1. Introducción

Muchas de las herramientas tecnológicas que hoy forman parte de la vida cotidiana fueron posibles gracias a la inversión pública. Internet, por ejemplo, fue financiado inicialmente por el Departamento de Defensa de Estados Unidos a través de ARPA. Tecnologías clave como los protocolos TCP/IP, los navegadores web o los servidores distribuidos surgieron en contextos universitarios o estatales. Mariana Mazzucato (2013) ha documentado cómo empresas como Apple o Facebook se consolidaron gracias a tecnologías desarrolladas con fondos estatales en Estados Unidos, sin que se retribuyera al Estado por los riesgos asumidos.

En América Latina, la inversión pública en ciencia y tecnología es limitada y suele estar supeditada a modelos del Norte global. Colombia, por ejemplo, ha priorizado la conectividad sobre la soberanía tecnológica, dependiendo de plataformas, servidores y servicios que no controla directamente (MinTIC, 2023). Esto reproduce una relación desigual en la que el conocimiento y la infraestructura digital están dominados por actores privados transnacionales.

Este escenario ha permitido que el capitalismo se apropie de un nuevo recurso: la información personal y cognitiva. Bajo la lógica del capitalismo de vigilancia, concepto desarrollado por Shoshana Zuboff (2019), las grandes corporaciones acumulan datos masivos, predicen comportamientos y los modifican con fines de lucro o control. Este fenómeno plantea una pregunta central: ¿cuál es el papel del Estado frente al control de la infraestructura global de la información? Una infraestructura que no solo incluye los cables submarinos, los centros de datos o las plataformas, sino también los sistemas algorítmicos, los marcos legales y los estándares técnicos que definen quién tiene poder sobre el conocimiento digital.

La hipótesis que orienta este artículo sostiene que el retroceso del Estado en el desarrollo tecnológico ha favorecido la consolidación de un monopolio privado sobre el conocimiento digital y que solo una perspectiva crítica y decolonial puede aportar elementos para su recuperación. Esta discusión es clave para comprender las nuevas formas de dominación en la intersección entre ética, poder, tecnología y democracia.

Desde un enfoque crítico y decolonial, el artículo cuestiona la supuesta neutralidad del conocimiento tecnológico y propone reconocer epistemologías alternativas como parte de una estrategia de resistencia. El texto se organiza en tres partes: primero, se revisa el papel del Estado en el origen de la infraestructura digital; luego, se analiza la apropiación privada de la información; y, finalmente, se plantea una propuesta crítica desde las epistemologías del Sur.

2. Metodología

Este artículo se fundamenta en una revisión documental de literatura académica, análisis de medios de comunicación y referencias jurídicas y de política pública. Su propósito es examinar las relaciones entre conocimiento, tecnología y poder desde una perspectiva crítica y decolonial. En este sentido, se busca comprender cómo las estructuras de poder se reconfiguran en la era digital y qué papel desempeñan el Estado y las corporaciones tecnológicas en la producción del conocimiento.

El estudio adopta un enfoque cualitativo y teórico-crítico, con un diseño de revisión documental. No pretende establecer relaciones causales de poder entre el Estado, las corporaciones tecnológicas, la inteligencia artificial y la producción del conocimiento, sino interpretarlas a partir de marcos de economía política, teoría crítica y enfoques decoloniales. De este modo, el análisis privilegia la reflexión y la interpretación sobre los hechos, más que la comprobación empírica.

El cuerpo del artículo incorpora literatura académica y documentos de política pública primaria y secundaria publicados entre 2005 y 2024, provenientes de organismos internacionales y fuentes oficiales. Este material se complementa con obras conceptuales clásicas que permiten acercar al lector a diversas posturas interpretativas necesarias para la discusión. La selección de fuentes respondió a criterios de relevancia teórica, vigencia, trazabilidad académica y pertinencia regional para América Latina y el Sur global. Las categorías analíticas principales —Estado y nación, capitalismo de vigilancia, soberanía tecnológica y epistemologías del Sur— orientaron la organización y el análisis del material revisado.

Para el tratamiento del corpus se aplicó el análisis crítico del discurso (ACD), herramienta que permitió identificar categorías como Estado emprendedor, retroceso estatal, extracción y monopolio de datos, vigilancia algorítmica, decolonialidad del saber y ecología de saberes. A partir de estas categorías se construyeron matrices temáticas que facilitaron el reconocimiento de recurrencias, tensiones y contraargumentos, articulando una síntesis interpretativa en torno a la pregunta central sobre la soberanía cognitiva y tecnológica. La triangulación conceptual se realizó mediante el contraste entre los aportes de la economía política, los estudios del capitalismo de vigilancia y las epistemologías del Sur, lo que fortaleció la coherencia teórica del análisis.

