El rol del historiador en los procesos de educación patrimonial: experiencias en los procesos de activación del patrimonio cultural en escenarios comunitarios en Bogotá y la localidad de Fontibón
The role of the historian in heritage education processes: Experiences in the processes of activating cultural heritage in community settings in Bogotá and the Fontibón district
Joaquín Palacio[1]
Resumen
En las últimas décadas, el patrimonio cultural ha trascendido los espacios académicos y especializados para insertarse en procesos económicos, políticos y sociales. En el caso de Bogotá, se han generado espacios de participación ciudadana que velan por su preservación, mantenimiento y dinamización, entre los que destacaremos el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural, las Mesas Locales de Patrimonio Cultural y un conjunto de organizaciones sociales. El objetivo de este documento es reflexionar sobre cómo el quehacer de los historiadores puede articularse a estos procesos, a la vez que dicha vinculación gesta cambios en la forma de investigar y producir conocimiento histórico. Para ello, se realizó una revisión documental y se implementó un grupo focal a consejeros locales de patrimonio. Los hallazgos fueron contrastados con el estudio de caso del proyecto Fontibón Camino a la Historia, formulado e implementado entre octubre de 2022 y junio de 2023. Se argumenta que el trabajo de mediación y educación patrimonial permite a los historiadores presentar contenidos de la disciplina a nuevos públicos y contribuir en los procesos de construcción de ciudadanía crítica. Entre los resultados se destaca la necesidad de incluir elementos de la educación patrimonial y enseñanza de la historia en los contenidos y procesos de formación de los historiadores, ya que se trata tanto de un nuevo campo de trabajo como de una nueva vía para el desarrollo de futuras investigaciones.
Palabras clave: patrimonio cultural, participación ciudadana, educación patrimonial, enseñanza de la historia, Fontibón, patrimonio local, Bogotá.
Abstract
In recent decades, cultural heritage has transcended academic and specialized spheres to become embedded in economic, political, and social processes. In the case of Bogotá, spaces for citizen participation have been created to ensure its preservation, maintenance, and revitalization. Among these, the District Council of Cultural Heritage, the Local Tables of Cultural Heritage, and a group of social organizations stand out. The objective of this document is to reflect on how the work of historians can be integrated into these processes, and how this involvement, in turn, generates changes in the way historical knowledge is researched and produced. To this end, a documentary review was conducted and local heritage councilors were interviewed. The findings were contrasted with a case study of the Fontibón on the Way to History project, which was formulated and implemented between October 2022 and June 2023. It is argued that the work of mediation and heritage education allows historians to present the discipline's content to new audiences and contribute to the processes of building critical citizenship. The results highlight the need to include elements of heritage education and History teaching in the curriculum and training processes of historians, as this represents both a new field of work and a new avenue for the development of future research.
Keywords: cultural heritage, citizen participation, heritage education, history teaching, Fontibón, local heritage.
1. Introducción
Los procesos de participación ciudadana en la protección del patrimonio cultural no constituyen un fenómeno social novedoso. Ya en las primeras décadas del siglo XX se gestaron en Colombia organizaciones con la misión de proteger y custodiar los monumentos de importancia para la construcción del Estado-nación. Ejemplo de ello son la Academia Colombiana de Historia (1902) y la Sociedad de Embellecimiento de Bogotá (1917), entidades cuyas funciones incluían la protección de espacios monumentales. Estos organismos jugaron un rol fundamental en la recuperación de la Quinta de Bolívar en Bogotá, por mencionar un caso ejemplar.
Estos intentos de preservación están ligados a los procesos de creación de una memoria oficial del Estado, la construcción de modelos de ciudadanía y la proyección de valores que debían ser asimilados por los habitantes de cada nación, así como de los intereses políticos, sociales y económicos. En su libro Centenariomanía: Conmemoraciones hispánicas y nacionalismo español, el historiador Moreno Luzón (2021) explica como la última parte del siglo XIX e inicios del XX fue un momento clave en la construcción de espacios de memoria, no solo ligadas a la construcción de un modelo de nacionalismo, sino también en el afianzamiento de políticas culturales con otras naciones hispanas. En el caso de Colombia, se encuentran la publicación de Vargas Álvarez (2023) donde se especifican los mecanismos y adaptaciones empleados en el país al realizar los procesos de monumentalización.
Estos espacios estaban conformados por figuras de la élite local, quienes estaban alineadas con los movimientos occidentales de preservación de monumentos y sitios arqueológicos como parte de los procesos de construcción de los “espacios de memoria”, siguiendo la propuesta de análisis propuesta por Pierre Nora (2009). Estos espacios de incidencia social eran restringidos para el amplio conjunto de la sociedad, pues en la construcción/preservación de espacios se privilegió la herencia cultural ligada a los hombres —con la excepción de escasas figuras femeninas— de la élite, que fueron presentados como sintaxis del espíritu de la nación. En contraste, en la actualidad existe un amplio conjunto de organizaciones sociales y espacios institucionales que persiguen la participación ciudadana en la custodia y protección del patrimonio cultural, entendida como testimonio de la vida cultural de las distintas sociedades.
