La agitaci n estudiantil en Montevideo 1968: la movilizaci n social bajo sospecha
Student agitation in Montevideo 1968: social mobilization under suspicion
Carlos Demasi[1]
Resumen
En el a o 1968, Uruguay vivi un giro radical en la gesti n de su ya larga crisis econ mica, cuando puso en vigencia el estado de excepci n. Esto le permiti controlar las reacciones sociales cuando se adoptaron medidas muy resistidas como la congelaci n de los salarios, pero al costo de una sensible deriva hacia el autoritarismo que puede ser visto como el pre mbulo del golpe de Estado que se producir a cinco a os m s tarde. En ese clima tan agitado, los estudiantes universitarios asumieron el protagonismo del enfrentamiento contra la pol tica del gobierno. La participaci n de los estudiantes montevideanos en las agitaciones juveniles de ese a o termin con un saldo de tres estudiantes muertos algo sin precedentes y decenas de heridos. Este trabajo intenta explicar los motivos por los cuales los estudiantes se involucraron en estos enfrentamientos y terminaron pagando tan alto precio.
Palabras clave: Uruguay, movilizaci n estudiantil, crisis econ mica, estado de excepci n, represi n.
Abstract
In 1968, Uruguay lived a radical turn in the management of its already long economic crisis, when it put into effect the State of exception. This allowed it to control social reactions when highly resisted measures such as wage freezing were adopted, but at the cost of a noticeable drift towards authoritarianism that can be seen as the preamble to the coup d tat that would take place five years later. In such a hectic climate, university students assumed the leading role in the confrontation against government policy. The participation of the students from Montevideo in the youth agitations of that year ended up with a balance of three dead students something unprecedented and dozens of wounded. This paper tries to explain the reasons why the students got involved in these confrontations and ended up paying such a high price.
Keywords: Uruguay, student mobilization, economic crisis, state of exception, repression.
Introducci n
En el marco de la agitaci n juvenil que es la caracter stica de la d cada del 60, el a o 1968 se destaca en Am rica Latina por la generalizaci n de la movilizaci n estudiantil y por la violencia de la represi n que se descarg sobre ella. En este aspecto el Uruguay no es una excepci n, pero si bien los acontecimientos ocurridos en Montevideo se aproximan a los vividos en el resto de Am rica Latina, muestran algunas particularidades que en buena medida derivan de su propia historia.
Al respecto, puede llamar la atenci n que el movimiento estudiantil aparezca impulsando las reivindicaciones de los asalariados. Si bien los sindicatos y la Federaci n de Estudiantes no ten an una historia muy larga de acciones coordinadas, esto hab a cambiado como resultado de las experiencias vividas en la d cada de 1950, que terminaron por establecer lazos muy fuertes y perdurables entre los dos movimientos. Los estudiantes uruguayos se enfrentaron directamente contra la pol tica gubernamental y no, como en otros casos, contra las autoridades universitarias. Por ese motivo y por la represi n que se descarg sobre la sociedad movilizada, los episodios de ese a o representan un corte importante en las modalidades del di logo movilizaci n-represi n que hab an sido habituales en el pa s.
El Uruguay en el siglo XX: algunos antecedentes
La vida pol tica uruguaya en el siglo XX estuvo marcada por dos grandes partidos pol ticos: Colorado y Nacional , tambi n llamado Blanco , que se consideran continuadores de las parcialidades que protagonizaron frecuentes enfrentamientos armados durante el siglo XIX y comienzos del XX. A partir de 1904, cuando fue derrotada la ltima gran revoluci n del Partico Blanco, se inici una evoluci n pol tica que culmin con la construcci n de mecanismos institucionales que permitieron gestionar las diferencias. Luego de la reforma constitucional de 1917, el Uruguay logr alcanzar una estabilidad pol tica que estuvo acompa ada por un per odo de crecimiento econ mico impulsado por los altos precios de sus principales productos de exportaci n: carne vacuna y lana. Uruguay no ten a una oligarqu a poderosa y la peque ez relativa del pa s no permit a desarrollar un importante mercado interno. Por esa raz n el Estado pas a ocupar un lugar importante en el manejo de la econom a, con una firme tendencia al solidarismo social (Real de Az a, 1984). En este sentido influyeron las ideas de quien era la principal figura pol tica del pa s, el presidente Jos Batlle y Ord ez (perteneciente al Partido Colorado), que instrument lo que se considera el primer ensayo de welfare state. Adem s, desde la presidencia impuls las actividades econ micas del Estado (pas a ser propietario de tres bancos que representaban el 80% del capital bancario del pa s, y tambi n monopoliz la generaci n el ctrica y la potabilizaci n del agua), promovi una legislaci n social de avanzada (ley de ocho horas, divorcio por la sola voluntad de la mujer, etc.), y le dio un fuerte impulso a la educaci n en todos sus niveles (Nahum, 1998, pp. 21-53). Como resultado creci el n mero de estudiantes, especialmente de los universitarios, por lo que pudo observarse el aumento de su visibilidad en la sociedad (Markarian, Jung y Wschebor, 2008).
La Universidad de la Rep blica, la primera que funcion en el pa s, se fund en 1836 pero solamente se instal hasta 1849. Aunque su fundaci n es relativamente reciente si se la compara con otras prestigiosas universidades latinoamericanas, debe tenerse en cuenta que bajo el dominio espa ol no hubo casi desarrollo de la educaci n (salvo por algunas escuelas de primeras letras) y que el pa s hab a iniciado su vida independiente reci n en 1830. Se previ que la novel universidad tendr a cuatro facultades (Ciencias Naturales, Medicina, Jurisprudencia y Teolog a) pero en su comienzo solamente brindaba cursos de Derecho, por lo que al cabo de pocos a os los abogados comenzaron a hacerse sentir en la pol tica del pa s. Estos elevaron el nivel de los debates, innovaron la pol tica con propuestas novedosas y mostraron una sensibilidad diferente para afrontar las crisis pol ticas: los clubes universitarios se convirtieron en espacios de cr tica y de propuestas, aunque sus miembros tambi n empu aron las armas en algunos de los frecuentes levantamientos que caracterizaron la vida del pa s en el siglo XIX (Ardao, 1962, pp. 246-273). Reci n sobre finales del siglo la universidad incorpor los estudios de Medicina y la Facultad de Matem ticas, que luego se desdobl en dos: Ingenier a y Arquitectura.