El alcance del estudio es analítico e interpretativo, pues no se proponen pruebas causales ni mediciones de impacto. Su principal limitación radica en la naturaleza no empírica del trabajo y en la dependencia de fuentes secundarias, aspecto que se mitiga mediante la triangulación teórica y la consistencia argumentativa de las categorías abordadas. Aun así, el estudio ofrece una lectura crítica que puede contribuir a futuras investigaciones con base empírica sobre el mismo problema.

Finalmente, al tratarse de una revisión documental, no hubo intervención con personas ni tratamiento de datos personales. Se respetaron los derechos de autor, la atribución adecuada y el uso honesto de las fuentes. Cuando se citan pasajes sustantivos, se incluyen las páginas específicas de los autores, garantizando rigor ético y académico en el uso de la información.

3. Desarrollo

3.1. El papel del Estado en el origen y pérdida del control sobre la tecnología

3.1.1. El Estado como motor de la innovación tecnológica

Desde las últimas décadas del siglo XX, especialmente con la expansión del modelo neoliberal, el Estado ha experimentado una pérdida progresiva de protagonismo como garante de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales, culturales y colectivos. Este retroceso se ha expresado en la reducción del gasto público, la privatización de servicios esenciales, la flexibilización laboral y la creciente dependencia de actores privados para la prestación de servicios estratégicos.

En América Latina, por ejemplo, informes de la CEPAL han documentado cómo la desinversión estatal en áreas como salud, educación, ciencia y tecnología ha debilitado la capacidad institucional para garantizar el bienestar colectivo y reducir las desigualdades estructurales (CEPAL, 2018).

Este debilitamiento sostenido del Estado ha abierto espacio para que actores privados, en particular grandes corporaciones multinacionales, asuman funciones que históricamente estaban reservadas al interés público. En sectores como la educación, la salud, la infraestructura digital y la producción de conocimiento, se ha transferido progresivamente el control a lógicas mercantiles, desdibujando la responsabilidad pública. En el ámbito tecnológico, por ejemplo, empresas como Google, Meta o Amazon controlan infraestructuras esenciales para la comunicación y la circulación del conocimiento sin estar sometidas a marcos de regulación democrática. Esto evidencia un desplazamiento de la soberanía estatal hacia poderes fácticos transnacionales, lo que afecta la posibilidad de garantizar derechos en condiciones de equidad.

3.1.2. Neoliberalismo y pérdida de soberanía estatal

Desde finales del siglo XX, el neoliberalismo se impuso como la ideología dominante a nivel global, promoviendo una reducción sistemática del papel del Estado en la vida económica, social y tecnológica de las sociedades. Esta corriente, consolidada por líderes como Ronald Reagan y Margaret Thatcher, sostiene que los mercados son más eficientes que las instituciones públicas para asignar recursos y promover el desarrollo, y que el Estado debe limitarse a garantizar el marco legal que permite su funcionamiento.

Bajo esta lógica, el Estado fue reducido a una función notarial, encargado de certificar hechos y garantizar contratos, pero sin intervenir activamente en la transformación estructural de la realidad ni en la garantía de derechos sociales. Wendy Brown (2015) plantea que el neoliberalismo ha despolitizado la acción pública, debilitando la capacidad democrática de los gobiernos para intervenir en procesos estratégicos como la educación, la salud, la producción de conocimiento o el desarrollo tecnológico.

Esta retracción estatal ha tenido efectos profundos en el ámbito de las tecnologías de la información y la inteligencia artificial. La desregulación permitió que grandes corporaciones como Google, Amazon, Microsoft o Meta se apropiaran del control de plataformas, infraestructuras digitales, lenguajes de programación y algoritmos que hoy determinan las formas de comunicación, consumo, interacción y organización social. Como señala David Harvey (2005, p. 19), “el neoliberalismo no es simplemente una doctrina económica, sino una forma de restaurar el poder de las élites”. En el campo tecnológico, esto se ha traducido en una acumulación sin precedentes de conocimiento, datos y capacidades computacionales en manos privadas.

Frente a este escenario, resulta fundamental recuperar una visión del Estado como agente estratégico, capaz de disputar la dirección del desarrollo tecnológico, garantizar la soberanía digital y democratizar el acceso al conocimiento. La pregunta no se limita a qué hace el Estado, sino a qué tipo de sociedad se aspira construir a partir del uso y control de la inteligencia artificial.

Esta tendencia se evidencia en la profunda brecha de inversión en ciencia y tecnología entre el Norte y el Sur global. Mientras Corea del Sur y Japón destinan más del 3 % de su PIB a investigación y desarrollo (I+D), y Estados Unidos supera el 2.7 %, Colombia apenas invierte alrededor del 0.3 %, según datos del Banco Mundial (2023). Esta diferencia no solo responde a disparidades económicas, sino que refleja una subordinación histórica y estructural en la producción de conocimiento.

En el caso colombiano, la baja inversión en I+D se relaciona con factores como la dependencia de materias primas, la debilidad del aparato industrial y productivo, la ausencia de una política científica autónoma y la influencia de modelos de desarrollo impuestos por organismos multilaterales. Además, las élites económicas no han considerado la ciencia como un eje estratégico del desarrollo, lo que perpetúa un modelo extractivista y dependiente que reproduce lógicas coloniales en la generación y circulación del conocimiento.