¿Qué fenómenos sociales han mediado en esta transformación? Es una pregunta que aún debe ser respondida por investigaciones especializadas. Sin embargo, uno de los factores decisivos fue la transformación de la idea de “protección de los monumentos” hacia la de “custodia del patrimonio cultural”. Este cambio se puede rastrear en la década de 1950, cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) lideró la creación de estrategias para la protección de bienes culturales a nivel global, conceptualizando la idea de Patrimonio de la Humanidad. Así, el valor de un vestigio del pasado no solamente era dado por un Estado concreto, haciendo necesario un concepto más amplio.
A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, los esfuerzos por proteger los bienes culturales llevaron a la proclamación de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972, que hacía énfasis en la dimensión material. Sin embargo, la necesidad de proteger otros aspectos de la vida cultural llevó a una nueva ampliación del concepto, que incluyó lo inmaterial —prácticas, creencias y costumbres— en la Convención Internacional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003), la cual ofreció una definición más amplia del patrimonio (Fontal, 2025).
En paralelo, desde la década de 1970 se inició la constitución de los Estudios Patrimoniales. Este es un nuevo campo de estudio de naturaleza transdisciplinar en el que participan disciplinas como la sociología, restauración, arqueología, enología, antropología, historia, entre otras. Este campo ha contribuido a la resignificación del patrimonio cultural, centrándose en el conjunto de relaciones sociales que se establecen sobre estos espacios. Por ejemplo, para autores como Dormaels (2012), cuando hablamos de patrimonio cultural nos referimos al “soporte transmisible de la identidad y la historia en la experiencia colectiva” (p. 12). Por su parte, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) lo define como “el conjunto de bienes tangibles, intangibles y naturales que forman parte de prácticas sociales, atribuyéndoles valor para ser transmitidos entre generaciones” (p. 13).
Las organizaciones culturales no son las únicas que se han hecho eco de este cambio; en la Observación General número 21 del Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales (Parte del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas) se fija que el acceso y disfrute del patrimonio cultural es una condición necesaria para el correcto ejercicio del derecho humano a la vida cultural (art. 27 de la declaración de los Derechos Humanos).
Alineado con estos preceptos internacionales, el Estado colombiano ha adaptado su estructura para garantizar la participación ciudadana en estos procesos. En el caso puntual de Bogotá, este trabajo hace parte de la misionalidad del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), el cual fue creado en el 2006 con la transformación de la Corporación Barrio La Candelaria. La institución está encargada de liderar los procesos y estrategias de protección, intervención divulgación social y salvaguardia de los patrimonios culturales de la ciudad (IDPC, 2015). No se trata de un proceso libre de polémicas, tensiones y transacciones. Esto se evidencia en los debates sociales que han surgido en los últimos años, particularmente en aquellos que devinieron de las múltiples intervenciones a monumentos durante las movilizaciones sociales en los primeros años de la década del 2020.
En este contexto, se inserta esta propuesta de reflexión, que considera las experiencias de participación ciudadana y articulación materializadas en la ejecución del proyecto Fontibón Camino a la Historia. El objetivo del texto es presentar a los lectores las posibilidades y los límites que brindan estos espacios para el quehacer de los historiadores, así como para las formas contemporáneas de hacer historia. La reflexión está sustentada en una revisión de la literatura sobre la educación patrimonial, línea de trabajo que han aportado al estudio del papel de los historiadores en los escenarios públicos. De igual forma, se realizó un grupo focal a consejeros locales de patrimonio durante el periodo 2020-2024, que fue aplicado en dos sesiones de trabajo, el cual permitió identificar conceptos clave en torno a la relación entre los procesos de participación ciudadana y la valoración del patrimonio cultural. Finalmente, se exponen las características y la evaluación del estudio de caso, de donde se sustraen las valoraciones. El artículo está limitado al caso de estudio; sin embargo, se considera que puede constituirse como una experiencia escalable a otros contextos sociales y brindar herramientas para otros profesionales.
2. Educación patrimonial
El patrimonio cultural llega a ser reconocido como tal por medio de la patrimonialización. Este término se entiende como el conjunto de procesos sociales donde una comunidad elige un artefacto (material o no) y lo considera como un elemento constitutivo de su identidad y representativo de sus valores, lo que lleva a que se vele por su preservación y transmisión a futuras generaciones (Acevedo, 2017). Al igual que otros procesos sociales, este está influenciado por la dimensión política, económica y social.
