1. Seguridad humana

La seguridad humana es un concepto profundamenteinnovador si se compara con el concepto tradicional de seguridad,centrado exclusivamente en la seguridad militar aveces también política– de los Estados, que ofrece un enfoque amplioy multidimensional, basado en siete dimensiones altamenteinterrelacionadas entre ellas (al igual que las amenazas y retos)

• Seguridad económica frente a amenazas como lapobreza persistente o el desempleo.

• Seguridad alimentaria frente a hambrunas y escasez dealimentos.

• Seguridad sanitaria frente a enfermedades infecciosas,alimentación insegura, desnutrición y la falta de accesoal sistema de salud.

• Seguridad medioambiental frente a la degradación delecosistema, el agotamiento de recursos, los desastresnaturales, la contaminación y el cambio climático.

• Seguridad personal frente a la violencia física, loscrímenes y delitos, el terrorismo y la violencia domésticay de género.

• Seguridad comunitaria frente a las tensiones interétnicasy religiosas, entre otras.

• Seguridad política frente a la represión o a la violaciónde derechos humanos (United Nations DevelopmentProgramme, 1994).

Garantizar o conseguir la seguridad humana en estas sietedimensiones implica llevar a cabo dos estrategias: la proteccióny el empoderamiento. La primera implica establecer medidasdescendentes, reconociendo que las personas se enfrentan aamenazas que no están bajo su control; por esto, es fundamental laprotección sistemática, integral y preventiva de las comunidadeshumanas. Los Estados son los principales responsables deproveer este tipo de protección, pero deben colaborar con otrosactores en distintos niveles, como los organismos internacionales,la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales(Inte-American Institute of Human Rights & United NationsDevelopment Programme, 2012). El empoderamiento, por suparte, es una estrategia que se basa sobre el concepto de creary desarrollar capacidades de resiliencia en las personas y enlas comunidades humanas en su conjunto. El objetivo de estaestrategia ascendente es permitir que personas y comunidadespuedan anticipar las posibles amenazas y así puedan evitarlaso resistirlas, e intentar limitar sus daños en el caso de que seaninevitables. Diseñar una política de seguridad humana implicaplanificar una actuación articulada en tres fases. En primer lugar,hay que trazar el mapa de las necesidades y vulnerabilidades delas personas. Este aspecto negativo debe ir seguido del análisispositivo de las capacidades de las comunidades interesadas.

El diseño de las actuaciones en el terreno sigue los principios de:

• Centrarse en las personas

• Adoptar un enfoque multisectorial, que abarque todaslas dimensiones de la seguridad humana afectadas yque establezca la coordinación y sinergia entre todos losactores involucrados.

• Adaptarse a las peculiaridades de cada contextosociopolítico, cultural y económico.

• Actuar siempre bajo el principio de prevención orientadahacia las personas, intentando minimizar las posibles.consecuencias personales negativas que podríanpresentarse en un futuro (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2009).

tica, con el objetivo de garantizar la participación de losdestinatarios de las políticas y los otros actores con capacidad de movilización de recursos en el contexto local, provincialo departamental. Para hacer esto, la política debe garantizarel desarrollo de capacidades de las comunidades involucradas y monitorear su grado de asociación y colaboración. Dehecho, un programa de seguridad humana sólido debe eval-uarse en función al nivel de participación local en la fase deimplementación y sostenibilidad del programa. (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. 2009).

La tercera y última fase corresponde a la evaluación delimpacto, que puede tomar distintas formas y tener objetivos muyvariados. Casi siempre se piensa realizar la evaluación al finalde un programa o después de la implementación para evaluarsu éxito. Pero la evaluación también puede llevarse a cabodurante el ciclo de vida del programa para estimar el progreso y,cuando sea necesario, plantear cambios para mejorar o redirigirel programa. Desde una perspectiva de seguridad humana, laevaluación debe centrarse en la evaluación del impacto (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2009).

2. Soacha

En toda la región de Latinoamérica, a nivel poblacional,no hay ningún lugar que haya crecido con un nivel más altoque Soacha, llegando hasta el 12 % en la década de los 80 (El Tiempo, 1999). Hay mucha incertidumbre y especulaciones sobreel número efectivo de ciudadanos residentes en este municipio.Mientras la Secretaría de Planeación Municipal calcula que viven700 mil personas, la Gobernación de Cundinamarca afirma quehay 1,1 millones y los líderes de Altos de la Cazucá llegan hasta1,5 millones (El Tiempo, 1999). El crecimiento de la poblaciónde Soacha es una consecuencia clara del fenómeno de las migra-ciones internas, un desafío importante para toda Colombia. En1938, el 30,9 % de la población nacional residía en las áreasurbanas, en 1951 el 39,6 % y en 1964 el 52,1 %. En 1973, estacifra se eleva hasta el 63,1 %, para llegar al 67,2 % en 1985 yal 72,3 % en 1994. La migración masiva, rápida y descontroladadesde las áreas agrícolas a las urbanas tiene un fuerte impactonegativo en la prestación de servicios públicos y en la satisfac-ción de las necesidades básicas (Niño Pavajeau, 1999).

Conflictos armados, eventos de origen natural, desplazamientos forzados, desigualdad en la propriedad de la tierra,junto a la fuerte presencia de comunidades vulnerables expuestas a la extrema pobreza, siguen siendo las principales causas deeste fenómeno. A este escenario se añade la compleja situaciónpolítica y económica de Venezuela, que obliga cada día a miles desus ciudadanos a escapar a Colombia. Estos dos aspectos provocan que las Comunas como Soacha, por sus posiciones estratégicas, crezcan sin control. Como demostración de eso, el 80 % desus habitantes duermen en esa zona, pero trabajan o estudian enBogotá D. C. (Castellanos, 1991). La provincia de Soacha se caracteriza por tener un alto nivel de vulnerabilidad de su población:su municipio recibe una gran cantidad de personas que emigrandesde otros municipios del país en busca de mejores oportunidades de vida (Chamber of Commerce of Bogota, 2012) o queviven una situación de desplazamiento (PSD).