Frente a esta situación, los ciudadanos, insatisfechos y confundidos, han protagonizado episodios de resistencia fragmentaria, sin comprender plenamente por qué sus derechos no se materializan, a pesar de la existencia de una “norma de normas”, la Constitución Política, y de múltiples declaraciones y tratados internacionales que, en teoría, deberían garantizar su cumplimiento. Sin embargo, estos marcos legales terminan con frecuencia operando como legitimadores del poder establecido. Todo ello ocurre en un contexto de progresiva mercantilización de la vida y de un Estado cuyas acciones, a menudo inconscientes o automatizadas, terminan al servicio de intereses privados.

No obstante, la historia reciente demuestra que el Estado ha desempeñado un papel decisivo en los avances tecnológicos más relevantes. Cuando el capital privado evitó asumir riesgos financieros o enfrentar largos plazos de maduración, fue el sector público el que invirtió, protegió y apostó por la innovación. Como sostiene Mariana Mazzucato (2013, p. 109), tecnologías clave como el GPS, la pantalla táctil, el reconocimiento de voz o los motores de búsqueda, presentes en productos como el iPhone, no habrían sido posibles sin una intervención estatal decidida, que aportó capital, visión estratégica y soporte institucional. El GPS, por ejemplo, fue completamente financiado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, con una inversión superior a los 30.000 millones de dólares (Mazzucato, 2013, p. 109).

Además, países como Corea del Sur, Israel y Finlandia han demostrado que una política pública de inversión sostenida en investigación y desarrollo, superior al 3 % del PIB, puede generar ecosistemas tecnológicos robustos y autónomos (Banco Mundial, 2023).

La idea neoliberal ha intentado instalar en la sociedad —e incluso en sectores académicos— la noción de que el Estado solo debe intervenir cuando el mercado falla. Esta visión ha sido dominante en las últimas décadas, aunque hoy algunos países transitan hacia modelos más progresistas o socialdemócratas. Sin embargo, el poder estructural de las tecnologías digitales, controladas por grandes corporaciones globales, sigue condicionando las decisiones públicas y la vida cotidiana, incluso en contextos que buscan superar el paradigma neoliberal.

Aunque el caso más emblemático del impulso estatal en la innovación tecnológica es el de Estados Unidos, cuyo Departamento de Defensa financió tecnologías como el GPS, Internet, las pantallas táctiles o el reconocimiento de voz, países como Corea del Sur, Israel y Finlandia han demostrado que las inversiones estatales sostenidas pueden crear ecosistemas autónomos de innovación. En contraste, en Colombia el rol del Estado en ciencia, tecnología e innovación ha sido históricamente débil, con una inversión crónicamente baja y sin una estrategia nacional robusta para fortalecer la soberanía tecnológica.

3.1.3. Consecuencias en la soberanía tecnológica

Este contraste evidencia que los riesgos asumidos por las empresas privadas que hoy dominan el mercado no son comparables con la acción estructural, sostenida y visionaria que ciertos Estados han desempeñado como motores de la innovación. Más que reducir al Estado colombiano a un simple garante del mercado, se hace necesario concebirlo como un agente activo en la disputa por el conocimiento, el desarrollo científico y la infraestructura digital.

Sin embargo, no basta con que el Estado financie las etapas iniciales de la innovación; también debe crear mecanismos que le permitan obtener un retorno justo cuando esos proyectos resultan exitosos y conservar un grado de control estratégico sobre las tecnologías desarrolladas. En la mayoría de los casos, el Estado no ha recibido beneficios proporcionales al riesgo asumido, al capital invertido ni al tiempo de espera requerido para materializar avances tecnológicos que hoy generan enormes utilidades en manos privadas.

Este retorno no puede depender únicamente de los impuestos, pues muchas empresas multinacionales utilizan estrategias de evasión fiscal, como el traslado de ganancias a paraísos fiscales, para reducir de manera drástica sus obligaciones tributarias.

Pero además del problema fiscal, está el efecto social y político de esta concentración tecnológica. Las innovaciones financiadas con recursos públicos terminan operando bajo lógicas privadas que afectan directamente la vida cotidiana de las personas: controlan el acceso a la información, extraen datos sin consentimiento, moldean decisiones y condicionan oportunidades.

En este contexto, no solo se trata de recuperar lo invertido, sino de cuestionar para quién y con qué fines se desarrollan estas tecnologías y de garantizar que su uso respete los derechos colectivos, la diversidad cultural y la autonomía de los pueblos.

Desde su origen, la función esencial del Estado ha sido garantizar los derechos de los ciudadanos, proporcionar condiciones para el desarrollo pleno de las comunidades y proteger la vida en sociedad. Sin embargo, estos fines han sido progresivamente cooptados por el capital, que ha logrado orientar la acción estatal según sus propios intereses, condicionando incluso la forma y el alcance de su intervención.

