1. Introducción

La agudización y profundización permanentes de los conflictos socioambientales que tienen ocurrencia a lo largo y ancho de la geografía colombiana son resultado de varios factores concomitantes: la profundización del modelo extractivista, de enclave exportador, la reprimarización de la economía, los contratos de estabilidad jurídica en el marco de la confianza inversionista y la permanencia de los términos de intercambio como expresión de la división internacional del trabajo, desde la óptica del sistema económico predominante; pero también, y de manera determinante, la persistencia del conflicto armado en Colombia —expresado en la multiplicidad y diversidad de actores que intervienen—.

Comprender la paz como un fenómeno sostenible y duradero pasa, ineludiblemente, por la construcción de unas paces¹ territoriales. Se infiere que la comprensión de los conflictos socioambientales en clave de la participación de unos actores armados es imprescindible para entender aquello que ha de configurarse —en tiempos de posacuerdo— en los territorios con miras a su resolución. La ONU, a través de su coordinador residente y humanitario lo propondría en estos términos: “La gran paradoja del posacuerdo y del proceso de construcción de paz, puede ser la de sus implicaciones en el medio ambiente del país” (Sistema de Las Naciones Unidas en Colombia y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014, p. 8).

El presente artículo pretende realizar un ejercicio de revisión bibliográfica, mas no de historiografía, que permita establecer el estado actual de los análisis que se han elaborado sobre la relación entre las configuraciones de los conflictos socioambientales en el país y el conflicto armado interno, como claves para dilucidar lo que representa para esas configuraciones la salida del conflicto de uno de los actores armados involucrados, como consecuencia de los acuerdos de paz de La Habana con las Farc-EP. Esta reflexión es resultado del proyecto de investigación “Biorresistencias y paz ambiental territorial en Colombia: El problema de biopoder en la construcción de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación Pondores, La Guajira, y San José de Oriente, Cesar”, desarrollado en el marco del Doctorado en Estudios Sociales (DES) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

En la primera parte del presente artículo se encontrará una aproximación a la muy profusa producción académica de los estudios sobre el conflicto armado en el país, con miras a establecer una línea analítica que aborde las imbricaciones ambientales de la guerra en Colombia. Luego, en la segunda parte, se presenta un panorama de los estudios en conflictos socioambientales en el país que permite identificar las formas como estos se encuentran intermediados por el contexto de violencia recurrente.

En el último apartado, a manera de conclusiones, se presentan las claves analíticas que dan razón de un vínculo problematizador entre el fenómeno de los conflictos ambientales y la cuestión de la paz en Colombia. Se trata de una postura que apuesta por una comprensión crítica de dichos conflictos en tanto y en cuanto representan las más sentidas interpelaciones a las inveteradas estructuras de dominación y violencia en el país.

2. Sobre el conflicto armado: la guerra y la paz

La profusión de estudios sobre el conflicto armado en Colombia data ya de varias décadas y se considera como precursor de dicha tradición al muy conocido libro de Guzmán, Fals Borda y Umaña Luna, de 1962, Sobre la violencia. Aunque con alguna distancia cronológica, se destaca también el trabajo de Gonzalo Sánchez (1989) en la Nueva Historia Colombia. Estos trabajos se han constituido en textos de referencia obligada para abordar los orígenes del conflicto armado de nuestro país. Los problemas de la estructura social, la configuración de un “pueblo” activo en los procesos sociales, la construcción de un proyecto nacional y la observancia de unas causas estructurales de la violencia son elementos que les dan forma a estas propuestas analíticas (González, Bolívar y Vázquez, 2002).

Ese interregno académico va a ser copado por un conjunto de elaboraciones provenientes de académicos extranjeros:

Después de Guzmán, la sociología colombiana es poco lo que aporta a la comprensión de la violencia […] llenan el vacío los politólogos norteamericanos, hasta llegar, en los años 70, a colocarse el problema de la violencia en el centro de las preocupaciones de la ciencia política. (Ortiz, 1992, p. 48)

Muy reconocidos en este terreno son textos como el de Fluharty (1981) en el que se realiza una descripción sobre la tierra, los recursos, la multiculturalidad y las relaciones de poder, profundizando, en lo que el autor denomina “la revolución social” que acontece tras el golpe militar de 1953; asimismo, cabe mencionar a Martz (1962) y a Dix (1967), donde se propone una explicación sobre el monopolio de poder refiriéndose al Frente Nacional. Sin embargo, acaparan la atención de los académicos las obras de Oquist, de 1962, cuya principal preocupación termina siendo el derrumbe del Estado como telón de fondo de las múltiples facetas de la violencia en el país (Oquist, 1978); la de Gilhodes, de 1974, centrada en un análisis de los actores sociales y políticos intervinientes en la violencia rural y, en especial, en su expresión organizacional y sus capacidades de acción (Gilhodes, 1974); y, finalmente, la aportación que hace Hobsbawm para intentar una perspectiva de análisis que pone su mirada en el bandolerismo como expresión de la dimensión política del conflicto (Hobsbawm, 1983).

