Recepción: 20 Mayo 2022
Aprobación: 15 Julio 2022
Resumen: Usualmente la literatura académica y algunos sectores políticos entienden la justicia transicional como un proceso deseable, en cuanto aspira a dirigir a las sociedades hacia arreglos de organización y convivencia más justos y a la superación de las violencias. Sin embargo, la adopción de modelos alternativos de justicia y la búsqueda de verdades históricas —a veces no compartidas por toda la sociedad— puede hacer emerger viejos y nuevos clivajes ideológicos y grupos de interés para desacreditar estos procesos. Este artículo es un intento por entender cuáles fueron los marcos narrativos utilizados por la prensa y los sectores de la política electoral para legitimar o deslegitimar los mecanismos de justicia transicional en Colombia (2016), Filipinas (2014) y Kenia (2008). Para esto, analizamos 66 piezas de prensa y 24 declaraciones políticas, las que luego clasificamos entre aquellas que apoyan o resisten a la justicia transicional. Encontramos que la prensa puede ser una caja de resonancia para las narrativas adoptadas por los políticos, y que la resistencia a los mecanismos de la justicia transicional puede buscar su desacreditación, pero en otros casos puede orientarse a robustecer los procesos transicionales. Así, la i/legitimidad de los procesos de justicia transicional se deriva tanto de las corrientes ideológicas arraigadas en una sociedad, como de los intereses coyunturales amenazados por la transición.
Palabras clave: justicia transicional, legitimidad, prensa, Colombia, Filipinas, Kenia.
Abstract: Usually, academic literature and some political sectors understand transitional justice as a desirable process, as it aspires to lead societies towards more just arrangements of organization and coexistence and to overcome violence. However, the adoption of alternative models of justice and the search for historical truths —sometimes not shared by society as a whole— may boost the emergence of old and new ideological cleavages and interest groups to discredit these processes. This article attempts to understand what the narrative frameworks were used by the press and electoral politics sectors to legitimize or delegitimize transitional justice mechanisms in Colombia (2016), the Philippines (2014), and Kenya (2008), respectively. For this, we analyzed 66 press pieces and 24 political statements, which we then classified among those supporting or resisting transitional justice. We found that the press can be a sounding board for the narratives adopted by politicians and that resistance to transitional justice mechanisms can seek to discredit them, but in other cases, it can be oriented to strengthen transitional processes. Thus, the il/legitimacy of transitional justice processes derives both from the ideological currents rooted in society, as well as from the interests of certain political actors threatened by the transition.
Keywords: transitional justice, legitimacy, press, Colombia, the Philippines, Kenya.
1. Introducción
La justicia transicional (JT) es un concepto y práctica multidimensional que incluye un conjunto de medidas (procesos penales, iniciativas de búsqueda de la verdad, plataformas restaurativas y reformas institucionales) asociadas con la intención de una sociedad por superar un pasado de abusos y violaciones a los derechos humanos (Naciones Unidas, 2010). Usualmente, tanto en la literatura académica como en algunos actores políticos, la JT es entendida como un proceso deseable, en cuanto dirige a las sociedades hacia modelos más justos y a la superación de las violencias (Douzinas, 2005; Turner, 2013). No obstante, como lo han mostrado Anders y Zenker (2014) y Turner (2013), la JT no implica el fin de los clivajes ideológicos al interior de una sociedad y, por ende, no se debe asumir que para todos los actores va a ser deseable su consecución.
Por el contrario, por su naturaleza, la JT puede crear nuevos clivajes y encontrar resistencias tanto entre víctimas, como entre terceros no involucrados en el conflicto armado (Madlingozi, 2010; Jones y Bernath, 2018). En consecuencia, la JT también es legitimada o deslegitimada a partir de lo que diversos sectores argumentan o cuestionan sobre ella. Así, no se trata únicamente de un proceso legal, sino de un proceso social que, como cualquier fenómeno, pasa también por construcciones discursivas y legitimidades contingentes de acuerdo con el contexto (Turner, 2013).
Este artículo es un intento por entender las narrativas de apoyo y resistencia a los procesos de JT en Colombia, Filipinas y Kenia. Particularmente, nos interesa comprender los imaginarios que intentaron posicionar dos sectores: la prensa y los grupos de la política electoral. En los tres países, el gobierno firmó acuerdos de paz con grupos insurgentes o disidentes.. De igual forma, todos estos acuerdos fueron celebrados por algunos sectores, mientras otros consideraban que era un pacto excluyente de élites o una claudicación de la autoridad del país (Gutiérrez-Sanín, 2020; Hansen, 2013; Abinales, 2015). Por lo tanto, analizar las narrativas desarrolladas en cada caso será útil para entender las razones de los descontentos y apoyos, y ofrecer así luces en relación con las posibilidades de sobrepasar esas resistencias en otros casos o durante los procesos que todavía están en marcha.
2. Metodología
Este artículo busca entender cuáles fueron las narrativas que construyeron los sectores políticos y los medios de comunicación que apoyaron o se resistieron a los procesos de JT en Colombia, Filipinas y Kenia. Por lo tanto, elaboramos un estudio de casos comparado, en cuanto reconstruimos cada caso y, a partir de ese proceso, encontramos conclusiones comunes. Este estudio de casos comparado lo hicimos a través de un análisis de contenido de piezas de prensa y de declaraciones de políticos sobre los procesos de JT. Para todos los casos, los principales momentos de análisis fueron los meses previos y posteriores a la firma de los acuerdos de paz. Si las hubo, también se analizaron coyunturas subsiguientes que provocaron reacciones positivas o negativas conectadas con la JT. Estas serán explicadas en cada sección.
En total analizamos 66 documentos de prensa extraídos de los principales periódicos de cada país; estos fueron editoriales de los periódicos o publicaciones de sus columnistas. También analizamos 23 declaraciones de políticos sobre la JT. Posteriormente, las clasificamos en marcos narrativos para identificar las ideas-fuerza más relevantes y sus posiciones frente a la JT de forma dicotómica (apoya/resiste). Así, se identifican los principales argumentos utilizados por ambos sectores y luego se explican de manera descriptiva.
3. ¿Cómo se ha definido la justicia en transición?
Antes de continuar, vale la pena aclarar a qué nos referimos al hablar de justicia en transición. Particularmente, porque esta no solo comprende los mecanismos de acceso a la justicia ordinaria, sino que es, a grandes rasgos, un conjunto de mecanismos y procesos asociados con la posibilidad de dejar atrás un legado de abusos y permitir la definición de las responsabilidades, acceder a la justicia y alcanzar la reconciliación (De Greiff, 2012; ACNUR, 2004). Esta definición, sin embargo, puede seguir siendo confusa en ciertos contextos nacionales, dado que legítimamente emergen algunas preguntas tales como: ¿qué medidas no relacionadas con el proceso de JT pueden, de igual forma, permitir alcanzar la reconciliación?, ¿son estas partes del proceso de JT entonces? Por lo tanto, delimitar el concepto para que sea claro a qué nos referimos cuando hablamos de JT es útil para entender nuestras decisiones metodológicas y nuestra argumentación.
Aunque, en principio, la JT fue entendida dentro del marco de los procesos de democratización (Crocker, 1998), posteriormente su uso se ha extendido a los esfuerzos por construir paz luego un periodo de conflicto, de violencia masiva o de violación sistemática de los derechos humanos (van Zyl, 2005). Al tratarse de un nuevo concepto de justicia, la JT está ligada a un conjunto distinto de dilemas legales y filosóficos relacionados con qué voces se deben incluir en las reconstrucciones de la verdad histórica, a quiénes castigar, cómo hacerlo y qué medidas tomar para evitar la repetición (Bell, 2016; Avruch, 2010).