Hay otros dos factores con importantes efectos para el difícilequilibrio de esta zona. Gran parte de la población es víctimade la necesidad de vivienda y de los traficantes de tierras ourbanizadores piratas (Castellanos, 1991). En relación con esteaspecto, tómese como ejemplo el barrio Altos de Florida, construido aproximadamente hace 30 años por personas desplazadas quebuscaban construir su propio refugio o por personas que notenían una condición socioeconómica suficiente para pagar unarriendo. En este barrio no hay colegios ni servicio de transportepúblico, así que los jóvenes están obligados a ir caminando alas escuelas. Esta situación expone los jóvenes a los peligros dela zona, provocando una alta tasa de abandono escolar. Entrelos otros problemas más relevantes de Altos de Florida, hay quemencionar la tragedia del agua, que llega solo en carrotanque, elaltísimo nivel de inseguridad y violencia, la falta de transporte yel alto nivel de contaminación, debido a la violación de las normasmedioambientales (Gallego Suárez, 2011).

A pesar del tamaño considerable de Soacha, la capacidadinstitucional del Gobierno municipal en términos administrativosy operativos es extremadamente débil (Chamber of Commerceof Bogota, 2005), por el hecho de que no ha podido desarrollarseal mismo ritmo que la población y tiene serios problemas deinestabilidad política. El informe de la Cámara de Comercio deBogotá señala, además, que esta inestabilidad política provoca lafalta de transparencia del sector público y la falta de coordinaciónentre los sectores público y privado, junto a la falta de una culturade planificación a medio y largo plazo (Dávila, 2013).

Las amenazas por mano de los grupos armados yorganizados son la causa principal del desplazamiento inter eintraurbano. En particular para la población infantil y juvenil, elreclutamiento forzado es una amenaza directa muy preocupante(United Nations High Commissioner for Refugees, 2013). Losgrupos armados presentes en el municipio tienen militantesanteriormente pertenecientes a los grupos guerrilleros FARCy ELN, mientras que las organizaciones criminales estánconectadas con los carteles mexicanos del narcotráfico. Estefactor contribuye a la inseguridad de esta zona mediantehomicidios, secuestros, amenazas, venta de droga y conflictosinternos (Ocampo Rodríguez, 2019).

Soacha tiene una única y peligrosa combinación entrela presencia de comunidades vulnerables, altos niveles dedesigualdad y pobreza extrema, altos niveles de corrupción,violencia, ilegalidad y grave falta de las instituciones. Esacombinación hace que ese municipio sea uno de los máscomplejos por su situación actual y su frágil equilibrio.

3. Análisis de los proyectos

El trabajo pone particular atención en el análisis de algunosproyectos desarrollados en el municipio de Soacha. Los criterioscon los cuales han sido elegidos los proyectos son tres: su gradode correlación con al menos una dimensión de la seguridadhumana, el tamaño del proyecto y la organización a cargo delproyecto. La elección final recae en seis proyectos: tres de ellosson llevados a cabo por la FAO. Uno es sobre la construcción dehuertas escolares, otro sobre el fortalecimiento de la seguridadalimentaria en cooperación con el proyecto “Familias en Acción”,y el último sobre la cultivación urbana. El cuarto proyecto elegidoes implementado por el PNUD, en colaboración con otras organizaciones del sistema ONU, como el Alto Comisionado para losRefugiados (ACNUR). El quinto y el sexto proyecto son el frutode la colaboración entre la organización “Prosperidad Social” ylas Alcaldías de Bogotá y Soacha. Esta elección permite com-parar cualitativamente los resultados de proyectos implementados por organismos internacionales pertenecientes a la red delas Naciones Unidas con proyectos de ámbito nacional y local (elquinto y el sexto).

Para profundizar en el análisis de los resultados de estosproyectos, el día 10 de junio de 2019 se ha procedido a entrevistar a los coordinadores de los proyectos o del personal implicado. Gracias a las entrevistas con las señoras María ConsueloVergara Holguín (asistente de programas de gestión de riesgo y rehabilitación agropecuaria) y Michela Espinosa (especial-ista senior en alimentación contra la malnutrición), el estudioincluye información esencial sobre los ámbitos de actuación ylas estructuras de los proyectos. Además, la posibilidad de poderdiscutir y enfrentarme directamente con los coordinadores delproyecto permitió obtener una visión más amplia del contexto,de los principales problemas enfrentados en la fase inicial y enel desarrollo del trabajo, descubriendo los roles tenidos por cadaactor implicado. Esta parte es considerada fundamental también para poder analizar luego la percepción de los habitantes sobre la seguridad, estudiando los proyectos desde el punto de vista de los creadores y coordinadores y de las personas involucradaso que viven en el municipio. De hecho, todos los datos sobre estos proyectos que se detallan a continuación han sido proporcionados por los trabajadores entrevistados.

Los proyectos tienen objetivos sinérgicos, entre ellos: laconstrucción de huertas escolares, familiares y entrenamientoen la seguridad alimentaria para las familias en la Comuna 4 de Soacha, así como aumentar el nivel de la seguridad humanaurbana a través la construcción de centros demostrativos. Asi mismo, la FAO y su personal garantizan en cada momento el acceso a los documentos de los proyectos, manteniendo una perfecta transparencia y cooperación, elementos indispensables para el desarrollo de este trabajo.