Entonces, las preguntas: ¿quiénes son los encargados de determinar qué es patrimonio cultural o no? y ¿cuáles son las consecuencias de ejercerlo en las comunidades? se convierten en los fundamentos de la crítica a estos procesos. En su estudio de caso sobre el Qhapaq Ñan (o Camino Inca), el antropólogo Gnecco (2019) afirma que la patrimonialización es un acto de gobierno que está profundamente conectado con intereses económicos y políticos. En consecuencia, contribuye a la neutralización de la capacidad política de las comunidades al imponer una forma de relacionamiento que desconoce las experiencias de las sociedades que viven en su contexto.
En el concepto de Fontal Merillas et al. (2020), ideas como Patrimonio de la Humanidad son contradictorias, en tanto el patrimonio cultural responde a las relaciones sociales que se establecen y no existe una vinculación inmanente a é, sino que se genera. Esta premisa es clave, pues ubica a la educación (tanto formal como informal) como el centro del ejercicio de la gestión patrimonial. Así, uno de los elementos clave en la apropiación del patrimonio cultural es la interpretación de sus elementos, ofreciendo respuestas a los ciudadanos que se acercan a los bienes o expresiones patrimoniales (Hernández Cardona, 2004).
En la última década, la educación patrimonial ha transitado de una disciplina emergente a consolidarse, convirtiendo a España en un referente en el campo. Esto ha sido posible gracias a la concreción del Plan Nacional de Patrimonio, la creación de un observatorio nacional (OEPE), la generación de planes educativos a nivel autonómico y el aumento de las investigaciones académicas (Fontal Merillas y Castro Martín, 2023). La didáctica del patrimonio se diferencia por su carácter transversal, ya que integra los ámbitos de educación formal, no formal e informal. Además, su capacidad para difuminar las barreras entre teoría y práctica permite una lectura integral del individuo en sus dimensiones personal, colectiva y social, favoreciendo el desarrollo de valores como el respeto por la diferencia (Fontal Merillas, 2004).
El uso didáctico del patrimonio cultural presenta dos enfoques. El primero lo concibe como un recurso para la enseñanza de disciplinas como la historia, la geografía o el arte. El segundo, y más profundo, lo entiende como un elemento clave en la construcción de la identidad cultural, que permite analizar las relaciones sociales que lo produjeron, propiciando la participación ciudadana y el análisis de la conexión entre pasado y presente. Esta segunda perspectiva es la que promueve en el alumnado el desarrollo del pensamiento histórico (Bernal Bravo, 2024).
En el caso latinoamericano, se trata de un campo de estudios en proceso de consolidación, tal como explica la investigadora Zaida García (2020). La revisión realizada por la autora expone que hay tres tendencias en la región: el análisis de la inserción de la educación patrimonial (EP) en los sistemas educativos, la representatividad del patrimonio y el abordaje de los procesos de ciudadanías críticas por medio del patrimonio. El último grupo se caracteriza por brindar espacios donde se reafirman los procesos identitarios por medio del disfrute, la convivencia y los significados del patrimonio cultural. García (2020) apunta que, entre los retos que debe afrontar la EP, en el contexto latinoamericano se encuentra la necesidad de sistematizar procesos; considerar el corpus internacional sobre sostenibilidad; promover y visibilizar la importancia de la diversidad cultural; generar espacios permanentes de EP; divulgar sus resultados; y aplicar las nuevas tecnologías a este campo.
Para el caso de Colombia, el estudio de Gutiérrez Urrego y Colmenero Fonseca (2025) señala que la EP está ausente de los programas y currículos oficiales, a pesar de que la identidad cultural es uno de los ejes de la Ley General de Educación de 1994. A esta problemática se suman la desconexión con los patrimonios locales, la falta de formación docente respecto a la EP, la historia crítica o las posturas decoloniales, la ausencia de recursos específicos y la falta de articulación con organismos institucionales. Desde 2019, la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia en Colombia (CAEHC) ha trabajado en una serie de recomendaciones para la recuperación de la asignatura de Historia en los colegios, las cuales fueron publicadas en 2022. Aunque en dicho apartado se convoca a los docentes a utilizar el patrimonio cultural local como recurso en las aulas, el documento no hace alusión a la EP, por lo que se puede reafirmar que se trata de un ámbito que continúa siendo un campo por abordar.
El ámbito no formal de la EP es desarrollado por instituciones culturales tales como museos, bibliotecas, centros culturales y organismos de gobierno. En el caso del Ministerio de Arte, Cultura y Saberes no existe un plan específico; sin embargo, la Dirección de Patrimonio y Memoria implementó una línea de acción en formación y divulgación del patrimonio cultural, desarrollada por medio del Programa Nacional de Vigías del Patrimonio Cultural, que está en funcionamiento desde 1999. No obstante, en el caso de Bogotá, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) cuenta con un catálogo de formaciones sobre patrimonio cultural, así como el programa Civinautas, que acompaña la aplicación de metodologías relacionadas a la protección del patrimonio en las aulas.