En el campo de la justicia transicional han dominado los debates sobre la intersección entre democratización, protección de los derechos humanos y reconstrucción estatal después de un conflicto (McEvoy, 2007). No obstante, han emergido otros enfoques que tratan las necesidades de las víctimas como medios para restaurar el tejido social quebrantado por la violencia (Hall et al., 2018). A medida que el campo ha evolucionado durante las últimas dos décadas, se han fusionado varios objetivos de verdad, justicia y reconciliación que tienen en su centro a las víctimas (Fletcher y Weinstein, 2017). De hecho, la JT se ha convertido en sinónimo de preocupación por los derechos de las víctimas, que ahora están en el núcleo de los procesos que intentan lidiar con el pasado (Bonacker, 2013).
La justicia transicional ha ganado relevancia global como un “término paraguas” que encierra un rango de medidas e instituciones como tribunales, comisiones de verdad, proyectos de memoria, compensaciones, reivindicaciones de la dignidad de las víctimas y provisión de justicia en tiempos de transición (Buckley-Zistel et al., 2014). De acuerdo con el Centro Internacional de Justicia Transicional (2018), la JT se refiere, entonces, a las maneras en que los países emergen de períodos de conflicto y represión donde se cometieron tantas violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, que el sistema de justicia ordinario no sería capaz de proveer una respuesta adecuada.
Por una parte, las comisiones de la verdad son entidades oficiales —y temporales— creadas con el propósito de investigar y reconstruir la historia de violaciones pasadas de derechos humanos (incluyendo las perpetradas o permitidas por el Estado) en un país particular (Hayner, 2011). Por otra parte, el componente penal de la justicia transicional, que se materializa en procesos judiciales y sancionatorios, puede desplegarse en distintos niveles. Los responsables de los crímenes en contextos de transición pueden ser judicializados en cortes domésticas, mixtas o internacionales (Stahn, 2005). Ahora, De Greiff (2006) asegura que, en el ámbito jurídico, sobre todo en el del derecho internacional, el vocablo “reparaciones” se refiere a las medidas, como restitución, compensación, rehabilitación y garantías de no repetición, orientadas a resarcir el daño que hayan sufrido las víctimas como consecuencia de ciertos crímenes. Otra acepción tiene que ver con la conjunción de tales medidas en el diseño e implementación de programas de reparación. Finalmente, la reforma de las instituciones es una dimensión clave de la justicia transicional, porque tiene el potencial de desencadenar un cambio estructural en el andamiaje del Estado para prevenir futuras violaciones de derechos en circunstancias de conflicto o represión (OACDH, 2014).
Así pues, la locución polisémica “justicia transicional” —justicia en tiempos de transición o justicia del posconflicto— puede y debe entenderse como una teoría y una práctica con ámbitos convergentes, que se superponen unos a otros dependiendo del contexto social, jurídico, geográfico y económico en el que se dé la transición. En ese sentido, no todas estas medidas tienen que estar presentes al tiempo en todos los países analizados para que consideremos que hay un proceso de JT.
4. Legitimidad y justicia transicional
La justicia transicional no puede entenderse universalmente como un proceso lineal y preexistente a las sociedades que la aplican. Diversas investigaciones han mostrado que los factores sociales y culturales de ciertas sociedades pueden contribuir al éxito o fracaso de estas medidas (Jenkins, Subedi y Jenkins, 2017; Nalin, 2018; Wiebelhaus-Brahm, 2016). No obstante, en el concepto de JT sí existe cierta pretensión de universalidad, que puede ser dañina si se construye desde las pretensiones de ciertas élites globales (Nagy, 2008), pero útil si se logran incluir las voces y experiencias de los países que experimentan estos procesos (Ni Aolain, 2015). Este artículo surge de un esfuerzo por identificar estas experiencias y no relegarlas a sus contextos, sino permitir que ofrezcan insumos para otros procesos.
Por otro lado, como lo muestra Wiebelhaus-Brahm (2016), la JT puede llegar a ser instrumental para que regímenes en el poder solidifiquen sus estatus o para sentar las bases de nuevos conflictos que pueden llegar a ser violentos. Por lo tanto, la JT no es necesariamente un proceso que lleve a la paz si no está acompañado de otros varios elementos. Uno de esos elementos es, justamente, la legitimidad. De hecho, la crisis de legitimidad de los procesos de JT ha sido motivante del fracaso de algunos de ellos (Abe, 2022; Sharp, 2022).
Esa i/legitimidad de la JT no está dada únicamente por sus disposiciones (aunque, por supuesto, estas son importantes), sino que se construye a través de agentes que la apoyan o ejercen resistencia. A quienes suelen apoyar los procesos, algunos autores los llaman emprendedores de la justicia transicional (Madlingozi, 2010).
Entre los muchos actores que pueden apoyar o resistir la JT, se encuentran la prensa, los sectores políticos, los académicos, las víctimas de la guerra, las ONG, las organizaciones internacionales y las instituciones gubernamentales. Ahora bien, un análisis de todo el entorno que permite la construcción de la i/legitimidad de la JT tomaría mucho —más que un artículo—, así que en este caso nos concentraremos en dos: la prensa y los sectores de la política electoral.
La elección de estos dos sectores está motivada, por un lado, por el “papel transicional” que algunos autores han encontrado en la prensa escrita. Como lo muestran Andresen y otros (2017), transformar las narrativas en los medios de comunicación tiene un importante impacto en la forma en que la sociedad observa su pasado de abusos, pero también en la forma en que los anteriores generadores de violencia encuentran su rol en la sociedad. La prensa puede estigmatizar a ciertos sectores y sostener (o incluso producir nuevas) rencillas que están en el núcleo de las violencias estructurales (Herfroy-Mischler, 2016; Olusegun, 2022). A pesar de que tal cosa suele darse por descontada, la investigación empírica para evaluar este rol i/legitimador de la prensa es, más bien, escasa (Golčevski et al., 2013). Por lo tanto, buscamos aportar a esta literatura.
Por otro lado, el discurso de los sectores de la política electoral es fundamental porque, primero, aquí se involucran actores que hacen parte del gobierno y pueden encontrar en la JT una fuente de legitimidad para su permanencia —ya sea en cuerpo propio o a través de sus aliados— (Robins, 2012; Selim, 2018). Y, segundo, porque también es posible que algunos sectores de oposición encuentren en la resistencia a la JT una forma de apalancar su llegada al poder y su crítica al gobierno (Mumma-Martinon, 2022). En este artículo, los casos resultan de especial relevancia porque la oposición a la JT ha estado también en el poder, lo que genera una evidente tensión entre el cumplimiento y los lenguajes legitimadores.
De esta manera, lo que buscamos en este artículo es identificar los marcos utilizados por diferentes sectores de la prensa y la política electoral para defender o resistirse a la JT. Al elegir estos dos sectores, nos involucramos con una literatura que entiende que ambos desempeñan un importante rol en la construcción de i/legitimidades, pero al tiempo nos separamos de quienes asumen que los apoyos o resistencias a los procesos de JT son generadores de mejores marcos de actuación (Jones y Bernath, 2018). Por el contrario, asumimos que los actores tienen intereses para defender o atacar la JT, que no necesariamente están relacionados con la insatisfacción con sus mecanismos, sino que están mediados por objetivos electorales, sesgos ideológicos u objetivos frente a la justicia.
5. La construcción de la i/legitimidad de la justicia transicional en Colombia, Filipinas y Kenia
5.1. Colombia
Aunque, como puede observarse en Rúa (2015), en Colombia ha habido otros escenarios de justicia transicional, en este trabajo nos concentramos únicamente en el proceso de JT derivado del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno colombiano y la exguerrilla de las Farc-EP en el 2016. En particular, nos concentramos en dos instituciones (que no agotan la JT, pero que son fundamentales en ella): la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición (en adelante Comisión de la Verdad o CEV).