A continuación, se detallan algunos aspectos de los proyec-tos relativos a la seguridad humana llevados a cabo por la FAO:

• La construcción de las huertas escolares tiene comoobjetivo la mejora del nivel de seguridad alimentaria de losniños, niñas y jóvenes de Soacha, a través de la enseñanzasobre cómo obtener diferentes alimentos (frutas, verdurasy legumbres) (González, 2015). El proyecto, empezado en el 2015, involucra jóvenes entre los cinco y los 19 años,y se desarrolla en 14 centros educativos del municipio. El programa prevé también la participación de los adultos enla creación y sostenibilidad de las huertas. La estrategia del proyecto combina el aspecto teórico con el aspecto práctico, convirtiendo la huerta en un instrumentopráctico para el aprendizaje de las asignaturas como ciencias naturales, matemáticas y ciudadanía (González,2015). Gracias al desarrollo de este proyecto, hoy endía, 800 estudiantes producen una considerable parte de sus alimentos en las huertas escolares. Además, para el secretario de educación de Soacha, Abel Suárez, lainiciativa sobrepasa los resultados esperados. De hecho,los estudiantes han aprendido técnicas de producciónde alimentos sanos y su incorporación en la dieta y en la prevención de enfermedades generadas por una mala alimentación (González, 2016).

• El proyecto desarrollado en la Comuna 4 en cooperacióncon “Familias en Acción” se propone come objetivo fortalecer varias dimensiones de la seguridad alimentaria y favorecer el autoconsumo de productos alimentarios enla comunidad. El programa ha conseguido la instalación de cinco centros demostrativos comunitarios que representan un espacio de encuentro para las familias para crear lazos de confianza y para el aprendizaje dediferentes técnicas de agricultura urbana. Esto permite la creación de huertas familiares y, a través de las nuevas técnicas y conocimientos aprendidos sobre la producción y conservación de algunos alimentos, ha permitido el surgimiento de pequeños puntos familiares de venta y puntos de venta móviles gracias a los excedentes productivos. Con todo ello, se han llegado a diseñar y establecer acuerdos para el desarrollo de un sistema de alimentación escolar local a través de la producción local (Rocío & García, 2007).

• Un proyecto similar para la agricultura urbana esimplementado en el barrio de Altos de Florida que, como se ha dicho anteriormente, surge como área de asentamientos no reconocidos inicialmente por las autoridades. La fase inicial del proyecto se basa sobre un estudio del mercado local para identificar nuevos canales de comercialización y permitir la activación y el surgimiento de una nueva economía local.

Gracias a las entrevistas con las coordinadoras del proyecto,las señoras María Consuelo Vergara Holguín y Olga Rocío Niño García, se pone en evidencia la importancia del componente escolar: uno de los resultados más relevantes consiste en el establecimiento de la cooperación entre los nuevos agricultores locales y los operadores encargados de la venta de productos alimentarios a los comedores escolares. Así, durante esta fase del proyecto, las escuelas se benefician de talleres ofrecidos al personal escolar sobre cómo cocinar y conservar los alimentos, con la supervisión en cada cocina de un técnico de la alimentación. El resultado conseguido es una alianza entra las familias y las escuelas para juntar la comida producida y ponerla en puntos deventas, garantizando su autonomía. Para las mujeres, esta fase es fundamental porque representa un nuevo ingreso económico considerable y ahora pueden comprar lo que no producen en casa, garantizando una alimentación variada y suficiente en sus hogares.

Los resultados concretos pueden verse en las siguientes cifras:

1. 1. 14 centros educativos con modelos técnicos concertados para la producción diversificada de alimentos alrededor de las huertas escolares.
2. 2. 500 estudiantes capacitados en técnicas relacionadas con la producción rápida y diversificada de alimentos inocuos.
3. 3. 14 centros han sido provistos de bienes de insumos agrícolas y establecen huertas escolares.
4. 4. 100 padres de familia son capacitados en técnicas para la producción, manipulación, transformación y conservación de alimentos.
5. 5. 32 docentes vinculados a procesos de capacitación entécnicas de producción agroecológica de alimentos.
6. 6. 15 ecónomas capacitadas en manipulación, transformación y conservación de alimentos.
7. 7. 14 comités de huertas escolares conformados para garantizar la sostenibilidad del proceso.
8. 8. 14 centros de producción de semillas y material vegetal conformados (Food and Agriculture Organization, 2015).

Además, las entrevistas con el personal de la FAO permitenevidenciar los problemas más comunes a los varios proyectosimplementados: las condiciones precarias del suelo, que está sujeto a degradación y erosión; también, la falta de agua potable y la temperatura alta con las radiaciones solares, el viento fuerte y las precipitaciones. Todos esos representan rasgos locales que dificultan el cultivo. Otro gran problema que se presenta en esta zona es conseguir el acercamiento de la gente de la comuna al proyecto interesado. El alto nivel de desplazados, es decir personas obligadas a dejar sus hogares por los conflictos internos, requiere un proceso de construcción de confianza para asegurar el desarrollo del proyecto.

Además de los tres proyectos de la FAO, se elige para este estudio el proyecto del PNUD “Construyendo Soluciones Sostenibles”. Este proyecto es el resultado de la cooperación entre PNUD, ACNUR y el Gobierno colombiano. Su objetivo principal esfortalecer a las comunidades priorizadas y las autoridades localesy nacionales en la transición hacia soluciones para la población desplazada en las tres fases del proceso: retorno, reubicacióne integración local urbana. Gracias a la entrevista obtenida el día 14 de junio de 2019 con la señora Sandra Alvarado, una de las responsables del programa “Desarrollo Económico Incluyente Urbano” del área de reducción de la pobreza del PNUD, hasido posible analizar el rol de la organización, los problemas principales encontrados y las dificultades en el cooperar con las comunidades locales y las instituciones nacionales.