Otra línea de estudios sobre la violencia tiene lugar con ocasión de la muy recurrente idea de acudir a la conformación de comisiones de estudio sobre la violencia o el conflicto, para buscar una mirada comprehensiva del fenómeno. Más allá de su alcance: regional o nacional, o de su carácter: extrajudicial o de la verdad, se reconocen tres grandes experiencias² en este sentido: la Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de la Violencia en Territorio Nacional en 1958, la Comisión de Estudios sobre la Violencia, en 1987, y, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en 2005 (Jaramillo, 2011). En términos generales, un análisis de estos tres ejercicios conduce a afirmar que sirvieron para movilizar narrativas y construir marcos de representación sobre el devenir del conflicto en el país.

Claramente, el informe de la Comisión del 87 se constituye como un punto a partir del cual se produjo un conjunto bastante amplio de estudios sobre la materia. El conflicto y la violencia en Colombia ya son una materia, con cuerpo propio, de investigación, análisis y estudio.

Sin el ánimo de hacer un inventario que rigurosamente dé razón de aquellos, por un lado, esa intención desbordaría la finalidad que se traza este escrito y, por otro, podría constituirse en materia de una publicación mucho más extensa, se presentan a continuación unas líneas de asunción de esos estudios por parte de la comunidad académica y un conjunto de trabajos que dan razón de esas líneas.

En primer lugar, hay que considerar algunos estudios de carácter regional más focalizados en las dinámicas espaciales y las modalidades concretas de ocupación de los territorios y de las formas de cohesión social. Yendo de nuevo a González (2002), se puede mencionar el emblemático trabajo —por considerarse pionero en la materia— de Fajardo, que pretende abordar la multiplicidad de variables y dimensiones de la violencia y sus manifestaciones en la diversidad regional (Fajardo, 1977); así como los georreferidos a zonas tales como Boyacá, Javier Guerrero (1991), Sumapaz, Elsy Marulanda (1991), Valle del Cauca, Martha García y Darío Betancur (1990), Oriente colombiano, Reinaldo Barbosa (1992), Puerto Boyacá, Carlos Medina (1990), Antioquia, Mary Roldán (1989), Urabá, María Teresa Uribe (1992) y Clara Inés García (1996), Quindío, Jaime Arocha (1979) y Carlos Miguel Ortiz (1985), entre otros.

Lo más destacable acá, para efectos de lo que persigue este manuscrito, es que a partir de estos trabajos se empieza a constituir una perspectiva territorial del conflicto y la violencia en Colombia, lo que, implícita o explícitamente, le da un lugar a una dimensión biofísica de la problemática. La incidencia local regional del fenómeno de la violencia y de los conflictos (en plural) empieza a configurar una manera distinta de abordarlos.

Referencia especial merece el trabajo del profesor Daniel Pecaut (1987), quien ha investigado por más de cincuenta años el conflicto colombiano, trabajo considerado uno de los más completos análisis sobre la historia social y política del país; particularmente en este trabajo (Pecaut, 1987) el autor se refiere a tres fenómenos importantes: 1) la subordinación de los militares a las élites civiles; 2) la expansión de las identidades partidistas; y 3) la fuerza de los poderes regionales. El texto citado resalta cómo, en cada momento, la violencia se agudiza a través de una fragmentación política y territorial, en ausencia de orden por parte del Estado, lo que facilita que diversos actores del conflicto busquen ejercer control territorial.

Otro campo de trabajos sobre la violencia y el conflicto será el que confluye en los análisis de los mal llamados “violentólogos” (Jaramillo, 2011), cuyo aspecto distintivo, más allá de las naturales diferencias de énfasis y enfoques, es el de pretender desglosar y microscopiar una serie de relatos con pretensión explicativa sobre el pasado y el presente de las violencias.