Hoy se requiere un Estado con visión, capaz de recuperar su liderazgo y su capacidad de decisión, de actuar con independencia frente a los poderes económicos y de ubicar el bien común en el centro de su accionar.

3.2. Apropiación privada de la información

Aunque el Estado fue durante décadas el principal financiador de los grandes avances tecnológicos, su papel se fue desdibujando con la entrada del modelo económico neoliberal. Este modelo exigía reducir al Estado a su mínima expresión y priorizar la inmediatez de los resultados, en sintonía con las exigencias del nuevo mercado global. La presión por obtener beneficios en el corto plazo debilitó la posibilidad de sostener un Estado capaz de financiar proyectos de largo aliento, cuyos frutos solo serían visibles años después.

3.2.1. Del bien público al capital informacional

En ese contexto, Google nació como un proyecto académico impulsado por Larry Page y Sergey Brin, concebido como una herramienta orientada al bien público (Zuboff, 2019). Su propósito inicial era organizar la información del mundo y hacerla accesible y útil de manera universal. Sin embargo, la lógica del capital impuso sus propias exigencias: aquella idea debía convertirse en un negocio rentable. Aunque su motor de búsqueda ofrecía resultados notablemente superiores a los de competidores como Yahoo!, carecía de un modelo económico sostenible.

Ante la presión por generar ingresos, la empresa desarrolló dos herramientas centrales para monetizar la información acumulada durante años. Primero, AdWords (hoy Google Ads), que permite a las empresas pagar para que sus anuncios aparezcan en los resultados de búsqueda, transformando cada consulta en una oportunidad comercial. Segundo, AdSense, que ofrece a los administradores de páginas web externas la posibilidad de mostrar anuncios gestionados por Google, ampliando su capacidad de vigilancia y extracción de datos en todo el ecosistema digital.

3.2.2. Surgimiento del capitalismo de vigilancia

Estas herramientas no solo resolvieron el problema de rentabilidad, sino que marcaron el inicio de una nueva lógica económica: el capitalismo de vigilancia. Según Zuboff (2019, p. 94), Google transformó el excedente conductual —los datos generados más allá de lo necesario para prestar un servicio— en una nueva materia prima para la economía digital. Como afirma la autora: “El descubrimiento de que el excedente conductual podía ser convertido en datos de comportamiento, y luego reutilizado como medio de producción, marca el origen del capitalismo de vigilancia. Estos datos excedentes son sobre nosotros, pero no para nosotros”.

La idea original con la que fue concebido Google, como un motor para organizar la información del mundo y hacerla accesible, ha quedado atrás. Hoy, el capital informacional se construye a partir de un ecosistema de plataformas interconectadas como Gmail, Android, Maps, YouTube, Chrome y Drive, que no solo ofrecen servicios gratuitos, sino que recolectan, segmentan y comercializan masivamente el comportamiento digital de los usuarios. Estas plataformas, de bajo costo operativo para la empresa, se han convertido en dispositivos de extracción de datos que alimentan su maquinaria algorítmica. Su finalidad ya no es únicamente organizar la información, sino anticipar, predecir y moldear comportamientos individuales y colectivos.

Según el informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT, 2024), el 67 % de la población mundial ya está conectada a internet, lo que implica que miles de millones de personas están sujetas diariamente a estas dinámicas de captura de datos. A su vez, la Asociación del Sistema Global para las Comunicaciones Móviles (GSMA, por sus siglas en inglés, 2024) señala que el crecimiento del acceso móvil está ampliando el alcance de estas plataformas incluso en regiones históricamente excluidas. Esta concentración de infraestructura digital y control de la información en manos de unas pocas corporaciones no solo redefine las relaciones económicas, sino también las condiciones para el ejercicio de derechos fundamentales en el entorno digital.

3.2.3. Del obrero al usuario: la nueva materia prima

A inicios del siglo XX, el capitalismo industrial se estructuró sobre la idea de que la producción en masa, la división técnica del trabajo, el control estricto del tiempo y del movimiento del obrero, junto con sistemas de incentivos salariales por productividad, garantizarían eficiencia y rentabilidad. El obrero era concebido como un engranaje de la maquinaria productiva: repetía tareas, estandarizaba productos y generaba mercancías. Este modelo fue adoptado por empresas icónicas como Ford y General Motors, convirtiéndose en símbolo del orden industrial moderno.

En la actualidad, ese paradigma ha mutado de manera radical. El usuario ha reemplazado al obrero. Ya no es necesaria una fábrica física: la producción ocurre en plataformas digitales, distribuidas en la nube, donde el trabajo es inmaterial. Acciones cotidianas como navegar, buscar, hacer clic, opinar o compartir generan datos que, aunque no se traducen en salario, sí producen valor económico.