El proyecto nace en 2012 y se desarrolla en 17 localidades y10 departamentos del país. El programa se basa en un estudio de los documentos y evaluaciones de experiencias anteriores, con el fin de encontrar soluciones desde la base comunitaria. Antes del efectivo desarrollo del proyecto, se han lanzado algunos proyectos piloto, necesarios para disminuir el riesgo de fracaso, comprender el contexto y su complejidad. Además, se diseña un papel más central dentro del proyecto para el Gobierno y se favorece la interlocucióny articulación con el nivel institucional y comunitario. Además, segarantiza la apertura del proyecto a diferentes actores y socios como la FAO, PMA, UE (United Nations Development Programme, n.d.).

En el caso específico de Altos de Florida el proyecto se desarrolla en tres puntos:

1. 1. Mejora de la calidad de vida:

   • Apoyo y reconocimiento del derecho de parcelas a 500 familias.

   • Construcción o restauración de viviendas para 500 familias con el uso de empleo local.

   • Acceso a servicios básicos. Legalización y mejoras de las redes de agua potable y electricidad.

   • Desarrollo económico y social a través de un programa de microcréditos.

2. 2. Fortalecimiento organizacional fortalecimiento de la comunidad:

   • Apoyo a los desplazados internos, mujeres, pueblos indígenas y organizaciones juveniles en el diálogo con las autoridades locales.

   • Asistencia técnica para el diseño y establecimiento de los comités directivos locales.

   • Desarrollo de capacidades y capacitación sobre la planificación participativa para la prestación de servicios públicos.

3. 3. Protección y derechos de las víctimas: garantizar la protección mediante la presencia a través de la protección regular del personal de la ONU en la comunidad y coordinación con actores locales, apoyar la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en el municipio, beneficiando a toda la comunidad (Ryan, 2012).

Adicionalmente, el PNUD contribuye técnica y financieramente al Centro de Atención y Orientación a Víctimas de Soacha (UAO); busca el fortalecimiento institucional en formación y capacitación, junto con la formulación de políticas públicas y la dotación de elementos físicos necesarios para su funcionamiento. La organización fortalece también el trabajo de un Centro de Empleo y Emprendimiento CEMPRENDE, en Soacha, que tiene como objetivo establecer una ventanilla única de emprendimiento, empleabilidad y microcrédito para población vulnerable/víctima (UnitedNations Development Programme, 2016).

Los últimos dos proyectos elegidos son “Familias en Acción’ y “Jóvenes en Acción” de la Alcaldía de Bogotá y Soacha. A diferencia de los cuatro proyectos ya analizados que estánconcluidos, estos últimos dos continúan en marcha. Ambos se basan sobre un programa de transferencia condicional de dinero a familias consideradas vulnerables y en condiciones de extrema pobreza, y de ayudas económicas a los niños y jóvenes para los gastos en educación y salud.

El 13 de junio de 2019 tiene lugar la entrevista con los trabajadores en los proyectos y con el coordinador del proyecto “Familias en Acción”, el señor Luis Francisco: el contenido de las entrevistas permite entender aún más en profundidad la complejidad del contexto de Soacha, afectado por graves emergenciasde seguridad humana en algunas áreas. A esto hay que añadir los problemas relacionados con la no correspondencia de los datos del censo nacional con los datos reales y las crecientes dificultades para el personal extranjero a la hora de trabajar en esta zona.

Como afirma el Banco Interamericano de Desarrollo (2016),Familias en Acción es un programa de transferencias monetarias condicionadas que opera desde el año 2000 en Colombia. La población objetivo del programa son las familias pobres, desplazadas por el conflicto, comunidades indígenas que tienen integrantes menores de 18 años. Para identificar a los beneficiarios, se utiliza el SISBEN para medir el estándar de vida, así como losregistros oficiales de las familias desplazadas por el conflicto, las comunidades indígenas y los beneficiarios de la Red Unidos.

A través de las entrevistas con el personal, ha sido posible entender la estructura en dos partes del proyecto:

• Incentivo de salud: el programa ofrece ayudas económicas a las familias que satisfacen los requisitos necesarios, con niños de 0 a 6 años, en la compra de medicinas generales y otros artículos necesarios para lasalud de los niños.

• Incentivo a la educación: el programa ofrece ayudas económicas a las familias que satisfacen los requisitos necesarios, con niños de 4 a 18 años. Estas ayudas son destinadas a la compra de material escolar y para pagar las inscripciones a las escuelas.

El 13 de junio de 2019 tiene lugar la entrevista con elseñor Francisco Alhucema Jaimes, actualmente coordinadordel Programa de Discapacidad del Municipio de Soacha, anteriormente coordinador del programa Familias en Acción enla Comuna. El 11 de junio he tenido la oportunidad de entrevistara la señora Olga Rocío Niño García, coordinadora del programa Prosperidad Social. Gracias a estas entrevistas, el estudio se enriquece de informaciones sobre el rol clave de las “madres líderes”, sobre los problemas principales del proyecto y sobre su posible evolución. Las madres líderes son una figura fundamental para la consecución de una alta tasa de participación de la población en los proyectos, para una buena comunicación entrelos participantes, y entre ellos y las instituciones. En suma, las madres líderes adquieren un papel fundamental para conseguirla eficacia del proyecto.

