Aproximaciones a la noción del Conflicto Armado en Colombia: una mirada histórica
Approaches to the notion of Armed Conflict in Colombia: A Historical perspective
Germán Carvajal1
Margarita Inés Lopera2
Martha Isabel Álvarez3
Sandra Milena Morales Mantilla4
José Alexander Herrera Contreras5
Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD
Resumen
El presente artículo de investigación, tiene como propósito desarrollar una propuesta conceptual, alrededor de la noción del Conflicto Armado en Colombia. La construcción del concepto surge en el marco del desarrollo de un proyecto de investigación. 6 En la primera parte se desarrolla la noción del conflicto armado en Colombia, situando un inicio histórico en el siglo XIX, en cuyo recorrido se ubican causas económicas, sociales y políticas que confabularon para dar origen, y sostener el conflicto por más de un siglo; Para posteriormente establecer el surgimiento de los grupos guerrilleros, FARC y ELN (1960-1970) como un acontecimiento en donde las condiciones estaban dadas para su surgimiento. En la segunda parte se aborda la noción de actores del conflicto, el cual se articula desde un recorrido histórico y social, con el repaso de algunos testimonios de personas, civiles y militares, que tuvieron participación en el periodo comprendido como el “surgimiento de la violencia” en Colombia.
Palabras clave: Conflicto, actores, Colombia, grupos insurgentes, posconflicto.
Abstract
This article research aims to develop a conceptual proposal, around the notion of armed conflict in Colombia. The construction of the concept comes under the development of a research project. In the first part the notion of armed conflict in Colombia is developed, placing a historic home in the nineteenth century, whose range economic, social and political causes which conspired to give rise, and sustain the conflict for more than a century are located; To further establish the emergence of guerrilla groups FARC and ELN (1960-1970) as an event where the conditions were ripe for the rise. In the second part the notion of actors in the conflict, which is built from a historical and social tour, with a review of some testimonies of people, civilian and military, to have participated in the period as the “emergence of addresses violence “in Colombia.
Keywords: conflict, actors, Colombia, insurgent groups, post-conflict
Recibido: 07 de marzo de 2015
Aceptado: 27 de mayo de 2015
Introducción
Esta investigación sobre las condiciones de posibilidad de una ruta civil para el posconflicto, desde la perspectiva de los actores del mismo, requiere como campo preparatorio de su desarrollo teórico y metodológico, un examen previo, aunque sea en sus rasgos generales, del concepto de conflicto en el contexto colombiano. Para efectos del desarrollo de este examen o caracterización general del conflicto armado en Colombia, tomaremos como guía la pregunta ¿Qué significa la expresión “conflicto armado en Colombia”?; nuestro decurso será, obviamente, el esfuerzo por responder, en sus líneas generales, esta pregunta.
Es preciso decir que la fuente primera de esta expresión y sus términos asociados o derivados, la que los pone en boga en el habla cotidiana de las diversas instituciones y el público en general, son los medios de comunicación. A partir de este postulado, la respuesta inmediata que damos a esta pregunta -por razones de método- la podemos tomar del argot mediático: la frase en cuestión, empleada frecuentemente en los medios de comunicación, hace mención a una guerra civil de poco más de cincuenta años de duración, guerra la cual, a la fecha, aún continúa en desarrollo. Ahora bien, es sabido que, también, a partir de este concepto, cuya precisión no discutiremos por ahora, se han derivado otros, en los últimos años, tales como “actores del conflicto”, “víctimas y victimarios” y, más recientemente, “posconflicto”. El término “actores del conflicto” presupone que el conflicto es un proceso en el que, quienes están involucrados, actúan, o sea, el conflicto es un proceso que determina papeles para ser actuados. Los actores del conflicto son aquellos quienes han jugado un papel en el proceso. Por su parte, los términos víctima y victimario, vienen a ser algo así como dos papeles actuados en el desarrollo del conflicto. Finalmente, el término “posconflicto” refiere a un período inmediatamente después de la terminación del conflicto, período caracterizado principal y, obviamente, por el cese definitivo de hostilidades. El posconflicto, como fin del conflicto, es el fin de la guerra.
El conflicto armado en Colombia, en tanto la guerra civil de más o menos cincuenta años, es un fenómeno social, y en tanto fenómeno, puede ser abordado al menos de dos maneras: una, en la descripción de sus características manifiestas; otra, en el conocimiento de sus causas. La primera forma de abordarlo, descriptiva, muestra y señala aquellos rasgos protuberantes del fenómeno, los hechos manifiestos, las acciones bélicas y sus consecuencias inmediatas como las muertes, las masacres; también los testimonios de los actores, así como las estadísticas de desplazamiento de poblaciones, las capturas de prisioneros, la liberación de los mismos, las treguas, el armamento, los pactos y alianzas de los actores armados con otros sectores, etc. Vale decir que los medios de comunicación han hecho de esta forma de abordar el conflicto su forma fundamental, pero también como una forma sesgada, es decir, filtrada por directrices oficiales, estatales y gubernamentales. En la segunda manera de abordarlo se presupone que el conflicto armado en Colombia, en tanto fenómeno social, es algo que se manifiesta como un efecto, es decir, un hecho o conjunto de hechos susceptible de ser explicado mediante su remisión a otro conjunto de hechos o procesos diferentes de él mismo, pero que lo condicionan en su existencia. Es menester señalar, no obstante, que en tanto se trata el fenómeno social, en este caso el conflicto armado, como un proceso de desarrollo de papeles sociales, por actores, la investigación también apunta a deducir las reglas de comportamiento que constituyen esos papeles sociales; así, el fenómeno, más que un comportamiento causalmente determinado, se lo toma como una acción guiada por normas tácitas. En cualquiera de sus dos variantes, esta segunda forma de abordar el conflicto ha sido la de las ciencias sociales, que tienen su nicho de desarrollo básicamente en la academia.
Digamos que las dos maneras anteriormente señaladas de abordar el conflicto armado en Colombia son dos enfoques con alcances distintos, en términos del espectro poblacional que accede a ellos. El primero, el que detalla por diversos medios, escritos y audiovisuales, lo protuberante de los hechos inmediatos del conflicto, las acciones bélicas y sus consecuencias inmediatas, este enfoque, monopolio en principio de los medios periodísticos, constituye maneras de comprender e interpretarel fenómeno que son de fácil acceso a grandes núcleos poblacionales, por circular justamente por los medios de comunicación para masas: la televisión, la radio y la prensa, principalmente. Este conjunto de interpretaciones surgidas en el medio periodístico, y puestas a circular en los grandes núcleos poblacionales, por medio de los grandes circuitos audiovisuales de la industria de las telecomunicaciones, es lo que usualmente se denomina como “opinión pública”. El segundo enfoque, monopolio en principio de la academia, enfoque construido a partir de las metodologías de la investigación en ciencias sociales, es un enfoque cuyo impacto en los núcleos poblacionales es restringido, por el hecho de que sus informes, además de estar compuestos en un lenguaje denso, esotérico incluso, suelen dirigirse a comunidades científicas, principalmente.