Finalmente, existe otro tipo de procesos de EP, los cuales pueden denominarse como populares. Se trata de los procesos desarrollados por líderes comunitarios o colectivos sociales, sobre los cuales no existe información sistematizada. Sus conocimientos son de naturaleza empírica y están vinculados con los principios de participación ciudadana, pudiendo ser gestionados en alianza con las instancias estatales. Para indagar por sus características e intenciones, se realizaron entrevistas a los consejeros locales de patrimonio (periodo 2020-2024), detalladas en el siguiente apartado.
3. Participación, educación y patrimonio cultural en Bogotá
El Sistema de Patrimonio Cultural de Bogotá está regulado por el Decreto Distrital 070 de 2015. Está conformado por el conjunto de organismos que mantienen una relación con el patrimonio cultural, poniendo a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) a la cabeza del sistema. Entre los actores involucrados se encuentran la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural (CDPC), las alcaldías locales, el Archivo de Bogotá y la Mesa de Consejeros Locales de Patrimonio Cultural.
Uno de los espacios de encuentro es la Mesa de Consejeros Locales de Patrimonio, cuyas funciones están reglamentadas por los artículos 12 y 13 del Decreto 070. Este espacio se define como “un escenario destinado al encuentro, deliberación, participación y coordinación de agendas entre las organizaciones locales que desarrollan prácticas de patrimonio cultural públicas y privadas”. Por lo que está compuesto por un representante de cada localidad, elegido por sufragio, junto a otros miembros de los Consejos Locales de Arte y Patrimonio, regulados por el Decreto 480 de 2018, además de un representante del IDPC y uno de la Secretaría de Cultura.
Entre las funciones de los consejeros se encuentran asistir a las reuniones del Consejo Local de Arte y Patrimonio (CLAP) de su localidad y a las reuniones de la Mesa de Consejeros. Además, deben velar por el patrimonio cultural de su localidad, así como ser veedores de proyectos, estrategias e iniciativas emprendidas por las alcaldías locales y otros organismos del sistema. Si un consejero es elegido vocero, también deberá asistir a las reuniones del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural. Este trabajo no implica ningún tipo de retribución económica y, aunque pueden incidir en la formulación, ejecución y desarrollo de distintas políticas públicas, acciones y proyectos, no cuentan con facultades decisorias.
Por sus características, este grupo de personas cuenta con un importante conocimiento sobre la situación del patrimonio cultural a nivel local, concretamente en las localidades en las que participan. Por ello, la investigación se decantó por aplicar un grupo focal para identificar las principales necesidades y retos. Participaron ocho de los veinte consejeros en dos sesiones de trabajo (realizadas entre el 7 y 8 de octubre de 2022), representando a las localidades de Barrios Unidos, La Candelaria, Ciudad Bolívar, Fontibón, Rafael Uribe Uribe, Teusaquillo, Tunjuelito y Usaquén. Los resultados permitieron identificar cinco retos principales: las tensiones con la institucionalidad, el desconocimiento de la ciudadanía sobre el patrimonio cultural, las amenazas a la integridad del patrimonio, el trabajo sobre la identidad y la memoria, y las implicaciones de cumplir el rol de consejero. (Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, s. f.)
Las tensiones con la estructura gubernamental y los gobiernos locales se componen por la falta de apoyo institucional a las iniciativas relativas al patrimonio cultural y el desconocimiento de los funcionarios sobre este campo. Esto se evidenciaría en la falta de voluntad política, la omisión en los procesos de protección y la ejecución de proyectos de intervención social sin generar procesos de consulta previa. Cada uno de los participantes expresaron sus observaciones frente a las realidades de sus localidades.
Para el caso de la consejera por Ciudad Bolívar, el mayor problema está relacionado con la invisibilización de los procesos locales y la falta de financiación. Al respecto, afirmó:
He entregado mi trabajo al patrimonio cultural de Ciudad Bolívar durante 50 años… Ha sido una gestión muy larga y de lucha porque los gobiernos de nuestra localidad nunca han valorado lo que es el patrimonio… Peleando también con el fondo de desarrollo, porque no es posible que un alcalde llegue y a dedo diga: —Usted y usted hacen procesos de memoria. ¡Gente que ni siquiera sabe dónde está parada! ¡Indignante! Porque hay que hacer un proceso de verdad, fortaleciendo lo que hay.
Otros consejeros, como los de La Candelaria y Barrios Unidos, hicieron referencia a la imposición de proyectos en el territorio sin que estos contaran con la suficiente participación ciudadana. En el primer caso, el consejero dijo:
Parece que la concesión es únicamente la privatización del espacio público en favor de un turismo arrasador… eso es un detalle mayor, más aún con la aprobación del POT, con las consecuencias que ello lleva… la modificación de las alcaldías en favor de los urbanizadores.