A modo de conclusión, y antes de explicar la metodología sobre la que se basa el trabajo de investigación cualitativa de campo realizada en Soacha, cabe destacar que los seis proyectos elegidos para este estudio representan una buena práctica a repetir en el futuro para mejorar la seguridad humana de la población más vulnerable de la comuna. La coordinación entre múltiples actores de varios niveles, de lo local a lo internacional, permite juntar esfuerzos hacia una misma dirección, construyendo sinergias y círculos virtuosos que afectan positivamente las condiciones materiales, humanas y sociales de las comunidades destinatarias de los proyectos. Como se dirá más adelante, los objetivos de seguridad humana no se consiguen a corto o a medio plazo. Es necesario adoptar una perspectiva a largo plazo que permita eliminar las causas subyacentes de las amenazas, riesgos y desafíos para la seguridad humana multidimensional de las personas y de las comunidades humanas. Esta afirmación debe tenerse aún más en cuenta cuando se implementan proyectos en contextos complejos y difíciles, como el de Soacha.

4. Metodología

El objetivo de estudio es el análisis del impacto de algunos proyectos de la FAO y PNUD sobre la percepción de la población sobre la seguridad humana, como ya ha sido explicado en el resumen. Con este objetivo se formula la siguiente pregunta de investigación: ¿cuál es el impacto de los proyectos de la red delas Naciones Unidas en la percepción de la población de Soacha sobre la seguridad? El análisis de esta pregunta ha sido estructurado a través de encuestas de carácter cualitativo. La encuesta consiste en ocho preguntas: las primeras tres son de carácter sociodemográfico, destinadas a dividir a los encuestados por sexo, edad y origen. Las restantes preguntas analizan la seguridad en el municipio, determinando si ha mejorado y cuánto: intentan determinar las dimensiones de la seguridad humana que de acuerdo con las percepciones ciudadanas han mejorado más, los problemas que siguen siendo más relevantes en Soacha y la valoración ciudadana de la actuación estatal parala seguridad humana. En relación con la pregunta número 7, esa ha sido estructurada tomando en cuenta los datos de la “Encuesta de Percepción y Victimización” realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá en el año 2017, sobre todo para identificar las categorías de crímenes que siguen siendo las principalesen el municipio (Chamber of Commerce of Bogota, 2018).

El cuestionario se entrega en formato papel, dejando acada entrevistado la posibilidad de responder autónomamente y de forma anónima. En todo momento, en calidad de investigador responsable del estudio, he asegurado mi disponibilidad continuada para aclarar cualquier duda. Además, cada cuestionario comienza con una breve introducción del trabajo y de sus objetivos, y con una breve presentación personal del investigador.La muestra es de 120 habitantes, respetando las informaciones sobre edad y sexo de la población obtenidas a través de los datos oficiales gubernamentales. Esto, combinado con el hecho de quelos participantes han sido reclutados en ambientes diversos (colegios, trabajo, calles) asegura la fiabilidad y la representatividad de la muestra. Durante las entrevistas personales, se ha detectado un alto grado de cierre hacia las instituciones y el personal extranjero por parte de las comunidades habitantes del territorio.

El formato breve del cuestionario responde esencialmentea una razón: un número elevado de preguntas podría disminuir el interés y la voluntad de los encuestados de responder correctamente y con sinceridad, especialmente los sujetos jóvenes y aquellos con un bajo nivel educativo. En caso de los encuestadospertenecientes a estas dos categorías, he garantizado siempre mi presencia para aclarar cualquier duda. Además, la comunidad local me ha acompañado para presentarme a estas categorías de entrevistados y poder explicarles los objetivos de la investigación.

El primer resultado destacable de las entrevistas obtenidas en Bogotá y Soacha es que uno de los principales problemas de la zona estudiada es la enorme diferencia entre los datos sobre el censo publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y las informaciones conseguidas en este estudio gracias al trabajo de campo. De hecho, el DANE en su última publicación de 2018 sobre la población de Soacha indica que en la comuna viven 634 660 habitantes. Las entrevistas con el personal involucrado en los proyectos locales y los funcionarios pertenecientes a la Administración Pública llevan a concluir que en Soacha viven alrededor de un millón y medio de personas. Esta incongruencia, que ha llevado al Municipio a pedir oficialmente una revisión de los datos (El Tiempo, 2019), puede en parte explicarse por la incesante llegada de inmigrantes venezolanos y de desplazados internos, obligados a dejar sus tierras debido a las incursiones de grupos armados. La situación provoca la construcción de vivi-endas no autorizadas que, en poco tiempo, acaban convirtiéndose en barrios enteros, no reconocidos por las autoridades. El aumento poblacional vivido por Colombia provoca un fuerte crecimiento de los precios de las viviendas en las grandes ciudades, con Bogotá encabezando la lista, obligando a muchas familias a desplazarse hacia Soacha u otras áreas suburbanas, causando su gentrificación. Esto es porque, debido a su posición colindante con Bogotá, Soacha representa una opción cómoda y más asequible para muchos estudiantes y trabajadores (Flórez, 2017).

5. Características sociodemográficas

Los resultados de las primeras tres preguntas, dirigidas a definir sexo, edad y origen de los encuestados, son conformes con los datos poblacionales ofrecidos por el DANE, antes mencionados. Entre las 110 personas entrevistadas hay 66 mujeres y 54 varones, reflejando parcialmente la división poblacional oficial según la cual el 51 % de los habitantes registrados en Soacha son mujeres (Sistema de Estadística Territorial, 2019). Por lo que concierne a la edad, hay tres categorías establecidas: los jóvenes entre 10 y 25 años, los adultos entre 26 y 59 años y los mayores de 60 años. En cuanto al origen, los entrevistados tienen tres opciones: Soacha, otro municipio colombiano u otro país

En cuanto a la segunda pregunta, el 63,33 % de los individuos declara tener una edad comprendida entre los 10 y los 25 años. El 25,83 % son adultos y el 10,83 % son mayores. Con respecto al origen, el 79,17 % de los entrevistados declara ser originario de Soacha y el 20,83 % de otro municipio colombiano. No hay extranjeros entre los encuestados.