Entre los más representativos de este grupo de intelectuales de la violencia³ se reconoce a Gonzalo Sánchez, Ricardo Peñaranda, Álvaro Camacho, Eduardo Pizarro, Iván Orozco, Alejo Vargas, Fernán González y Carlos Jaramillo, entre otros; el epítome del trabajo de estos académicos fue el libro titulado Pasado y presente de la violencia en Colombia (1986). El epicentro del debate en estas propuestas gira alrededor de las condiciones de vida de los sujetos y de las relaciones sociales que se configuran a partir de estas (Bonilla, 2009) o lo que terminó por denominarse las “causas objetivas” del conflicto; en este trabajo, además de tratar las relaciones entre estas “causas objetivas” —el narcotráfico, la violencia y el conflicto—, se explica que, al menos en los ochentas, la explosión de la violencia no obedeció únicamente a cambios en la pobreza o la desigualdad sino también al auge del narcotráfico y el derrumbe de la justicia.

Una línea discursiva que también se empieza a apreciar, especialmente a partir de la década del 90⁴, es la que se abre a interpretaciones más cercanas al derecho y a la economía. Este espacio analítico toma distancia de las lecturas clásicas (especialmente, planteará una discusión muy profunda frente al tema de las “causas objetivas”) para inaugurar unos análisis que, como en el caso de Uprimny, se centran en la relación justicia y violencia (Uprimny, 1993; Uprimny y Vargas, 1993). O, como en el caso de Orozco (1994) y Rubio (1998, 1999) lo hacen desde una perspectiva sociojurídica para analizar categorías como combatiente, rebelde, delincuente político y delincuente común.

Comparten este campo analítico los planteamientos presentados por Deas y Gaitán en Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia (1995), en los que se resalta que la violencia se produce por el tipo de institucionalidad existente, el posterior quiebre de esas instituciones, especialmente las relacionadas con la provisión de justicia y seguridad, por la ausencia de garantías a sectores opositores y por el narcotráfico, factores que atizan el fenómeno de la violencia (Bonilla, 2009).

En una perspectiva más económica, pero aún más crítica de las “causas objetivas” de la violencia, los estudios de Montenegro y Posada (2000, 2001) y de Sánchez y Núñez (2001) también apuntan a explicarla en el debilitamiento o ineficacia de los aparatos de justicia; sin embargo, acá aparece explícitamente un elemento que va a ser central en los estudios sobre la violencia que se producen en el siglo XXI: las economías de frontera y los efectos del narcotráfico. Por otro lado, y en relación con las dinámicas de rápida expansión económica y el rezago de las instituciones del Estado, Bejarano (1997) centra sus estudios en la medición empírica de dichos fenómenos.

En lo corrido del siglo XXI, entre causas objetivas y subjetivas, visiones totalizantes o regionales, academia e ideología, el estudio de las violencias y los conflictos —ahora leídos en plural dado el reconocimiento de su multiplicidad y heterogeneidad— se hace en clave de factores tales como: el dinamismo social y las particularidades culturales, las contradicciones de clase, las economías de enclave, la exclusión y la pobreza, las bonanzas económicas, la legalidad y la ilegalidad, el género, las víctimas, la presencia de insurgencia, paramilitarismo o delincuencias comunes, la precariedad o fortaleza de las instituciones estatales, el antiterrorismo, entre muchas otras. El fallido proceso de paz de San Vicente del Caguán, sucedido entre 1998 y 2002, la posterior reacción de las élites políticas y de la opinión pública aupadas en la denominada política de seguridad democrática, y el actual proceso de suscripción e implementación de los Acuerdos de Paz de La Habana (Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera), marcan el devenir de los estudios sobre el conflicto armado y la violencia en Colombia.

Dominan la producción académica y la agenda pública los análisis sobre la viabilidad y las perspectivas que plantea la salida negociada al conflicto con las Farc-EP. Universidades, expertos, medios de comunicación, partidos políticos, centros de pensamiento e investigación, entre otros, se vuelcan sobre el tema. En medio de fuertes debates y pugnas, muchas de ellas provenientes de distintas orillas ideológicas, estas perspectivas han sido superficial y peligrosamente publicitadas por los grandes medios de comunicación del país. Así mismo, un especial interés habrán de suscitar los trabajos presentados en el marco de la llamada Mesa de Conversaciones de La Habana, entre 2015 y 2016.

En los Informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, se presentan diversas propuestas analíticas sobre el conflicto armado del país: sus orígenes, devenir, características, implicaciones y alternativas de resolución, los cuales son los aspectos más reiterativos en esos documentos. De nuevo, los énfasis se ponen en el proceso de acumulación capitalista, la injerencia estadounidense, el problema agrario, la diversidad regional, la ausencia o debilidad del estado, entre otros. Se trata de valiosísimos documentos para entender los vericuetos de la historia más reciente del país, en los que, no obstante, el componente ambiental también es bastante precario.