La JEP es el componente de justicia del Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición (SIVJRNR) establecido en el Acuerdo con las Farc-EP. Por lo tanto, tiene la función de “investigar, esclarecer, juzgar y sancionar los más graves crímenes ocurridos en Colombia durante más de 50 años de conflicto armado” (JEP, 2019, p. 2). Hasta el momento, la JEP ha abierto siete macrocasos sobre retenciones ilegales, muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, victimización de los miembros de la Unión Patriótica (UP), reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado colombiano, y tres casos subregionales. Como se verá más adelante, la JEP ha sido objeto de varias críticas por parte de algunos sectores políticos, por lo que su análisis permite identificar algunas de las principales resistencias que encarna la JT en el país.
La Comisión de la Verdad, a diferencia de la JEP, es un mecanismo extrajudicial. Esto quiere decir que no determinará hechos judiciales ni sancionará a ningún individuo. Su función es, más bien, “conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas durante el mismo y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad” (CEV, s. f.). Así como la JEP, la CEV ha sido criticada por algunos sectores políticos, lo que permitirá también un análisis de las resistencias frente a la JT en el país. El informe final de la CEV fue entregado el 28 de junio de 2022, lo que abrió varios espacios de discusión en el país.
En total analizamos 27 artículos de prensa colombiana, que incluyen editoriales, reportajes y columnas de opinión (véase el anexo 1). En ellos aparecieron 10 marcos narrativos, que están sintetizados en la tabla 1, clasificados entre aquellos que apoyan la JT y aquellos que la resisten. Vale la pena aclarar aquí que resistencia no indica necesariamente oposición a la JT. Más bien, refiere a la elaboración de una crítica a alguno de sus mecanismos, que puede tener un propósito constructivo o un propósito destructivo.
Dentro de los artículos analizados, los marcos narrativos de resistencia a la JT suelen ser más variados y están relacionados con diferentes temas de acuerdo con la coyuntura particular. De estos, 15 artículos se pueden clasificar como de resistencia, mientras que 12 manifestaron apoyo a alguna de las dos instituciones analizadas. Cabe aclarar que nuestro propósito es cualitativo, por lo que, aunque esta selección no sea representativa, es suficiente para la identificación de los principales marcos narrativos con los cuales se buscó des/legitimar la JT en el país. No obstante, no se debe asumir como una medición cuantitativa de los apoyos o las resistencias; más bien, como un rastreo de esas narrativas para intentar comprenderlas.
Dentro de los marcos narrativos de resistencia se pueden observar dos posturas generales: una que cuestiona la JT como un todo, porque la considera inconveniente para el país; y otra, que cuestiona alguno de sus componentes (principalmente relacionados con su implementación), porque busca que sean corregidos para un mejor funcionamiento.
Sobre el primer tipo de resistencia, hay varios argumentos que se han ido transformando de acuerdo con la coyuntura. El primero es el de la impunidad. Según esta idea —extendida principalmente hacia el 2016, en el marco del plebiscito por la paz y postulada desde sectores de la política electoral—, el modelo de JT propuesto en el Acuerdo de Paz es inconveniente para Colombia, porque genera impunidad para los combatientes. Este argumento partía, principalmente, de una media verdad: que, al no ir a la cárcel, los responsables de la guerra estaban siendo indultados en la práctica (Human Rights Watch [HRW], 2016). Sin embargo, como bien lo demuestran Güiza y Uprimny (2016), la ausencia de cárcel no implica ausencia de condena, por lo que hablar de impunidad podría resultar engañoso. La narrativa de la impunidad, sin embargo, fue también utilizada por ciertos sectores que apoyaban la JT para argumentar que algunas modificaciones propuestas por el uribismo sí estaban generando que algunos responsables no acudieran a estas instancias (Periódico Unal, 2017).
Este marco narrativo tuvo una respuesta directa por parte de la prensa, que empezó a posicionar la idea de que el Acuerdo no pretendía la impunidad de los grupos guerrilleros. De hecho, esta respuesta narrativa no se limitó al 2016, sino que ha estado presente año tras año, cada vez que hay algún evento relacionado con la JT que pudiera demostrarlo. Por ejemplo, luego de que la JEP, en el marco del macrocaso por retenciones ilegales, señalara a las Farc-EP de ejercer tratos crueles e inhumanos, hubo editoriales de medios de comunicación y columnas de opinión que señalaron esto como una evidencia de que no habría impunidad para esta guerrilla. Las narrativas de des/legitimación, entonces, no están aisladas entre sí, sino que conversan y se entrelazan para reforzar o combatir sus efectos.
Una segunda narrativa de resistencia a la JT es que esta tiene el propósito de desprestigiar a la fuerza pública. Tal narrativa, aunque presente desde muy pronto, ha tomado más fuerza después de dos eventos. El primero está relacionado con el macrocaso sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por parte del Estado colombiano, más conocido como el de falsos positivos. Luego de que la JEP presentara algunos avances, desde varios sectores se intentó cuestionar a la organización aduciendo que había un propósito en mostrar a la fuerza pública como un actor criminal más de la guerra. El segundo evento fue la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad, dado que una de las recomendaciones consistía en la transformación de la doctrina militar. Semana ha publicado, posteriormente, varias reacciones a esta idea, llamándola “irresponsable”, “peligrosa” o como generadora de “incertidumbre” entre las tropas. En general, esta narrativa parte de la idea de que no es posible cuestionar la actuación de la fuerza pública como institución, ya que cualquier violación de derechos humanos debe reducirse al nivel individual.
La tercera narrativa utilizada para resistirse a la JT es que se trata de tribunales parcializados con el propósito de beneficiar a los grupos armados. Usualmente, esta narrativa parte de la idea de que las instituciones estudiadas tienen un sesgo favorable para los grupos subversivos, razón por la cual “ignoran” a ciertas víctimas y proponen una lectura de la guerra que les resta responsabilidad.
Desde este punto de vista, cualquier lectura de la guerra que no asuma como únicos responsables a los insurgentes está teniendo un sesgo en favor de ellos. Sin embargo, ni es cierto que la Comisión de la Verdad no haya escuchado a las víctimas de las guerrillas (como se muestra en la publicación de Sánchez en Colombiacheck, 2022), ni es cierto que los mecanismos de la JT no reconozcan responsabilidades de los grupos armados (como lo demuestran los avances que ha habido en los macrocasos de la JEP en los que se acusa duramente a miembros de las Farc-EP).
Relacionada con este argumento, aparece una cuarta narrativa para resistirse a la JT, según la cual la JT está politizada. De acuerdo con esta idea, tanto la Comisión de la Verdad como la JEP están motivadas políticamente, ya sea porque sienten animadversión contra el Centro Democrático (partido de gobierno entre 2018-2022 y opositores al proceso de paz) o porque se ven cercanos a la izquierda, que erróneamente es asumida por ciertos sectores como soporte de la insurgencia. Una muestra clara de esto se puede hallar en un reportaje de Semana (2022), en el que sugerían que Francisco De Roux, presidente de la CEV, “no quería que el presidente Duque estuviera en entrega final y […] fue feliz con Petro”. La intención es, entonces, asociar a las instituciones que encarnan la JT con ciertas ideas políticas, con el propósito de cuestionar su validez.
Finalmente, la quinta narrativa de resistencia tajante ante la JT en Colombia es que allí las víctimas no estaban en el centro del debate. A pesar de que las instituciones del SIVJRNR se habían ideado en el punto 5 del Acuerdo de Paz (que trata sobre las víctimas), y que la reconstrucción de la verdad busca, justamente, que las víctimas accedan a ella, para algunos sectores esto era insuficiente, ya que las Farc no dejaron claro de qué forma repararían a sus víctimas. Incluso, algunos de quienes apoyaron la JT mencionaban que había una tensión inherente en cuanto algunas víctimas habrían también deseado mayores niveles de castigo.