6. La percepción poblacional sobre la seguridad

La pregunta 4 pide a los encuestados clasificar la situación de la seguridad en el municipio de Soacha en los últimos cinco años. El 40 % percibe el mismo nivel de seguridad, el 33,3 % un mayor nivel de seguridad, el 24,17 % menor y el 2,4 % afirma no poder contestar. Un dato importante de destacar es que más del 50 % de los jóvenes afirma que el nivel de seguridad percibido sigue siendo igual o se encuentra en disminución.

En caso de que la respuesta a la pregunta 4 sea “mejor”, el cuestionario sigue con la pregunta 5, para determinar en qué medida la seguridad ha aumentado en las percepciones de los entrevistados. La pregunta 5 se presenta a 40 de ellos, entre los cuales 16 responden que la seguridad en los últimos cinco años ha aumentado “poco” (13,3 %), 14 contestan “mucho” (11,67 %), seis responden “bastante” (5 %) y cuatro afirman “no saber” (3,30 %).

En la pregunta número 6, dirigida a evaluar cuáles dimensiones de la seguridad humana registran las mejoras más evidentes, el 49,17 % de los encuestados elige la seguridad ciudadana, el 15,83 % la seguridad del tránsito, el 9,17 % la seguridad alimentaria, el 8,3 % la seguridad sanitaria y el 17,5% opta por no responder.

Cabe subrayar que nadie menciona la seguridad económicaen su respuesta. Este factor podría corroborar que aspectos comola extrema pobreza y el desempleo siguen siendo percibidos como problemas urgentes que afectan a la comunidad y que aún no encuentran soluciones eficaces y duraderas. Esto a pesar de los muchos proyectos activos y destinados a eliminar la inseguridadalimentaria para las familias de Soacha.

La pregunta 7 profundiza en las categorías de crímenes que, según la percepción de los entrevistados, afectan mayormente a la seguridad ciudadana en Soacha: hurto, venta de drogas, homicidio común, robo, acoso sexual y, por último, lesiones y otros daños físicos. El 42,5 % afirma estar preocupado por los hurtos, el 37,5 % hace referencia a la venta de drogas, el 7,5 % a las lesiones y a otros daños físicos. Para terminar, el 2,5 % contesta el robo y el 10,8 % no contesta. En relación con la dimensión de la seguridad humana relacionada con la (in)seguridad ciudadana, el alto nivel de crímenes ha provocado la toma de algunas decisiones muy contundentes por parte de las autoridades para poner freno al fenómeno de la delincuencia común. Como confirmación de esto, durante las entrevistas realizadas en Soacha, varias personas refieren que en algunos barrios del municipio se impone un toque de queda a partir de ciertas horas de la noche con el objetivo de llevar a cabo lo que definen como una operación generalizada de “limpieza social”.

Otro aspecto relevante es que el homicidio común, el secuestro y las amenazas directas (estos últimos dos están incluidos en la categoría “otros”) no aparecen en ninguna de las respuestas de los 110 cuestionarios entregados a la población. Esto está en desacorde con la información recogida durante las entrevistas personales con las autoridades y los trabajadores de los proyectos en Soacha.

La última pregunta, destinada a determinar la percepción y evaluación de la actuación estatal por parte de la ciudadanía de Soacha, ofrece siete opciones como respuesta: 1 (pésima),2 (muy mala), 3 (mala), 4 (menos que regular), 5 (aceptable), 6 (muy buena), 7 (excelente), 8 (no sabe o no responde). El 27,50 % evalúa el resultado de la acción estatal como malo,el 26,7 % menos que regular, el 17,55 % aceptable, el 13,3 % muy malo, el 7,5 % pésimo, el 4,2 % muy bueno, el 3,3 % no sabe o prefiere no responder. Nadie elige excelente.

7. Reflexiones sobre los resultados obtenidos

Los datos relativos a la evaluación de la actuación del Estado para la seguridad en el municipio de Soacha (pregunta 8) tienen mucho en común con cuanto emerge del informe de 2018 del Latinobarómetro, que muestra el nivel de confianza ciudadanaen las instituciones de Colombia. El documento indica que la confianza en el poder judicial se sitúa en el 23 %, la confianza en el Gobierno nacional llega al 22 % y en los partidos políticos al 16 % (Corporación Latinobarómetro, 2018).

Estos factores son conformes con los resultados del presente estudio, especialmente en relación con las dificultades detectadas en los intentos de desarrollar nuevos proyectos en Soacha: la población ha perdido confianza hacia las instituciones públicas por la reiterada ausencia del Estado en el territorio y esto provoca su escasa involucración y participación en los nuevos proyectos y actuaciones, especialmente si provienen del sector público.

La confianza en las instituciones es, a largo plazo, un factor determinante para el éxito de las políticas públicas. En muchos casos, las reformas implican sacrificar el apoyo ciudadano a corto plazo en favor de ganancias a largo plazo. En un contexto de alta confianza ciudadana, las reformas operadas por el Estado pueden aprobarse e implementarse rápida y adecuadamente, pudiendo llegar a mantenerse por un plazo suficiente para dar resultados visibles a la opinión pública. En un clima de baja confianza, los ciudadanos tienden a valorar más los resultados inmediatos, que aportan generalmente beneficios parciales: esto induce a los políticos a buscar ganancias a corto plazo, incapaces de resolver problemas estructurales como las causas profundas de la pobreza extrema y las desigualdades (Organization for Economic Cooperation and Development, 2013).