Cada interacción digital se convierte en un dato monetizable cuyo valor es capturado por las plataformas. A diferencia del modelo fordista, el control ya no es visible ni disciplinario, sino invisible, automático y algorítmico: se ejerce a través de estructuras técnicas que procesan, predicen y condicionan el comportamiento del usuario. Zuboff (2019, p. 113) afirma que los usuarios no son los clientes de Google, sino su materia prima.

Los datos se han convertido en una especie de oro oculto en el comportamiento cotidiano. Las grandes empresas tecnológicas han diseñado sus plataformas como auténticas máquinas extractoras, disfrazadas de entretenimiento y funcionalidad. Mientras las personas interactúan, estas empresas extraen valor sin que se conozca con precisión cuánto vale lo que se entrega ni para qué será utilizado.

3.2.4. La acumulación por desposesión digital

En términos técnicos, estas empresas captan, almacenan y analizan grandes volúmenes de información personal sin un consentimiento informado real. A menudo, el acceso a sus servicios exige aceptar contratos extensos y ambiguos —los conocidos “términos y condiciones”— que niegan al usuario cualquier control efectivo sobre sus datos. Se configura así una nueva forma de acumulación por desposesión: no basada en tierras o recursos minerales, sino en datos, emociones, patrones de conducta y relaciones sociales (Harvey, 2005, p. 145).

Aunque hoy el acceso a la información es más amplio que hace unas décadas, ello no garantiza una emancipación del conocimiento. Por el contrario, los algoritmos que rigen la circulación de contenidos pueden manipular la forma en que aprendemos, pensamos y decidimos. La ilusión de libertad informativa oculta una estructura de control que moldea las experiencias cognitivas desde el poder del diseño digital.

El Sur global, históricamente relegado al papel de proveedor de materias primas, enfrenta ahora una nueva oleada de extractivismo: el digital. Ya no se exporta petróleo, café o minerales, sino datos y conocimiento generados en plataformas donde millones de personas interactúan, crean contenido o simplemente navegan. Esta extracción masiva de información produce enormes beneficios económicos que no retornan a las comunidades de origen.

Lo digital dista de ser limpio o neutro. Deja una huella profunda: ecológica, por el gasto energético de los centros de datos; política, por la concentración del poder en pocas corporaciones; y social, por la profundización de las desigualdades globales en el acceso, el uso y el control del conocimiento.

3.2.5. De la vigilancia física al control algorítmico

Para comprender cómo pasamos de la vigilancia física a la vigilancia digital, es necesario recuperar algunos conceptos clave. Jeremy Bentham (1787/1995) propuso a finales del siglo XVIII el modelo del panóptico: una estructura carcelaria con una torre central desde la cual un solo vigilante podía observar a todos los prisioneros sin ser visto. Michel Foucault (1975/2002) retomó esta idea para explicar cómo el poder moderno no requiere violencia directa, sino que opera induciendo autodisciplina mediante la constante posibilidad de ser observado.

En la actualidad, la vigilancia algorítmica ha reemplazado a esa torre central. Los algoritmos no solo observan: capturan, procesan y predicen comportamientos humanos a partir de enormes volúmenes de datos que se entregan voluntaria o inadvertidamente en plataformas digitales, cámaras de seguridad, teléfonos inteligentes o sistemas de gestión laboral. Antes sabíamos que nos vigilaban y desde dónde; ahora no sabemos quién observa, ni cuándo, ni con qué fines. La vigilancia se ha vuelto automática, masiva e invisible.

Este modelo no busca únicamente disciplinar: busca predecir, controlar, monetizar e incluso excluir. Las consecuencias sociales son profundas: algoritmos que determinan quién recibe un crédito o una beca, o quién debe ser más estrechamente vigilado; sistemas que amplifican sesgos históricos racistas, clasistas y coloniales; y estructuras que, lo más preocupante, operan sin posibilidad de apelación humana. El control ya no se impone con armas, sino con datos y fórmulas opacas que organizan la vida cotidiana según intereses ajenos.

3.3. Colonialismo digital y soberanía tecnológica

La evolución de las tecnologías ha transformado de manera profunda las relaciones sociales, especialmente la forma en que se ejerce el poder y se estructura el control social. El capitalismo, en su lógica permanente de acumulación, ha pasado del uso del látigo y la coerción física, al encierro carcelario y la vigilancia disciplinaria. En el siglo XXI, este control se ha vuelto silencioso, ejercido por algoritmos que configuran experiencias, decisiones y oportunidades cotidianas. La amenaza ya no es visible: se oculta tras interfaces amigables mientras extrae datos y modela comportamientos al servicio de intereses corporativos.

Los dispositivos tecnológicos, lejos de ser neutrales, operan dentro de lógicas de acumulación, exclusión y dominación. Reproducen y profundizan desigualdades históricas, especialmente entre los países del Sur global y los centros de poder informacional. Paradójicamente, en la era de mayor acceso a la información, el conocimiento sigue lejos de ser democratizado. Su circulación está condicionada por plataformas que lo mercantilizan y su control queda en manos de corporaciones y Estados que definen los rumbos del mundo digital.