M s adelante, ya entrado el siglo XX, la creaci n de nuevas facultades y el crecimiento de la matr cula universitaria dieron cada vez mayor visibilidad a los reclamos de los estudiantes, dirigidos principalmente a modificar las estructuras del gobierno universitario. Tambi n comenzaron a establecerse los v nculos entre la dirigencia estudiantil y los partidos pol ticos mayoritarios, por lo que sus reclamos encontraron ambiente favorable en el gobierno. As , en 1908 se aprob una Ley Org nica que dividi la universidad en facultades (una organizaci n que ha mantenido a partir de entonces), e incorpor los Consejos de facultades con representaci n de docentes, egresados y estudiantes (estos con representaci n indirecta ya que deb an elegir a un egresado). En ese mismo a o y a instancias de la Asociaci n de Estudiantes, el gobierno convoc en Montevideo el Primer Congreso Internacional de Estudiantes Americanos que inici la discusi n de algunos de los temas que luego ser an desarrollados en eventos siguientes y que adquirieron plena formulaci n en el movimiento de C rdoba de 1918 (Markarian, Jung y Wschebor, 2008). Si bien la Asociaci n de Estudiantes ten a algunas posturas muy cr ticas con el gobierno, era habitual que la mayor a de sus dirigentes se incorporaban a la pol tica y que lo hicieran en el sector batllista del Partido Colorado, algo que sigui ocurriendo hasta mediados del siglo. Posteriormente, ese tr nsito de estudiante a dirigente pol tico dej de ser fluido y se convirti en excepcional. Los episodios de 1968 no fueron ajenos a este cambio.
La FEUU y la Ley Org nica de 1958
Figura 1
Portada del semanario Marcha
Nota. Portada del n mero del 15 de agosto de 1968. Fuente: Marcha (n mero 1415).
En 1929 la Asociaci n de Estudiantes se uni a otras organizaciones estudiantiles y se convirti en Federaci n de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU). Mantuvo su vocaci n movilizadora y sus reclamos por la autonom a universitaria y el cogobierno estudiantil, lo que la llevaba a frecuentes enfrentamientos con la polic a (Alfaro, 1970, pp. 19-20); pero a ellos agreg un mayor involucramiento en el campo internacional con un discurso fuertemente antiimperialista y de denuncia de la pol tica de EE.UU., a la vez que simpatizaba con los reg menes democr ticos. Esta vocaci n antiimperialista era la herencia de una de las organizaciones precursoras, el Centro Ariel (inspirado en las ideas de Jos E. Rod ) que fue fundado en 1917 por el joven Carlos Quijano, m s tarde fundador del semanario Marcha (De Sierra, 1990, p. 334). Desde entonces se volvi habitual que la FEUU mezclara sus reclamos espec ficamente universitarios con una actitud muy activa frente a los sucesos nacionales o internacionales: ocup el edificio central cuando se produjo el golpe de Estado el 31 de marzo de 1933, y m s adelante manifest ruidosamente su apoyo a la Rep blica espa ola. A la permanente denuncia de las dictaduras latinoamericanas se agreg el apoyo a los procesos de independencia de las excolonias europeas, el repudio al fascismo, y el alineamiento con el bando aliado en la Segunda Guerra Mundial. Ante el desaf o de la Guerra Fr a, la FEUU defini una posici n tercerista , no alineada con el mundo libre ni con la pol tica de la URSS. As pudo expresar en 1956 su rechazo a la intervenci n sovi tica en Hungr a con la misma vehemencia que en 1954 rechaz la intervenci n norteamericana en Guatemala.
En 1952 el Uruguay se embarc en un proceso de reforma de la Constituci n. El objetivo principal era modificar la integraci n del Poder Ejecutivo concretando un viejo reclamo batllista de sustituir la presidencia unipersonal por un colegiado , es decir una junta de gobierno compuesta por nueve miembros de los cuales seis representar an al partido mayoritario y tres al que le siguiera en n mero de votos. Despu s, e n el debate constitucional, la universidad logr introducir algunos de sus reclamos: el reconocimiento de la autonom a y del derecho a darse su propio estatuto. Desde la entrada en vigencia de la nueva constituci n, la universidad puso en marcha los mecanismos para elaborar el proyecto con la participaci n activa de la FEUU y de los docentes. En el proyecto se establec a un mecanismo de cogobierno integral con participaci n de los tres rdenes en la designaci n de todas las autoridades, incluido el rector. El segundo semestre del a o 1958 estuvo marcado por intensas movilizaciones estudiantiles que demandaban al Poder Legislativo la aprobaci n del proyecto tal como hab a sido elaborado por los universitarios. En estas movilizaciones los estudiantes coincidieron con los sindicatos, que se movilizaban reclamando la aprobaci n de un conjunto de beneficios sociales. Los dos colectivos unieron sus movilizaciones, alentados por la proximidad de las elecciones nacionales (previstas para fin de noviembre), lo que volv a el momento particularmente propicio para plantear los reclamos a un gobierno que ve a comprometido su xito electoral. A mediados de octubre fueron aprobadas tanto las leyes que reclamaban los universitarios como las de los asalariados.
Esta exitosa experiencia de coordinaci n tuvo efectos perdurables en lo que respecta a la unidad del movimiento estudiantil con los sindicatos. Pero a pesar de ese gesto conciliador, el gobierno (encabezado por Luis Batlle Berres, sobrino del fundador del batllismo) quien fue igualmente derrotado en las elecciones: el Partido Nacional (blancos) accedi por primera vez al gobierno luego de 93 a os de oposici n). Hist ricamente, el partido ahora gobernante hab a mostrado un esp ritu conservador y un nimo mucho m s represivo. La crisis econ mica comenzaba a golpear el pa s y las soluciones que propon a el nuevo gobierno pasaban por solicitar cr ditos (y aceptar las condiciones) del Fondo Monetario Internacional (FMI) (Nahum, Frega, Maronna y Trochon, 1990, pp. 112-115). Eso implicaba un serio ajuste sobre las inversiones y los salarios junto con la perspectiva de un aumento de la inflaci n; tambi n supon a el final de la industrializaci n sustitutiva de importaciones, que desde los a os 30 hab a sido una caracter stica del proceso econ mico. Eso puso en alerta al movimiento sindical, ya que implicaba la p rdida de fuentes de trabajo, y reactiv la unidad con los estudiantes. Los reclamos de los asalariados se incorporaron a la plataforma de movilizaciones de la FEUU, y estos ya convertidos en parte integrante del gobierno universitario les ofrecieron a los sindicatos el sal n de actos de la universidad para las reuniones que culminar an con la unificaci n del movimiento sindical (Rodr guez, 1965, pp. 74-75). De esta forma y con el auxilio de la FEUU, los sindicatos lograron negociar sus diferencias para concretar un viejo anhelo: la creaci n de una central, la Convenci n Nacional de Trabajadores (CNT) (Rodr guez, 1965, p. 75). El v nculo entre estudiantes y sindicatos se profundiz a lo largo de la d cada, en la que la din mica de la movilizaci n sindical estuvo acompa ada por la FEUU y las movilizaciones estudiantiles. Sin embargo, aunque muchas veces pudieron frenar la pol tica econ mica, no pudieron revertirla como era su prop sito.