Ahora, hubo dos narrativas de resistencia que no necesariamente buscaban atacar la JT, sino reforzarla. Por un lado, hubo varios sectores que cuestionaron que algunos excombatientes de las Farc-EP estaban burlándose de la JT, al ofrecer declaraciones a medias o directamente falsas sobre su participación en la guerra. En este caso, la crítica a la JT provenía, justamente, de que al permitir este tipo de declaraciones se podía deslegitimar lo que se había conseguido y permitir críticas a un modelo que debía ser más robusto. En tal sentido, esta puede leerse más bien como un cuestionamiento directo a los excombatientes que no están decididos a aceptar sus responsabilidades en la guerra. Por otro lado, hubo críticas al hecho de que algunas víctimas no habían podido asistir a los mecanismos de la JT, porque no tenían condiciones de seguridad para presentar sus versiones y regresar a sus territorios sin ser estigmatizados y revictimizados por los grupos armados. En este caso, la crítica giraba en torno a la forma en que la JT protegía a las víctimas para que el sistema funcionara de mejor manera. En ambos casos, la crítica provino de sectores que han mostrado abiertamente su compromiso con la paz y la JT en otros contextos.
Con respecto a las narrativas para apoyar la JT, además de la ya mencionada —que buscaba contrarrestar la idea de la impunidad—, hubo dos que fueron predominantes. Una según la cual, en un país con una guerra prolongada como Colombia, la JT ofrecía la posibilidad de construir una verdad histórica que hiciera justicia por las víctimas y que contribuyera a la reconciliación. En este contexto, varios medios de comunicación mostraron su apoyo a, por ejemplo, la prórroga que se hizo al mandato de la CEV y al informe final presentado por esta entidad. Este enfoque también aparece recurrentemente cuando en la JEP se hacen reconocimientos de responsabilidad por parte de diversos actores (miembros de las fuerzas militares o exguerrilleros). En síntesis, según esta narrativa, la JT es deseable porque permite conocer verdades sobre la guerra a las que, de otra manera, no tendríamos acceso. La segunda narrativa de apoyo plantea que la JT es también una forma de finalizar el conflicto armado. Anclada a la idea de verdad, lo que se argumenta aquí es que no se puede cerrar un ciclo de confrontación violenta si no se ejecuta un proceso de reconciliación que parte de reconocer la verdad y judicializar a los responsables (así sea con penas alternativas).
Al analizar las narrativas de los sectores de la política electoral (véase el anexo 1.1), encontramos que, en lo que concierne a las resistencias tajantes frente a la paz, estas son muy similares a las que los medios de comunicación adoptaron luego. Aparece recurrentemente la idea de la impunidad, que fue funcional para que el Centro Democrático posicionara el voto por el No en el plebiscito por la paz en el 2016 y, posteriormente, para ganar las elecciones a la presidencia. De hecho, su candidato, Iván Duque, llamó a la JEP un “monumento a la impunidad”. Luego, cuando era presidente, objetó la ley estatutaria de la organización bajo el argumento de que buscaba evitar la impunidad.
En este caso, las narrativas de resistencia utilizadas para alcanzar el poder generaron compromisos normativos que llevaron a oponerse a la JT. Incluso, luego de que la CEV publicara su informe final, Iván Duque dijo abiertamente que este era “para debatirlo” y que “no era vinculante” (Semana, 2022). Esta es una muestra evidente de que las resistencias a la JT no son secundarias, ni deben ser leídas como simples ideas aisladas. De hecho, el caso colombiano deja ver que pueden llegar a afectar radicalmente la implementación de estos mecanismos (Gutiérrez-Sanín, 2020).
Por su parte, el expresidente Uribe, en varias ocasiones, ha utilizado también la narrativa de la impunidad, pero sumada a la idea de que la JT en Colombia tiene como propósito desprestigiar a la fuerza pública. Frente al macrocaso de los falsos positivos de la JEP, este propuso un referendo para derogarla. Luego, frente al informe de la Comisión de la Verdad, su respuesta fue decir que esta mentía, y la llamó “irresponsable”, porque, a su juicio (compartido con el del entonces presidente Iván Duque), no había directrices institucionales que permitieran las ejecuciones extrajudiciales. Esta narrativa fue también defendida por el ministro de defensa de Iván Duque, Diego Molano, quien afirma que la CEV no escuchó a los militares y esto explica su sesgo.
Estos ejemplos muestran que algunos medios de comunicación, al plantear sus narrativas de i/legitimidad frente a la JT, estaban funcionando también como cajas de resonancia de lo que las ideas-fuerza que los sectores de la política electoral estaban construyendo. Es decir, hubo una transmisión de las narrativas, que luego fueron adoptadas por algunas líneas editoriales. Esto no es necesariamente novedoso: en realidad, los medios de comunicación suelen ser transmisores de ideas políticas con frecuencia (Low y Melatos, 2022). No obstante, reconocer estos sesgos y esas transmisiones puede ser útil a la hora de analizar la información producida.
Con respecto a las narrativas de apoyo, aunque algunas sí aparecen repetidas (la JT permite la reconciliación), hay otras que no fueron necesariamente adoptadas por los medios de comunicación. En particular: que la justicia transicional es un modelo para el mundo, y que permite la reconciliación. La idea del modelo aparece con frecuencia en el discurso de Juan Manuel Santos, quien, de hecho, utilizó a la comunidad internacional como legitimador del Acuerdo de Paz. Sin embargo, esto no pareció ser suficiente para convencer electoralmente a la población (Badillo, 2020). La narrativa de la reconciliación, aunque no apareció en los medios de comunicación de manera explícita, sí está relacionada con la búsqueda de la verdad y el fin de la guerra; ideas que los medios de comunicación sí defendieron.
Este recuento junto con los resultados obtenidos en el plebiscito para refrendar el Acuerdo de Paz en el 2016 y las elecciones presidenciales en el 2018 deberían llevar a cuestionar también de qué forma se construyen las narrativas de apoyo a la JT. Mientras parece ser que las resistencias encontraron resonancia en los medios de comunicación y en la población, los apoyos parecen estar restringidos a ciertos sectores de la política electoral y no socializarse con la misma facilidad. Sin embargo, este no era el objetivo de esta investigación, así que no ahondamos en el éxito o fracaso de las narrativas.
5.2. Filipinas
En 2014, el Gobierno filipino y el Frente Moro de Liberación Islámica (MILF) firmaron un acuerdo de paz con el objetivo de finalizar el conflicto armado de cuatro décadas arraigado en el sur del país, debido a expectativas insatisfechas de autogobierno en la región de Bangsamoro. El Acuerdo Marco sobre la Región Autónoma de Bangsamoro establece un proceso de transición ‘dual’. Por un lado, una esfera de normalización, que incluía el desarme de los excombatientes y el desmantelamiento del grupo guerrillero separatista MILF. Por otro lado, una esfera política que estableciera las condiciones para la autonomía de Bangsamoro con relación a Manila (International Crisis Group, 2022). La Región Autónoma de Bangsamoro del Mindanao Musulmán (BARMM) se creó en 2019., luego de que se aprobara la Ley Orgánica de Bangsamoro, un año antes. El gobierno transicional, constituido por el MILF y los designados de la administración central, elaboró y aprobó un plan de transición y desarrollo para Bangsamoro, que fue la hoja de ruta de su mandato, hasta la celebración de las elecciones previstas en la nueva región autónoma a mediados de 2022.
Tanto en la vía de la normalización, como en la vía política, se han dado avances y retrocesos en el más reciente proceso de transición filipino. Antes de las elecciones de 2022, se preveía que 40 000 guerrilleros del MILF se desmovilizarían y depondrían alrededor de 7200 armas en cuatro fases (International Crisis Group, 2022). A pesar de que se han ejecutado parte de los compromisos de cada una de las fases de desmovilización y desarme, de manera paralela se han configurado disidencias que amenazan la transición, como es el caso de los Combatientes por la Libertad Islámica de Bangsamoro, un grupo escindido del MILF que, a su vez, se ha fragmentado en tres facciones. Al menos una de ellas ha jurado lealtad al Estado Islámico (ISIS) y todas continúan desplegando acciones armadas en la región. Las elecciones de mayo de 2022 también fueron un punto de inflexión en la cultura política del Mindanao musulmán, pues aquellos excombatientes reintegrados del MILF participaron por primera vez en la contienda electoral mediante representantes de su joven partido político creado recientemente, el Partido Unido de la Justicia de Bangsamoro (UBJP).