Estos dos enfoques no sólo se distinguen en cuanto al tipo de intereses que los motiva, los tipos de causas que los determinan, el espectro poblacional al que llegan sus respectivos discursos, el lenguaje en el que se construyen, sus sendas metodologías y canales de distribución, incluso, sino también en cuanto a lo que tiene que ver con sus sendos valores de verdad. La “opinión pública”, por su carácter de opinión, justamente -y aunque el periodismo suela vociferar sobre vagos compromisos con la verdad y la objetividad-, tiene un valor de verdad reducido, frente al discurso científico, pues su pretensión, antes que ser la explicación de un fenómeno, es la puesta en circulación, rápida e inmediata, de versiones e interpretaciones sobre el hecho (información), para producir una versión promedio sobre el mismo, independientemente de sus condiciones de objetividad. Al periodismo no le interesa el saber sino la opinión, y más precisamente el mantenimiento de una tendencia en las opiniones. Desde hace más de dos mil años, es claro que la opinión y el saber tienen valores distintos, y que la primera, de coincidir alguna vez con la segunda este hecho no obedece a que tengan la misma estructura, sino por mera coincidencia. El que cree no necesariamente conoce, así como el que opina no necesariamente sabe.
Esta consideración, respecto del valor de verdad de la opinión generada en los medios de comunicación, obedece al hecho de que la presente investigación toma los términos con los que se formula su tema de la corriente misma de los discursos que circulan en la opinión pública: conflicto, posconflicto, actores del conflicto, víctima, victimario. En este orden de ideas, es menester someter estos términos a un análisis previo, antes de emplearlos como reglas de discernimiento para el abordaje de los hechos que nos interesa determinar.
I. La noción de “conflicto armado en Colombia”
Volvamos ahora a la definición preliminar del término “conflicto armado en Colombia”, definición esta que, en un principio, asumimos como la guerra interna entre fuerzas armadas del Estado y grupos armados insurgentes, que ha corrido entre inicios de los años sesenta del siglo pasado y la actualidad. Lo primero que hemos de examinar es el corte temporal, el lapso de tiempo que, en los medios, se computa en medio siglo. ¿A qué obedece este corte temporal tan publicitado? Obedece al tiempo de existencia del grupo insurgente FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), una de las fuerzas armadas contendientes en el conflicto; su existencia data de 1962, mientras que la fecha de creación y entrada en acción de la otra fuerza irregular contendiente, el ELN (Ejército de Liberación Nacional), es más tardía.
Este criterio de demarcación del lapso de tiempo del conflicto armado tiene la siguiente implicación: que el conflicto armado es un hecho que se ha dado por la existencia de las FARC, toda la carga causal, por decirlo de alguna forma, está puesta en este actor armado, en la insurgencia. Esto ha conducido al siguiente axioma: en Colombia ha habido conflicto armado porque ha habido insurgencia, pues la existencia de ésta es la determinante del conflicto armado. Por otra parte, también hay otra implicación: la idea de que el conflicto armado se suscita por la existencia de uno de los actores, es una idea originadadel lado del otro actor, el las élites que controlan el Estado. El Estado, con su potestad de control del territorio, su estructura tripartita de poderes, el monopolio de la fuerza armada, pretende su erección como una entidad neutra, que entra en el conflicto por reacción a una agresión en su contra.
Esto ha tenido un reflejo en el imaginario mediático de la opinión pública: el conflicto es un enfrentamiento militar, sangriento, permanente y prolongado, entre tropas regulares de las fuerzas armadas nacionales y la insurgencia armada; en este orden de ideas, logrado un tratado de paz, mediante la disolución del cuerpo militar de la insurgencia, cesarán las hostilidades y, entonces, se iniciará el llamado posconflicto. En el imaginario mediático, que suele ser el del ciudadano promedio, la única condición de posibilidad para el logro de este objetivo de cesación de hostilidades es la llamada “voluntad de paz”. Es decir, que el imaginario mediático funda la posibilidad del logro del objetivo de la terminación del conflicto en una condición meramente moral: que los actores armados, más puntualmente, la insurgencia quiera cesar las hostilidades.
Esta condición moral con la que se inviste el origen del conflicto, tanto desde el Estado como desde los medios de comunicación, es el fundamento de una narrativa implícita en los discursos mediáticos mismos sobre el fenómeno: unos hombres violentos, un día -hace más o menos cincuenta añosdecidieron, espontáneamente, levantarse en armas contra el Estado, contra los colombianos, y han cometido toda clase de vejámenes que incluso van contra el derecho internacional humanitario, y luego de más de cincuenta años de barbarie generada por estos grupos, ha llegado la hora de que entren en razón y cesen su siniestra empresa; el país lo clama, así como el mundo entero.
Esta narración que funda todo tipo de propaganda oficial, desde hace más de una generación, es, en resumidas cuentas, un mito, es decir, una estructura mental generada a partir de una larga tradición de discursos que, desde el lado del poder dominante, explica la situación presente y por qué ha de acabarse. Ahora bien, el mito en cuestión, para el que el origen del problema es un acto voluntario, reparte de forma maniquea las calidades morales sobre las que funda su narración: del lado de la bondad está la patria y sus representantes; del lado de la maldad los alzados en armas. Esta hiperinflación del constructo imaginario de la nación amenazada en tanto patria, a lo largo de medio siglo, ha permitido la impostación de un enemigo interno a la propia nación, ya que estos grupos alzados en armas se califican como “enemigos de los colombianos”. Por otra parte, lo que opera el mito, al ubicar -para quien lo acepta como válido- en un acto voluntario, unilateral y malvado, de parte de los alzados en armas, el origen del problema, es cortar de raíz su fundamento socio-histórico.
Ahora bien, en tanto el lapso de tiempo de cincuenta años es relativo a la existencia de las FARC, uno de los actores del conflicto, esto implica, además de lo anterior, de manera inversa, que antes de la existencia de este grupo insurgente, no había conflicto armado, lo cual es manifiestamente falso. Es sabido que, antes de la emergencia de las FARC en el escenario nacional, como fuerza armada en contra de las fuerzas regulares del Estado, gobiernos anteriores al de Guillermo León Valencia (gobierno en el que se dio la creación de las FARC) habían estado realizando procesos de desmonte de fuerzas armadas de origen campesino, algunas de ellas adscritas a banderas de origen gaitanista, o con filiación al Partido Liberal, también guerrillas de filiación comunista, todas ellas con origen en el llano, las liberales principalmente, y en el Tolima y el viejo Caldas las otras. (Sánchez G. Meertens D. 1983. Pg. 221) Estas guerrillas, ya antes del comienzo de los años sesenta, vale decir que desde finales de los cuarentas, estaban enfrascadas contra las fuerzas del Estado en luchas como la guerra de Villarrica en el Tolima. (Aprile G, J.1991. pg. 12)Por tanto, el conflicto armado en Colombia es algo que trasciende la existencia de las FARC, y entonces no está necesariamente vinculado a la existencia de este grupo; esto nos lleva a concluir, de manera inmediata, al menos, dos cosas: una, que la manifestación del conflicto armado no está atada, de forma necesaria, a la existencia de los grupos insurgentes contemporáneos (FARC, ELN); y que por tanto, la desaparición de estos grupos puede no necesariamente significar la terminación del conflicto armado, y entonces, de ser así, los grupos insurgentes contemporáneos serían sólo la instanciación de un proceso de conflicto mucho más antiguo y de más larga duración que ellos. Otra, que la definición de conflicto armado en Colombia, como la guerra que se libra desde hace cincuenta años entre tropas irregulares y las del Estado, debe ser cambiada.