Frente a este panorama, resulta urgente recuperar el papel del Estado, no como garante del libre mercado, sino como defensor de los derechos digitales y como agente clave en la construcción de una soberanía tecnológica. Solo una acción colectiva, crítica y organizada podrá disputar el sentido de las tecnologías en la vida cotidiana. De lo contrario, se consolidará una nueva forma de colonialismo, reconfigurada no por espadas ni cadenas, sino por datos, algoritmos y plataformas globales.

3.4. Colonialidad del saber y ecología de saberes: hacia una desobediencia epistémica digital

3.4.1. La persistencia de la colonialidad del saber en la era digital

La historia impuso una única forma legítima de conocer el mundo. Esta visión, construida desde Europa, se presentó como universal y superior, especialmente desde la Ilustración, cuando la lógica, la razón, el método experimental y la objetividad fueron elevados a verdades neutrales aplicables a todos los pueblos.

Esa racionalidad fue producto de una historia y una cultura específicas: la Europa blanca, burguesa y masculina. Su imposición invisibilizó los conocimientos construidos durante siglos por pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, mujeres y espiritualidades no cristianas, reduciéndolos a superstición, mito, atraso o ignorancia.

Como señala Boaventura de Sousa Santos (2017, p. 32), este proceso formó parte de un epistemicidio: la destrucción sistemática de saberes no occidentales. La colonización impuso estructuras políticas, económicas, religiosas, jurídicas y pedagógicas que consolidaron esta hegemonía del saber.

La educación fue uno de los principales dispositivos de exclusión. Transmitió vivencias, lenguas y valores eurocéntricos mientras borraba conocimientos locales. Desde entonces, la alianza entre ciencia moderna, Estado y capital se ha presentado como verdad oficial, incluso en las tecnologías más recientes.

3.5. Epistemologías del Norte vs. epistemologías del Sur

Imaginemos un caso hipotético para comprender cómo opera esta exclusión epistémica: comparemos la medicina tradicional indígena con los sistemas de inteligencia artificial aplicados a la salud.

En una comunidad indígena amazónica, las enfermedades se tratan mediante plantas medicinales que, aunque no han sido estudiadas por la ciencia occidental, han mostrado eficacia durante generaciones. Los diagnósticos se elaboran a partir de sueños, cantos rituales y conocimientos transmitidos oralmente por sabedores tradicionales.

En contraste, un sistema de IA aplicado a la salud se entrena con ensayos clínicos validados, protocolos biomédicos estandarizados y clasificaciones internacionales de enfermedades, usualmente en inglés. En ese marco, cualquier enfermedad que no esté registrada en la base de datos simplemente no existiría. El algoritmo ignoraría o descartaría como superstición todo tratamiento que no haya sido validado por el método científico occidental.

Como efecto, el curandero indígena quedaría excluido como fuente legítima de conocimiento, incluso cuando la eficacia de su saber ha sido comprobada en su propio contexto.

3.5.1. La ecología de saberes como resistencia

Este ejemplo evidencia que la IA, lejos de ser neutral, puede convertirse en un nuevo agente de epistemicidio, reforzando la lógica colonial que Boaventura de Sousa Santos (2017, pp. 21-24) denuncia. En lugar de reconocer la diversidad epistémica, impone un único marco de verdad y deslegitima otras formas de sanar y de conocer.

El modelo de conocimiento definido por las élites tecnocientíficas del Norte global se sostiene sobre una pretensión de universalidad. Como expone Boaventura de Sousa Santos, esta monocultura del saber científico excluye toda forma de conocimiento que no sea cuantificable, estandarizada o formalizada. En ese esquema, los saberes orales, espirituales, colectivos y situados de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas son deslegitimados porque no se ajustan a los parámetros de la racionalidad instrumental.

La inteligencia artificial, entrenada con bases de datos que privilegian publicaciones científicas, fuentes académicas y registros institucionales, actúa como un dispositivo de recolonización epistémica. Impone formas de pensar, decidir y gestionar la vida que responden a lógicas construidas desde el Norte, desconociendo realidades locales y diferencias culturales. Aquello que no puede ser computado simplemente no existe para el algoritmo.

Si comparamos de manera concreta cómo se construye el conocimiento en los países del Norte y en los del Sur, encontramos dos concepciones profundamente distintas, atravesadas por relaciones históricas de poder, colonialismo y exclusión. Para comprender este conflicto, es necesario precisar qué es la epistemología: una rama de la filosofía que estudia cómo se construye el conocimiento, quién tiene autoridad para producirlo, qué métodos se consideran válidos y, sobre todo, qué se reconoce como verdad. No es un asunto abstracto, sino político: decidir qué cuenta como conocimiento implica relaciones de dominación y legitimación.