Así las cosas, lo que parece ponerse en evidencia es que la dimensión ambiental en el estudio de la violencia o del conflicto armado en Colombia no es un tema privilegiado en el campo de las investigaciones que se ocupan de él; de hecho, si aparece es de forma indirecta, casi de soslayo.

3. Sobre los conflictos ambientales

Una primera consideración para tener en cuenta es que el concepto de conflicto socioambiental está —teóricamente hablando— asociado a la idea de justicia ambiental y —fácticamente hablando— a la profundización del modelo extractivista, ligada a la entrada en vigor del denominado Consenso de Washington.⁵; por lo que se puede entender de primera mano que aquel sea una propuesta teórica bastante reciente.

Se reconoce, siguiendo a Mohai (1990, 1992), que en las acciones de defensa contra el vertido de 120 millones de libras de tierra contaminada con bifenilos policlorados, en el condado Warren (Carolina del Norte, Estados Unidos) en 1982, se halla el germen mismo de lo que habrá de considerarse la lucha por la justicia ambiental. Sin embargo, Bullard (1999) identifica ya, en la lucha por los derechos civiles liderada por el reverendo Martin Luther King, elementos que se pueden reconocer como propios de la justicia ambiental.

Diversas propuestas han confluido en lo que ya hoy se reconoce como conflicto socioambiental, en una línea que incluye las aportaciones de Agyeman (2005) y de Warner (2002), en el sentido de promover la incorporación de cuestiones de equidad social, económica y racial, y de justicia en relación con el medio ambiente natural y la apropiación del territorio (Arriaga y Pardo, 2009). El planteamiento central que desarrollan se afirma sobre la idea de que los grupos sociales con altas concentraciones de minorías raciales o étnicas, o de familias con bajos ingresos, están mucho más expuestos a padecer por los problemas y riesgos medioambientales.

Devenido concepto problemático, el rastreo bibliográfico del fenómeno aborda la perspectiva teórica del conflicto ambiental que plantea el trabajo del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) así: “El conflicto ambiental supone la existencia o amenaza de un daño junto a las acciones realizadas por los afectados. Desde esta perspectiva la mayoría de los problemas ambientales producidos por la acción humana, son potenciales conflictos” (Observatorio Latinoamericano de conflictos ambientales, 1998, p. 5).

En palabras de Martínez Alier (2011, p. 366) son “conflictos causados por el crecimiento económico y por la desigualdad social, donde los efectos negativos sobre el ambiente al extraer recursos y evacuar residuos son sufridos y pagados por grupos sociales socialmente marginados”. Lo anterior implica un ejercicio resistente por parte de diversos actores sociales comprometidos con la defensa de la vida en todas sus expresiones, un ejercicio de resistencia que “es ecológica aun cuando el movimiento no lleve ese adjetivo”.

Tal es la reciente emergencia del concepto que, al revisar los tesauros de ciencias sociales más utilizados —SKOS (Tesauro de la Unesco) y SPINES—, se encuentra que las categorías: conflicto socioambiental o justicia ambiental no aparecen, mientras que las categorías: conflicto armado, violencia, guerra y demás de similar naturaleza sí se encuentran definidos, tal y como se presenta en la tabla 1. No obstante, el rastreo bibliográfico sí arroja como resultado una serie de estudios que intentan dar razón de las problemáticas medioambientales, en sus dimensiones social y política.

Para poner por caso, el Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario define los conflictos socioambientales como la interacción entre actores diversos: comunidades urbanas y rurales de campesinos, mestizos, indígenas y afrodescendientes, empresas e industrias, y las actividades económicas que “generan disputas frente al uso y control de los recursos naturales y la protección de los ecosistemas considerados estratégicos”. Pero a continuación introduce un elemento: “la presencia de actores armados ilegales, el narcotráfico y los fenómenos ambientales que aquejan al planeta” (Universidad del Rosario, 2022, p. 2).

En el marco de la línea que se plantea, se deduce que el estudio de los conflictos socioambientales empieza a aparecer recién en la década de los noventa. Aunque, a decir verdad, sería acertado afirmar que fue la consolidación de otros campos de investigación y estudio los que pusieron sobre la mesa el debate acerca de los conflictos socioambientales en Colombia. La importancia de asignar un nombre y categoría a estos conflictos significa localizarlos y relacionarlos no solo con fenómenos naturales, o sociales, sino con el territorio y por tanto abordar respuestas integrales para el trámite de los mismos.