Otro elemento que se sum a la conflictividad de esos a os fue la emergencia de la Revoluci n Cubana. En un principio tuvo el apoyo de todo el corpus universitario, tanto de quienes se identificaban con la izquierda como de liberales que ve an en la joven revoluci n una expresi n del tercerismo. No obstante, a medida que el gobierno cubano fue derivando hacia la izquierda, la adhesi n de los liberales comenz a diluirse hasta desaparecer. Paralelamente, el movimiento estudiantil mantuvo su adhesi n y su defensa al r gimen de Cuba; pero en la medida en que la FEUU no marcaba distancia, tambi n se dilu an las posiciones terceristas propias de la posguerra (Van Aken, 1990, p. 179), por lo que comenz a alinearse con el socialismo, aunque marcando diferencias con el r gimen sovi tico. Es as que, continuando su tradici n, en agosto de 1968 la FEUU repudi la invasi n a Checoslovaquia por las fuerzas del Pacto de Varsovia.
La aprobaci n de la Ley org nica en octubre de 1958 complet los reclamos referidos a la vida universitaria pero no aplac las movilizaciones de los estudiantes, si bien modific su eje principal. Si en lo referente a la organizaci n universitaria su agenda de demandas pod a considerarse completada, la pol tica internacional segu a ocupando un espacio importante en su plataforma reivindicativa y se juntaba con el rechazo a las dictaduras latinoamericanas y a la presencia norteamericana en Vietnam. Entonces, los estudiantes continuaron marcando su presencia en las calles con reclamos al gobierno por mayor presupuesto universitario o en rechazo a las pol ticas econ micas que afectaban principalmente a los asalariados. Si bien el contingente estudiantil estaba lejos de configurar una mayor a social, sus acciones ten an un fuerte impacto, que no guardaba proporci n con relaci n a su n mero: en la d cada de 1960 la matr cula universitaria apenas rondaba los 15.000 estudiantes. Pero las sedes universitarias estaban concentradas en Montevideo, la ciudad m s poblada y la residencia del gobierno: el edificio principal de la universidad se comunica por amplias avenidas con la sede del Poder Ejecutivo (que est a unos 2km) y del Legislativo (distante a poco m s de 1500m). Esta proximidad, sumada a que en la ciudad se concentran los medios de prensa de difusi n nacional, contribu a a aumentar la visibilidad de sus acciones. Por otra parte, se trataba de un grupo en constante aumento y esto implicaba tambi n un cambio en su composici n: gradualmente los alumnos de clase alta iban dejando espacio a los j venes provenientes de la clase media, de hogares de ingresos fijos que sent an con mucha fuerza el impacto de la inflaci n (Ba ales-Jara, 1968, p. 80).
El giro de las pol ticas econ micas
Una caracter stica de los a os 60 es la progresiva profundizaci n de la crisis econ mica, que gradualmente se fue manifestando como una crisis social. Hab an terminado los tiempos de prosperidad heredados de los a os de la Segunda Guerra Mundial y de la reconstrucci n europea; la econom a mundial se hab a reorganizado sobre bases diferentes de las que hab an orientado su funcionamiento desde el siglo XIX y, en ese nuevo orden econ mico, el Uruguay no encontraba su lugar. Las exportaciones principales del pa s, las carnes y la lana, ahora enfrentaban dura competencia en los mercados internacionales. Como resultado, el Estado encontr cada vez m s dificultades para aplicar las pol ticas redistributivas que hab an sido tradicionales en el pa s y busc resolver el dilema por medio de la emisi n monetaria. De all se desencaden un proceso inflacionario que en 1967 super el 100% anual, lo que parec a demostrar el fracaso de las pol ticas emprendidas hasta ese momento.
El gobierno mostraba una clara inclinaci n a limitar los aumentos de salarios, lo que supon a volcar la crisis sobre los trabajadores; pero la intensa movilizaci n sindical (siempre acompa ada por los estudiantes) hab a logrado contener la ca da del salario real, aunque al precio de una creciente agitaci n social. Tanto el FMI como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presionaban al gobierno, muy necesitado de cr ditos, para que aplicara las pol ticas restrictivas que eran resistidas por los movimientos sociales. Adem s, el contexto internacional era particularmente inquietante: las dictaduras militares se expand an por la regi n (a la ya longeva dictadura paraguaya se agregaron los reg menes militares en Brasil y en Bolivia desde 1964, y en Argentina desde 1966) y dejaban al Uruguay como el nico pa s con un r gimen democr tico en el que el Partido Comunista actuaba p blicamente, publicaba su prensa y ten a representaci n en el parlamento. Para la mirada conspirativa de los gobiernos vecinos, el Uruguay se estaba transformando en un campo f rtil para la acci n del comunismo, y se hac a necesario mantener las fronteras ideol gicas , una expresi n frecuente en el dictador argentino General Juan C. Ongan a con la que justificaba la eventual intervenci n militar en pa ses vecinos amenazados por la infiltraci n marxista . Rodeados por dictaduras, los gobiernos uruguayos eran conscientes de que sus decisiones siempre estaban bajo vigilancia.
Con la expectativa de facilitar la gesti n gubernamental, en 1966 se puso en marcha un nuevo proceso de reforma de la Constituci n. Esta vez se volv a a la presidencia unipersonal y se introduc an normas para modernizar algunas estructuras de funcionamiento estatal; pero si bien el discurso reformista ten a un car cter fuertemente tecnocr tico y se apoyaba en informes y propuestas elaboradas por t cnicos, sus aspectos principales apuntaban a reforzar la capacidad de acci n del Ejecutivo; de all que muchos calificaran de cesarista al proyecto. Finalmente, obtuvo amplia mayor a en un plebiscito y entr en vigencia en marzo de 1967. Junto con el nuevo texto constitucional asumi como presidente el general Oscar Gestido, quien hab a desarrollado su carrera pol tica despu s de su pase a retiro.