Mientras que el consejero de Barios Unidos intervino en relación con la construcción del Metro de Bogotá,
“estos barrios van a ser afectados con la construcción del metro, no nos dicho hasta qué punto va a ser la afectación, y ya prácticamente nos vamos a tener que suscribir a los que diga las constructoras, el IDU y la constructora del metro”
En todos los casos, los participantes hicieron alusión a la falta de tratamiento por parte del gobierno de la ciudad hacia el patrimonio en sus múltiples expresiones. Una situación que también se ve agravada por el segundo factor es el desconocimiento de la ciudadanía y su falta de apropiación de los bienes y expresiones patrimoniales. Para los consejeros, es necesario fomentar “un nuevo orgullo bogotano”, en alusión a la necesidad de fortalecer y dinamizar los procesos identitarios.
El consejero por Usaquén ejemplificó esta situación apelando al Mausoleo Madre de la Luz Divina, un edificio que replica el Vaticano en Bogotá, el único de su tipo en Latinoamérica. Al respecto expresó:
Cuando yo hablo de este tema le pregunto a casi todas las personas bogotanas: ¡Oiga! ¿Usted sabe dónde está la réplica de la Ciudad del Vaticano?... Nadie la conoce, solo los de Fontibón, que me dicen ¡ah si yo he pasado por ahí! Por eso es importante comenzar por ese recorrido por cada localidad.
En el criterio del participante esta situación solo puede cambiar si se generan procesos de difusión, ya que “es necesario un turismo inter local donde los habitantes de Usaquén tengan la posibilidad de explorar y conocer un territorio como Fontibón”.
La historia también juega un rol preponderante, por ejemplo, el consejero de Barrios Unidos afirmó que:
Prácticamente, en Barrios Unidos no hay una historia de la creación de esta localidad, el motor fue un sacerdote llamado José Joaquín Caicedo en 1935 y le colocan el nombre Barrios Unidos… tiene que ver con el reconocimiento del patrimonio cultural por parte de sus habitantes.
Entonces, se desprende la necesidad de fortalecer los procesos de investigación histórica de los barrios y divulgar los resultados entre la comunidad.
Los dos aspectos anteriores son el fundamento de las amenazas al patrimonio, entre las que destacan fenómenos como las mega obras —como en el caso del metro— y las tensiones con las instituciones. La consejera de Tunjuelito ha centrado gran parte de su trabajo en las Plazas de mercado, entendiendo que se tratan de espacios donde se configuran prácticas de patrimonio cultural inmaterial. Para ella, la aplicación de reglamentos por parte del Instituto para la Economía Social (IPES) afectan dicho patrimonio. Ella afirma:
El caso de las plazas se establecen una serie de dinámicas, una serie de normas bastante monárquicas, excluyentes, donde se les dice ¡usted tiene que cambiar su actividad económica!... Las vivanderas y los marchantes han debido ajustar sus prácticas a las reglamentaciones desarrolladas por el Instituto Distrital de Economía Social (IPES).
Para el caso de Rafel Uribe Uribe, las principales amenazas se materializan en el mismo proceso de ordenamiento urbano, pues, para este momento, se hablaba de el reordenamiento de las localidades, lo cual, en su criterio, ha impedido la construcción de una identidad en torno al territorio. Así lo afirma el consejero, en referencia a su trabajo en la recuperación de la memoria de los habitantes tradicionales:
las nuevas divisiones del territorio amenazan con el trabajo que ha desarrollado. Vamos a ser como cuando iniciamos, nosotros éramos de Antonio Nariño de Usme, colocan la localidad y vuelven y no la quitan, entonces ese juego no nos corresponde y no nos deja una identidad y lo que hemos creado se va a perder.
La falta de identidad y problemas para construir una memoria común es otra variable recurrente. Los participantes hablaron de la necesidad de rescatar los relatos de los habitantes tradicionales, recuperar la historia de los barrios y las herencias de los migrantes en la ciudad. El consejero de Fontibón expresó al respecto:
este proceso inicia por la anexión de Fontibón a Bogotá. A través de mi vida he visto cómo el tiempo ha desvanecido las estructuras coloniales —tanto físicas como culturales— que caracterizaban al Fontibón tradicional, el pueblo de la Real Corona.
También, explicó que gran parte del patrimonio industrial de la localidad es producto de las migraciones de la primera mitad del siglo XX, que son edificaciones que no cuentan con planes de manejo y son vistos como espacios apetecibles por parte de los desarrolladores urbanos.