Los primeros acercamientos a su estudio, se enmarcan, por un lado, en las discusiones sobre la formulación de una política pública sectorial.⁶, y por otro, en los análisis sobre las incidencias que las actividades económicas mineroenergética y agropecuaria generan sobre la naturaleza y las comunidades, y sobre las dimensiones de la lucha antinarcóticos.

Tabla 1
Términos asociados a conflicto socioambiental y a justicia ambiental en tesauros

elaboración propia.

Cuando se trata del problema de los cultivos ilícitos se destacan, al menos, los trabajos de Hermes Tovar Pinzón, Colombia: droga, economía, guerra y paz (1999), Juan Tokatlian, Globalización, narcotráfico y violencia: siete ensayos sobre Colombia (2000), Ricardo Rocha La economía colombiana tras 25 años de narcotráfico (2000), Ricardo Vargas Drogas, conflicto armado y desarrollo alternativo: una perspectiva desde el sur de Colombia (2003) y de Marc Chernick, La industria y el desarrollo de la droga en la Región Andina y el conflicto armado en Colombia (2008).

En lo relacionado con la actividad extractiva y mineroenergética, se destacan, al menos, los siguientes trabajos: de Idárraga, “Conflictos socioambientales por la extracción minera en Colombia: casos de la inversión británica” (2010); del Cinep, “Minería, conflictos sociales y violación de derechos humanos en Colombia” (2012); de Ferro, “La política minera en Colombia: la articulación y potenciación de conflictos alrededor de intereses privados” (2012); de Toro y otros “Minería, territorio y conflicto en Colombia” (2012), de Henao y otros “Minería y comunidades: impacto, conflictos y participación ciudadana” (2016); y el más emblemático de todos por su dimensión, alcances y propuesta, “Minería en Colombia: Control público, memoria y justicia socio-ecológica, movimientos sociales y posconflicto”, de la Contraloría General de la República, dirigido por Luis Jorge Garay (2014).

En la misma dirección, en cuanto su perspectiva de análisis es el encuadramiento en un modelo de desarrollo, también se puede destacar el análisis del profesor Mario Pérez “Comercio internacional y medio ambiente en Colombia” (2007).

Lo anterior, sin perjuicio de la existencia de ejercicios focalizados de visibilización que explican las luchas de algunas comunidades en la defensa de sus entornos naturales.

Entre esos esfuerzos por estudiar y sistematizar aquello que ha venido ocurriendo con esos movimientos, en cuanto expresiones inequívocas de la acción ciudadana, se pueden destacar los trabajos de Ariel Tarazona (en Piedecuesta, Santander, y en La Cocha, Nariño), Javier Valencia y Claudia Munévar (en Caldas), Isaías Tobasura (en la Laguna de Sonso, Valle del Cauca), Taryn Cortés (en el Valle azucarero), Melina Lasso y Mary Luz Sandoval (en Marmato, Caldas), Gloria Rodríguez (acerca de diversas comunidades indígenas en el país), y César Ortiz y otros (en los Valles del Sinú y San Jorge), por mencionar algunos. O el encomiable trabajo que adelantan organizaciones como la Red por la Justicia Ambiental en Colombia (RJAC, 2017), cuya existencia data de 2010 y que cuenta con más de 300 miembros entre personas y organizaciones; o como el Observatorio de Conflictos Ambientales (OCA) de la Universidad Nacional de Colombia, creado en 2014; y el Instituto de Investigación y Desarrollo en Abastecimiento de Agua, Saneamiento Ambiental y Conservación del Recurso Hídrico (CINARA) de la Universidad del Valle.

En esa misma línea, de abordar el estudio de casos, dos trabajos muy importantes son: primero un documento producido por el Minambiente (1997) “Conflictos ambientales y participación ciudadana: 12 estudios de caso en las regiones colombianas”, y “Conflictos ambientales en Colombia: retos y perspectivas desde el enfoque de DD. HH. y la participación ciudadana” por Londoño (2012).

Ahora bien, se desprende del análisis de estos referentes que la óptica desde la que se abordan los conflictos socioambientales le da prelación al tema de la participación ciudadana y de los movimientos sociales (cívicos, indígenas, afrodescendientes o campesinos).

Con la anuencia correspondiente a diversas fuentes de investigación y estudio de los conflictos socioambientales en el país, especialmente aquellos producidos por oenegés, organizaciones de base y comunidades en los territorios, puede señalarse que dos dimensiones de estudio de los conflictos socioambientales dominaban la producción escrita sobre la materia:

1. aquella que da razón del fenómeno en tanto consecuencia de la implantación (o mejor, imposición) de un modelo de desarrollo, particularmente desde la perspectiva del extractivismo; y,

2. aquella que entiende al fenómeno como causa y origen de movilización social de comunidades excluidas, pobres y marginadas.