La epistemología del Norte, hegemónica en la modernidad, fue desarrollada principalmente en Europa y Norteamérica. Se caracteriza por el universalismo, al asumir que sus verdades aplican a todos los contextos; por la objetividad, entendida como la posibilidad de producir conocimiento sin influencias culturales, políticas o emocionales; por el uso del método científico moderno, que privilegia lo cuantificable y lo explicable; y por el racionalismo y el empirismo, que dan prioridad a la lógica formal y a la observación medible. Además, este modelo se legitima a través de la autoridad institucional —universidades, centros de investigación, revistas indexadas y organismos internacionales— que consagran lo que se considera conocimiento “válido”.

3.5.2. Desobediencia epistémica digital

En contraste, las epistemologías del Sur, diversas y situadas, buscan visibilizar, legitimar y articular los saberes históricamente ignorados u oprimidos por el pensamiento dominante. En contextos marcados por la multiculturalidad, estas epistemologías reivindican la pluralidad de saberes; la contextualidad, entendida como la idea de que todo conocimiento surge en un entorno histórico, social y cultural específico; y la experiencia vivida de comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, populares y de mujeres como fuentes legítimas de conocimiento. Aquí, el saber no es neutral: está vinculado a la resistencia, a las luchas por la justicia y a la defensa de la vida.

El conflicto epistémico aparece cuando la epistemología del Norte impone sus criterios como los únicos válidos, negando y desvalorizando otras formas de saber. Esta imposición implica no solo exclusión, sino también apropiación: el conocimiento producido por los pueblos del Sur es frecuentemente extraído, reformulado bajo marcos ajenos y convertido en propiedad privada, mientras se invisibiliza a los sujetos que lo originaron. El conocimiento deja así de ser una herramienta de emancipación para convertirse en un instrumento más del poder colonial y capitalista.

Repensar el conocimiento, como sugiere Mignolo (2009, p. 45), exige superar las jerarquías epistémicas impuestas por la modernidad y abrirnos a la diversidad de saberes que coexisten en nuestras sociedades. Del mismo modo que en la naturaleza distintos ecosistemas interactúan sin que uno valga más que otro, los saberes —científicos, ancestrales, populares, espirituales, técnicos— pueden convivir y complementarse sin que ninguno se imponga como el único válido.

Tomemos como analogía el manglar: un ecosistema complejo que actúa como barrera natural frente al oleaje y sirve de criadero para múltiples especies marinas. Su desaparición afecta de manera directa la vida del mar. De forma similar, el conocimiento del pescador tradicional puede entrelazarse con la biología marina, generando un diálogo entre la experiencia y la ciencia que respete la manera local de observar y relacionarse con la naturaleza.

Esta propuesta, inspirada en la ecología de saberes de Boaventura de Sousa Santos, no sostiene que todos los saberes tengan el mismo peso en cualquier momento o lugar. Sostiene reconocer que el conocimiento no es neutral y que múltiples formas de saber han sido históricamente excluidas o subordinadas. Construir diálogos interculturales y pluriepistémicos se convierte en una forma de resistencia frente a esa exclusión.

Como pueblos, tenemos derecho a pensar, conocer y actuar desde nuestras propias formas de entender el mundo. Reconocer ese derecho constituye un paso fundamental en la descolonización del conocimiento.

El mundo exige un diálogo potente entre saberes, todos ellos incompletos y situados. Este diálogo no debe entenderse como una escalera en la que algunos ascienden mientras otros quedan por debajo, sino como un telar colectivo, en el que cada hilo —con su color, textura y origen— resulta indispensable para sostener la trama común del conocimiento. En ese tejido, ningún hilo puede imponerse sobre los demás sin dañar el conjunto; solo al entrelazarse con respeto, reconocimiento y dignidad, el conocimiento puede fortalecerse sin exclusión.

Esta imagen no es solo simbólica: expresa la urgencia de construir relaciones horizontales entre saberes ancestrales, populares, científicos y técnicos, sin jerarquías impuestas. Allí donde los pueblos tejen juntos sus conocimientos —como en procesos de salud intercultural, educación comunitaria o defensa del territorio— se abre la posibilidad real de una ecología de saberes como alternativa frente a la monocultura epistémica.

3.6. La democratización del conocimiento como horizonte político

El conocimiento no es neutral: está atravesado por relaciones de poder. Cuando estas relaciones se imponen sobre otras formas de saber, el conocimiento se vuelve ilegítimo, porque obstaculiza la autodeterminación de los pueblos y sus cosmovisiones del mundo. En espacios como la escuela, la salud y la política, la monopolización del saber impide la expresión de múltiples epistemologías cuyo valor trasciende las métricas cuantitativas o cualitativas impuestas por el pensamiento hegemónico.

Frente a esta colonización epistémica, comunidades enteras han resistido defendiendo sus lenguas, prácticas, conocimientos y formas de vida. Estas luchas no son solo culturales, sino profundamente políticas, porque buscan reconfigurar la relación entre saberes diversos desde el reconocimiento mutuo y la justicia cognitiva.