Luego de algunas vacilaciones, Gestido retom decididamente la l nea fondomonetarista: devalu el peso uruguayo en un 100% y liberaliz las importaciones (lo que provoc un fuerte impulso inflacionario por el incremento de los precios de los art culos importados), pero falleci sorpresivamente a comienzos de diciembre de 1967, por lo que lo sucedi el vicepresidente Jorge Pacheco Areco. Aunque la crisis se manten a, as , en todos sus aspectos, la inesperada muerte del presidente parece haber vuelto m s lento el giro de la pol tica econ mica.
Luego de esto, reci n en el mes de mayo de 1968 se produjo una renovaci n ministerial; finalmente el nuevo presidente hab a decidido marcar su impronta en el gobierno, aunque lo hac a seis meses despu s de asumir. La caracter stica en este cambio fue la sustituci n de pol ticos por t cnicos (generalmente empresarios) en las carteras ministeriales, un movimiento que ya hab a iniciado Gestido. Tal vez los cambios m s llamativos ocurrieron en las fuerzas represivas. En el Ministerio del Interior (que tiene a su cargo el control de la polic a) fue designado el Dr. Eduardo Jim nez de Ar chaga, un renombrado especialista en derecho internacional p blico. Se trataba de un docente universitario que hab a participado en la redacci n de la Ley Org nica aprobada en 1958, que al momento de su designaci n integraba la Comisi n de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Casi simult neamente fue designado jefe de la Polic a de Montevideo, el coronel Alberto Aguirre Gestido, primo del anterior presidente. Si bien el ministro era un jurista destacado, en los meses siguientes pareci que era el Coronel el que marcaba su impronta en la conducci n.
En junio, Pacheco decidi aplicar toda la receta antiinflacionaria de la poca: precisamente cuando se acercaba el 30 de junio, fecha en la que habitualmente se aprobaba un incremento de los salarios p blicos, decret la congelaci n de los precios y de los salarios. As pues, como la inflaci n alentaba fuertes expectativas de aumentos de salarios, el decreto gener fuertes reacciones: motiv la huelga de los empleados de la Corporaci n de Energ a, a los que se unieron los funcionarios de los bancos estatales. El impacto de estas medidas era muy fuerte, pero el gobierno aplic una dura pol tica represiva para desarticular el movimiento. Para facilitar la aplicaci n de estas resoluciones d as antes hab a implantado las medidas prontas de seguridad , previstas en la Constituci n para casos graves e imprevistos de ataque exterior o conmoci n interior (Constituci n, Art. 168 N.o 17). Si bien desde hac a ya unos a os estas medidas se adoptaban para enfrentar las protestas sindicales y generalmente se manten a durante algunos d as, esta vez se trat de blindar la aplicaci n de un giro relevante en la pol tica econ mica, por lo que su vigencia se extendi por varios a os.
Para entonces ya se hab an iniciado las movilizaciones estudiantiles, pero impulsadas por motivos particulares y en un sector espec fico del estudiantado: desde mayo los estudiantes de ense anza media hac an sentadas en las calles y ocupaban los centros de ense anza, protestando contra el inminente aumento del boleto urbano, pues si bien los estudiantes ten an una bonificaci n en el precio, en caso de aumento se ver an obligados a pagar un precio m s alto. La medida movilizaba varias dimensiones: por un lado, para los adolescentes el costo del boleto representaba una proporci n importante de su gasto semanal, ya que en muchos casos el centro de estudios quedaba alejado de su vivienda; por otro lado, la inflaci n impactaba sobre el salario por lo que la estructura del gasto se orient a privilegiar la alimentaci n y la vivienda, y un aumento en el boleto alteraba esa ecuaci n tan ajustada. Por eso, si bien de esta forma los adolescentes uruguayos se inclu an en la agitaci n que caracteriz al movimiento juvenil de 1968, lo hac an m s desde el reclamo material que desde el malestar cultural. Aunque la FEUU siempre mostr una sensibilidad muy alerta para los problemas internacionales, por entonces solamente los estudiantes universitarios de orientaci n art stica (de la Escuela Nacional de Bellas Artes) manifestaron su apoyo a sus colegas parisinos que por esos d as ocupaban Nanterre.
A medida que se prolongaban las manifestaciones estudiantiles, comenzaron a sumarse gradualmente los estudiantes universitarios, quienes le agregaron una cuota mayor de energ a a las movilizaciones: las cargas de los jinetes de la polic a eran respondidas con pedreas y con autom viles incendiados. Los enfrentamientos entre estudiantes y polic as comenzaron a incorporarse a la rutina de la ciudad, pues ocurr an casi todas las tardes y terminaban con un saldo de heridos y detenidos. Por ello, al cabo de pocos d as se implant el estado de excepci n. Aparentemente estos enfrentamientos le sirvieron de pretexto, aunque la fundamentaci n del decreto no lo establece con claridad. Pronto a la represi n seguir a la militarizaci n de funcionarios en huelga y luego vendr a la congelaci n de precios y salarios, la medida m s fuerte prevista en el modelo econ mico.
Cuando el gobierno congel los salarios, dentro de la central sindical se produjo un fuerte debate: ya se hab a previsto que, en caso de golpe de Estado, la central declarar a la huelga general por tiempo indeterminado y, para algunos sindicatos, este extremo se hab a alcanzado con la amplia aplicaci n del estado de excepci n. No solamente los desbordes del poder volv an veros mil la hip tesis, sino que esta tambi n se apoyaba en la tradici n pol tica uruguaya, donde el autogolpe es una pr ctica conocida desde 1898 hubo tres casos de presidentes golpistas a los que luego se sumar a un cuarto en 1973. Sin embargo, aunque los argumentos a favor de la huelga general eran consistentes, la mayor a opt por una actitud m s cautelosa; decidi elevar un reclamo al Parlamento solicitando el levantamiento del estado de excepci n y la anulaci n del decreto de congelaci n de salarios. Pero el gesto no tuvo consecuencias ya que en el Poder Legislativo no hubo suficientes votos favorables para atenderlo.