Pero los consejeros no solo reflexionaron sobre los retos externos, sino que también plantearon varias posturas sobre el trabajo pendiente por realizar desde su rol. La primera es asumir la tarea de construir hojas de ruta y buscar articulaciones sobre estas propuestas, así como construir metodologías, ya que su ausencia aumenta la dependencia a estancias institucionales. Al respecto, la consejera de Ciudad Bolívar afirmó que:
hay dos retos importantes; uno tiene que ver con el reconocimiento de la norma, que realmente existan los mecanismos de participación del Patrimonio Cultural ¡Que realmente se reconozcan los saberes y procesos! El segundo que tiene que ver con la estructura… necesitamos que estén las metodologías y no están, por eso dependemos de la institucionalidad. No hemos sido atrevidos desde la comunidad y debemos construir una propia hoja de ruta para presentarle a la institucionalidad la propuesta.
Uno de los aspectos más llamativos de los consejeros es que ninguno cuenta con formación en historia ni en otras áreas de las ciencias sociales, aunque todos han realizado procesos de indagación social de forma empírica. La participación de profesionales es muy bien valorada, pues se trata de espacios sociales en los que no se han generado procesos de articulación con los espacios académicos. A eso se suma que se trata de un campo de acción social con escasa financiación, los procesos son dispersos en las localidades y, generalmente, la articulación se da con otros sectores del sistema cultural (plástica, teatro, literatura, danza). Por esta razón, varios de los consejeros no han podido constituir mesas locales de patrimonio, instancias de participación que deberían convocar a la ciudadanía a participar en los procesos de patrimonialización.
En consideración de lo expresado en el grupo focal, desde noviembre de 2022 inició la formulación del proyecto de activación patrimonial Fontibón Camino a la Historia, el cual resulto beneficiario de la beca Es Cultura Local 2022. Este programa fue implementado durante el periodo 2020-2024. Se trataba de una iniciativa de la administración de la ciudad, en cabeza de la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte (SCRD) en alianza con los Fondos Locales de Desarrollo, pensada para que las organizaciones sociales y las personas naturales y jurídicas ejecutaran recursos destinados a dinamizar la vida cultural en las localidades. La formulación, resultados y evaluación del proyecto se presentan en el siguiente apartado.
4. Proyecto Fontibón Camino a la Historia
El proyecto Los Rastros del Tiempo: Fontibón se concibió para abordar dos problemáticas interconectadas en la localidad: el abandono estatal y la limitada apropiación social del patrimonio cultural. Esta situación se manifestaba en el deterioro de bienes inmuebles de gran valor, como los puentes de San Antonio de la Zanja y Puente Grande, y la estación del tren, lo que evidenciaba tanto una omisión institucional como una falta de movilización ciudadana para su recuperación.
En respuesta a este desafío, el proyecto se trazó como objetivo principal fomentar la apropiación social del patrimonio cultural —tanto material como inmaterial—, buscando que la comunidad lo reconociera como un componente esencial de su identidad. Los objetivos específicos incluían promover sinergias entre los actores sociales, la academia y las instituciones a través de espacios de diálogo, y desarrollar itinerarios culturales para la ciudadanía. El impacto esperado era fortalecer la capacidad de la Mesa Local de Patrimonio, fomentar la formación de una ciudadanía crítica y dinamizar los procesos de patrimonialización en el territorio.
Inicialmente previsto para ejecutarse entre marzo y junio de 2023, el proyecto se enfrentó a una de sus primeras problemáticas: la imposibilidad de concretar la participación de universidades. Esto obligó a una reconfiguración metodológica. Se amplió el número de itinerarios a cinco y se generaron espacios de encuentro con otras instancias de participación, como los sectores afrodescendientes y la Mesa LGBTI de Fontibón, con el propósito de identificar el patrimonio cultural desde la perspectiva de estos grupos sociales.
Así, los itinerarios ocuparon el rol central del proyecto, el cual centro su atención en la exposición directa al patrimonio cultural. El trabajo de diseño e impartición de los itinerarios recayó en el consejero local de patrimonio y el investigador principal. Se complementaron los saberes de memoria local con la investigación documental, para lo cual se buscó información en el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Luis Ángel Arango y la Biblioteca Nacional. Las tareas de sistematización del proceso recayeron en Gabriela Caro León (historiadora), quien realizó el registro mediante diario de campo, fotografías y registros audiovisuales. Los recorridos se realizaron durante los fines de semana y se diseñaron para explorar distintas aristas del patrimonio:
· Casco histórico: enfocado en el patrimonio inmueble.
· Gastronomía y plaza de mercado: se centró en el patrimonio cultural inmaterial.
· Distrito aeroportuario y Ciudad Salitre: exploró la memoria histórica y el patrimonio mueble.
· Zona de Hayuelos: se dedicó al patrimonio natural.