Otro mecanismo de justicia transicional que se desprendió del acuerdo de paz de 2014 fue la creación de la Comisión de justicia transicional y reconciliación, cuyo mandato fue investigar las violaciones de derechos humanos, con miras a corregir injusticias históricas y reparar los agravios cometidos en contra del pueblo Bangsamoro. En 2016, la Comisión emitió un informe con recomendaciones tanto para el Gobierno nacional como para la comunidad autónoma. Sin embargo, el impulso inicial para su implementación ha decaído. A pesar de que durante el Gobierno de Rodrigo Duterte (2016-2022) se creó una unidad para implementar las recomendaciones, la mayoría de ellas siguen en el limbo. El presidente entrante, Ferdinand Marcos Jr., ha asumido el poder en Filipinas para un nuevo período de gobierno. Entre tanto, el futuro de la transición de este país involucra una dosis importante de incertidumbre, ya que este nuevo liderazgo podría asumir una posición revisionista con respecto a lo pactado en 2014, lo legislado en 2018 y los demás hitos transicionales que han ocurrido hasta el presente.
Para el caso filipino, analizamos 20 artículos de prensa —columnas de opinión y editoriales— (véase el anexo 2). En ellos hallamos seis marcos narrativos recurrentes, que se muestran en la tabla 2. Como en el caso colombiano, los clasificamos en aquellos que apoyan la JT y aquellos que la resisten. En Filipinas, tanto las voces de apoyo, como las de resistencia a la transición —después del acuerdo de paz de 2014— no son tipos ideales o totalizantes. Es decir, encontramos que hay quienes apoyaron las disposiciones del Acuerdo Marco sobre la Región Autónoma de Bangsamoro con reservas, preocupados por lo que debía reforzarse para el éxito de la transición. Otros columnistas y medios expresaron su apoyo de manera más bien acrítica, centrándose en la deseabilidad del modelo transicional, a pesar de sus fallas o faltas.
De acuerdo con nuestros hallazgos, las resistencias al proceso de JT filipino que se proyectaba hasta el 2022, pero que finalmente se extenderá hasta 2025, se aglutinaron en torno a una sensación de exclusión por parte de algunos sectores que no se sintieron considerados en el diseño del andamiaje transicional. Lejos de oponerse a la paz en el Mindanao musulmán, la resistencia a la JT se mostraba escéptica a que prosperaran los mecanismos transicionales post-2014 o incluso a que fueran necesarios.
El rastreo de narrativas en la prensa filipina arrojó un mayor número de marcos narrativos de apoyo que de resistencia; aunque, como se ha dicho, el apoyo de los columnistas y de los periódicos al proceso de justicia transicional con el MILF no estuvo exento de reservas. En este contexto, hallamos cuatro marcos narrativos recurrentes que se orientaron a legitimar la JT en el país y dos que buscaban deslegitimar los mecanismos transicionales del proceso. Las narrativas de apoyo resaltaron: 1) las conexiones que debía y podía establecer el modelo transicional con las leyes y el desarrollo del país; 2) la imprescindibilidad de involucrar a toda la población en la transición, sin pasar por alto los enfoques diferenciales necesarios para distinguir, por ejemplo, las diferentes formas de victimización en el conflicto; y 3) la centralidad del respaldo internacional frente a turbulencias locales de la JT. Las narrativas de resistencia más vehementes alegaban la irrelevancia de los mecanismos transicionales y su plausible reemplazo por medidas ordinarias, así como la exclusión de ciertas visiones en el proceso y la inobservancia de saboteadores de la transición.
Los apoyos con reservas se sintetizan en los siguientes tres marcos normativos y se explican en coyunturas particulares que son descritas a continuación. Primero, el reto inicial de la más reciente transición filipina fue derogar la preexistente Región Autónoma del Mindanao Musulmán (ARMM, por sus siglas en inglés) e instaurar la nueva Región Autónoma de Bangsamoro en el Mindanao Musulmán (BARMM, por sus siglas en inglés). Para ello, fue necesario diseñar, debatir y aprobar la Ley Orgánica de Bangsamoro. El proyecto de ley de esta norma se estancó durante meses en el Congreso antes de ser aprobado en 2018, debido a aparentes disposiciones inconstitucionales y al recelo de una parte de la clase política. Finalmente, la Comisión de Transición de Bangsamoro ratificó el alineamiento del texto de la ley a la Constitución filipina y el presidente Duterte logró el apoyo necesario para que se aprobara. Así, la nueva provincia de Bangasamoro se hizo con un gobierno regional, una mayor autonomía fiscal, un parlamento y un sistema de justicia propios. En la prensa, esta situación fue reportada como una oportunidad y una necesidad de armonizar la normatividad del país con las innovaciones legislativas que se esperan en un modelo de JT, para lidiar efectivamente con las demandas y los problemas desatendidos en el pasado, que fueron la base del conflicto que intenta dejar atrás la transición. Esto es la autonomía de la comunidad musulmana mora al sur de Filipinas.
El segundo marco narrativo de apoyo con reservas que se identificó en este caso giraba en torno a la centralidad de los enfoques diferenciales en los mecanismos y resultados de la JT, particularmente el enfoque de género. Las notas de opinión coincidían en que las mujeres deben estar fuertemente inmiscuidas en los procesos de transición y construcción de paz en Filipinas. Específicamente, debían participar en la vigilancia del establecimiento de la nueva entidad política: la región autónoma de Bangsamoro. Los columnistas aseveraron que una verdadera reconstrucción de Mindanao —tras la guerra— solo se lograría asegurando la participación política y la garantía de los derechos humanos de las mujeres, pero también su empoderamiento económico inmediato. En contraste con estas aspiraciones y demandas, solo 16 mujeres fueron designadas para hacer parte de la Autoridad de Transición de Bangsamoro, en un grupo de 98 elegidos. Es importante resaltar que las mujeres participaron activamente en el conflicto, ya sea como miembros de las fuerzas rebeldes, de organizaciones de la sociedad civil o de burocracias pasadas de la región.
Las otras dos narrativas de apoyo, francamente incondicional, le apuntaron a promocionar la transición filipina como algo deseable en sí mismo, sin considerar las fallas o las carencias que pudiera tener su diseño e implementación. Estas narrativas intentaron legitimar la JT proyectándola más allá de la paz en Mindanao y conectándola con el desarrollo y la prosperidad nacional. El conflicto de larga data al sur del país había impedido —hasta la firma de la paz— el establecimiento de negocios e inversiones en un territorio que se presume como uno de los depósitos más ricos en minerales de Filipinas. Esto podría explicar, además, el férreo respaldo internacional que ha recibido esta transición.
En este sentido, una idea que se diseminó con fuerza en la prensa filipina, sobre todo en momentos de crisis o parálisis, fue la aprovechar el acompañamiento de la comunidad internacional de manera especial cuando las condiciones locales fueran desfavorables. La irrupción de la pandemia por la COVID-19 a finales de 2019, los sucesivos cambios de gobierno y los enfrentamientos armados con otros grupos rebeldes que continúan operando en la región, sin duda, impactaron la percepción y el compromiso de los actores directos e indirectos del proceso de JT a nivel territorial. En estas coyunturas adversas, la continuidad del soporte brindado por actores externos fue y seguirá siendo determinante, tal como ha sucedido también en la transición colombiana.
Ahora bien, los marcos narrativos de resistencia se ubicaron en los extremos de un espectro que va de la irrelevancia de las medidas transicionales, hasta la reestructuración del diseño transicional pactado. Quienes juzgan el proceso de JT y sus ramificaciones —la autonomía de Bangsamoro— como innecesaria, lo hacen argumentando que, en un eventual sistema federal, el Mindanao musulmán, al igual que las otras regiones del país, ampliarían sus márgenes de autogobierno “sin menoscabar la nación filipina”.