Podemos decir que ha sido una condición endémica al Estado colombiano, estar enfrascado en guerras entre grupos armados durante largos períodos de tiempo, prácticamente desde el inicio mismo del siglo XX, con la Guerra de los Mil Días.7 Si el conflicto armado es algo que trasciende la existencia misma de los grupos insurgentes, entonces es algo inherente al proceso mismo de la población y su relación con el Estado. En general, todo Estado es una organización de tipo administrativo y político con base en la cual se configura una nación, es decir, se le da una cohesión administrativa, política y económica a una población dentro de los límites de un territorio. Hasta el presente, y desde el siglo XVI, ésta ha sido la tendencia de organización de las sociedades.
En la constitución de las sociedades modernas, el Estado ha brotado como el factor de estabilidad en el maremagnum del conflicto de intereses que se gesta, en el seno de la población, como producto del desarrollo del capitalismo. El estado es el modo como se logra dar una estabilidad relativa al hervidero crítico de intereses que se cruzan en el seno de un territorio en el que rige el capitalismo en alguna de sus formas. El Estado es una estructura política y administrativa, montada sobre un cause económico; y esta estructura política y administrativa da una orientación al cause económico por el que se rige el desarrollo de la población. Por otro lado, el Estado es una estructura que se construye paulatinamente y que posibilita, al mismo tiempo, que en el decurso del conflicto de intereses que bullen en el seno de la población, haya una clase dominante, de la cual brota la élite dirigente que tiene la capacidad de organización y gobierno del Estado. En la base misma del origen de un Estado está el conflicto, y esta estructura político-administrativa no elimina el conflicto, sino que lo canaliza en diversas expresiones, incluso puede que lo reprima dejándolo invisible, silencioso.
El conflicto armado es una de las formas más escandalosas y onerosas del conflicto; en muchas teorías del origen del Estado burgués, por ejemplo en la clásica teoría de Hobbes, el Estado monopoliza la violencia para poder crear un clima de paz entre los particulares, en la medida en que éstos resignan su capacidad de violencia a nombre del Estado; sin embargo, es cierto que el monopolio de la fuerza, si bien es una meta imaginaria de la filosofía política, en realidad en muchas sociedades modernas dicha meta imaginaria sólo consiste en un ideal regulativo pero nunca en una realidad alcanzada ni siquiera promedialmente. Dentro del seno de la población en la que hierven los intereses reales de clases, grupos, comunidades e individuos, en muchas sociedades contemporáneas, el uso de las armas no es exclusivo del Estado; así encontramos, por ejemplo, el fenómeno del crimen organizado en muchos países del mundo, entre ellos Colombia; este fenómeno se caracteriza por manifestarse en empresas de negocios ilícitos y altamente rentables, las cuales recurren permanentemente a la violencia para dirimir sus conflictos de intereses. El crimen organizado no tiene motivación política, sólo económica; pero donde florece el Estado le facilita sus procesos de acumulación de lucro ilícito. En el crimen organizado, el capitalismo muestra su otro yo, su otra cara, su cara no lícita, salida del curso jurídico que caracteriza al propio Estado en la sociedad capitalista; pero al mismo tiempo este lado obscuro del capitalismo es algo así como su propia pasión secreta, su pasión inconfesa, intolerable a la luz pública, reprimida por ello a los confines del sueño donde no hay otra ley que el deseo soterrado.
Pero esta pasión obscura muchas veces no se contenta sólo con ser la otra cara no mostrable por esconder deseos obscenos, esta pasión puede hacerse presente, puede asomar el rostro, correrse el velo y darse las mañas de ganarse un puesto en el escenario de los procesos que agencia el propio Estado.
La pasión, justamente, puede volverse -como toda pasión burguesa- un pasatiempo; pues el crimen organizado, tan rentable y por ello mismo, puede existir en la sombra al abrigo del propio disimulo del Estado, recordando de cuando en cuando que el monopolio de la fuerza y la violencia, por parte del Estado, sólo es un ideal edificante de la filosofía política burguesa.
Pues bien, digamos que el conflicto armado, cuando se da al interior de una nación, manifiesta la incapacidad de un Estado por hacerse plenamente con el monopolio de la fuerza y la violencia para poder dar unidad al territorio y controlar el desarrollo de la población. Y cuando se hace referencia al Estado como un sujeto, es decir, la manera misma de referirnos que estamos empleando, se lo trata como una entidad autónoma: “el Estado no es capaz”; “el Estado tolera”, etc., forma incorrecta de expresarse, pues el Estado no es un sujeto; es, en realidad, el efecto político administrativo del proceso por el cual una clase social y su élite política dirige los procesos económicos, sociales, políticos y culturales, mediante estrategias administrativas e institucionales, para controlar el decurso del proceso de la vida de la población a la que esa misma clase pertenece, y que habita permanentemente el territorio.
Por tanto, el conflicto armado interno en una nación expresa un determinado estado, una determinada condición, de esa clase dominante y su élite política; y en este orden de ideas, podemos decir que el conflicto armado interno, que Colombia ha vivido desde el propio comienzo del siglo XX, es la resolución violenta constante de un cúmulo permanente de tensiones, irresolubles por vías pacíficas, entre los intereses inherentes a las clases dominantes y otros grupos poblacionales, en el proceso de constitución del Estado político territorial. Esas tensiones, o choques, entre grupos se caracterizan por sus rasgos predominantemente políticos y económicos; el conflicto fundamental, el choque, tiene causas económicas, en la medida en que se involucra la tenencia de la tierra; pero igualmente se manifiesta como un proceso político en la medida en que se trata de un conflicto en el que se involucran, en ese proceso económico, organizaciones sociales, insurgencias, e instituciones armadas del Estado político territorial. El conflicto armado en Colombia es la expresión política de profundos choques económicos por el control de la propiedad territorial.