En consonancia con lo dicho anteriormente, cabe destacar que la FAO y otras organizaciones internacionales juntan esfuerzos para resolver las amenazas y retos a la seguridad alimentaria de muchas familias en el territorio, sin conseguir los resultados esperados. Cabe recordar que, en la pregunta 6, apenas el 8,3 % expresa que la dimensión sanitaria es laque más ha mejorado en Soacha, y sólo el 9,17 % contesta mencionando la dimensión alimentaria. Además, nadie consideraque la seguridad económica es la que registra los mejores datos,dejando implícito que los problemas como el desempleo y la pobreza persisten en el territorio de manera generalizada.

El parcial fracaso de los esfuerzos de las organizaciones internacionales en Soacha depende de muchos factores. Los resultados de las entrevistas realizadas con el personal de la FAO en Bogotá permiten destacar los problemas relacionados con la difícil continuidad y coherencia de los proyectos en contextos que cambian rápidamente debido a los fenómenos de gentrificación de las áreas periféricas del Distrito Capital, mencionados anteriormente. A esto hay que sumar la citada escasa confianza en las instituciones y en su personal, lo que dificulta la cooperación de la población. Los bajos niveles educativos por parte de la ciudadanía impiden poner en práctica los conocimientos transmitidos sobre cómo cocinar, manipular los alimentos y recoger agua potable.

Otro dato interesante radica en la comparación entre los resultados de las preguntas 6 y 7. La primera destaca que la seguridad comunitaria es, para la percepción ciudadana, la dimensión que más mejoras registra en Soacha en los últimos cinco años. La segunda pregunta registra que la población percibe el hurto y la venta de drogas como las principales amenazas para su seguridad en este ámbito. Contra estas amenazas no hay una coordinación en la actuación multinivel requerida para garantizar la seguridad humana a largo plazo, que busca crear sinergias entre las autoridades locales, estatales y los trabajadores de las organizaciones internacionales con proyectos activos en el territorio.

8. Conclusiones

El Municipio de Soacha se caracteriza por tener una elevada concentración de problemas de diferente naturaleza: sociales, económicos, medioambientales, demográficos, alimentarios, educativos, junto con amenazas para la seguridad personal y para la igualdad de género. La incongruencia entre los datos oficiales del DANE y las estimaciones basadas en el trabajo de campo sobre la población actual con lleva importantes consecuencias. Entre ellas, una cantidad de fondos estatales inferior a la cantidad que el municipio necesita de acuerdo con su tamaño real, así como un número de estructuras y servicios inadecuados a las reales necesidades de la población.

Además, la proliferación de viviendas ilegales provoca evidentes desequilibrios para la seguridad comunitaria: el 48 % de los 378 barrios y urbanizaciones de Soacha son ilegales, es decir que 152 de ellos se encuentran en situación de asentamiento (PROBOGOTÁ, n.d.). La ilegalidad de las viviendas acarrea graves consecuencias directas para sus habitantes: la falta de electricidad, agua potable y otros suministros básicos, la inexistencia de una red de alcantarillas y la imposibilidad de acceso al transporte público. Estas carencias influencian negativamente la calidad de vida de las personas y tienen repercusiones directas sobre la economía familiar, empezando por la falta de alimentos básicos en la que se centran los proyectos de la FAO.

Además, en estos barrios, numerosas organizaciones criminales sientan sus bases estratégicas: algunas de ellas están en estrecho contacto con los carteles del narcotráfico, como el Cartel de Sinaloa o el Cartel del Golfo (Ocampo Rodríguez, 2019). Estas áreas están separadas por confines invisibles que dibujan equilibrios frágiles y en constante tensión. Muchos de estos grupos armados y organizaciones criminales se financian mediante la venta de droga, uno de los problemas más relevantes del Municipio que afecta a numerosos jóvenes. En efecto, está creciendo drásticamente el consumo de droga en los jóvenes de 13 y 14 años, que cada vez más frecuentemente recurren al atraco y al robo, incluso armado, para poderla comprar (Periodismo Público, 2016). Este fenómeno representa para muchos uno de los problemas principales porque los jóvenes menores de 25 años representan el 44,35 % de la población total (Sistema de Estadística Territorial, 2019).

Uno de los factores que más caracterizan el contexto de Soacha es la ingente presencia de desplazados nacionales, caracterizados por tener niveles de vulnerabilidad y dependencia más altos que los pobres y los indigentes urbanos. Esta tendencia al aumento se debe también a las difíciles condiciones económicas de los colectivos mayoritarios de la población y a la elevada tasa de desempleo (Ibáñez y Moya, 2007). Como se ha explicado antes, el desplazamiento forzado no es algo nuevo en la historia de Colombia. De hecho, es un fenómeno complejo y de carácter casi permanente debido a las múltiples dinámicas sociales, económicas y políticas que lo vieron provocado (Ruscheinsky, Baltazar, 2013).

El problema más grande encontrado por las organizaciones que desarrollan proyectos e implementan políticas de inclusión de la población desplazada es la construcción de una relación de confianza con los destinatarios de los proyectos y de las políticas. En distintos casos ha sido necesaria la ayuda de intermediarios y la intervención de funcionarios públicos para consentir el acceso del personal a la comunidad.

Personas como las “Madres líderes” han sido esenciales, no sólo para permitir la entrada de las organizaciones al territorio donde viven las comunidades, sino también para garantizar el buen funcionamiento de los proyectos. Las “Madres líderes” han asegurado la participación de los ciudadanos, han velado por la seguridad del personal trabajador de los proyectos y han permitido la comunicación y el diálogo entre la comunidad y la organización de los proyectos. Este factor ha sido, y seguirá siendo, fundamental para la implementación de futuros proyectos.