La respuesta de la FEUU
La actitud moderada de la central sindical no fue acompa ada por los estudiantes, que profundizaron sus movilizaciones protestando contra las medidas de seguridad y la congelaci n de salarios. Las movilizaciones convocaban cada vez a un mayor n mero de estudiantes, pero tambi n aumentaba la violencia de los enfrentamientos con la polic a. Esto les brind mayor visibilidad y los transform en el principal problema a los ojos de la sociedad.
La radicalizaci n de los estudiantes no era solamente gestual, sino que tambi n involucraba una cr tica contra los mecanismos de control social. Si hasta ese momento el discurso de la FEUU se hab a mantenido en un plano de cr tica social relativamente sobria, la radicalizaci n de 1968 los llev a adoptar discursos y estrategias m s radicales y que resultaban muy novedosas. Esto implic una inversi n interesante en la correlaci n interna de fuerzas en la FEUU: si bien al comienzo aquellos estudiantes que integraban sectores juveniles de los partidos pol ticos de izquierda hab an sido los que promov an (acorde con las l neas de sus partidos) las medidas de protesta, el mpetu juvenil de 1968 impuls la movilizaci n de estudiantes que hasta ese momento no estaban ligados a ning n partido. Muy pronto estos independientes sintieron que los estudiantes partidizados controlaban las estructuras burocratizadas y se apegaban m s a la l nea pol tica de sus partidos que a los intereses de la Federaci n, y eso limitaba la capacidad de participaci n (y tambi n la incidencia de los independientes en las decisiones). Comenzaron entonces a promover nuevas formas de participaci n que elud an las instancias formales del Consejo Directivo o el Consejo Federal. As surgieron las asambleas de clase , que promov an la participaci n directa de los alumnos, y las juntas de delegados de clase que pon an las propuestas en com n y adoptaban las decisiones. El crecimiento de esta estructura llev a que terminara incluyendo a todos los estudiantes movilizados y no solamente a los que se consideraban independientes (Demasi, 2019, p. 91). A fines de mayo, cuando la dirigencia del gremio de estudiantes de Secundaria (CESU) anunci que se hab a llegado a un acuerdo con el gobierno en el que este se compromet a a mantener sin cambio el precio del boleto estudiantil, los estudiantes movilizados rechazaron el acuerdo y subieron la apuesta: reclamaron que no hubiera aumento en el precio del boleto urbano, y no solamente en el de los estudiantes. La estructura informal y paralela se mostr muy til cuando los independientes alcanzaron la mayor a en el Consejo Federal de FEUU, y la represi n se hizo m s fuerte. La visibilidad de los rganos institucionales los volv a muy vulnerables, y entonces se design un Comit de movilizaci n que se hizo cargo de la conducci n del gremio desde un lugar casi clandestino: los nombres de sus integrantes no eran conocidos, y sus resoluciones se comunicaban por canales discretos, aunque resultaron muy efectivos (Varela, 2002, pp. 127-128).
Tambi n cambiaron las estrategias de movilizaci n. Hist ricamente, la FEUU acostumbraba desplegar manifestaciones callejeras masivas, convocadas con mucha anticipaci n y que se disgregaban cuando aparec an las fuerzas de represi n. En cambio, la din mica desplegada en 1968 prefiri las movilizaciones rel mpago , intervenciones callejeras sorpresivas realizadas por grupos relativamente peque os de estudiantes que tomaban por sorpresa a la polic a: cortaban el tr nsito para corear consignas y repartir volantes y se disolv a r pidamente arrojando piedras. Este cambio de actitud fue notado por la prensa que present la violencia de la acci n como el pre mbulo de una ofensiva radical contra la sociedad. En ese clima de creciente confrontaci n, la polic a tambi n aumentaba la violencia represiva, y hubo polic as que resultaron procesados por la justicia por haber lesionado manifestantes. Por su parte, el gobierno parec a verse superado por la din mica de la represi n y no lograba definir con claridad los l mites de esta escalada.
A mediados de junio, el reclamo por el precio del boleto hab a sido superado por la protesta contra el estado de excepci n y la congelaci n de salarios; los estudiantes tomaron a su cargo un reclamo que parec a propio de los sindicatos y su presencia en las calles se convirti en habitual, lo que incrementaba la violencia represiva y dejaba m s en evidencia la desorientaci n del gobierno. Cuando algunos funcionarios del gobierno mostraban al Poder Ejecutivo en una actitud m s proclive al di logo con los estudiantes, en algunos medios de prensa eran vistos como signos de debilidad que dejaban desairada a la polic a ante los estudiantes que ten an el apoyo de las autoridades universitarias. En ese di logo conflictivo entre estudiantes y represi n, las vacilaciones del gobierno no contribu an a serenar los esp ritus.
La relaci n entre polic a (y el Ejecutivo) frente a los estudiantes movilizados (y la universidad) se encontraba en un momento cr tico cuando se produjo la aparici n de un nuevo participante, la guerrilla urbana. Las investigaciones posteriores mostraron que la organizaci n que comenz a identificarse como Movimiento de Liberaci n Nacional-Tupamaros (MLN-T) hab a comenzado a organizarse desde varios a os atr s y hab a recibido algunos golpes de la polic a: pocos meses atr s hab a capturado refugios, armas y a algunos dirigentes. Sin embargo, el grupo hab a logrado reorganizarse y a mediados del a o hicieron dos operaciones de relevancia: primero dinamitaron la antena de una radioemisora oficialista y, pocas semanas despu s, secuestraron al presidente de la Corporaci n de Energ a, el Dr. Ulysses Pereira Reverbel, considerado uno de los duros del r gimen. Poco antes de que se implantara la congelaci n de salarios hab a logrado que el presidente de la Rep blica (de quien era ntimo amigo) aprovechara el estado de excepci n para incorporar a los funcionarios en el estatuto del personal militar y as impedirles el ejercicio del derecho de huelga. Esa medida no estaba contemplada en la Constituci n, por lo que levant protestas y reclamos de los sindicatos, pero se puso en marcha y logr neutralizar las acciones sindicales.
Poco m s de un mes despu s del atentado contra la radioemisora, Pereyra Reverbel fue secuestrado por los Tupamaros en una acci n sorpresiva ante una polic a desconcertada que no ten a ninguna pista para seguir. En ese estado de perplejidad y para no dejar la impresi n de que estaba sin reacci n, la polic a decidi ingresar a algunas facultades, m s con la intenci n de devolver el golpe que de buscar al secuestrado. No lograron encontrarlo y lo requisado en las facultades de Derecho, Agronom a y Medicina y en la Escuela Nacional de Bellas Artes tampoco signific un avance en las investigaciones, y mientras la versi n oficial (recogida por la prensa) magnificaba los hallazgos, el jefe de Polic a admiti que no hab an encontrado m s armas que un rev lver perteneciente al sereno de la Facultad de Agronom a (BpColor, 10 de agosto de 1968, p. 4).