4. Los conflictos ambientales y la cuestión de la paz

Ya en 1998, en el marco de un emblemático número de la Revista Foro por Colombia que muestra la relevancia que ha adquirido el tema, el profesor Gustavo Wilches-Chaux afirmaba de manera contundente que:

El medio ambiente no solamente es el escenario de la guerra y, en consecuencia, una de sus víctimas directas (cuando dos elefantes se pelean es la yerba la que sufre), sino que también se utiliza como arma y puede constituir también el motivo de la guerra. (Wilches-Chaux, 1998, p. 29)

Así, pone de manifiesto la existencia de una relación indisoluble —no por su imposibilidad de solucionarse sino por la inviabilidad de un tratamiento separado— entre medio ambiente y conflicto armado.

En el mismo número, Constanza Ramírez (1998) presenta una visión del problema medioambiental en clave del conflicto agrario. Si bien es cierto que, como se anotaba anteriormente, el tema agrario ya había logrado abordar el asunto ambiental.

Desde la óptica de la problemática forestal en Colombia, el profesor José Miguel Orozco (1998) empezaba también a llamar la atención sobre el asunto como implicación del problema armado y sus perspectivas de resolución.

Este énfasis emergente en la comprensión de lo ambiental tendrá como marco el Proceso de Paz de El Caguán, como se le conoce mediáticamente, adelantado durante el gobierno de Andrés Pastrana. Aperturado en octubre de 1998 y finalizado en febrero de 2002, después de la retención del senador Jorge Gechem Turbay, dejó para la posteridad la imagen de la silla vacía como representación de la sensación de frustración que suscitó. Hay que reconocer que en medio del agridulce sabor que le dejó al país este nuevo, y una vez más infortunado, intento de paz, a diferencia de procesos anteriores —como el de Tlaxcala— esta vez ya hay un escenario de discusión que abre sus perspectivas hacia el asunto ambiental y su relación con el conflicto armado.

De hecho, el profesor Germán Márquez presenta una línea de análisis que propone una hipótesis más sugestiva: “Se plantea la conveniencia de investigar la posibilidad que interacciones sociales con la naturaleza, y en particular con la abundancia y/o escasez de recursos naturales, incidan en fenómenos recurrentes de violencia en la historia de Colombia”; y agrega: “un análisis desde esta perspectiva podría ayudar en la interpretación histórica y de fenómenos de violencia en el país, por lo cual se espera investigaciones que profundicen el tema” (Márquez, 2001, p. 1), con lo que claramente se abre una esfera de estudio del conflicto armado en clave de conflictividad socioambiental, y de esta, a su vez, en clave del conflicto armado.

Cárdenas y Rodríguez (2004) presentan planteamientos similares. Son cuestiones centrales del texto:

¿En qué medida factores de carácter ambiental han sido parte de las causas de la guerra, y en qué grado la han favorecido u obstaculizado? ¿Cuáles son las consecuencias de la guerra para el medio ambiente? [...] ¿Qué relaciones existen entre los conflictos sociales y los ambientales —tales como los aplazados procesos de reforma agraria y de reordenamiento territorial en el país, la inequidad social, ecológica, económica y cultural, o la impunidad—, y cómo inciden en la guerra? ¿Cómo se relacionan los factores ambientales con aquellos de naturaleza social, económica y política que diversos estudios han identificado para explicar el origen y la génesis del conflicto? ¿Cómo se podría incorporar el medio ambiente en el proceso de construcción de la paz? ¿En qué medida la conservación y uso sostenible de los recursos naturales puede contribuir a la resolución de los conflictos sociales, y a la construcción de una sociedad equitativa en sus relaciones políticas y con la naturaleza? (Cárdenas y Rodríguez Becerra, 2004, p. 14)

Apenas entrado el siglo XXI, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) y el Ministerio del Medio Ambiente publican un trabajo llamado “Proyecto de capacitación para profesionales del sector ambiental: una aproximación teórica y práctica a la identificación, manejo y resolución de conflictos ambientales”⁷ cuyo Capítulo I, denominado “La paz, el desarrollo sostenible y los conflictos ambientales”, plantea la necesidad de establecer el tema ambiental en una posible agenda de paz, aunque lo encuadra en la visión del desarrollo humano sostenible (2001, p. 23).