Uslaner y Glaesner describen el precio que pagan las comunidades a causa de la corrupción como una “trampa de desigualdad”: los países con un elevado nivel de percepción de la corrupción son también aquellos con el nivel más alto de desigualdad (Uribe, 2019). Este coste negativo también se refleja en el desarrollo y en la continuación de los proyectos, como explicado en una entrevista en las Naciones Unidas y luego confirmado en las entrevistas sucesivas realizadas en Soacha. Como se menciona anteriormente, uno de los problemas más importantes es la difícil relación entre la población y las instituciones estatales y los escasos apoyos ofrecidos por éstas a la comunidad.

La incertidumbre política no permite la fácil creación de planes sociales en algunas áreas de Colombia, sobre todo si el Estado no puede garantizar la seguridad del personal en el campo y deja a las organizaciones la difícil tarea de construir desde cero las relaciones con las comunidades que viven en contextos complejos y peligrosos.

A pesar de poder evaluar positivamente los resultados iniciales de muchos proyectos, surge el riesgo de que, en el largo plazo, los efectos secundarios podrían empezar a afectar negativamente a algunos segmentos de la comunidad. Los proyectos con más recursos prevén trasferencias directas de dinero a favor de las familias vulnerables y con ingresos bajos para fortalecer su educación sobre la seguridad alimentaria y sanitaria, para consolidar el rol de las mujeres en el contexto familiar y comunitario, y para asegurar el abastecimiento de los suministros básicos como agua o electricidad.

Como se ha dicho anteriormente, la necesidad de mostrar resultados a corto plazo para asegurarse fondos en los años futuros y la desconfianza en las instituciones nacionales obstaculizan el desarrollo de una cooperación constructiva entre organizaciones extranjeras y nacionales, dejando a estas últimas la obligación de continuar sin medios suficientes los proyectos desarrollados, que acaban siendo suspendidos. Además de crear desequilibrios intracomunitarios, esta situación puede favorecer la consolidación de costumbres difíciles de eliminar, como la dependencia de las familias hacia la ayuda monetaria directa proveniente del proyecto. Esta dependencia impide que las familias sean capaces de sobrevivir sin las ayudas y que no tengan ningún estímulo o incentivo para desarrollar nuevas capacidades para mejorar su calidad de vida.

El análisis de los resultados de las entrevistas muestra que la percepción de la población es que la situación general sobre la seguridad en Soacha no ha vivido cambios sustanciales durante los últimos cinco años. A pesar de poder tener una interpretación negativa en el corto plazo, hay que proyectar este dato en el largo plazo. Desde el comienzo de la implementación de los proyectos relacionados con la seguridad humana, en Soacha hay más familias y jóvenes que reciben ayuda y asistencia, registrando una mejor calidad de vida. Además, hay cada vez familias e individuos que solicitan asistencia. Para poner un ejemplo, el proyecto para la Alimentación y la Agricultura, apoyado por la FAO, se ha dado por terminado una vez que el personal ha verificado la autosuficiencia de la comunidad interesada.

Adoptando una perspectiva a largo plazo, de acuerdo con el enfoque de la ONU sobre seguridad humana, podemos registrar un fenómeno que, por muy pequeño que sea, representa un cambio positivo hacia el empoderamiento de las comunidades locales que viven en Soacha. Este es el camino que hay que seguir, con el apoyo de las organizaciones pertenecientes a la red ONU, sobre todo la FAO y el PNUD, las instituciones nacionales, locales y otros actores de la sociedad civil, como las ONG y otras asociaciones ciudadanas.

El proceso de construcción de la confianza requiere tiempo, sobre todo si se debe dar en un contexto caracterizado por una fuerte presencia de inmigrantes, desplazados, comunidades vulnerables, comunidades indígenas y familias que viven en condiciones de extrema pobreza. Este proceso no se puede acelerar o forzar y se debe reconocer su fragilidad y equilibrio dinámico y precario, siendo continuamente amenazado por organizaciones criminales, grupos armados, la corrupción o factores externos.

Soacha representa uno de los retos principales no solo para Colombia o América del Sur, sino también para la comunidad internacional. Se caracteriza por ser, en efecto, un “laboratorio y una experiencia social” emblemática: es una gran ciudad perteneciente al área metropolitana de una capital estratégica para América del Centro-Sur, con unos sesgos sociales comunes a muchas áreas periféricas de las grandes ciudades americanas: extrema pobreza, fuertes desigualdades, el riesgo para los jóvenes de tener un futuro sin posibilidades ni expectativas y la amenaza del crimen organizado, entre otros.

A esto hay que sumar los factores globales externos que pueden afectar a estas áreas de manera más contundente si se compara con los barrios ricos de Bogotá y de las otras metrópolis centro y suramericanas. Piénsese a la guerra de aranceles y al giro proteccionista en la política comercial estadounidense, lanzados por el presidente Donald Trump, o, aún más preocupante, a la crisis global desencadenada por la COVID-19.

A modo de conclusión, el esfuerzo hecho hasta ahora en Soacha es un factor de cambio positivo, pero aún insuficiente. Para garantizar mejoras duraderas para la seguridad humana en el municipio, que sean estructurales y a largo plazo, es esencial la aportación de la sociedad colombiana en general, de la sociedad bogotana en especial, y –sobre todo– del Gobierno estatal, junto con el apoyo humano y financiero de la comunidad internacional, coordinado por los organismos pertenecientes a la red de las Naciones Unidas. Una intervención sinérgica, multinivel y coordinada en el largo plazo es la única que puede promover la seguridad humana en Soacha sin interferir en los frágiles equilibrios existentes.

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Notas

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