II. La noción de “actores del conflicto”
Cuando nos referimos a los actores del conflicto, estamos presuponiendo que el fenómeno social es una acción. Como es sabido, podemos tratar los fenómenos sociales bien como meros comportamientos, bien como acciones. Es en el sentido de acciones sociales que hablamos de actores del conflicto. En tanto que se trata de una acción, el fenómeno social se considera orientado por normas de comportamiento, y en tanto que las normas cobran realidad en el comportamiento de los individuos, hacen de éste una acción. Visto pues, el conflicto armado, como un tipo de acción social, podemos intentar caracterizar acciones orientadas por normas implícitas en ellas y, por ende, definir unos actores. Sin embargo, la definición del conflicto armado a la que hemos llegado, al final del acápite anterior, nos pone un problema que hemos de solucionar primero antes de seguir adelante. Repitamos la definición: el conflicto armado en Colombia ha sido la resolución violenta constante de un cúmulo permanente de tensiones, irresolubles por vías pacíficas, entre los intereses inherentes a las clases dominantes y otros grupos poblacionales, en el proceso de constitución del Estado político territorial.
Esta definición nos presenta el conflicto armado como un proceso social entre grupos, comunidades, clases sociales, incluso. Si hemos de considerar los actores del conflicto, hemos de tomar estos grupos como actores, es decir, como sujetos, cuando en realidad el término de “actor” propiamente es un término que remite a individuos, a sujetos. Es el individuo el que realmente actúa en el fenómeno social. Sin embargo, el conflicto armado ha sido un proceso endémico a lo largo de la vida del Estado territorial en Colombia, y en tanto proceso que puede ser comprendido por un saber, no es una entidad que pueda reposar en la voluntad individual.
Si bien es cierto que el grupo, la clase, la comunidad no son sujetos, también es cierto que el individuo es sujeto porque pertenece siempre a algún tipo de grupo, comunidad, clase social, es reconocido allí como miembro, su personalidad es apropiada por el grupo y en él adquiere su identidad. Por consiguiente, cuando hacemos mención a los actores, bien podemos hacer remisión a individuos, pero en tanto son representantes medios de algún grupo, comunidad o clase social; no los podemos tomar a título de individuos autónomos que obran por la sola determinación de su voluntad singular, pues no es una gesta heroica, fundante, mítica, de lo que aquí se trata, sino de un proceso social.
Por otra parte, el conflicto armado es, en realidad, una guerra. Y la guerra es un escenario para la acción de los actores, la guerra es la sumatoria de un cúmulo de acciones que, de forma directa o indirecta, tienen su manifestación protuberante en la acción armada, el enfrentamiento bélico, que es, en últimas, el aspecto del fenómeno que, sino de forma exclusiva, principalmente, es el interés del periodismo y su opinión pública. Si hemos pensado el conflicto armado como la resolución violenta de tensiones entre grupos de determinada índole, a lo largo de un período extenso de la historia de Colombia, y que cada individuo es representante medio de su grupo, es menester, por mor de la precisión, decir que igual que ocurre con el grupo y el individuo, lo mismo pasa con el Estado: éste no es un actor, porque el Estado no es un sujeto que pueda hacerse soporte de un comportamiento que exprese una identidad colectiva.
El Estado es una estructura, un proceso que corre como una organización compuesta por estrategias de gobierno, instituciones, códigos normativos, equipamientos técnicos, locaciones, etc., cuyo objeto es orientar las dinámicas propias de la población que habita un territorio, mediante el control de, por lo menos, tres procesos: la legislación, la administración de justicia, la seguridad. Esta estructura involucra, para sus procesos, personas; y son éstas quienes actúan en el agenciamiento de los procesos del Estado territorial; pero, como quedó dicho atrás, las personas pertenecen, a su vez, a una clase, un grupo, un gremio, etc. Esta pertenencia es determinante, pues para el agenciamiento de los procesos estatales las personas o bien toman decisiones o bien siguen directrices emanadas de decisiones previamente tomadas, y en particular, en este último caso, en el que se trata de la toma de decisiones, en lo que propiamente se denomina como la política, la pertenencia a un grupo en el que se estructura la identidad es fundamental.
En tanto el Estado es el efecto de procesos de control y dirección de los destinos de la población en el territorio, por parte de una clase dominante, el Estado cobra un estatuto de orden simbólico e imaginario al mismo tiempo, y este estatuto, a su vez, cobra cuerpo en las conductas de unos individuos; esto significa que el Estado no es un actor, es un medio para la acción; y en tanto las acciones, referidas directamente al Estado, están determinadas por decisiones de una clase política dominante, en este orden de ideas, para continuar con la noción de “actor”, el primer actor a considerar es esa clase que ejerce su poder por mediación del Estado. Pero el término “actor”, además, remite a un libreto, es decir, un repertorio normativo para la acción, y este repertorio ha de estar constituido a partir de condiciones dadas a los actores o decididas por éstos.
Así, por ejemplo, desde un comienzo, la insurgencia fue la respuesta campesina a situaciones previas, entre ellas la agresión armada: es sabido que, en las décadas anteriores a los años sesenta, antes del llamado Frente Nacional, la violencia estuvo también determinada, en parte, por un proyecto político que consistió en el intento de eliminar a uno de los partidos que, hasta entonces, habían compartido el poder, el partido liberal. Este elemento atizó, en buena medida, el desarrollo de las acciones y movimientos, tanto de parte de los jefes políticos, locales y nacionales, como de parte del campesinado mismo.
Por otra parte, el despojo de tierras a los campesinos, por parte de élites terratenientes, ha sido también un proceso importante, fundamental, en cuanto causa del conflicto mismo. ¿Qué relación guardó inicialmente la violencia partidista con el despojo de tierras? Aparentemente, la violencia partidista fueun acontecimiento que coincidió con el otro suceso, el del despojo de tierras, para luego integrarse en un solo proceso. Pero también puede pensarse que, desde un comienzo, ambos fenómenos formaron parte de un solo proceso, proceso de despojo de tierras tramitado a través del conflicto banderizo. (Hobsbawm E. 2001.pg.237) En cualquiera de los dos casos, tenemos elementos dados que determinan un repertorio de decisiones, tanto de los terratenientes y la clase oligárquica en el poder, como de los campesinos afectados por esas decisiones. Pero, también, tanto en un caso como en el otro, las oligarquías de la época jugaron un papel nada despreciable, pues es la oligarquía la que pone las condiciones para suscitar el conflicto banderizo y la que, a su vez, determina el proceso de despojo.
Desde el siglo XIX, las clases dominantes, en Colombia, se vieron enfrascadas en guerras intestinas por el reparto del control del Estado mismo; la reorganización del Estado territorial de los llamados Estados Unidos de Colombia, conocida como el período de la Regeneración conservadora es manifestación de ese proceso de las oligarquías de fin del XIX y comienzos del XX por asegurar su control sobre el Estado; y en este proceso, el conflicto, la confrontación armada que involucró a los sectores de la población campesina y proletaria, como ocurrió luego en el siglo XX y ocurre aún, este proceso de confrontación se manifestó igual en aquel tiempo como hoy de manera virulenta.