La tecnología ha operado de manera ambivalente: ha masificado el conocimiento, pero también ha reforzado exclusiones. Por ello, se vuelve urgente trasladar la lucha por la tierra y la vida al plano digital, en dirección a una soberanía tecnológica que incluya y visibilice los saberes del Sur global.

La inteligencia artificial, la tecnología y el conocimiento no pueden separarse de las relaciones de poder que los atraviesan. De ahí la urgencia de transformarlos desde una perspectiva decolonial, plural y profundamente democrática. Democratizar el conocimiento no consiste solo en garantizar acceso abierto a datos o plataformas, sino en ampliar el propio sistema de producción del saber: incorporar otras voces, otras lógicas y otros mundos.

Se requiere un mundo en el que cada forma de conocimiento contribuya a la dignidad de la vida, sin jerarquías que silencien ni tecnologías que dominen. Como en un telar colectivo, cada saber —ancestral, científico, espiritual o popular— es un hilo necesario para sostener un tejido común justo, diverso y profundamente humano.

4. Resultados y discusión

Este artículo se inscribe en una metodología cualitativa y crítica, basada en un análisis teórico-documental. Se emplea un análisis crítico del discurso para interpretar los procesos de apropiación, producción, concentración y control del conocimiento en el marco del capitalismo informacional.

La selección de fuentes responde a la relevancia teórica y crítica de autores como Boaventura de Sousa Santos, Mariana Mazzucato, Karl Marx y Shoshana Zuboff. Sus obras permiten articular una lectura interdisciplinaria entre la economía política, la epistemología crítica y la sociología del poder, proporcionando herramientas conceptuales para abordar las formas contemporáneas de dominación cognitiva y tecnológica.

A partir del entrecruzamiento de estas perspectivas, el trabajo se orientó a problematizar el lugar del Estado, el papel de las corporaciones multinacionales y los mecanismos de exclusión epistémica en la configuración del orden digital actual.

4.1. Hallazgos conceptuales

• Se evidencia una pérdida progresiva de soberanía estatal en el campo de la innovación y el conocimiento, especialmente frente al poder de las corporaciones tecnológicas multinacionales.
• La inteligencia artificial reproduce una racionalidad instrumental que excluye saberes no occidentales y consolida un modelo epistémico monocultural.
• El conocimiento se ha convertido en una mercancía sujeta a procesos de acumulación por desposesión, reforzando la lógica del colonialismo digital.
• Surgen alternativas críticas desde el Sur global, como la desobediencia epistémica digital y la ecología de saberes, que plantean la reapropiación del conocimiento como herramienta emancipadora.

4.2. Interpretación y proyección

Frente a este panorama, resulta necesario repensar el papel del Estado en la defensa del conocimiento como bien común. Recuperar la soberanía cognitiva exige no solo fortalecer la acción pública, sino también una articulación regional entre países del Sur global para discutir políticas que resguarden los derechos ciudadanos frente a la expansión del poder corporativo transnacional.

Desde la ciencia, se requiere avanzar hacia una sincronía entre diversas posturas epistémicas que no se limite a integrar conocimientos desde una visión jerárquica, sino que reconozca la pluralidad cultural, histórica y económica de cada territorio. Esta ecología de saberes se proyecta como una vía hacia la democratización del conocimiento y la construcción de futuros tecnológicos más justos.

5. Conclusiones

A lo largo de este artículo se ha argumentado que la inteligencia artificial, lejos de ser una tecnología neutra, encarna una racionalidad instrumental que reproduce lógicas de dominación capitalistas, patriarcales y coloniales. Esta dinámica forma parte de un proceso más amplio de acumulación por desposesión del conocimiento, facilitado por el debilitamiento del Estado y por la mercantilización cognitiva impuesta por corporaciones transnacionales.

Frente a este escenario, la disputa por la inteligencia artificial se convierte en una disputa por la soberanía epistémica, tecnológica y política. Si no se confronta el monopolio cognitivo global, el Sur permanecerá atrapado en ciclos de dependencia estructural que perpetúan la desigualdad y el silenciamiento de otros saberes.

Superar esta realidad exige una acción colectiva donde confluyan saberes, territorios y políticas públicas emancipadoras. El Estado debe recuperar su papel en la protección del bien común, promover marcos regulatorios que garanticen la soberanía digital y epistémica, y apoyar la producción de conocimiento situado, abierto e inclusivo. Al mismo tiempo, desde las bases sociales se requiere impulsar una desobediencia epistémica digital que cuestione la monocultura del saber y abra paso a una ecología de saberes.

En una lectura crítica de Zuboff (2019), la inteligencia artificial, tal como se concibe hoy, opera como herramienta de control. Pero también podría ser una herramienta de emancipación. La diferencia no radica en sus algoritmos, sino en sus poseedores, en los fines que persiguen y en la visión del mundo que promueven. Democratizar el conocimiento no es solo una tarea académica: es una urgencia política para defender la dignidad, la pluralidad y el futuro de nuestras sociedades.

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