Aunque las actividades estaban abiertas a toda la comunidad, la mayoría de los participantes fueron adultos mayores (32), seguidos por adultos (17), jóvenes (4) y niños (2), con una notable predominancia de mujeres (40) sobre hombres (14). La convocatoria fue exitosa gracias al apoyo de la biblioteca local y a la difusión en redes sociales y mesas de incidencia comunitaria.
Tras cada itinerario se realizaron espacios de discusión donde se registraron las valoraciones de los participantes. Un hallazgo recurrente fue el desconocimiento de la historia local, incluso entre residentes de larga data. Se evidenció una percepción limitada del concepto de patrimonio, que para muchos estaba ligado a una dimensión exclusivamente monumental. Al exponer prácticas y conocimientos tradicionales, como manifestaciones patrimoniales, el proyecto contribuyó a que la ciudadanía dimensionara la importancia de su cultura para la comunidad.
Al reflexionar sobre las causas de estos problemas, los participantes reconocieron que las declaratorias patrimoniales existentes se ajustaban a una dimensión puramente administrativa, sin conexión con la vida cotidiana. No obstante, al conocer la historia detrás de los bienes, manifestaron su deseo de preservarlos y de generar acciones para su continuidad. Identificaron amenazas como los procesos de desarrollo urbano, la gentrificación y la falta de apoyo institucional.
Los encuentros con los distintos sectores sociales arrojaron resultados específicos. El trabajo con las comunidades afrodescendientes, raizales y palenqueras ayudó a identificar figuras y saberes clave como expresiones patrimoniales. Mediante una cartografía social, se proyectaron establecimientos comerciales (barberías, restaurantes) y grupos artísticos como espacios de patrimonialización, lo que contrastó con la lectura de los monumentos como una expresión meramente institucional. En este espacio participaron diez mujeres.
Por su parte, la discusión con la Mesa LGBTI de Fontibón reveló un gran interés por la construcción de memorias, dado que no existen acciones previas para sistematizar las experiencias de vida de esta comunidad en la localidad. Este proceso ha visto agravado por la fragilidad de estas memorias, ya que muchas personas vinculadas a ellas han fallecido o se han marchado. Además, la historia del movimiento social LGBTI a menudo se ha centrado en la escala distrital, invisibilizando las experiencias “marginales” de territorios periféricos como Fontibón. En el encuentro participaron ocho personas.
Las metodologías empleadas en el proyecto (itinerarios y encuentros) revelaron una conclusión fundamental: el interés por el patrimonio cultural no es una cualidad inherente a la ciudadanía, sino que se construye a partir del conocimiento de la historia local. Al tomar conciencia de los diversos procesos sociales, los participantes generaron una identificación con el pasado y atribuyeron nuevos valores a las relaciones sociales visibilizadas. Si bien el enfoque diferencial demostró una apropiación variada del patrimonio, los itinerarios permitieron cohesionar a distintas personas en torno al territorio como un elemento de historia común.
En el plano operativo, el proyecto enfrentó desafíos importantes. En primer lugar, la carga burocrática asociada a los proyectos financiados consumió una parte significativa del tiempo, el cual se destinó a la elaboración de informes y estados de cuenta. Aunque estas medidas garantizan la correcta ejecución de los recursos públicos, también limitan la capacidad de acción del investigador social. En segundo lugar, la articulación con actores civiles e institucionales dependió, en gran medida, de las relaciones personales de los gestores, lo que subraya la carencia de espacios consolidados que permitan generar sinergias en las iniciativas ciudadanas. Esta falta de comunicación no solo se evidencia entre los organismos de gobierno y la administración, sino también en las instituciones académicas, que parecen no contar con mecanismos de colaboración que trasciendan sus propias iniciativas.
Tanto la revisión documental como el trabajo comunitario evidenciaron una completa desconexión entre la labor del historiador y las realidades territoriales. Los trabajos historiográficos sobre Fontibón son escasos y se limitan a publicaciones de hace décadas o estudios académicos dispersos. De manera reveladora, varios participantes expresaron que era la primera vez que tenían contacto directo con un historiador profesional, lo que confirma la necesidad de acercar la disciplina a la comunidad.
Finalmente, la sostenibilidad de este tipo de iniciativas presenta varias dificultades. La primera es el acceso limitado a recursos económicos, ya que los programas como Es Cultura Local no permiten la presentación consecutiva de propuestas. La continuidad de los participantes también está condicionada por sus propias limitaciones económicas, lo que representa una barrera para el derecho a la participación en la vida cultural. Por lo tanto, sería pertinente que las alcaldías locales y organismos distritales institucionalizaran programas o estrategias que repliquen estos procesos, garantizando una retribución justa para quienes los ejecutan. De esta manera, se reconoce que, a pesar de que el Estado debería ofertar o facilitar estas actividades, son los grupos ciudadanos quienes, con gran esfuerzo, las lideran.