La Regeneración, liderada por el grupo de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, que dio origen a la Constitución Política de 1886, que fue reemplazada por otra 105 años después, en 1991, fue una reorganización del Estado territorial que permitió a las oligarquías recomponerse económicamente luego de la crisis en la que había entrado el modelo federado del liberalismo radical; el nuevo Estado -como se sabe- dio forma a la república unitaria y centralizada; y estableció un concordato con la sede papal de Roma; en este proceso de recomposición del Estado, se suscitó la última guerra interna del siglo XIX en Colombia, y la primera del XX, la Guerra de los Mil Días.
Esta guerra manifestó, en la aurora del siglo XX, los rasgos de un conflicto fundado en motivaciones políticas y económicas que afectó la estructura del Estado colombiano, así como a la estructura económica y social de la nación. Su origen está en el seno de la oligarquía misma, en sus desacuerdos inconciliables por otra vía que no fueran las de la confrontación armada; pero al mismo tiempo, esos desacuerdos, como lo fue puntualmente la segregación que hizo de los liberales, y aun de sectores importantes del conservatismo (los conservadores históricos), el grupo de Miguel Antonio Caro en el gobierno, esos desacuerdos que condujeron a la guerra implicaban situaciones económicas difíciles para los sectores de élite excluidos del manejo del Estado: los impuestos a las exportaciones del café, por ejemplo; el monopolio estatal del tabaco y el aguardiente; la imposición de moneda única de curso forzoso.
La oligarquía colombiana, en su configuración y su origen, parece ser una oligarquía diversa que no ha podido llevar a cabo un control del Estado con base en un proyecto único; eso caracterizó el decurso de los conflictos en el siglo XIX, la primera mitad del XX, y aún tal vez habría que examinar si ya, efectivamente, a estas alturas, a poco más de cien años de la Guerra de los Mil Días, esa oligarquía ha logrado una cohesión interna que le permita tomar un rumbo consistente en su detentación del poder. En fin, la oligarquía de principios del siglo XX y finales del XIX fue una oligarquía escindida internamente; y esta escisión banderiza, que conllevaba un desastre económico, se reflejó en las capas sociales inferiores sometidas directa o indirectamente a los derroteros de las políticas decididas por esa oligarquía fragmentada.
El partido liberal, expulsado del poder, organizó un ejército de base popular para arrebatar el poder a los conservadores y se embarcó con éstos en una guerra de tres años con la que se inició el siglo XX. La base popular que arrastró el liberalismo hacia su guerra estaba conformada principalmente por campesinos y sus jefes, gamonales y hacendados, que conformaron un conjunto de guerrillas que enfrentaron duramente al ejército regular del Estado. (Jaramillo C. 1991, p. 44). Los liberales constituyeron una especie de tradición de convocar al pueblo campesino en armas, tradición que, luego del fin de la guerra de los mil días, se volvió a manifestar nuevamente, por última vez, en la violencia de medio siglo XX que terminó con la amnistía de Gustavo Rojas Pinilla. (Guillén F. 1996, p. 465).
Con lo anterior ilustramos que si bien la noción de actor puede referir a individuos, no obstante, en relación con los procesos sociales, hay decisiones tomadas colectivamente y obedecidas colectivamente; los actores son, en este caso, más que individuos, colectividades, grupos, clases; en el proceso social son los grupos, las clases, los gremios, los que son soporte del proceso mismo, su substancia. Por supuesto, estas colectividades están conformadas por átomos individuales, por personas, pero estas personas actúan y deciden en función de los intereses de su grupo. También podemos ilustrar esto con algunos ejemplos, tomados del contexto del conflicto armado en Colombia. Un primer ejemplo, puede ser relativo al conflicto armado anterior al surgimiento de las FARC, es decir, hace más de cincuenta años, en el período de transición del gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla al primer gobierno del Frente Nacional. Salido Rojas Pinilla del gobierno lo sucedió una junta militar la cual convocó a las elecciones presidenciales que ganó el liberal Alberto Lleras. Rojas Pinilla, quien gobernó asesorado por los conservadores mismos; durante su mandato había sostenido una política de amnistía y final del conflicto con las guerrillas liberales del llano, pero si bien logró el sometimiento de los guerrilleros del llano, no así el de las guerrillas del sur del Tolima, a las cuales, hasta el final siguió combatiendo. Salido del gobierno, por la presión de la alta burguesía, le sucedió la junta militar de transición que, contrariamente a Rojas, detuvo toda acción contra las guerrillas, generándose así una especie de tregua, una suspensión de la lucha armada.
Un segundo ejemplo, más contemporáneo, se puede dar en la diferencia entre el gobierno de Andrés Pastrana y el de Álvaro Uribe. Pastrana, al comienzo mismo de su gobierno, inició un proceso de diálogo con las FARC, para lo cual creó una “zona de distensión” que consistió, básicamente, en el retiro de las tropas del Estado de varios municipios entre el Caquetá y el Meta. Como se sabe, estos diálogos fracasaron. El sucesor de Pastrana, Uribe Vélez, no llevó a cabo ningún proceso de negociación con las guerrillas, sólo determinó planes de sometimiento llamados “procesos de desmovilización”, los cuales también fueron un fracaso.
Los dos ejemplos anteriores ilustran decisiones de los individuos reales que agencian, como gobernantes, los procesos; pero estos individuos no deciden a título personal: Gustavo Rojas Pinilla, gobernó en comunión con las oligarquías conservadoras y liberales que habían estado combatiéndose mutuamente antes del acceso al gobierno del propio general. De igual forma, la diferencia de actitud ante el conflicto entre Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, refleja una diferencia en el seno de la propia oligarquía, entre dos estilos oligárquicos de gobierno, no entre dos estilos individuales: el primero planteó un proceso dialogado con la insurgencia, en la línea tradicional. El segundo planteó un proceso de sometimiento a la vez que fortaleció la capacidad y autonomía del ejército regular. Pero en ambos casos hay un interés por terminar o minimizar el conflicto en función de políticas económicas determinadas por organismos multilaterales. El Estado, pues, no es un actor del conflicto armado, es la investidura simbólica e imaginaria de grupos de individuos que gobiernan a través de él, grupos de individuos que deciden la orientación a seguir en unas condiciones dadas. Estos grupos de individuos son la base cultural y política para la acción de los individuos que actúan en su nombre.
En cuanto a los grupos insurgentes, contra los cuales los diversos gobiernos han decidido la lucha, la tregua, la amnistía, la negociación, etc., estos grupos, evidentemente, son colectividades de individuos alzados en armas; podemos tomarlos como actores. El hecho de que no forme parte de una estructuraestatal da al grupo insurgente la apariencia de surgir de la iniciativa política de unos individuos; pero esta apariencia de ser la iniciativa de unos individuos se disuelve cuando se describe, aunque sea someramente, el proceso de la violencia política en Colombia.