Esa acci n de la polic a no solamente violaba la autonom a universitaria sino tambi n la Constituci n (1967, Art. 11), que no permite los ingresos nocturnos a residencias particulares ni a n con orden judicial (que en ese caso tampoco ten an). Los cuestionamientos apuntaron al ministro del Interior, el Dr. Eduardo Jim nez de Ar chaga, que no estaba localizable. A la ma ana siguiente se reuni el Consejo Directivo Central de la Universidad en la Facultad de Derecho, una de las facultades allanadas que era adem s su lugar de reuni n habitual. El Rector, el Ingeniero Oscar Maggiolo, informaba de los operativos de la noche anterior cuando la reuni n debi suspenderse por casi una hora debido a que la polic a estaba lanzando granadas de gas al edificio universitario: una r pida manifestaci n estudiantil hab a sido disuelta y los estudiantes se hab an refugiado en el local. El incidente es muy revelador del grado de tensi n que hab a alcanzado la situaci n.
Al reanudarse la sesi n, se present Gerardo Cuesta uno de los vicepresidentes de la CNT que ven a a expresar el apoyo de la central. Si bien ya era tradicional la alianza con los estudiantes, el gesto permit a superar algunos incidentes, como las pedreas a mnibus, que hab an generado algunos choques con los trabajadores. En esa reuni n tan agitada, el Consejo responsabiliz al Ejecutivo por la situaci n y decidi expulsar a los tres docentes universitarios que estaban integrando el gobierno (Markarian, Jung y Wschebor, 2008, p. 128). Simult neamente, la Asociaci n Universitaria y el Colegio de Abogados se solidarizaron con la Universidad y adoptaron la misma medida elimin ndolos de sus registros sociales (Marcha, 15 de agosto de 1968, p. 8). Desde el gobierno respondieron prohibiendo la difusi n de las resoluciones del Consejo Central, una disposici n que fue tomada muy en serio por la polic a: el semanario Marcha, responsable de su publicaci n, fue clausurado por tres ediciones. El impulso continu con un mensaje al Parlamento solicitando la destituci n de las autoridades universitarias, algo que estaba m s all de las atribuciones establecidas en la Ley Org nica y que no tuvo andamiento.
En seguida, la reacci n m s fuerte provino de los estudiantes, que incrementaron sus movilizaciones. La respuesta de la polic a tambi n fue muy violenta y descarg mayor represi n, lo que dej una secuela importante de heridos de gravedad. En esta escalada se produjo el primer asesinato de un estudiante, ocurrido frente a la Facultad de Veterinaria. Esta vez no fue el efecto de un enfrentamiento de estudiantes con un grupo de polic as armados, sino que fue producto de la reacci n desmedida de un agente policial que, rodeado por estudiantes que en la confusi n le arrebataron la gorra, respondi utilizando sus armas para recuperarla cuando ya los manifestantes se dispersaban. Seg n la investigaci n judicial, el polic a descarg sus dos armas e hiri de gravedad a un estudiante de Odontolog a, L ber Arce, que falleci dos d as despu s (Marcha, 29 de noviembre de 1968, p. 11), y quien estaba pr ximo a cumplir 30 a os.
Este episodio provoc una verdadera conmoci n. En la ya larga historia de enfrentamientos entre la polic a y los estudiantes nunca hab a ocurrido un episodio de esas caracter sticas, aunque el progresivo incremento de la violencia represiva desde comienzos de la d cada lo presentaba como un resultado cada vez m s posible. Cuando efectivamente se produjo la muerte de un estudiante, la sociedad manifest su rechazo a la pol tica del gobierno, acudiendo masivamente a acompa ar el f retro. Si bien el Ejecutivo logr neutralizar moment neamente el impacto negativo por efecto de la acci n de un peque o grupo de agitadores que esa noche provoc destrozos en el centro de la ciudad ante la llamativa ausencia de fuerzas policiales, el asesinato de un estudiante y la reacci n del gobierno frente a ese hecho, marcaron un giro que marc de manera permanente las actitudes pol ticas de muchos ciudadanos. Para frenar la movilizaci n estudiantil, el gobierno decidi suspender temporalmente los cursos; de esa forma los separaba de su lugar de reuni n natural y dificultaba la realizaci n de asambleas y la organizaci n de las movilizaciones. La medida pareci dar resultado: por el resto del mes de agosto la agitaci n estudiantil desapareci de las noticias y ya parec a frenada cuando los cursos se reanudaron.
No obstante, pronto se ver a que no era as . Al cabo de pocos d as el movimiento se reactiv y volvieron a aparecer las manifestaciones rel mpago, que eran reprimidas duramente por la polic a, hasta que el 20 de septiembre, una manifestaci n de estudiantes frente a la Universidad fue reprimida por la polic a con fusiles de perdigones. Como resultado hubo m s de treinta (30) estudiantes con heridas de diferente gravedad, y dos (2) muertos. A uno de ellos, Hugo de los Santos (estudiante de Econom a de 19 a os), el impacto de un perdig n le produjo una hemorragia interna que no pudo ser contenida porque la polic a no permiti que se acercara una ambulancia. Ante esa situaci n, Susana Pintos, estudiante de Construcci n de 27 a os, sali a la descubierta con un trapo blanco para pedir que se le permitiera el acceso a la ambulancia y tambi n fue baleada con perdigones. Susana falleci al d a siguiente como consecuencia de las heridas (Markarian, Jung y Wschebor, 2008, pp. 150-151).
El episodio provoc una ola de indignaci n que el gobierno procur limitar recurriendo a la censura: prohibi la difusi n de noticias que no provinieran de fuentes oficiales, y as los comunicados de la polic a ocuparon todo el espacio informativo. La prensa que ya hab a armado las p ginas se vio obligada a retirar la noticia y tambi n se le prohibi dejar evidencia de la censura, por lo que fue obligada a cubrir el vac o con otros textos. La curiosa medida se deb a a que la publicaci n de espacios en blanco en la prensa hab a sido una caracter stica durante la dictadura que encabez el Dr. Gabriel Terra entre 1933 y 1938. No cab an dudas que la repetici n de la situaci n en 1968 remover a los recuerdos de muchos testigos de aquella poca y reforzar a la imagen dictatorial que estaba asumiendo el gobierno. Al final la medida logr su objetivo: pese a que la informaci n circul verbalmente por toda la ciudad, la ausencia de testimonios impresos parec a borrar toda huella del episodio y resulta dif cil encontrar en la prensa un relato, siquiera aproximado, de los hechos.