5. Discusión y conclusiones
Los resultados del proyecto demuestran que, en la localidad de Fontibón, los procesos de patrimonialización han dependido más de la acción comunitaria que de las iniciativas institucionales. Si bien existe un conjunto de bienes y prácticas reconocidos por los organismos de gobierno, esta correspondencia no se refleja en la ciudadanía al no estar acompañada de procesos de activación social. Este hallazgo concuerda con las críticas de autores como Gnecco (2019), quien señala que las acciones institucionales a menudo no consideran las realidades de la comunidad.
En este contexto, la educación patrimonial (EP) se proyecta como un campo de estudio relevante para el escenario colombiano, ya que ofrece los insumos necesarios para la formulación de proyectos y programas. Para ello, es fundamental recurrir a las experiencias y estudios de caso que brindan herramientas para la gestión de buenas prácticas en este ámbito. Un ejemplo valioso es el del Observatorio de Educación Patrimonial Español (OEPE), una experiencia académica que ha logrado generar sinergias entre los sectores académico, gubernamental y ciudadano.
La promoción de la EP no solo contribuye a la sostenibilidad de los elementos patrimoniales, sino que también ofrece a los historiadores la oportunidad de asumir un rol activo en la vida cultural de las comunidades. Esto no implica abandonar el trabajo de archivo, sino añadir una nueva faceta a la investigación que esté centrada en las implicaciones de estas indagaciones en la vida cotidiana de las personas. Esta vinculación exige a los historiadores familiarizarse con el trabajo de los sectores civiles y atender la demanda de una sociedad interesada en reflexionar sobre su pasado, como lo demuestra el valioso trabajo de los consejeros locales de patrimonio. Además, se trata de una labor inherentemente interdisciplinaria, pues la interpretación del patrimonio se nutre de los desarrollos de campos como la sociología, la antropología, la geografía y la arqueología.
En el contexto colombiano, la EP es un campo aún en desarrollo con escasos trabajos que den cuenta de este tipo de investigaciones. Su ausencia en debates sociales clave, como el liderado por la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia en Colombia (CAEHC), demuestra que el patrimonio cultural no se ha utilizado lo suficiente en los procesos de enseñanza de la historia, a pesar de su potencial para fomentar el pensamiento histórico y crítico. Por lo tanto, sería recomendable incluir estos contenidos en la formación de quienes se especializan en la didáctica de la historia.
Si bien los programas actuales —propuestos por las instituciones oficiales— son insuficientes para atender la realidad social, son recursos necesarios que deben ser explorados y reformulados para las necesidades del contexto colombiano. Se trata de insumos nacionales sobre los cuales es posible encadenar procesos. Para ello, convendría generar investigaciones sobre la historia de la pedagogía que permitan sistematizar experiencias previas, como la de los itinerarios, una metodología nacida en la Escuela Nueva[2] que fue aplicada en contextos escolares desde inicios del siglo XX, como en el Gimnasio Moderno o el Colegio León XIII, ambos localizados en Bogotá.
Los testimonios de los consejeros locales de patrimonio exponen la problemática de la articulación a nivel distrital, una situación que se validó durante el desarrollo del proyecto. Este desafío, sin embargo, representa una oportunidad para la academia y los programas de historia, ya que revela un campo de acción vital por desarrollar. Por ejemplo, la creación de bases de datos abiertas que conecten a profesionales con gestores comunitarios podría facilitar la creación de escenarios que permitan a la investigación académica tener un impacto directo en la sociedad.
En conclusión, los procesos de patrimonialización en Fontibón dependen más de la actividad comunitaria y social que de la acción administrativa. Sin embargo, estos actores carecen de las herramientas necesarias para mejorar su eficacia y capacidad de impacto social. Este es un campo que los historiadores pueden y deben abordar, dado que su formación en el análisis del pasado los convierte en mediadores culturales fundamentales.
Finalmente, es importante subrayar que, al tratarse de un estudio de caso, los resultados no son extrapolables a todos los contextos sociales. De hecho, uno de los hallazgos es que cada localidad agrupa un conjunto de bienes y prácticas patrimoniales específicos, ligados a su historia poblacional y urbanística. Así, la vocación industrial y de transporte de Fontibón le confiere unas características que la diferencian de otras localidades, como La Candelaria o Ciudad Bolívar, a pesar de compartir algunas características comunes.
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[1] Historiador Universidad Externado de Colombia. Especialista en Periodismo Digital de la Universidad Jorge Tadeo Lozano (Bogotá). Máster en Herencia Cultural Hispánica Universidad Carlos III (Madrid). Máster universitario en Enseñanza del Profesorado de la Universidad CEU-San Pablo (Madrid).
[2] Corriente de renovación pedagógica surgida en el siglo XIX donde el centro del proceso pedagógico es el estudiante.