El federalismo es una discusión instalada ya con antelación en el escenario político de Filipinas. El gobierno saliente intentó avanzar en este debate, aunque finalmente lo archivó como consecuencia de las posturas desfavorables de las élites locales respecto a abandonar el sistema centralista. En opinión de algunos sectores, el gobierno entrante, que llegó al poder bajo el ala del recién constituido Partido Federal de Filipinas, debe reinstalar la discusión del modelo federal en la agenda nacional y trabajar por acoplar la Constitución de 1987, actualmente vigente, con la organización político-administrativa proyectada.
Sustentadas en la posibilidad del federalismo, las voces de resistencia más radicales resaltan la innecesaridad de la transición política post-2014. Otras resistencias más moderadas se opusieron al proceso de JT en algún momento después de celebrado el acuerdo de paz, enfatizando en que las medidas transicionales desconocían las visiones de algunos sectores, requerían otros liderazgos políticos o debían ser suspendidas o retrasadas a causa del sabotaje de grupos armados ilegales activos —algunos disidentes del MILF—.
Cuando observamos las narrativas de los sectores políticos filipinos (véase el anexo 2.1), hallamos que algunas de sus narrativas de apoyo y también de resistencia fueron transmitidas a los medios de comunicación. Por un lado, el apoyo de ciertos sectores políticos y de prensa se sustentó en que la justicia transicional en Bangsamoro impactaría de manera directa y positiva el desarrollo económico de Filipinas. Por otro lado, la resistencia de políticos y referentes de opinión celebró la esfera de “normalización” o desarme de la transición, pero no la de los pactos políticos conducentes a la autonomía y el autogobierno de la región. La Autoridad de Transición de Bangsamoro, liderada por el MILF, no fue reconocida por el Frente Moro de Liberación Nacional (MNLF), otra de las organizaciones separatistas con presencia en la zona.
El nuevo Gobierno de Filipinas, en cabeza de Marcos Jr., ha sido cauteloso en sus declaraciones y se ha separado del entusiasmo que sus predecesores le imprimieron a las medidas de JT en marcha. Durante su discurso de posesión, el 30 de junio de 2022, Marcos manifestó “querer la paz” en el territorio filipino, pero no expresó nada concreto sobre los detalles de lo que será la agenda de paz de su administración. En Filipinas, como en Colombia, los cambios de gobierno han tendido a rivalizar las nociones de paz y justicia transicional, para desprenderse —hasta cierto punto— de los acuerdos y los compromisos heredados de sus antecesores. Esto sucedió en el relevo Santos-Duque (Colombia) y parece estar ocurriendo también en el empalme Duterte-Marcos (Filipinas).
En cuanto a las narrativas de los actores políticos que no lograron igual resonancia en la prensa, de acuerdo con nuestra revisión, se encuentran, por ejemplo, el argumento del presidente Benigno Aquino III, quien en 2015, instó a la celeridad en la implementación del acuerdo de 2014, considerando que “los líderes envejecidos del MILF buscaban hacer la paz”, pero un relevo generacional en la organización podría hacer que Filipinas perdiese otra oportunidad de cerrar el capítulo del conflicto al menos con este colectivo. Esta argumentación circunstancial contrasta con una más de tipo estructural, también del presidente Aquino III, pero en el año de la firma de la paz, cuando promovía el modelo de JT como una vía para alterar el statu quo de violencias que había sido el día a día del sur del país por cuarenta años.
5.3. Kenia
Desde su independencia del imperio británico, en 1963, Kenia ha experimentado una serie de altercados violentos en períodos electorales, que se suman a otras violencias estructurales por motivos étnicos, políticos o económicos. Al mismo tiempo, este país ha acumulado una experiencia significativa en transiciones políticas. La violencia poselectoral de 2007-2008, en la que murieron aproximadamente 1000 personas y 250 000 resultaron desplazadas (HRW, 2008), motivó la más reciente transición keniana, que se ha dado en tres sentidos: un proceso de juzgamiento internacional por parte de la Corte Penal Internacional (CPI), la conformación de la Comisión de la verdad, justicia y reconciliación y la promulgación de la Constitución de 2010.
Kofi Annan, exsecretario de las Naciones Unidas y una de las figuras políticas africanas más importantes, lideró la mediación de la crisis poselectoral, hasta alcanzar un acuerdo nacional que allanó el camino para un gobierno de coalición que administró el país hasta la celebración de unas nuevas elecciones generales en 2013. En su momento, se esperaba que Kenia creara un tribunal especial para investigar y enjuiciar a los miembros de la élite política responsables de la violencia poselectoral de 2007-2008. Sin embargo, esto no sucedió. Fue entonces cuando se llevaron los procesos a la CPI en La Haya. El actual presidente keniano, Uhuru Kenyatta, así como algunos de sus adeptos y contrincantes, figuraban entre aquellos que debían ser investigados y, eventualmente, enjuiciados. No obstante, al final, la Corte anuló los cargos, aludiendo a la escasez de material probatorio aportado por la fiscalía —en parte, producto de la falta de cooperación de la justicia keniana para recabar las evidencias necesarias—. Al menos esta parte de la transición no ha sido juzgada como positiva por la población keniana, ni por las víctimas de la violencia electoral, ya que este “pacto de élites” ha permitido que las acciones de los “máximos responsables” queden impunes casi quince años después de los hechos.
En la transición keniana, el pilar de la verdad fue ambicioso, puesto que, a pesar de que el proceso de JT obedeció a la violencia poselectoral de 2007-2008, el alcance de las investigaciones no judiciales abarcó, incluso, hechos del período colonial de Kenia. El informe final de la Comisión de la verdad, justicia y reconciliación fue concluido en 2013, después de cuatro años de investigaciones.
Hay quienes sostienen que el reporte parece haber sido alterado antes de que fuera públicamente presentado. El mandato de la comisión, así como su informe afrontaron múltiples dificultades para su implementación. El Gobierno de Kenia recibió el informe, pero hasta el presente solo sus recomendaciones más simbólicas, como las disculpas públicas, han sido acatadas. Las recomendaciones sustanciales, relacionadas con las reparaciones a las víctimas y el paquete de reformas (constitucional, legislativa, judicial, policial), se han desarrollado de manera muy limitada.
La reforma constitucional concluyó el 4 de agosto de 2010, cuando los kenianos votaron mayoritariamente a favor de un nuevo texto constitucional, que limita los poderes del ejecutivo en un país con una tradición presidencialista altamente personalista. La Constitución de 2010 establece nuevos lineamientos sobre la tenencia de tierra, la devolución de “poder” del centro a las regiones en ciertos asuntos y el fortalecimiento del Estado de derecho. En este último ámbito, el veto es quizás uno de los resultados más contundentes de la transición. La figura del veto es lo que le impide al actual presidente de Kenia continuar en el poder durante un tercer mandato después de las siguientes elecciones generales programadas para agosto de 2002. También es lo que podría depurar otras instancias del Estado de perpetuadores de la violencia en cualquier de sus formas.
La Comisión Electoral Independiente de Kenia (IEBC, por sus siglas en inglés), uno de los actores de la transición política en ese país, concluyó recientemente un proceso de veto que redujo el número de candidatos de 55 a 4. En los últimos años, la IEBC ha velado además por impedir el desarrollo de campañas políticas con demasiada antelación al período electoral. Su gestión ha sido parcialmente exitosa: el país africano ha vivido pequeños brotes de violencia electoral en el marco del vigente modelo de justicia transicional.