Este proceso es más antiguo que las FARC, es decir, es un proceso que ha venido desarrollándose por más de cincuenta años; pueden ponerse sus inicios en el gobierno de Mariano Ospina Pérez, a mediados de los cuarenta, pero este comienzo, en realidad, sería arbitrario, pues antes del gobierno de Ospina Pérez, durante los años veinte y treinta, había habido alzamientos importantes de campesinos e indígenas, respectivamente en la región del Sumapaz y el Cauca, en lucha contra los terratenientes cafeteros y ganaderos; los alzamientos del Sumapaz se prolongaron hasta los años sesenta, década de origen del conflicto actual que está en la retórica de los medios (Varela L.; Romero Yuri. 2007).
En la medida en que el conflicto armado tiene un origen casi en los mismos comienzos del siglo XX, en esa medida se disuelve la apariencia de que el grupo alzado en armas tiene su origen en una iniciativa particular, es decir, en la iniciativa privada de unos cuantos individuos con aspiraciones políticas que no pueden ser canalizadas por vías corrientes, democráticas: prácticamente un siglo de levantamientos, en diversas regiones, por cientos, miles de personas, ya no puede ser atribuido a la iniciativa privada, se trata de un movimiento social. Por tanto, si los actores del conflicto que actúan a través de la investidura imaginaria del Estado, las clases dominantes, desarrollan sus acciones basados en las premisas de esa investidura, contrario sensu, los actores del conflicto, alzados en armas, los grupos subalternos o clases inferiores, actúan a través de la cohesión colectiva que da el movimiento social; bajo las premisas de esa cohesión, estos actores no actúan bajo una investidura imaginaria, sino bajo una determinación real.
Hacer referencia a los actores de un proceso social, como el largo y endémico conflicto armado de un siglo, si no es que más, en Colombia, implica hacer la pregunta por las razones o motivos de sus acciones, es decir, los intereses que las fundan. Examinemos dos ejemplos relativos a una de las fases iniciales del conflicto; el primero del año 1948, en la población de Villarrica en el sur del Tolima, en el contexto de la violencia de conservadores contra liberales, durante el gobierno de Mariano Ospina Pérez. El segundo, seis años más tarde, el año 1954, en el mismo municipio del Tolima, Villarrica, durante las acciones contra las guerrilla de Juan de la Cruz Valera, asentadas allí, durante el gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla. Estos dos ejemplos son dos testimonios de sendos actores individuales, cada uno desde su posición determinada por su pertenencia a una colectividad, en el desarrollo de los hechos; el primero es el testimonio de una mujer campesina del pueblo de Villa Rica; el segundo, el testimonio del General José Joaquín Matallana, general del ejército colombiano, al mando de las operaciones militares contra la organización de Juan de la Cruz Varela.
“[...] porque los acontecimientos del 9 de abril comenzaron a cambiar la vida, desatándose una cruel violencia en el pueblo y en la región de Villarrica. Una persecusión terrible a los liberales de parte de los conservadores y respaldados por la policía chulavita. Crímenes tan feroces que francamente para mí es duro recordar, que se veía a diario que los hombres, los verdaderos hombres no podían soportar esta situación. Allí vino un asunto muy raro...que nos hace doler la vida, que los hombres buenos, los hombres honrados, hasta religiosos, como fueron muchos evangélicos, católicos se iban y se enchusmaban con la policía chulavita para denunciar a los hombre firmes, a las gentes revolucionarias o sea liberales. O sea, que no se distinguió esa violencia por respetar niños, niñas, mujeres, nada respetaban. Se había acabado completamente el sentimiento humano.
Yo recuerdo mucho de esto. Recuerdo cuando acusaban al hermano mío de muchos crímenes injustos, entre ellos la muerte de una cantidad de policías en la Aurora y, él trabajando humildemente como era, como un zapatero en el pueblo. Y peluquero también. Él era un hombre inteligentísimo, no tuvo estudios. Toda la agitación de la vida campesina en esos tiempos no dio lugar a que nos dieran estudio. Pero inventaba para solventarse él y para solventar a su familia. Así fue como lo acusaron de crímenes injustos y lo encarcelaron, lo humillaron, lo pusieron a barrer la plaza del pueblo. ¡Que me recuerdo tanto!
Mi madre todavía tenía ideas espiritistas y se puso a alumbrar a los espíritus para ver si se libraba de la muerte, porque a todos los que agarraban en ese tiempo, resultaban en los caños, en las carreteras, al pie del cementerio, muertos torturados, irreconocibles, todos vueltos una miseria. Entonces, yo no digo que fueron los espíritus, yo digo que la naturaleza esa vez nos ayudó y esa vez el salió de la cárcel, por unos amigos que tenía allí en la policía. Entonces él salió y dijo:
“Yo no puedo aguantar esta vida, parece que los hombres se acabaron, aquí no se puede vivir, yo voy a irme. Me voy a ver si puedo volver a este pueblo en otras condiciones, que no sea vivir con tanta injusticia, con tanta humillación...”
Él se fue, yo no puedo decir claramente para dónde, creo que buscó algún movimiento organizado. Parece que estuvo mucho por los lados del Palmar.[...]” Testimonio de Teresa Matiz de Prada.
Lo inmediatamente anterior, es un fragmento de un discurso testimonial más amplio, en el contexto de una entrevista. Sólo extractamos un pedazo, pero nos es suficiente para lo que deseamos ilustrar. ¿Qué podemos advertir en este discurso testimonial, tanto en lo que describe de la situación vivida como de las valoraciones que hace de ella? Primero, la mención a hechos ahora conocidos ampliamente por la historiografía: la violencia de conservadores contra liberales y, además, la fecha onerosa, 9 de abril. Luego la descripción de situaciones personales entremezcladas con juicios de valor. En el desarrollo de la violencia de conservadores contra liberales, las muertes atroces; afirma que le es duro recordar aquello; y además añade algo relativo a los hombres en general: los verdaderos hombres no podían soportar esa situación.
Un hombre de verdad no puede vivir con eso, he ahí una descalificación de la situación que la hace indigna de ser vivida, una justificación de la evasión. El hermano es el primero de la familia que se evade, porque justamente padece directamente la situación. También, en el testimonio, se advierte la dificultad de comprensión de las conductas de ciertos hombres buenos y honrados, hombres religiosos: se aliaron con los conservadores y se dedicaron a delatar a los liberales. La dificultad estriba, justamente en la condición religiosa de esos hombres (católicos y protestantes), condición que, por definición, haría bueno a un hombre. Más adelante, hace una distinción: los hombres buenos y honrados, religiosos, denunciaban a los hombres firmes, revolucionarios, liberales. Hombre bueno versus hombre firme. La religión hace bueno al hombre, pero no lo hace firme y esto es lo que la autora del discurso no puede comprender, la contradicción, aquel asunto “muy raro”. Luego, se deja entrever el escepticismo frente al mundo religioso: el hermano no salió de la cárcel por ayuda de los espíritus, sino por ayuda de amigos que tenía en la policía, añade: fue la naturaleza.
