Estado y transparencia ¿Utopía?

De acuerdo con el índice de percepción de la corrupción de 2019, en un rango de transparencia de 0 a 100, Colombia obtuvo 37 puntos, situándose en el puesto 96 a nivel mundial. Ver: Transparencia Internacional. Índice de percepción de la corrupción 2019, 2020. Disponible en: https://www.transparency.org/cpi2019

Para corroborarlo, basta con verificar las reacciones de los usuarios en redes sociales, por ejemplo, en twitter con el hashtag “#TransparenciaPorLaEmergencia”.

Revista Portafolio. Los municipios obligados a ajustar contratos por sobrecostos en ayudas. En: Revista virtual Portafolio. Disponible en: https://www.portafolio.co/economia/los-municipios-obligados- a-ajustar-contratos-por-sobrecostos- en-ayudas-540097

Véase: RAMÍREZ, Paula y FERRÉ, Juan. Compliance, Derecho penal corporativo y buena gobernanza empresarial. Bogotá D.C.: Universidad Católica y Tirant lo blanch,2019.

Por ejemplo, recientemente fue expedida la ley 2016 de 2020 por la cual se adopta el Código de Integridad del Servicio Público Colombiano”, norma que tiene por iniciativa promover una cultura de cumplimiento y de transparencia organizacional en el sector público.

Los lineamientos son:1. Estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública; 2. Estrategia para el fortalecimiento de las herramientas de gestión pública para la prevención de la corrupción; 3. Estrategia para incrementar la incidencia del control social en la prevención de la corrupción; 4. Estrategia para la promoción de la integridad y la cultura de la legalidad en el Estado y la sociedad; 5. Estrategia para desarrollar herramientas para luchar contra la impunidad en actos de corrupción.

Consejo Nacional de Política Económica y Social. Documento Compes 167 de 2013. Disponible en: http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/Conpes_167.pdf

El artículo 3 numeral 1 de la ley 1955 de 2019 dispone: “1. Legalidad. El Plan establece las bases para la protección de las libertades individuales y de los bienes públicos, para el imperio de la Ley y la garantía de los derechos humanos, para una lucha certera contra la corrupción y para el fortalecimiento de la Rama Judicial”.

Departamento Administrativo de la Función Pública. Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. Bogotá D.C.: Escuela Superior de Administración Pública, 2019, p. 13

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1712 (6, marzo, 2014). Por medio 34 BIOCIENCIAS - Especial COVID-19 Universidad Nacional Abierta y a Distancia Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Marzo, 2012, No. 49.084.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1757 (6, julio, 2015). Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática. Diario Oficial. Julio, 2015, No. 49.565.

De acuerdo con el artículo 133 de la ley 1753 de 2015, el MIPG comprende el sistema de desarrollo administrativo (ley 489 de 1998), el sistema de control interno (ley 87 de 1993) y el sistema de gestión de calidad (ley 872 de 2003).

Departamento Administrativo de la Función Pública, Op. Cit., p. 37.

Departamento Administrativo de la Función Pública, Op. Cit., p. 29

ALGARRA, Mario. No más corrupción. Bogotá D.C.: Ed. Ibánez, 2005, p. 224.

Transparencia Internacional. Así se mueve la corrupción: Radiografía de los hechos de corrupción en Colombia 2016- 2018, 2019, p. 11. Disponible en: https:// transparenciacolombia.org.co/Documentos/ 2019/Informe-Monitor-Ciudadano- Corrupcion-18.pdf 17. Misión de Observación Electoral. Informe sobre hechos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, 2019, p. 4. Disponible en: https://moe.org.co/wp-content/uploads/2019/09/Informe-hechos-de-corrupci%C3%B3n-enero-agosto2019.pdf

La Corte Constitucional en sentencia C-099 de 2001 indicó, que “es un deber constitucional la prevalencia de interés general y la carga ética de todo ciudadano de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios (art. 95 num. 1 y 5 Constitucional)”. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-099 de 2001. (31, enero, 2001). M.P.: Fabio Morón Díaz. Bogotá. Corte Constitucional, 2001.

Respecto de la responsabilidad reforzada, vale la pena destacar lo dicho por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1381 de 2000 que advirtió: “se encuentran en la obligación permanente de demostrar la calidad de su trabajo, su buena conducta, sus conocimientos, preparación, e idoneidad en el desempeño de sus labores”. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1381 de 2000. (11, octubre, 2000). M.P: Antonio Barrera Carbonell. Bogotá. Corte Constitucional. 2000.

Ver: Decreto 537 de 2020 “por el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.

Ver: Comisión Asesora de Política Criminal. Informe final: Diagnóstico y propuesta 35 Estado y transparencia ¿Utopía? Monroy de lineamientos de política criminal para el estado colombiano, 2012, Disponible en: http://www.politicacriminal.gov.co/Portals/0/documento/Informe%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Asesora%20de%20Pol%C3%ADtica%20Criminal.pdf

ALGARRA, Mario. Op. Cit., p. 325

FAJARDO, Luis y GARCÍA, Luisa. Utopía y jurisprudencia constitucional: Un enfoque progresista de la Corte Constitucional Colombiana (1991-2000). Bogotá D.C.: Universidad Santo Tomás, p. 30.