Revisamos 19 artículos de prensa keniana, entre piezas de opinión y editoriales (véase el anexo 3). Identificamos ocho marcos narrativos que se instalaron en los medios de comunicación de Kenia en las diferentes coyunturas que han transcurrido desde el acuerdo nacional que dio paso a la transición observada (tabla 3). Al igual que para los otros casos de estudio, los etiquetamos como marcos narrativos de apoyo y de resistencia, respectivamente, sobre justicia transicional. Encontramos una pluralidad importante tanto de narrativas de apoyo como de resistencia a la transición en Kenia. Una buena parte de ellas son eco de nociones “globales” o “estándares” de JT. En cambio, otras son aproximaciones visiblemente contextuales. En estas últimas, nos concentramos en este artículo.
En los primeros años de la transición (2008-2009) y del Gobierno de coalición entre presuntamente las mismas facciones políticas incitadoras de la violencia electoral en 2007, se instalaron en la prensa keniana dos narrativas de resistencia en relación con la justicia transicional. Por una parte, que el proceso de JT naciente solo era un discurso que no correspondía con la realidad política-social del país. Esto implica el no reconocimiento de las medidas transicionales que, para entonces, ya se encontraban en marcha. En contraste, otras voces de resistencia, aunque reconocían el proceso de justicia transicional por el que empezaba a transitar el país, alertaban sobre lo problemático e infructífero que resultaría la transición si continuaba liderada por las élites del país y no por las clases trabajadoras. Bajo estas perspectivas, las reformas históricamente pendientes y luego recomendadas por las instituciones transicionales eran insuficientes e incluso inviables, mientras no se configuraran liderazgos políticos alternativos.
Para 2014, ocho años después de los hechos violentos que originaron la transición, muchos titulares de prensa en Kenia condenaban la impunidad total y prolongada no solo de los “máximos responsables” (o líderes políticos) del país, sino también de otras instancias del Estado —como miembros de la policía, quienes han sido denunciados por abusos sexuales y otros crímenes, sin ser judicializados o si quiera retirados de sus cargos—. Como en Colombia, la impunidad es una narrativa invocada con frecuencia cuando de justicia transicional se trata. No obstante, en el caso colombiano ha sido utilizada por sus detractores políticos e ideológicos, mientras tanto, en el caso keniano ha sido empleada por las víctimas que continúan esperando las compensaciones prometidas para el momento transicional.
A pesar de la nula rendición de cuentas de las élites gobernantes de Kenia con respecto a su responsabilidad en los brotes de violencia electoral, la sociedad civil continúa confiando en que la JT es una vía plausible para combatir la impunidad. Por ende, expresan su apoyo a la depuración de perpetradores de violaciones de derechos humanos en las instituciones del Estado. Es decir, claman para que se implemente el, ahora constitucional, recurso del veto. La implementación de la figura del veto es uno de los desafíos que enfrenta la transición keniana después de su incorporación a la Constitución de 2010. Por el momento, el veto ha sido efectivo para encarrilar las elecciones de 2013 y de 2022, pero no para restaurar las instituciones del Estado.
Durante la etapa inicial del Gobierno del presidente Kenyatta, quien dejará el cargo en 2022, los procesos en la CPI en contra de él, de sus cercanías políticas y también de otros bandos electorales fueron cerrados. Kenyatta se ha mostrado irreversiblemente crítico a los tribunales internacionales y ha impulsado en la Unión Africana la propuesta de una hoja de ruta regional para abandonar el Estatuto de Roma. Mientras tanto, los kenianos quienes no han recibido justicia retributiva a nivel local ni tampoco internacional se han enfocado, desde entonces, en propender por justicia restaurativa. Las narrativas de apoyo que se difundieron en los medios de comunicación en esta coyuntura enfatizaron la importancia de reconocer e implementar las recomendaciones de la Comisión de la verdad, justicia y reconciliación, que, como veremos más abajo, enfrentó a los sectores políticos kenianos en la lógica de que el informe final de esta comisión debería ser auditado, editado y aprobado por los legisladores antes de asumirse como oficial.
La JT de Kenia, post-2008, que se puede leer como una transición “a medias” o “incompleta” pasó por un primer test de prueba en 2013 y tendrá que hacerlo de nuevo en agosto de 2022. Un nuevo estallido de violencia electoral sería un signo dramático, aunque superficial, de las profundas reclamaciones y agravios de larga data enraizados en la sociedad keniana.
Las reflexiones más recientes en torno al proceso de JT en este país señalan dos lecciones principales. En primer lugar, los mecanismos de justicia transicional deben fijarse para efectuar sus mandatos en el corto plazo, pero los pilares de justicia de transición deben mantenerse incluso después de la vigencia de los mecanismos e instituciones transicionales. De este modo, se previene el limbo en el que se encuentran, por ejemplo, las recomendaciones y los hallazgos del trabajo de la hoy extinta Comisión de la verdad, justicia y reconciliación de Kenia. En segundo lugar, según aquellos que resisten la JT en Kenia, una mayor experiencia en procesos transicionales no garantiza transiciones políticas más exitosas en el futuro. Por el contrario, múltiples coyunturas de transición pueden desgastar el valor y el impacto de los mecanismos transicionales e, incluso, contribuir a la pérdida de credibilidad de las transiciones como trayectorias deseables y efectivas para lidiar con un pasado de abusos y construir una paz duradera.
Nuestra revisión y análisis de la dialéctica de las narrativas de los sectores políticos kenianos (véase el anexo 3.1) se concentró en el informe final de la Comisión de la verdad, justicia y reconciliación, puesto que, de cierto modo, los otros componentes de la transición de Kenia post-2007 completaron su ciclo: la reforma constitucional se concretó en 2010 y los procesos en la CPI cesaron en 2016. En cambio, las recomendaciones emitidas por la Comisión no solo no han sido reconocidas e implementadas hasta el presente, sino que, además, fueron fuertemente controvertidas y desafiadas desde el momento mismo de su divulgación en 2013.
Los sectores políticos que rechazaron el trabajo de la Comisión adoptaron tres posturas: 1) más allá de reconocerlo y custodiarlo, los legisladores deberían tener la facultad de rectificar y modificar el informe final de la Comisión; 2) la implementación de las recomendaciones de la Comisión deberían ignorarse y archivarse, ya que su implementación contribuiría a una mayor polarización y reabriría “viejas heridas”; y 3) no es conveniente imprimirle celeridad a la implementación de las recomendaciones de la Comisión si el ‘clima político’ es inadecuado. Por el contrario, es válido avanzar en la implementación de manera gradual para no avivar riñas políticas. De lo anterior, se puede inferir que la resistencia al pilar de la verdad en la transición keniana ha logrado dilatar el reconocimiento de las víctimas, la responsabilidad de los victimarios, las iniciativas de memoria, los procesos de reparación, entre otros. Además, queda claro que las élites políticas de Kenia están dispuestas a otorgar una legitimidad condicional a los mecanismos de JT, siempre y cuando resulten funcionales a sus intereses ideológicos y electorales. Sin embargo, no se evidencia una asimilación cabal de la independencia y la trascendencia que debe tener el trabajo de las instituciones transicionales.
Por último, los sectores políticos que apoyaron el informe final de la Comisión acogieron, a su vez, tres posturas: 1) los legisladores no deberían tener el poder de rehacer el trabajo realizado por las instituciones de justicia transicional; 2) las recomendaciones de la Comisión deben ser formalmente reconocidas, adoptadas y respaldadas en normas aprobadas por los legisladores, para permitir su implementación; y 3) la justicia restaurativa es tan deseable y necesaria como la justicia retributiva, especialmente en una transición.
Las voces políticas que respaldaron la dimensión de la verdad en el proceso de JT keniano replicaron de manera directa a aquellas voces que buscaban socavar y reemplazar el mandato de la Comisión de la verdad, justicia y reconciliación. De acuerdo con esta visión, los legisladores kenianos debían limitarse a recibir las recomendaciones y desarrollar el marco normativo para su implementación. Aquellos que buscaban “limpiar sus nombres” —los hallazgos de la Comisión incluyeron una lista de funcionarios en ejercicio incriminados con base en los testimonios de las víctimas consultadas— debían abstenerse de hacerlo intentando modificar el informe. Los nombres en ese informe representan resultados de justicia restaurativa y compensan, hasta cierto punto, la ausencia de medidas de justicia retributiva.