Lo que este testimonio nos deja interpretar, a grandes rasgos, es el choque, la irrupción violenta de una situación, a tal punto que quiebra toda la valoración ordinaria que pueda permitir comprenderla: en un país religioso, un país apadrinado por la fe, incluso la fe del concordato, la fe que hace de la bondad para con el prójimo su consigna, esos hombres bondadosos muestran otra cara, la cara contraria a la doctrina. La muerte y la violencia emanan de fuentes ligadas a la institucionalidad política y la misma policía. Eso no se le hace raro, eso no es incomprensible para la autora; lo incomprensible es el quiebre del hombre religioso. Por tanto, los hombres auténticos habían desaparecido: el hermano, al que admiraba, hombre auténtico por ende, inteligente y trabajador, debió escapar del pueblo; y escapa del pueblo buscando organizarse en la resistencia a la agresión. La situación es una situación en la que se presiona la vida hasta tocar su límite, a tal punto que los valores de la tradición, en los que se ha vivido la vida, quedan suspendidos: es la muerte infringida de manera arbitraria. No es la situación particular de un individuo, es la situación de los individuos en una población, es un proceso de grandes proporciones que toca masivamente a una colectividad de individuos en lo real de ellos mismos, su integridad.
Ese fragmento anteriormente citado pertenece a los años finales de la década de los cuarenta, del siglo pasado, en la región de Villarrica, durante el gobierno de Ospina Pérez. Seis años más tarde, en la mismaregión de Villarrica, en el Tolima, durante el gobierno de Gustavo Rojas, se desarrollaba la -llamada por algunos historiadores- guerra de Villarrica, una gran ofensiva del ejército contra la población. De este contexto de la guerra de Villarrica, seis años luego de lo vivido por Matiz de Prada, tomamos ahora el testimonio del General José Joaquín Matallana. Ante la pregunta sobre cuánto duró la operación de Villarrica, y la resistencia que opuso la población, responde:
“Duró [la operación contra Villarrica], creo yo, aproximadamente de dos a tres meses, desde que comenzó. Porque la población estaba perfectamente adoctrinada y ya motivada para luchar contra el gobierno. Estaba convencida por Juan de la Cruz Varela y su plana mayor de que el gobierno quería destruir a los campesinos de la organización agraria que se habían dado espontáneamente ellos y que iba a imponerles una autoridad arbitraria que iba a humillarlos, a destruir su organización agraria y a despojarlos de las tierras que ellos habían trabajado. Fue una campaña psicológica muy intensa para ponerlos a defender esa zona con escopetas, con fusiles, con machetes, con todo lo que tuvieran, por todos los caminos y trochas que conducían a esa región”.
En el contexto de la entrevista, de donde se toman estas palabras del General Matallana, ante la pregunta por las razones del ataque a Villarrica responde:
“-porque ellos se establecieron como “Repúblicas Independientes”. No aceptaban autoridades. Las autoridades de esos pueblos tuvieron que salir corriendo y ellos desafiaron abiertamente al gobierno. Y cómo iba a ser que un gobierno que acababa de llegar a pacificar al país, permitiera aquí, a las puertas de Bogotá, que hubiera una zona de cuatro o más municipios en manos de unos individuos que se declaraban en rebeldía y que no aceptaban la autoridad del Estado. Había que actuar.” General José Joaquín Matallana.
Desde el otro extremo, en su discurso, este actor, este testigo del hecho en cuestión, que lo rememora en una entrevista, deja traslucir, al menos dos cosas importantes para efectos de nuestro examen: en primer lugar, la imposibilidad de pensar que una organización campesina, como la que se dio en su momento en la población de Villarrica, pudiese ser obra de un movimiento colectivo de respuesta a una situación. El general piensa como un hombre de Estado, es decir, como alguien que tramita sus acciones y las justifica en función del medio del Estado territorial: el general busca un culpable. Para él, el acontecimiento social es imposible, se requiere un agitador, un planificador que controla el alma de la comunidad en rebeldía; no puede comprenderlo de otro modo.
¿Cómo es posible que toda una comunidad estuviera dispuesta a luchar contra los representantes mismos del Estado? Para el hombre de armas e insignias estatales, la vida social consistente sólo puede transcurrir a lo largo del surco del Estado territorial, con sus autoridades decisorias; cualquier otra manifestación de organización ha de deberse a un cerebro que planifica, que organiza, que envenena el alma de las gentes al punto que las hace salir del carril que les traza el Estado. Es así como el militar da una explicación al comportamiento de aquellas gentes que se aliaron para combatir contra la agresión. Ahora bien, el Estado es, en gran medida, un proyecto imaginario, esto es, el Estado solamente existe en la investidura del reconocimiento a quienes se autorizan como sus representantes; por eso los militares han de llevar uniforme, galas e insignias que los distingan, una imagen que los caracterice. El proyecto imaginario consiste en limitar el territorio en el que se asienta y circula la población, ponerle bordes, a su vez que segmentarlo, nominarlo para ejercer sobre él un control llamado soberanía. Este proyecto imaginario es la unidad de la población con su territorio. Esto funge como principio de justificación de la agresión a Villarrica por parte del General Matallana: estas gentes no aceptaban la autoridad del Estado, o sea, frustraban el proyecto imaginario de unidad de la población con el territorio delimitado.
Estos dos actores de un acontecimiento conflictivo, ocurrido hoy hace más de sesenta años, pero que forma parte de la cadena histórica y endémica de choques del Estado colombiano con insurgentes, estos dos actores muestran sus premisas: por un lado, la mujer campesina y su hermano piensan que la situación en la que se hallan no es humana y es menester aliarse con una organización para defender suintegridad. El militar, por su parte, el alto oficial, no actúa defendiendo su vida, su integridad, sino que su accionar tiene como objetivo hacer cumplir el proyecto del Estado, es decir, esa tradición moderna de unificar una población a un territorio delimitado. Por tanto, el militar justifica sus acciones desde la investidura imaginaria de la unidad, mientras que la mujer campesina y su hermano actúan con base en la situación de amenaza, de premura real por defender su integridad.
Sin embargo, desde las palabras, desde el mensaje directo y su contenido, si bien es posible encontrar, con algo de minucia, las premisas que justifican las acciones respectivas, no obstante estas premisas de la acción, de la actitud, no nos revelan las causas del conflicto. Sólo nos dan las pautas de las decisiones, las máximas genéricas. Pero ¿por qué se ponen en vigencia esas premisas, en un momento dado, como es el caso de esta situación límite en la que se vieron involucrados estos dos actores tan diferentes unos de otros? La acción social, si bien es un comportamiento regido por principios, normas o reglas, no obstante, también es una acción que está determinada causalmente, hay fuerzas superiores a los individuos que actúan conforme a los principios que orientan sus decisiones. En el caso de la guerra de Villarrica, hace más de sesenta años, si examinamos los discursos de los dos actores, encontramos que, además de los principios de su acción social, también su discurso se desarrolla con base en una premisa que es el telón de fondo de las causas impersonales, involuntarias.
