. (2019). La normalización. En M. Bartolucci (Coord.), Universidad Nacional de Mar del Plata. Antecedentes, proyectos y trayectorias. EUDEM.
Pucciarelli, A. (2006). Los años de Alfonsín. ¿El poder de la democracia o la democracia del poder? Siglo XXI.
Pucciarelli, A. (2011). Los años de Menem. La construcción del orden neoliberal. Siglo XXI.
Rodriguez, L. (2016). Historia Reciente de la Educación: balances y aportes para el estudio de la universidad durante la última dictadura (1976-1983). Revista IRICE, (30), 11-40. http://web2.rosario-conicet.gov.ar/ojs/index.php/revistairice
Seia, G. (2019). De la revolución a la reforma. Reconfiguraciones de las formas de militancia estudiantil en la Universidad de Buenos Aires entre 1976 y 1983 [Tesis de Doctorado, Universidad de Buenos Aires].
Sidicaro, R. (2010). La crisis del Estado y los actores políticos y socioeconómicos en la Argentina (1989-2001). Eudeba/Libros del Rojas.
Svampa, M. (2005). La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo. Taurus.
Touza, R. (2007). El movimiento estudiantil universitario de Mendoza entre 1983 y 2000. En P. Bonavena, J. S. Califa y M. Millán (Comps.), El movimiento estudiantil argentino: historias con presente (pp. 247-269). Ed. Cooperativas.
Zícari, J. (2018). Camino al colapso. Cómo llegamos los argentinos al 2001. Continente.