En 2003, aparece el estudio “Conflicto social armado y efectos ambientales en la Orinoquia” (Ramírez y Vidal, 2003) en el marco del Plan de Acción Regional para la Biodiversidad en la Orinoquia del Instituto Von Humboldt (2003) como muestra del terreno que ya ha conquistado un área de investigación que aborda la problemática conflicto armado y conflictos socioambientales.

Pero, indiscutiblemente, será el contexto de la apertura hacia las negociaciones de paz de La Habana el que allanará un camino de análisis del conflicto armado y su salida negociada, en el que lo ambiental ocupe, si no un lugar privilegiado al menos sí un lugar. No tanto por las voces de las contrapartes que negocian, sino por el clamor de las comunidades en los territorios, los defensores del medio ambiente, la academia y la comunidad internacional.

De hecho, en los foros nacionales que, en reconocimiento de la participación activa de todos los actores sociales y políticos del país, se realizaron en el marco de cada uno de los puntos de negociación del Acuerdo de Paz⁸, se incluyó una participación explícita para ambientalistas.

En el Foro Nacional de Desarrollo Agrario Integral, realizado en Bogotá durante los días 17, 18 y 19 de diciembre del año 2012, hubo 20 cupos para ambientalistas de un total de más de 1300 participantes. En el Foro Nacional sobre la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, realizado en dos momentos: primero, en Bogotá, los días 24, 25 y 26 de septiembre y, luego, en San José del Guaviare los días 1, 2 y 3 de octubre de 2013, hubo 15 cupos para ambientalistas de un número total de participantes similar al del foro agrario. Cabe resaltar que ni en el Foro de Participación Política ni en el Foro Nacional y Regionales sobre Víctimas hubo cupos asignados.

Un documento fundamental en la comprensión de esta línea analítica es “Consideraciones ambientales para la construcción de una paz territorial estable, duradera y sostenible en Colombia” (2014) producido por la delegación del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia, coordinado por Fabrizio Hochschild. Estas consideraciones definen lo que no tardó en denominarse la paradoja ambiental de los acuerdos de paz.

El documento abre, sin dilaciones, con una afirmación contundente:

La gran paradoja del posacuerdo y del proceso de construcción de paz, puede ser la de sus implicaciones en el medio ambiente del país. De la incorporación de consideraciones de sostenibilidad ambiental en la planificación e implementación de los acuerdos, dependerá que la construcción de paz se convierta en una oportunidad para desarrollar modelos sostenibles; ignorar o desconocer ese aspecto, podría conducir a la destrucción del patrimonio natural de la nación y al fracaso económico y social de muchas de las intervenciones que se implementen. (Sistema de Las Naciones Unidas en Colombia y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014, p. 8)

Ahora bien, el Acuerdo no introdujo un acápite específico en el que se tratare lo ambiental; a la sazón, voces diversas mantuvieron sus reclamos a las dos partes por soslayar el tema y darle un tratamiento accesorio. Sin embargo, en el texto del Acuerdo de Paz para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (2016):

[…] se ratifica que el proceso de transformación del conflicto armado y de las causas que lo originan no se logra con la firma de los acuerdos, sino con un complejo proceso de implementación de lo pactado, en territorios concretos en los cuales no solamente están presentes las partes que negociaron, sino también otros actores armados y, lo más importante, una amplia cantidad de organizaciones sociales que habitan dichos territorios. (p. 33)

Es decir, la cuestión de la conflictividad socioambiental queda perfectamente comprendida como apuesta necesaria en la construcción de la paz, ahora, ambiental y territorial. Más aún, el Acuerdo de Paz (2016), al asumir la noción de paz territorial, señala que “es entonces un escenario de deliberación y confrontación política, en el cual se ponen a prueba la interacción entre la sociedad y el Estado y las diversas expresiones de representación política” (p. 35).

Una idea de paz territorial en la que emerge un elemento imprescindible en la comprensión de los conflictos socioambientales, que el Acuerdo de Paz propone en los siguientes términos:

[...] la capacidad de agencia de los actores sociales involucrados en procesos de gobernanza institucional de los recursos naturales o guiados por nociones de gobernabilidad ambiental que repiensen las relaciones desiguales de poder bien sea porque lo cuestionan, porque se resisten a él, porque trazan otros caminos al desarrollo económico o porque dan alternativas al mismo desde sus propias regiones. (2016, p. 34)

Lo expuesto reconoce implícitamente que existen unos campos de confrontación en los que se sitúan diversos actores sociales y sus capacidades de movilización.