Examinemos el caso de Teresa Matiz de Prada: ella cita el nueve de abril de 1948 como causa de las condiciones impersonales, como su contexto involuntario, como lo dado de su vida. Este acontecimiento, en el contexto del gobierno de Mariano Ospina Pérez, determinó la persecución contra los liberales, es el intento de un gobierno por eliminar un partido entero y sus integrantes. Es una política del terror. Los campesinos liberales, mueren o huyen, se repliegan, se organizan para defenderse de los esbirros conservadores. La situación de polarización violenta, con una policía ad hoc para ello, los chulavitas, nombre siniestro de asesinos civiles aliados con los conservadores, esta situación hace decidir a los individuos, los hace tomar partido: Matiz de Prada menciona, con asombro, cómo los hombres religiosos -protestantes y católicos- tomaron partido por los conservadores y su siniestra policía.
El asombro radica en el quiebre de sus expectativas imaginarias: la religión horizonte mismo de la bondad, en los hombres investidos, por su práctica, de su saber, muestra que puede determinar en ellos la toma de partido por el camino de los asesinos, de los delatores, de los agentes del terror político del gobierno. La violencia conservadora contra los liberales es una causa objetiva, impersonal, explícita en el testimonio de la mujer campesina. Pero por otro lado está la impotencia: Matiz de Prada y su hermano no son personas con poder, están inermes ante el poder de otros y no les queda más salida que la evasión de su territorio; y al mismo tiempo saben que ese poder que los acosa y los persigue está investido en otros que lo detentan, y que la persecución es una decisión de esos otros, no es un fenómeno natural; por tanto, la respuesta es el enfrentamiento.
En el caso del general Matallana, las causas objetivas de la acción se condensan en dos frases: había “unos individuos que se declaraban en rebeldía y que no aceptaban la autoridad del Estado. Había que actuar.” Una anomalía dada en una región, una situación que no debe darse: individuos declarados en rebeldía. Su rebeldía se revela en que no aceptan la autoridad del Estado. Ésa es, para el militar, su causa próxima. La pregunta por las razones de esa rebeldía no tiene caso, no hay lugar para la indagación subjetiva, hay que actuar. Pero aun, como ocurrió luego, efectivamente, después de la salida de Rojas Pinilla del gobierno, si el alto mando hubiera ordenado no atacar a Villarrica (lo que hizo la junta Militar después de Rojas), el militar, aunque la situación de rebeldía continuaba, no hubiera atacado. Y es que, en realidad, el militar es un técnico, no toma decisiones, sigue orientaciones, por tanto, su comportamiento es más actuado que el de los propios insurgentes, pues él sigue un libreto trazado por un gobierno; los insurgentes, en cambio, deciden políticamente.
Pero pese a su condición de agente técnico de una directriz gubernamental, en el discurso del general, se advierte algo: interpreta la investidura del Estado como una cuestión de aceptación; el factor dado, con el que justifica la acción contra Villarrica, la rebeldía, es un factor que se moviliza subjetivamente: por la aceptación. Ésta es una condición de posibilidad de la soberanía, pues sin la aceptación el Estado no puede desarrollar sus ejercicios de gobierno; en este orden de ideas, la aceptación ha de lograrse, y en una situación límite, como la de Villarrica, donde los campesinos armados no sólo no aceptaron sino que enfrentaron al Estado mismo, la aceptación puede pasar a segundo plano, pues no se trata ya de la aceptación sino de la disputa del territorio mismo: los campesinos habían sacado del pueblo a las autoridades del Estado -dice el General-, se daban su propia organización y eran como “Repúblicas Independientes”. El Estado se había hecho, pues, ilegítimo, y aunque Matallana lo alude en sus palabras (habían desplazado a las autoridades del Estado, no lo aceptaban), sin embargo, no lo entiende, sólo entiende que había que actuar para restaurar una presencia estatal, aunque fuera ilegítima.
Hemos afirmado atrás que, propiamente hablando, el Estado no es un actor, sino un medio para la acción, una investidura de grupos que actúan a través de él. En el ejemplo de la guerra de Villarrica, la ilegitimidad del Estado radica en la ilegitimidad de quienes pretenden actuar con su investidura: los alcaldes conservadores, la policía de esbirros chulavitas, los asesinos; luego los militares. Los actores que, investidos con la insignia estatal, pretenden aceptación por los campesinos son considerados por éstos como ilegítimos; pero estos agentes estatales, a su vez, consideran ilegítimo el hecho de ser considerados ilegítimos, les parece un exabrupto; consideran, en últimas, que deben restaurar su legitimidad perdida por el único medio que les queda, por la fuerza. Pero es que por el uso de la violencia es que, inicialmente, habían perdido la legitimidad; por tanto, lo único que les queda es desaparecer, eliminar, declarar la guerra a aquellos que no los reconocen como legítimos.
El conflicto, en este contexto, tenía su asidero en dos maneras inconmensurables de llevar la vida. La pregunta a responder es: ¿qué querían los hombres del Estado? ¿Por qué inicialmente ejercer la violencia contra una comunidad y luego de que ésta se organiza y responde, volver a atacarla con el argumento de que no reconoce su autoridad? La respuesta a esta pregunta nos lleva a las causas objetivas del conflicto: el choque abierto entre intereses de clase. ¿Porque qué es el Estado sino una investidura imaginaria que se acepta o se rechaza en el juego de poder de los intereses de los grupos y las clases? Algo presente en las palabras de Matallana es su investidura: él era un hombre cuya misión era la acción que restauraría la legitimidad del Estado; por tanto, así como Matiz de Prada vio en el poder apabullante de otros, que lo detentaban entonces, la decisión de unos individuos de exterminar a otros, vio en ello lo que legitimó la resistencia campesina; así, el general Matallana, detentador del poder armado del Estado, advierte la decisión de otros de resistir y rechazar esa investidura; pero lo que se advierte en ese rechazo es el rechazo de las decisiones de una élite política, es decir, el rechazo de la autoridad del Estado es el conflicto frontal entre dos intereses de grupo, de clase, que se advierte como telón de fondo dado en los discursos de estas dos personas.
La noción de actores del conflicto no puede asumirse sin la condición de que cada actor es representante de una colectividad, y que las normas de su acción están determinadas por la situación de esa colectividad en el conjunto del proceso de desarrollo de la población en el territorio. El conflicto armado es, además, un conflicto de orden político; la violencia que lo constituye es violencia generada por procesos de orden político o sea, en la insalvable tensión entre intereses de grupos en el proceso del agenciamiento del poder del Estado.