6. Conclusiones
Este artículo ha sido un intento por entender de qué manera los procesos de JT son legitimados o no dentro de la prensa y la política electoral. Este objetivo parte de la idea de que, aunque usualmente estos mecanismos son presentados como naturalmente deseables para superar la violencia, en realidad pueden encontrar resistencias dentro de la sociedad que busca sostener o iniciar nuevos clivajes. En algunos casos, esas resistencias pueden llevar al fracaso o la ralentización de estos procesos. Para ello, hemos analizado tres casos: Colombia, Filipinas y Kenia. En todos ellos hubo procesos de JT que, así como encontraron voces de apoyo, también fueron cuestionados por algunos sectores.
En Colombia, los apoyos a la JT provinieron esencialmente de los sectores oficialistas durante el Gobierno que logró el Acuerdo de Paz, en cabeza de Juan Manuel Santos, y de sectores políticos de centroizquierda e izquierda que defendieron lo alcanzado. Las resistencias al Acuerdo fueron enarboladas por el Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que se plantaron no solo como oposición política a Juan Manuel Santos, sino también a todas las iniciativas provenientes del Acuerdo de Paz. Esta oposición les fue funcional para que el No ganara en el plebiscito por la paz del 2016 y, posteriormente, para llegar al poder en el 2018. Esto generó una tensión entre el discurso oficialista (crítico del Acuerdo y, por lo tanto, de los mecanismos de JT) y la necesidad de implementar lo acordado. Como resultado, hubo varios gestos para incumplir el Acuerdo y críticas abiertas a las instituciones de la JT por parte del presidente y sus ministros.
Los discursos de resistencia a la JT que planteó el Centro Democrático tuvieron eco en algunos medios de comunicación, que replicaron estas ideas. En medio de cada coyuntura relevante para la JT, aparecen eventualmente voces críticas desde los medios de comunicación que retransmiten las ideas-fuerza originadas en la política electoral. Aun así, también hubo varios medios de comunicación que se mostraron en abierto apoyo a la JT y que, aun así, han logrado construir críticas y resistencias que no buscan deslegitimarla, sino solidificarla.
En Filipinas, la JT fue apoyada tanto por el Gobierno de Benigno Aquino III (2010-2016), que suscribió el Acuerdo Marco sobre la Región Autónoma de Bangsamoro, como por el Gobierno de Rodrigo Duterte (2016-2022), que asumió buena parte de su implementación. Las resistencias no amenazantes vinieron de sectores políticos, como el Frente Moro de Liberación Nacional, que quedaron excluidos de la Autoridad de Transición de Bangsamoro y, por lo tanto, de su administración. Las resistencias de incertidumbre provienen ahora del Gobierno entrante de Ferdinand Marcos Jr., que podría asumir una posición revisionista tanto del Acuerdo de Paz de 2014, como de los desarrollos transicionales, entre ellos la Ley Orgánica de Bangsamoro, que creó la Región Autónoma de Bangsamoro del Mindanao Musulmán. Las voces de la política electoral han calado en la prensa filipina en las diferentes coyunturas de la transición. Por un lado, las piezas de opinión de columnistas y las notas editoriales de los principales periódicos nacionales se han dividido en apoyos incondicionales y apoyos con reservas a la JT. Las resistencias, por otro lado, se mueven en dos extremos: uno, que considera la JT innecesaria; y otro, que la percibe como excluyente.
En Kenia, en contraste con los casos colombiano y filipino, la JT encontró resistencias en la prensa aparentemente no transmitidas desde los sectores de la política electoral. La más reciente transición keniana no se originó en un acuerdo de paz pactado con un grupo rebelde, sino en un acuerdo nacional celebrado entre las élites gobernantes. Por lo tanto, tras la violencia poselectoral de 2007-2008, los medios de comunicación en Kenia difundían ideas como que “el país no estaba listo para la JT” o que “un proceso de JT debía ser liderado por las clases medias y no por la élite política”. Mientras tanto, la clase dirigente apoyaba rotundamente al menos el discurso de la JT, porque esto les permitió mantenerse en el poder a pesar de su presunta implicación en los episodios de violencia electoral que condujeron a la transición en primer lugar.
El respaldo inicial de las élites a la JT se desvaneció cuando la Comisión de la verdad, justicia y reconciliación de Kenia emitió su informe final, en el que aparecieron incriminados muchos nombres de funcionarios públicos en el ejercicio de sus labores y en el que se consagraron recomendaciones indeseadas o inobservadas, como la creación de un tribunal especial nacional de juzgamiento a los presuntos responsables de violaciones a los derechos humanos o el despliegue de un marco de reparaciones y compensaciones a las víctimas. La prensa y los micrófonos de los sectores políticos se dividieron entre aquellos que pugnaron por respetar la integridad del informe y asegurar su implementación, y aquellos que buscaron modificarlo y deslegitimarlo. Al momento en el que se publica este artículo, el informe de la Comisión continúa acumulado polvo en la urna de cristal en la que se encontraba cuando fue entregado al presidente Uhuru Kenyatta, quien, en un acto posterior, ofreció unas breves disculpas públicas, por recomendación de la Comisión, a razón de la todavía indeterminada responsabilidad de su Gobierno en la violencia electoral de 2007.
En los tres casos se evidencian dos ideas que pueden ser útiles tanto para la práctica académica, como para lecciones en futuros procesos de JT. La primera es que los medios de comunicación desempeñan un rol político dentro de la democracia. Esto implica que sus posturas —y, por lo tanto, sus reportajes y sus líneas editoriales— no son objetivas, sino que están mediadas por las narrativas que los sectores de la política electoral van construyendo. En casi todos los casos, los medios funcionaron como cajas de resonancia de sectores políticos. Ya sea para resistir o para apoyar, las ideas-fuerza más recurrentes aparecían en los medios, luego de que algún personaje de la política lo planteara. Aunque, reiteramos, este no es un hallazgo original de esta investigación, sirve para recordar que los medios de comunicación no son neutrales y, por lo tanto, su rol en los procesos de JT debe también leerse desde esos sesgos.
La segunda idea es que las resistencias a la JT no deben entenderse todas de manera uniforme. Como lo ha demostrado una amplia literatura (Jones y Brudholm, 2018; Selim, 2018; Willard, 2021), la resistencia a la JT no debe asumirse de forma dicotómica. Más bien, hay diferentes maneras de resistirse, algunas de ellas en radical oposición a los procesos y otras con el propósito de robustecerlos. En los tres casos, aunque pudo haber sectores que, por intereses electorales, ideológicos o personales, se opusieron radicalmente a prácticamente todas las disposiciones de la JT, hubo también sectores que apoyaron siempre la JT, pero eventualmente manifestaron narrativas de resistencia. Tal resistencia buscaba señalar desaciertos, con el propósito de que se corrigieran y se sostuviera la JT en el tiempo. Así, la resistencia puede, de hecho, ser también legitimadora de la JT.
Este artículo constituye apenas una lectura exploratoria de las narrativas de des/legitimación de la JT en los casos estudiados. En realidad, todavía hay varias aristas por explorar: ¿por qué se generan estas resistencias o apoyos?, ¿cómo se relacionan estos dos sectores con otros que también construyen narrativas frente a la JT?, ¿de qué manera las instituciones de la JT se des/legitiman a sí mismas?, ¿cómo se relaciona la legitimidad con su capacidad de cumplimiento? En cualquier caso, este artículo se inserta en una amplia literatura existente sobre resistencias y apoyos a la JT, con el propósito de participar de una discusión que no se centre únicamente en nuestros casos de estudio, sino que intente ampliar las miradas otros diferentes contextos de transición.
Anexo
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Notas
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