Aunque la prensa estaba amordazada, el ministro Jim nez de Ar chaga debi ir a dar explicaciones al Senado. El episodio quebr al Partido Colorado, al que pertenec a el p residente, pues el ministro fue convocado por senadores que pertenec an al sector batllista del partido, molestos por la violencia de la represi n y afectados por la cantidad de v ctimas y la gravedad de sus heridas. Semanas atr s el ministro hab a explicado el asesinato de L ber Arce con el argumento de que las armas de la polic a eran inadecuadas para enfrentar disturbios civiles, y anunci que pronto la polic a ser a equipada con armas antimotines que, supuestamente, estaban dise adas para no provocar heridas mortales. Pero los hechos mostraron que esa precauci n de poco hab a servido, ya que hubo m s estudiantes muertos. La presentaci n del ministro en el Senado no result particularmente l cida: era un jurista destacado, pero no ten a la habilidad dial ctica de sus interlocutores, que en varias ocasiones lo dejaron malparado. No encontr argumentos para defender las acciones de sus subordinados, pero tampoco present la renuncia (asumir sus responsabilidades pol ticas hubiera sido la salida natural a esa situaci n). Un aspecto importante de esta interpelaci n fue la actitud de uno de los convocantes, el senador Zelmar Michelini: ejemplo de dirigente de la FEUU que hab a pasado a la pol tica integr ndose al sector batllista del Partido Colorado y quien se sinti vivamente afectado por el asesinato de los estudiantes. Cuando llam a sala al ministro para reclamarle explicaciones, afirm que esa colectividad pol tica va a llevar como una mancha permanente la sangre de estos muchachos , y reclam a su partido que condenara los hechos (DSCS, p. 8). Al respecto, no pudo ocultar su frustraci n cuando la mayor a de su partido se abstuvo de tomar una posici n. El silencio del Senado tampoco fue tomado como una muestra de apoyo por el ministro, que tuvo una actitud bastante extra a: aprovechando un intermedio de las sesiones en las que estaba rindiendo cuentas al Senado, se fue del pa s argumentando que se reclamaba su presencia en Europa.
Igual que como ocurri en agosto, nuevamente el Ejecutivo decidi suspender los cursos: no habr a clases hasta el 15 de octubre, y, como medida preventiva, se estableci que el Ej rcito custodiara los locales universitarios para evitar que sorpresivamente los estudiantes decidieran ocuparlos. La medida volv a a poner a las Fuerzas Armadas en medio del conflicto social: esta situaci n ya hab a ocurrido en junio cuando el gobierno decidi militarizar a los funcionarios p blicos que estaban en huelga, teniendo entonces los cuarteles que recibir a esos involuntarios reclutas. En esa oportunidad el Ej rcito hab a sorteado la prueba: las denuncias de malos tratos no los hab an afectado y s lo se refirieron a episodios aislados. Ahora dispon a de los uniformados para custodiar lugares de ense anza, poniendo en contacto a dos grupos potencialmente inconciliables: soldados y estudiantes, pero nuevamente la situaci n se mantuvo controlada y no se registraron incidentes. Cuando todav a los locales universitarios estaban cerrados, el 2 de octubre ocurri la masacre de Tlatelolco, otra expresi n (mucho m s sangrienta a n) de la movilizaci n estudiantil en ese convulsionado a o de 1968; en otra circunstancia seguramente los estudiantes se hubieran lanzado a la calle denunciando el episodio, pero debido a las circunstancias del cierre, solamente hubo una declaraci n de repudio emitida por el Consejo Federal de FEUU.
En ese sentido, la medida de cierre cumpli su objetivo, ya que, al estar privados del acceso a los centros de ense anza, los estudiantes perd an el lugar natural de reuni n. Al reanudarse los cursos ya estaba cerca el final del a o lectivo y la mayor a de los estudiantes se desmovilizaron apremiados por las exigencias acad micas.
El camino hacia el autoritarismo
Se ha dicho que ning n estudio de historia est completo si no se anuncia qu pas despu s. En este caso, los efectos de los conflictos de 1968 pueden clasificarse en dos grupos. Por un lado, las consecuencias directas para los principales involucrados, y en otra mirada m s amplia, el impacto sobre la sociedad en su conjunto.
Los estudiantes ten an pocos xitos para celebrar al terminar el a o. Ciertamente su movilizaci n no hab a tenido reclamos espec ficos, pero se convirtieron en portavoces de los sectores m s afectados y la din mica de su movilizaci n termin eclipsando las acciones de los directamente interesados. La experiencia reconfigur el movimiento y, si por un lado promovi nuevas incorporaciones como los j venes cat licos posconciliares, tambi n hubo otros que, desencantados con las pr cticas de negociaci n pol tica, comenzaron a acercarse a la guerrilla urbana, convencidos de que no ten a sentido enfrentar s lo con piedras las armas de la polic a. Los estudiantes ser an vistos por los obreros sindicalizados como sus firmes aliados, pero el gobierno los incluir a definitivamente entre los grupos peligrosos .
Para la polic a, los estudiantes se convirtieron en un enemigo a someter y present los enfrentamientos como batallas en las que solo cab a vencer . Para se alar sus xitos (y disfrazar sus errores) cont con el apoyo de un gobierno que ir nicamente inclu a como responsable pol tico de la represi n a la misma persona que hab a sido un tenaz defensor de la ley que ahora violaba flagrantemente. Al igual que los estudiantes, el movimiento sindical sufri duros golpes: tuvo que soportar la congelaci n de salarios y las limitaciones a la negociaci n colectiva. Pero pudo superar con xito lo que pareci la prueba m s dif cil: la unidad sindical hab a superado la prueba y permanec a firme luego de un a o de duros ataques y pronto recompuso su agenda de reivindicaciones. Algunos de los promotores de la represi n desaparecieron prontamente de la escena, como es el caso de Jim nez de Ar chaga, quien se fue para Europa en octubre y ya no volvi : en diciembre envi una nota con su renuncia. Algo similar hab a hecho pocas semanas antes el jefe de Polic a, el coronel Aguirre Gestido, quien para muchos era el responsable de la brutalidad policial. En definitiva, ni el ministro, ni el jerarca policial designados en mayo de 1968 segu an en sus cargos seis meses despu s.