Entrado en vigor el Acuerdo de Paz, seguramente como efecto de una suerte de volcamiento del país hacia esa Colombia olvidada e invisibilizada por tantos años de conflicto armado, se produjeron reflexiones, estudios e investigaciones, tanto desde la institucionalidad como desde la academia, que ya recogen estas líneas analíticas de la conflictividad ambiental y que ponen en evidencia una actualización parcial del enfoque conceptual con el que origina ese campo de estudios.

Tal y como lo señalaran Ulloa y Coronado (2016), en “Extractivismos y posconflicto en Colombia: retos para la paz territorial”, se trata de analizar:

[…] diversos conflictos socioambientales y armados asociados a procesos extractivistas en el país junto con las consiguientes transformaciones ambientales, territoriales, sociales, políticas y culturales y los retos políticos y de gobernabilidad que se generan en posibles escenarios posconflicto y posacuerdo. (p. 9, énfasis añadido)

Se decanta ya la idea de que estos conflictos ambientales entrañan la esencia misma de una geografía nacional signada por la violencia armada, en una complejísima relación de interdependencia.

En “La paz ambiental. Retos y propuestas para el posacuerdo”, (2017), Rodríguez y otros aseveran que por más de 50 años:

[…] las disputas por los recursos naturales y los conflictos socioambientales han estado entrelazados con la violencia de formas muy diversas [por lo que] la puja por las rentas sobre recursos naturales valiosos ha sido una de las causas y consecuencias del conflicto; para afirmar que] si el conflicto giró parcialmente alrededor de los recursos naturales y el medio ambiente, la suerte del proceso de construcción de paz será moldeada por múltiples factores socioambientales. (Rodríguez Garavito et al., 2017, p. 12)

5. A manera de conclusión

Sin el ánimo de elaborar afirmaciones categóricas, derivadas lógicamente de los planteamientos que se recogen en las muy variadas y diversas fuentes bibliográficas referidas a lo largo de las páginas precedentes, sino más bien con la intención de establecer un conjunto de perspectivas analíticas derivadas de aquello; podría concluirse que:

Primero, existe una prolija producción académica en relación con el análisis del conflicto armado en Colombia y con las graves problemáticas ambientales del país, por supuesto, mayormente dedicada y con una tradición más extendida en el tiempo, a lo que es el estudio de las violencias en Colombia y sus implicaciones sociales, culturales y económicas. De hecho, se denuncia con bastante asiduidad que este campo de investigación es el mismísimo campo de investigación sobre el proyecto de Estado-nación colombiano. Evidentemente, el campo de estudio de los conflictos socioambientales en Colombia es mucho más reciente y menos desarrollado.

Ahora bien, la revisión de esa literatura también conduce a lo que sería una segunda premisa de análisis. En el desarrollo de los estudios sobre conflictividad socioambiental y conflicto armado, los niveles de interrelacionamiento de estas dos dimensiones de la compleja realidad nacional fueron bastante precarios hasta casi entrado el siglo XXI a propósito de las negociaciones de paz de San Vicente del Caguán; y se convertirán, definitivamente, en un enfoque analítico en el contexto del Acuerdo de Paz de La Habana.

El problema del modelo de enclave exportación y el problema de los cultivos ilícitos y la consecuente lucha antidrogas, indiscutiblemente permeados por las dinámicas de la construcción de una paz estable y duradera, son las partituras en las que se da cuenta de los conflictos que emergen en las relaciones entre comunidades, actores armados, capitales nacionales y trasnacionales, Estado y naturaleza.

Implícitamente, se configura acá una tercera gran conjetura analítica. La producción académica e investigativa en estos campos ha elaborado importantes aportaciones sobre el entendimiento de la conflictividad socioambiental y la gestión de estos, dentro de una óptica crítica pero propositiva también en la búsqueda de alternativas de desarrollo socioeconómico territorial, ante la agobiante problemática asociada al modelo extractivista, a la propiedad y el uso de la tierra, y al narcotráfico.

Así, se ha conformado un campo de estudios más rico y comprehensivo de las problemáticas sociales de los territorios. Un campo de estudios abierto al pensamiento complejo, a las perspectivas crítica y a la articulación de unas problematizaciones que se sitúan históricamente en unos órdenes (político, económico, cultural, ambiental, ético/estético, epistemológico u ontológico). Lo que abre un imprescindible espacio para el análisis biopolítico de los conflictos ambientales, materia de un escrito en desarrollo por parte del autor, y que estudiar los conflictos ambientales es poner en juego un compromiso intelectual y académico por la paz en Colombia.

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Notas

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