Luego de los episodios de ese a o, la figura del presidente Jorge Pacheco Areco dominaba el escenario. Era un dirigente pol tico de escaso relieve hasta mayo, pero despu s de lo sucedido nadie negaba que era el promotor del giro autoritario del gobierno. Algunos incluso comenzaron a llamar pachecato al r gimen, una forma pol mica de asimilarlo al M xico de Porfirio D az.
Es cierto que, con una mirada a m s largo plazo pueden se alarse algunos cambios m s permanentes. El protagonismo del movimiento estudiantil en ese a o aparece como un emergente de cambios mucho m s profundos. Era claro que la normalidad pol tica hab a sufrido un duro golpe; la tradicional excepcionalidad pol tica del Uruguay desapareci , el estado de excepci n se convertir a en permanente y los uruguayos comenzaron a vivir las pr cticas comunes de las dictaduras latinoamericanas. Esta nueva situaci n tambi n impact sobre los partidos pol ticos; los sectores conservadores se unieron por encima de sus diferencias partidarias para llevar adelante una pol tica com n, unificando as a la derecha. De esta forma las disidencias que asomaron en 1968 se fueron profundizando hasta que, antes de las elecciones de 1971, un grupo de legisladores se separaron de esos partidos para formar el Frente Amplio . A algunos de ellos la dictadura que se instal en 1973 les cobr caras sus opciones: en 1976 Zelmar Michelini fue asesinado en Buenos Aires con la complicidad de la dictadura uruguaya junto con un dirigente blanco, H ctor Guti rrez Ruiz; por su parte Carlos Quijano, director del semanario Marcha, falleci en su exilio mexicano en 1984.
En este a o crucial de 1968, la actitud de las FF. AA. gener mucha confusi n, lo que tuvo consecuencias muy graves, ya que sirvi para enmascarar su avance hacia el golpe de Estado que ocurrir a cinco a os despu s. En aquel momento no acompa los desbordes de la polic a y mantuvo una actitud entre legalista y prescindente, a medio camino entre la disciplina y el respeto a la Constituci n. Esto robusteci la confianza en el car cter civilista del Ej rcito; pero los a os siguientes mostrar an que este apego a la legalidad depend a m s de quienes ejerc an el mando que de la idiosincrasia institucional. Imperceptiblemente, la situaci n hab a cambiado radicalmente a fines de 1968 cuando dejaron de incidir los dos generales m s influyentes del grupo legalista : el Gral. Santiago Pomoli, que falleci , y el Gral. L ber Seregni, que pas a retiro por desacuerdos con la pol tica del ministro de Defensa. A partir de entonces comenz un r pido proceso que, con el consentimiento del poder pol tico, llev a la designaci n de jefes considerados golpistas . De esta forma, en el a o 1973, cuando se produjo el golpe de Estado que instaur la dictadura en Uruguay, no hubo ning n jefe que se opusiera a los movimientos golpistas y el ej rcito legalista qued en el pasado.
De esta forma, a partir de 1968 el orden constitucional fue deterior ndose gradualmente; el estado de excepci n ya convertido en permanente ambient la instalaci n del terrorismo de Estado que comenz a actuar cuando a n no hab a culminado el mandato del presidente Pacheco Areco. Esta gradualidad hace que el tr nsito de la democracia a la dictadura instalada formalmente desde 1973 en Uruguay, no est marcado por el gesto configurador de un nuevo orden pol tico, sino que aparece como un lento y progresivo recorrido que reci n comenzar a a revertirse con la instalaci n de un gobierno constitucional en 1985.
Referencias
Alfaro, H. (1970). Una larga marcha. En Antolog a de Marcha (1939) (pp. 7-52). Biblioteca de Marcha.
Ardao, A. (1962). Racionalismo y liberalismo en el Uruguay. Universidad de la Rep blica.
Ba ales, C. y Jara, E. (1968). La rebeli n estudiantil. Editorial ARCA.
Constituci n de la Rep blica Oriental de Uruguay [Const]. Arts. 11 y 168. 2 de febrero de 1967 (Uruguay)
De Sierra, C. (1990). El semanario Marcha: una conciencia de la fragilidad nacional en un contexto internacional amenazante (Uruguay, 1939). Am rica. Cahiers du CRICCAL, 4(5), 333-346.
Demasi, C. (2019). El 68 uruguayo. El a o que vivimos en peligro. Ediciones de la Banda Oriental.
Markarian, V., Jung, M. E. y Wschebor, I. (2008). Asociaci n de Estudiantes de Montevideo (1893-1909). Historias universitarias. https://historiasuniversitarias.edu.uy/wp-content/uploads/2018/04/Asociacion-de-Estudiantes-de-Montevideo_Congreso-1908.pdf
Nahum, B. (1998). La poca batllista 1905-1929. Ediciones de la Banda Oriental.
Nahum, B., Frega, A., Maronna, M. y Trochon, Y. (1990). El fin del Uruguay liberal: 1959-1973. Ediciones de la Banda Oriental.
Oddone, J. y Paris de Oddone, B. (1971). La universidad uruguaya del militarismo a la crisis (1885-1958). Universidad de la Rep blica.
Quijano, C. (14 de junio de 1968). La protesta estudiantil. Marcha. https://anaforas.fic.edu.uy/jspui/handle/123456789/1970
Real de Az a, C. (1984). Uruguay. Una sociedad amortiguadora? CIEDUR-Ediciones de la Banda Oriental.
Rodr guez, H. (1965). Nuestros sindicatos. Ediciones Uruguay.
Van Aken, Mark. (1990). Los militantes. Historia del movimiento estudiantil universitario uruguayo hasta 1966. Fundaci n de Cultura Universitaria.
Varela Petito, G. (2002). El movimiento estudiantil de 1968. El IAVA, una recapitulaci n personal. Ediciones Trilce.
Prensa de Montevideo
BpColor (agosto 1968). Diario cat lico. Editor: Edgardo Saj n.
Marcha (1968). Semanario independiente. Director: Carlos Quijano. https://anaforas.fic.edu.uy/jspui/handle/123456789/4852